SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N° 13 Sucre, 1 de Marzo de 2006

DISTRITO : Santa Cruz PROCESO: Ordinario sobre nulidad de donación y reivindicación

PARTES : Elizabeth Banegas Gutiérrez y otros c/ Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra

MINISTRO RELATOR: Dr. Armando Villafuerte Claros

 

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo presentado a fs. 185-188 por Roberto Fernández Saucedo, en su calidad de Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, contra el auto de vista de fs. 180-181, dictado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre nulidad de donación y reivindicación seguido por Elizabeth Banegas Gutiérrez, Nérida, Patricia, Emeterio, Juan Miguel, Roberto y Carlos Alvaro Velásquez Gutiérrez, contra la entidad recurrente y Teresa Claudina Gutiérrez; los datos del proceso y

CONSIDERANDO: La sentencia de fs. 159 a 161 pronunciada por el Juez 4º de Partido en lo Civil de Santa Cruz de la Sierra, en fecha 27 de enero de 2003, declara probada la demanda e improbada la excepción de prescripción liberatoria opuesta por la demandada, resolución contra la cual la Alcaldía Municipal de dicha ciudad apela ante la Corte Superior de Santa Cruz, cuya Sala Civil Primera la confirma mediante el auto de vista de fs. 180-181, con costas, fallo que es recurrido de casación y nulidad por el Alcalde Municipal de la referida ciudad, Roberto Fernández Saucedo, a fs. 185-188.

CONSIDERANDO: En el recurso de casación en la forma, señala que el juez suplente legal no ha considerado las diversas "fallas procedimentales" que evidencia el proceso, consistentes -dice- en informes con borrones, notificaciones sin sellos, citaciones equivocadas, falta de notificaciones a la parte demandante y demandada, anormalidad en las audiencias, y otras anomalías mencionadas por el recurrente. Expresa que mediante memorial cursante a fs. 56 y 56 vta., puntualizó los vicios de nulidad remarcando que la demandante "dirigió el juicio contra Jhonny Fernández Saucedo, siendo que éste se encontraba con licencia aceptada por el H. Concejo Municipal y la presunta citación se la realizó contra la Dra. Gina Luz Méndez Hurtado, sin la debida rectificación a la parte demandada".

Por otra parte, agrega que "el Gobierno Municipal planteó excepción de prescripción liberatoria al ser la acción de carácter público y haber sido interpuesta después del término señalado por el art. 1507 en atención al 1492 del Código civil" (textual), excepción reiterada en el curso del proceso, pero que el juez no la tomó en cuenta, pese a que acompañó fotocopias de autos supremos pronunciados a favor de la Alcaldía Municipal y que los Ministros de la Corte Suprema opinaron que la prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aun en ejecución de sentencia.

En el recurso de casación en el fondo manifiesta que la Corte Superior de Santa Cruz ha incurrido en errores de hecho y de derecho, que en el documento de fs. 16 y 17, "consta la transferencia a título gratuito de un lote ubicado en la U.V. Nº 43, Manzana Nº 13-14, situado a tres kilómetros y medio sobre el camino a Cotoca, con la extensión de 3.823.50 ms2., que la señorita Teresa Claudina Gutiérrez (hace) a favor de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra, prueba que fue ratificada por el Gobierno Municipal, mediante memorial de fs. 97 vta., al ser instrumento público, la inscripción de éste en DD.RR no le quita valor probatorio a la transferencia" (transcripción textual).

Luego, en este mismo recurso en el fondo, vuelve a referirse a la excepción perentoria de prescripción opuesta al amparo de los citados arts. 1492 y 1507 del Código civil (como también lo hizo en el recurso de casación en la forma), por haber transcurrido desde 1987 más de catorce años sin reclamación alguna; aspecto que, en su criterio, no fue tomado en cuenta por el juez de primera instancia ni por el vocal relator en el auto de vista de 31/10/03 de fs. 180-181, recurrido de casación.

Posteriormente, se refiere a la prueba presentada por la parte demandante de fs. 1 a 23, consistente en los certificados de nacimiento de los demandantes, hijos de la demandada y donante Teresa Claudina Gutiérrez; la escritura pública Nº 382 de 28 de junio de 1974, "el testimonio Nº 568 sobre escritura aclarativa que hace Teresa Claudina Gutiérrez sin intervención del vendedor Emeterio Velásquez Echalar, marido de la compradora y padre de los hijos...", para concluir esta parte afirmando que tal prueba documental, incluyendo el instrumento Nº 141/87, no tiene fuerza probatoria para demostrar o probar en qué consiste la nulidad de la escritura de donación demandada, como tampoco la pericial ni la testifical de cargo.

