TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 88/2012

Sucre: 26 de abril de 2012

Expediente: CB-14-12-S

Partes: Mario Salomón Bustillos Vergara c/ Isaac Rico Rassmusen

Proceso: Nulidad de minuta de transferencia

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación interpuestos por Mario Salomón Bustillos Vergara de fs. 252 a 254 vlta., impugnado el Auto de Vista de fecha 17 de enero de 2012, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso de nulidad de minuta de transferencia seguido por Mario Salomón Bustillos Vergara contra Isaac Rico Rassmusen, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez 8º de Partido en la Civil y Comercial de la Capital del Distrito de Cochabamba, emitió la Sentencia de fecha 24 de diciembre de 2010, cursante de fs. 215 a 222 vlta., falla declarando IMPROBADA la demanda de fs. 7 a 8; PROBADAS las excepciones perentorias de fs. 37 a 38; PROBADA en parte la demanda reconvencional de fs. 37 a 38 vlta; IMPROBADAS las excepciones perentorias opuestas contra la demanda reconvencional a fs. 99 a 100 y PROBADAS las excepciones perentorias de ilegalidad y prescripción opuestas contra la demanda reconvencional de fs. 99 a 100 y en consecuencia declarando la inexistencia de derechos del demandante Mario Salomón Bustillos Vergara sobre los dos lotes de terreno motivo de la litis, por estar legalmente registrada en las oficinas de DD.RR. a nombre del demandado Isaac Rico Rassmusen

Apelada la Sentencia por Mario Salomón Bustillos Vergara, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de fecha 17 de Enero de 2012, cursante de fs. 248 a 249, confirma la sentencia apelada de fs. 215 a 222 vlta., de obrados.

Esta resolución dio lugar al recurso de casación en el fondo interpuesta por parte del demandante Mario Salomón Bustillos Vergara, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

En el fondo acusa:

1.- El recurrente señalo que en fecha 23 de agosto de 2005, interpuso la demanda de nulidad de minuta de transferencia por simulación de fs. 7 a 8 vlta. contra Isaac Rico Rassmusen, alegando que en fecha 30 de Septiembre suscribieron una minuta de transferencia y al mismo tiempo un documento privado aclaratorio cursante de fs. 4 a 5, indicando que dicha transacción era simulada, amparado en los arts. 543-II, 545-II, 546, 549 inc. 5, 551, 552 y 1292 todos del Código Civil, planteo la mencionada demanda.

El demandando respondió a esta demanda oponiendo excepciones y reconviniendo a la demanda, pidiendo que se declare probada su demanda reconvencional o en su defecto se cancele una deuda pendiente que tendría el demandante con el demandado.

En la sentencia el a quo indicaría que de los hechos probados se habría probado: la acreditación del documento privado aclaratorio, el Testimonio de fs. 4 a 5, estableciendo la fe probatoria de los arts. 1309 del Código Civil y 400 de su procedimiento.

En los hechos no probados el Juez a quo indicó que no se hubiera acreditado la nulidad o ineficacia del contradocumento suscrito por el actor con el demandado, que se demostró que el demandado no cumplió con la carga de la prueba como exige el art. 1283 del Código Civil y el 375 del su procedimiento.

Que, en el punto 13 de los hechos no probados, señala que el demandante acredito la excepción de legalidad de la demanda reconvencional, como también se probo la excepción de prescripción.

En su Considerando II num. I, puntos 1, 2, y 3 de fs. 220 a 222 el a quo realizó una amplia exposición sobre nulidades y simulaciones, pero de forma extraña aplica erróneamente estos conceptos, siendo de su conocimiento la existencia del contradocumento, violando derechos del recurrente al desconocer el contenido del art. 543-II del Código Civil y la normativa referida a la simulación y lo referente a la apreciación de la prueba.

El recurrente también realiza una amplia exposición sobre los efectos de la simulación entre las partes, indicando que se hubiera violado de manera textual respecto a la valoración de la prueba sobre la simulación que se habría aportado en el preceso vulnerando los arts. 545-II, 544 del Código Civil.

