TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

 
Auto Supremo: 78/2012

Sucre: 12 de abril de 2012

Expediente: O - 8 -12 - S

Partes: Wagner Sixto Ignacio Tarqui y otra c/ Benjamín Titichoca Blacutt.

Proceso: Entrega de Bien Inmueble

Distrito: Oruro


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 183 a 185, interpuesto por Benjamín Titichoca Blacutt; contra el Auto de Vista Nº 009/2012, de fojas 177 a 180, emitido el 17 de enero 2012 por la Sala Civil Primera Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso de Entrega de bien inmueble, seguido por Wagner Sixto Ignacio Tarqui y Carmen Ximena Ignacio Tarqui contra Benjamín Titichoca Blacutt; la concesión del recurso de casación de fojas 189 y vlta; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, la Jueza Séptimo de Partido Civil del Departamento del Oruro, el 25 de junio de 2011 pronunció la Sentencia Nº 101/2011, cursante de fojas 155 a 157 vlta. de obrados, por la cual declaró probada la demanda de entrega de bien inmueble de fojas 18 a 19 y probadas las excepciones perentorias de falta de acción de derecho e improcedencia opuestas a fs. 43 a 44 por el demandado, asimismo declaró improbada la demanda reconvencional de daños y perjuicios de fs 35 - 36, sin costas por ser acción doble.

Contra esa sentencia de primera instancia el demandado Benjamín Titichoca Blacutt dentro del plazo legal interpuso recurso de apelación, en cuyo merito la Sala Civil Primera Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el 17 de enero de 2012 pronunció el Auto de Vista Nº 009/2012, confirmando la sentencia impugnada.

El recurrente interpuso contra esa resolución de segunda instancia recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

1.- El recurrente señala que los actores han demandado la entrega de bien inmueble figura legal que no se encontraría en nuestra normativa legal, indicando que no se cumplió con lo que estipula el art. 327 en sus numerales 2) y 7) del Código de Procedimiento Civil, admitiendo una demanda de Entrega de Bien inmueble.

2.- Indica que los artículos en que basan su demanda los actores son normas legales del Código Civil los que establecen el derecho a la sucesión que tienen los demandantes y ninguno de ellos hace referencia a la entrega de bien inmueble.

3.- Acusa al juez a quo por no haber rechazado la demanda al no cumplir con el art. 327 num. 2) y 7) del Código de Procedimiento Civil, indicando también que los actores podían ampararse en lo dispuesto por el art. 1453 del Código Civil, (Acción Reivindicatoria), lo cual no hicieron y demandaron entrega de bien inmueble.

4.- Señalan que se hubiese vulnerado el art. 333 del Código de Procedimiento Civil, porque la demanda era defectuosa en virtud de no cumplir con el art. 327 del mismo cuerpo legal, acusando que el juez inferior debería haber ordenado a los actores subsanar estas deficiencias en la demanda y al no haberlo hecho ha consentido una demanda con vicios.

5.- Acusa no haberse valorado sus pruebas presentadas de fs. 31 a 33, incurriendo en violación del art. 397 parágrafo I) y II) del Código de Procedimiento Civil, teniendo el juez de instancia la obligación de basar su decisión conforme al valor legal de la prueba o en base a su sana critica, aspecto que ya ocurrio y le causo perjuicio.

6.- Asimismo, afirma violación del art. 330 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse presentado o indicado donde se encontrarían las pruebas documentales al momento de presentar su demanda principal.

7.- Indica también, que los demandantes nunca adjuntaron un plano demostrativo debidamente legalizado por Catastro Urbano, tampoco se han referido sobre el derecho propietario de la totalidad del bien inmueble, acusando que los actores no han acompañado los impuestos anuales, que todos estos hechos vulneran los arts. 115 parágrafo II) y 119 parágrafo I) de la Constitución Política del Estado que garantiza el debido proceso y la igualdad de oportunidades que tienen las partes dentro de un proceso en la vía ordinaria o por la indígena campesina.