En cuanto a la prueba de descargo, el recurrente se apoya en la de cargo, expresando: "reiteramos y ratificamos como prueba de descargo la documentación ofrecida por los demandantes y que adjuntan a la demanda, es decir la escritura de donación instrumento Nº 141-87 que tiene fuerza probatoria que le reconocen los arts. 1289 del Código civil y 400 del Código de procedimiento civil" (literal), contradiciendo, sin embargo, su afirmación anotada en el párrafo precedente en que indica que esa prueba carece de fuerza probatoria.

Finalmente, apunta que Teresa Claudina Gutiérrez, madre de los demandantes es propietaria del cincuenta por ciento de los terrenos como bien ganancial por su calidad de esposa de Emeterio Velásquez Echalar, conforme a su confesión de fs. 33. Por otro lado, sostiene, la cesión hecha por aquella no ha sido un acto voluntario sino que el terreno fue afectado por la Alcaldía Municipal para uso público, conforme al Código de Urbanismo y obras y la Ley de Municipalidades (adjunta fotocopias de algunas disposiciones municipales), pero sin concretar o especificar a cuáles normas se refiere como fundamento de su recurso.

Con tales argumentos solicita casar o anular el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO: El examen del recurso de casación, tanto en la forma como en el fondo, este Tribunal Supremo, establece:

a) Casación en la forma. En éste recurso hace una relación de lo que en concepto del recurrente constituyen "fallas procedimentales" citando "como ejemplo" algunos actos procesales, relación absolutamente carente de la fundamentación exigida por el art. 258, párrafo 2) del Adjetivo civil, pues no cita la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, menos especifica en qué consiste la violación, falsedad o error, en la forma, en el fondo, o en ambos. No toma en cuenta, además, que las especificaciones deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en otros memoriales, como sucede en dicho recurso a fs. 185, en el que el recurrente cita, sin fundamentar, diversas fojas del expediente. Olvida, por lo demás, que las "fallas" por él mencionadas debían ser observadas oportunamente e incluso usar, en su caso, los recursos que el mismo Código de procedimiento civil establece para corregirlos, y al no haber actuado de esa manera, han quedado implícitamente subsanadas o convalidadas, conforme disponen los arts. 251-II y 254-4, in fine, del mismo cuerpo legal.

En lo que toca a la "citación a Johnny Fernández Saucedo, en vez de hacerlo en la persona de la Alcaldesa Gina Luz Méndez, tampoco toma en cuenta que a fs. 30 cursa un memorial presentado por la parte demandante en el que aclara "dada la situación actual por la cual atraviesa la H. Alcaldía Municipal, es que tenemos a bien hacer presente a su Probidad, que la representante legal de la H. Alcaldía Municipal es la Sra. Alcaldesa Gina Méndez Hurtado...", mereciendo el decreto de fs. 30 vta. Consta, igualmente, haberse citado a ésta con la demanda y providencias (fs. 24 a 31 vta.) en la diligencia que sale a fs. 32.

En lo que atañe a la excepción de prescripción liberatoria -que la repite en el recurso de casación en el fondo-, si bien se refiere a ella, lo hace en forma confusa, sin expresar concretamente en qué consiste el defecto, "falla" o vicio que determinase una nulidad de obrados en el presente caso con relación a tal excepción opuesta igualmente sin la fundamentación necesaria. Empero, el a quo, en todo caso, se ha pronunciado expresamente respecto de tal excepción en la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, después de haber dejado anotado en el acápite V del segundo Considerando que, tratándose de una demanda de nulidad de una escritura pública de donación o cesión a título gratuito y reivindicación de derechos, en aplicación del art. 552 del Código civil, no puede considerarse dicha excepción.

Se advierte al respecto el desconocimiento de la idea o concepto de la prescripción liberatoria, pese a que el recurrente adjunta fotocopia de varios autos supremos que aclaran en qué consiste y, con más precisión, el A.S. Nº 177 (cursante en copia a fs. 84 y 85), que en el tercer Considerando define lo que debe entenderse como prescripción liberatoria.

Por tales razones, el recurso de casación en la forma deviene en improcedente.

b) En su recurso de casación en el fondo -como se tiene anotado- en que el recurrente repite la excepción de prescripción liberatoria redundando en sus mismos conceptos ya utilizados en el recurso de casación en la forma, corresponde dejar establecido:

1) Por disposición del art. 658 del Código civil, la donación de cosa ajena es nula; consiguientemente, conforme al art. 552 de este cuerpo legal, la acción de nulidad es imprescriptible, de modo que el fallo del juez de primera instancia como el del tribunal de alzada, han aplicado correctamente las normas sustantivas referidas, de modo que al respecto no hay razón alguna para una pretendida fundamentación ni del recurso de casación en la forma ni en el fondo.

Por otra parte, está plenamente demostrado que Teresa Claudina Gutierrez, al otorgar la escritura pública Nº 141/87, de 19 de octubre de 1987, presentada sólo en copia, ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el citado art. 658 del Sustantivo civil, por tratarse de un bien inmueble ajeno, inscrito bajo la Partida 7.01.1.99.0026164 a nombre de los demandantes y de la codemandada Teresa Claudina Gutiérrez, conforme lo demuestra el documento de fs. 8, otorgado por la Oficina del Registro de Derechos Reales del Distrito de Santa Cruz, instrumento público que merece la fuerza probatoria señalada por los arts. 1287 y 1289 del Código civil, así como los arts. 398, 399, 400 y 401 de su Procedimiento. Igual valor probatorio merecen los documentos que cursan a fs. 9, 10, 11 y 12 de obrados.

2) Se deja aclarado, en cuanto a la minoridad de los demandantes, copropietarios del inmueble transferido a título gratuito a favor de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz por su nombrada madre a tiempo de la donación cuya nulidad se trata, sólo ha sido probada respecto a Nérida, Patricia, Emeterio y Carlos Alvaro Velásquez Gutiérrez con los documentos de fs. 2, 3, 4, 5 y 6 de obrados; sin embargo, esta circunstancia no impide accionar en el proceso a los demás por su calidad de copropietarios perjudicados con la donación realizada a non domino por Teresa Claudina Gutiérrez, quien si bien es también copropietaria del referido inmueble, su título es compartido con sus hijos, demandantes, pero como su derecho de dominio es compartido con sus nombrados descendientes y el inmueble no ha sido dividido entre ellos, de modo que es poseído como bien indiviso, cada uno de todos es propietario de todas y cada una de las partes del lote de terreno, de tal manera que resulta impropio imaginar que Teresa Claudina Gutiérrez habría donado sólo la parte que le correspondía, ya que no es propietaria de ningún espacio en particular, sino en común con todos sus hijos.

3) En lo que a la excepción de prescripción liberatoria se refiere, opuesta de manera tan confusa sin la adecuada, correcta y necesaria fundamentación por la Municipalidad de Santa Cruz, apoyándose en el art. 1507 del reiterado Sustantivo civil, si acaso se refiere a la pérdida del derecho de propiedad de los demandados por el transcurso del tiempo, se aclara: el propietario, así como tiene el derecho de usar la cosa de la que es titular, tiene también el derecho de no usarla, sin que ello signifique la pérdida de su derecho de propiedad. Y puede dejar de usar la cosa por el tiempo que fuese afectar sin su derecho de dominio. La pérdida de su derecho operaría siempre y cuando otra persona posea la cosa como si fuese el propietario, de modo objetivo y subjetivo; o sea, como si fuese propietario, realizado los actos jurídicos y materiales que evidencien tal comportamiento, pero de ninguna manera procederá ipso jure, sino, únicamente cuando se hubiere accionado en juicio la usucapión, previo el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley, lo que no sucede en autos, en el que, además, se ha probado que la Alcaldía Municipal de Santa Cruz no sólo no ha cumplido los fines que dieron lugar a la cesión gratuita del inmueble, sino que ni siquiera ha llegado a demostrar haber inscrito en el Registro de Derechos Reales la liberalidad efectuada a su favor y menos ha presentado el testimonio original de la escritura pertinente.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que ni la propiedad -como se ha indicado- ni la reivindicación, según el art. 1454 del Código civil prescriben.

La prescripción liberatoria o extintiva insuficientemente argumentada por la parte demandada, sólo tiene de común con la prescripción adquisitiva o usucapión como mejor se la conoce, el transcurso del tiempo, pero es aplicable a los derechos personales, por cuanto extingue obligaciones civiles, no derechos reales.

Por lo anotado, como no concurre ninguno de los casos señalados en el art. 253 del Adjetivo civil, el recurso de casación en el fondo es infundado.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 271-1 y 272 del citado Código ritual, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma, y conforme a los arts. 271-2 y 273, INFUNDADO, el de casación en el fondo, formulados por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra contra el auto de vista de fs. 180 y 181, dictado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de ese distrito, en el proceso ordinario sobre nulidad de donación y reivindicación seguido por Elizabeth Banegas Gutiérrez, Nérida, Patricia, Emeterio, Juan Miguel, Roberto y Carlos Alvaro Velásquez Gutiérrez, contra la entidad recurrente; con costas.

Se regula el honorario de bogado en la suma de Bs. 500, pago que se hará cumplir por el tribunal de alzada.

MINISTRO RELATOR: Dr. Armando Villafuerte Claros.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dr. Armando Villafuerte Claros.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 1º de Marzo de 2006.

Dra. Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.