Acusa también que la norma legal fue erróneamente interpretada e indebidamente aplicada, violando el art. 543-I del Código Civil, donde se habría aplicado esta norma de forma subjetiva la normativa y la jurisprudencia referente a la simulación absoluta, determinando la falta de acción y derecho, también los aplicados indebidamente como ser los arts. 545-II y 1292 del Código Civil

Que hubo una apreciación errónea de la prueba, la cual no hubiera considerado la prueba aportada consistente en el documento privado con ello no consideraron y violaron lo estipulado por los arts. 1309 y 400 del Código Civil, contradocumento que cumplió con la carga de la prueba establecido por el art. 1283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil, con lo que el actor no cumplió con los artículos mencionados. Que por todo lo expuesto el Tribunal inferior incurrió flamantemente en error a tiempo de apreciar la prueba, evidenciando una equivocación manifiesta del juzgador.

Por todo lo expuesto el recurrente solicita respetuosamente se sirva CASAR el Auto de Vista de 17 de enero de 2012 de fs. 248 a 249, que confirma la injusta Sentencia de 24 de diciembre de 2010 de fs. 215 a 222, con responsabilidad y costas.

Concluyendo que en consecuencia

CONSIDERANDO III:

Que, en función a los fundamentos expuestos, corresponde analizar la impugnación, al respecto se tiene:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

La administración de justicia o actividad jurisdiccional tiene por finalidad prevenir, solucionar o dirimir conflictos, de ahí que se hayan creado instrumentos de aplicación y de ejecución que permitan materializar los derechos que tiene todo ser humano. Actividad tan importante como esta incuestionablemente recae sobre el poder judicial, sin embargo tal actividad no se encuentra expedita de fallas, por el contrario se caracteriza por su factibilidad, en tal sentido se busca una forma de rectificar, enmendar los posibles errores que pudieran generarse en la administración de justicia.

Establecido lo anterior corresponde precisar que el art. 180-II de la Constitución Política del Estado, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Por su parte el art. 8-h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de alzada sino con la respuesta que el Tribunal de alzada de respecto a los motivos que fundan la impugnación que además de ser pertinente debe ser motivada, fundamentada; solo así se satisface el derecho a la impugnación.

Del mismo modo se entiende por recurso: "... el medio procesal concebido a cualquiera de las partes procésales, que se crea o considere agraviada, perjudicada por una resolución judicial (ya sea civil, criminal o de otra jurisdicción donde no este prohibido), para acudir ante el juez o tribunal superior y volver a discutir con toda amplitud el caso aun cuando la parte se limite a repetir sus argumentos de hecho y de Derecho, con el objeto de que en todo o en parte sea rectificada a su favor el fallo o resolución recaídos."

En aplicación del principio de congruencia, establecido por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, el Auto de Vista deberá circunscribirse necesariamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227 del mismo ordenamiento legal.

En su Manual de Derecho Procesal el Dr. Palacio, afirma que recurso es el acto procesal en cuya calidad la parte que se considera agraviada por una resolución judicial, pide su reforma o anulación total o parcial, sea al mismo juez o tribunal que la dicto o al juez o tribunal jerárquico superior. Se colige de lo apuntado que recurso significa regresar, es un recorrer (al decir de Couture) correr de nuevo el camino ya hecho, el medio de impugnación es consecuencia del principio de la doble instancia, que las resoluciones de los jueces inferiores puedan ser examinadas de nuevo a pedido de las partes por los tribunales superiores.

En el caso sub lite, se establece que el Tribunal de alzada confirmó la sentencia de primer grado, con el fundamento de que la apelación deducida carecía de la fundamentación exigida por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no contenía el análisis crítico del fallo de primera instancia, con exposición de motivos y razones de hecho y de derecho que amerite consideración alguna de agravio sufrido.

Sin embargo, de la revisión de obrados se establece que la parte demandada a tiempo de apelar de la sentencia cursante de fs. 215 a 222 vlta, con los fundamentos expuestos en su memorial de fs. 227 a 231 vlta, impugnó el pronunciamiento del Juez A quo, respecto a las transgresiones de la norma sustantiva que, en su criterio, contendría el fallo recurrido. Al respecto manifestó, haciendo un resumen de la demanda y en ella hace resaltar lo referido al contrato de transferencia y simultáneamente el contradocumento que habrían suscrito en fecha 30 de septiembre de 1991 los esposos Bustillos en su calidad de vendedores y Isaac Rico Rassumen como comprador, y que suscribieron una minuta traslativa de dominio en los papeles sellados, sobre los dos lotes de terreno, indicando claramente en su cláusula segunda y tercera las condiciones del contradocumento con respecto al de la supuesta trasferencia de los dos lotes de terreno y como consecuencia de existir un contradocumento que contradice el primero, ambos suscritos en forma sucesiva y en la misma fecha de acuerdo a la doctrina y a nuestra economía jurídica, se configura la simulación amparándose en los arts.543, 545,-II, 546, 549 inc.5), 551, 552, 553 y 1292 del Código Civil, 327, 374 inc. 1 y 375 inc. 1 del Código de Procedimiento Civil.

También se refirió a la falta de valoración e interpretación de las pruebas manifestando que el A quo habría cometido un error judicial al no haber tenido en cuenta el párrafo II del art. 544 del Código Civil, que expresamente determina que entre las partes como ocurre en la -especie- la prueba de la simulación puede hacerse mediante documento o contradocumento que desmienta la existencia del contrato simulado.

Manifestó también que el juez A quo hizo una interpretación errónea e aplicación indebida de la Ley e incurrió en una errónea apreciación de la prueba, al no tomar en cuenta lo dispuesto por los arts. 543-II y 545-II, ni el contradocumento de fs. 4 a 5 vlta., que es prueba plena por lo que correspondía al Ad quem subsanar el error.

Asimismo, hizo una breve referencia a las pruebas presentadas por el demandado y reconvensionista, indicando que el A quo no fundamentó en que pruebas motivó su fundamento respecto a que el demandado ante la simulación de no poder cubrir la deuda los esposos Bustillos Chávez, le plantearon se quede definitivamente con la propiedad de los dos lotes.

Señaló que el Juez A quo, realizo una interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley y de las pruebas, ya que no se hubiera aplicado los arts. 543-II y 545-II del Código Civil.

Cuestionó la acción reconvencional, indicando que se acreditó que jamás existió el ánimo de transferir los lotes ni menos darlos como garantía, como se desprende del tenor del contradocumento tantas veces citado. Así mismo se habría probado la excepción de prescripción por los supuestos daños reclamados en la reconvención.

En base a esos agravios impetró que el Tribunal de alzada dicte Auto de Vista revocatorio parcial de la sentencia apelada.

Consiguientemente, de los antecedentes del memorial de apelación analizado este se constituiría indudablemente en la fundamentación de su apelación, no siendo evidente que el recurso de apelación deducido por la parte demandante careciere de fundamentación de agravios, como lo señaló el Tribunal de alzada, quien con ese argumento omitió pronunciarse en uno u otro sentido sobre los agravios expuestos en apelación, aspecto que importa no solo el incumplimiento del principio de congruencia y pertinencia previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que como se precisó, constituye el marco normativo sobre el cual debe pronunciarse la resolución de segunda instancia, sino que conlleva la afectación del derecho a la impugnación, omisión que por determinación del art. 254 - 4) del Adjetivo de la materia, conlleva la nulidad del pronunciamiento de alzada.

Siendo que el recurrente planteo su recurso de casación en el fondo y existiendo violación al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, 180-II de la Constitución Política Estado, el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, en este caso faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden publico.

Finalmente, corresponde aclarar que si en criterio del Tribunal de alzada el recurso de apelación no contenía fundamentación de agravios, lo que correspondía al Tribunal Ad quem era anular obrados, dejando sin efecto la concesión del recurso y declarando ejecutoriada la resolución apelada, en ningún caso confirmar el fallo impugnado, resolución que se da precisamente cuando el Tribunal de alzada encuentra sin fundamentos los agravios de la apelación. Resultando por ello contradictorio que el Ad quem sostenga que no existen agravios en la apelación y concluya confirmando la resolución impugnada.

Por lo expuesto, en amparo del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 -3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 -1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 252, 254-4), 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista cursante de fs. 248 a 249 de obrados y dispone que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo inexcusable y recurrente el error en que han incurrido los Vocales de la Sala Civil Segunda signatarios del Auto Vista impugnado, se les impone multa de dos días de haber a cada uno de ellos, a favor del Tesoro Judicial. A tal efecto, comuníquese a la Dirección Administra y Financiera.

Cumpliendo lo previsto por el art. 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.