Por lo anterior, el recurrente plantea recurso de casación en el fondo al amparo de los arst. 250 y 253 del Código de Procedimiento Civil, solicitando que se anule la sentencia dictada por el juez A quo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores o error judicial de fondo en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil; mientras que el recurso de casación en la forma o nulidad, se funda en errores en el procedimiento, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto, por el artículo 254 de la citada norma.

En mérito a las características que hacen a uno y otro recurso, la resolución de cada uno también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se pretende es que el Tribunal case el Auto de Vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto; en cambio, cuando se plantea el recurso de nulidad o casación en la forma, lo que se pretende es la nulidad de obrados, siendo comunes para ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Por ello al margen de exponer los motivos en que se funda tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

Que, en obrados los demandantes de conformidad a su declaratoria de herederos luego de la muerte de la madre de los mismos, han realizado el tramite sucesorio y posterior registro de su derecho en la oficina de Derechos Reales tal como se puede evidenciar a fs. 7 y vlta., donde cursa folio real del inmueble a su nombre con No. de Matricula 4.01.1.01.0012449.

Que, este derecho propietario adquirido por sucesión se encuentra debidamente registrado en Derecho Reales y de conformidad a lo determinado por el art. 1456 del Código Civil, el heredero puede pedir que se le reconozca esa calidad y se le entreguen los bienes hereditarios que le correspondan contra quienquiera que los posea, total o parcialmente a título de heredero o sin título alguno.

En aplicación de esa norma, se entiende que el derecho que le reconoce esa disposición al heredero es el de pedir la entrega de los bienes hereditarios contra quienquiera que los posea; en consecuencia la pretensión de los actores dirigida precisamente a la entrega del bien hereditario que les corresponde, encuentra sustento legal en la precitada norma.

Por lo dicho, los actores tienen todo el derecho de pedir la entrega del inmueble objeto de la litis del actual poseedor y estos (los actores) al cumplir con la mayoría de edad que en la actualidad cuentan, han adquirido obligaciones y derechos que los mismos pueden ser exigidos de manera personal como en la litis.

Que, por disposición del principio jurídico que indica "Dadme los hechos que te daré el derecho", el juez A quo y el tribunal de alzada han realizado una correcta interpretación de los hechos que han originado la presente demanda de entrega de bien inmueble y el derecho que cuentan los coherederos se encuentra legalmente respaldada.

Que, de la acusación a la violación del art. 397 del Código de Procedimiento Civil, referidos a los medios legales de prueba y su valoración; sobre el particular es necesario puntualizar, que es atribución privativa de los jueces y tribunales de grado, la apreciación y valoración de la prueba producida, de acuerdo al valor que le otorga la Ley y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas a tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil. El recurso de casación sólo tiene lugar cuando se incurre en error de derecho o error de hecho, en este segundo caso, cuando se demuestra con documentos o actos auténticos que acrediten fehacientemente la equivocación manifiesta del juzgador, conforme previene el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

En la litis se evidencia que en sentencia, el juez A quo valoró cada una de las declaraciones testifícales, al igual que los documentos adjuntos en obrados, y no se evidencia la infracción a la cual el recurrente acusa, por dicho motivo la pretensión del demandado deviene en infundado.

Por otro lado se evidencia a fs. 137 y vlta., el demandado ha planteado incidente de nulidad de obrados, por la misma causal recurrida (infracción al art. 327 2) y 7) Código de Procedimiento Civil) y luego de su tramite, mediante auto de fecha 26 de abril de 2011 que cursa a fs. 143 fue rechazado dicho incidente de nulidad, a dicha resolución la parte actora no ha presentado recurso alguno y ese su derecho pretendido en el incidente, por negligencia propia ha precluido, toda vez que debió activar recurso que la ley le otorga; dejando así ejecutoriar la mencionada resolución mediante auto de fecha 20 de mayo de 2011 que cursa a fs. 145 vlta.

Por todo lo expuesto, corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 -I) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 183 a 185, presentado por Benjamín Titichoca Blacutt. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

elator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani