TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 86/2012

Sucre: 25 de abril de 2012

Expediente: CB-17-12-S

Partes: Delia Corina Rendón Céspedes y otros c/Lourdes Berna Sandy Soliz.

Proceso: División y partición, nulidad de registro, asignación de alícuota parte y usucapión.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 488 a 491, interpuesto por Lourdes Berna Sandi Soliz vda. de Rendón, contra el Auto de Vista Nº 3, de 11 de enero de 2012, cursante de fojas 484 a 485, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario doble sobre división y partición y nulidad de registro seguido por Delia Corina Rendón Céspedes y otros en contra de la recurrente; la respuesta de fojas 493; la concesión de fojas 497 vuelta; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Decimosegundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, el 19 de agosto de de 2010 pronunció la Sentencia cursante de fojas 416 a 426 vuelta, por la que declaró probada en parte la demanda principal; improbadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derechos opuestas a la demanda principal; improbada la demanda reconvencional. Como consecuencia de ello ordenó la división y partición del inmueble ubicado en la zona de Pardo Rancho, calle Cobija s/n entre la calle 12 de Junio y 23 de marzo, de 500 m.², entre Delia Corina, Hilda Eufrosina, Irene, Jesús Luís, Félix, Juan Edgar, Edwin Freddy, todos Rendón Céspedes y Lilian Daysi, Betty Ruth, Fanny Magui Gareca Rendón y Lourdes Berna Sandi Solíz viuda de Rendón, correspondiendo a cada uno de ellos la alícuota parte descrita en el punto 4.2 de la Sentencia. Al no admitir cómoda división el inmueble objeto del litigio dispuso su subasta y remate a realizarse en ejecución del fallo. Sin costas por ser juicio doble.

Contra esa sentencia la demandada y reconventora Lourdes Berna Sandi Soliz viuda de Rendón interpuso recurso de apelación en base a los fundamentos contenidos en el memorial de fs. 429 a 431 vlta, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba, 11 de enero de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 3, cursante de fojas 484 a 485, anulando el auto concesorio de alzada y declarando ejecutoriada la sentencia apelada. Sin costas.

Contra esa determinación de segunda instancia, la demandada interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

En la forma:

1.- Acusó la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, al respecto señaló que el Tribunal de alzada incumplió su deber de resolver el recurso de apelación, aspecto que se encontraría sancionando con nulidad al tenor de lo previsto por el art. 254-4) y 7) del Código de Procedimiento Civil.

2.- Solicitó se analice la extemporánea excusa del Presidente de la Sala Civil Segunda, quien con anterioridad a ese actuado habría conocido los memoriales presentados en segunda instancia.

En el fondo:

1.- Acusó que la Sentencia y el Auto de Vista contravinieron lo dispuesto por el artículo 134 del Código Civil, al no haber considerado los documentos que en su criterio acreditan su derecho propietario registrado 7 años antes de la interposición de la demanda.

2.- Señaló que la Sentencia en su numeral quinto dispuso que al no admitir cómoda división, el inmueble sea tasada y posteriormente rematado, lo que considera indebido porque se estaría desconociendo la inversión que realizó en el inmueble, además de considerar una determinación ultra petita porque ese aspecto no habría sido solicitado en la demanda.

3.- Refirió que la Sentencia resultaría inejecutable, toda vez que al momento del desapoderamiento exigiría que previamente se demande judicialmente la nulidad de su derecho de propiedad lo que generaría incertidumbre.

4.- Enfatizó que la demanda de división y partición se inició 7 años después de encontrarse en posesión del inmueble en calidad de propietaria, es decir cuando ya se cumplió la usucapión a su favor.

Por las razones expuestas solicitó se case el Auto de Vista recurrido, y que en el fondo se ordene que el Tribunal de alzada dicte nuevo Auto de Vista enmarcado en el debido proceso y conforme lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Estando interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde en principio considerar el primero de ellos, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas, éste tribunal estaría impedido de considerar las infracciones de fondo.

Establecido lo anterior corresponde precisar que el principio de impugnación que rige la sustanciación de todo proceso judicial se encuentra garantizado por el art. 180-II de la Constitución Política del Estado. Por su parte el artículo 8-h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, reconoce el derecho a recurrir de un fallo ante juez o tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de alzada sino con la respuesta que el Tribunal superior brinde respecto a los motivos que fundan la impugnación, respuesta que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, pues, solo así se satisface materialmente el derecho a la impugnación.

El recurso de apelación es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

Ahora bien, en aplicación del principio de congruencia, establecido por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, el Auto de Vista debe circunscribirse necesariamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227 del mismo ordenamiento legal.

En el caso sub lite, se establece que el Tribunal de alzada anuló el auto que concedió el recurso de alzada con el fundamento de que la apelación deducida carecía de la fundamentación exigida por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no contendría el análisis crítico del fallo de primera instancia, con exposición de motivos y razones de hecho y de derecho que amerite consideración alguna de agravio sufridos, habiéndose limitado la apelante a efectuar una relación de antecedentes a manera de alegatos para sentencia, olvidando que la apelación debió realizar un examen y crítica expresa del fallo.

Sin embargo, de la revisión de obrados se establece que la parte demandada y reconventora a tiempo de apelar de la Sentencia cursante de fs. 416 a 426 vuelta, con los fundamentos expuestos en su memorial de fojas 429 a 431 vuelta, impugnó el fallo de primer instancia, cuestionando en principio la consideración del a quo en sentido de que no habría obrado de buena fe al haberse declarado heredera del 50% de acciones y derechos de su fallecido esposo como si éste no hubiese tenido otros herederos, fundamento con el que se habría desconocido que el de cujus tenía sobre el inmueble objeto del litigio el 50% de accione y derechos que le dio en calidad de anticipo de legítima y que se encuentra registrado en derechos reales. En mérito a esos antecedentes cuestionó el pronunciamiento de la sentencia por considerar que la misma no tomó en cuenta que se posesionó del inmueble el año 1988 y que el título a que hace referencia fue inscrito el año 2000, actos que en su criterio constituyen la eficacia jurídica de su demanda, tomando en cuenta que la demanda de división y partición se inició el 2007, vale decir después de transcurridos más de siete años de tener posesión pacífica.

Por otra parte cuestionó el razonamiento del inferiror respecto al título idóneo, quien no habría valorado la inscripción realizada el año 2000.

Igualmente impugnó el criterio del a quo respecto a la consideración que hizo de la buena fe para adquirir la propiedad por usucapión quinquenal, afirmando que de su parte existió buena fe desde el momento en que el cujus decidió voluntariamente otorgarle en calidad de anticipo de legítima, en cuyo mérito tramitó el interdicto de adquirir la posesión la cual habría sido de conocimiento de los demandantes.

En ese mismo sentido respecto al término para prescribir señaló que ese plazo no se interrumpió durante más de 7 años.

Por otro lado cuestionó la valoración de las pruebas realizadas por el a quo, en especial respecto al informe cursante de fs. 329, 120 a 140, el informe pericial de fs.309 a 319 y las declaraciones testificales.

Finalmente aseguró que respecto a la usucapión quinquenal cumplió con las recomendaciones impartidas por el Supremo Tribunal respecto a los requisitos, de igual forma lo habría hecho respecto a la usucapión decenal.

Por las razones expuestas solicitó se revoque la sentencia y se declare improbada la demanda y probada la reconvencional de usucapión quinquenal por el 50% y decenal por el otro 50% del inmueble.

Del resumen de la apelación deducida por la parte demandante, se evidencia que la recurrente fundamentó los agravios que considera contiene la sentencia pronunciada por el a quo, lo que constituye indudablemente la exposición de agravios, no siendo evidente que el recuso de apelación deducido careciere de fundamentación de agravios, como lo señaló erradamente el Tribunal de alzada, quien con ese argumentó omitió pronunciarse en uno u otro sentido sobre los fundamentos de la impugnación, aspecto que importa no solo el incumplimiento del principio de congruencia y pertinencia previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que como se precisó, constituyen el marco jurisdiccional sobre el cual debe pronunciarse la resolución de segunda instancia, sino que además conlleva la afectación del derecho a la impugnación, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, omisión que por determinación del art. 254 - 4) del Adjetivo de la materia, debe ser sancionada con la nulidad del pronunciamiento de alzada.

Finalmente, corresponde aclarar que el Tribunal de alzada puede encontrar que muchos de los fundamentos en que el apelante sustenta su impugnación no tienen relación directa ni resultan trascendentales con lo resuelto por el a quo, empero, ese aspecto debe ser precisado de tal forma que exista la suficiente motivación que ilustre las razones por las cuales el Tribunal de alzada considera impertinentes o incongruentes los fundamentos del apelante.

Por lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por los art. 271 -3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 -1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los art. 254-4), 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista cursante de fojas 484 a 485 de obrados, y dispone que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo inexcusable y recurrente el error en el que incurren los Vocales signatarios del Auto Vista impugnado, se les impone multa de dos días de su haber mensual a cada uno de ellos, a favor del Tesoro Judicial. A tal efecto, comuníquese a la Dirección Administra y Financiera.

Cumpliendo lo previsto por el art. 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran.