TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 90/2012

Sucre: 25 de abril de 2012

Expediente: B - 6 -12 - S

Partes: Mírian Kawamura Arauz y Yordi Haensels Novo c/ Rebeca Matzuno Sekimoto, Pedro Fernández Matzuno y Gerardo Fernández Matzuno.

Proceso: Usucapión y Nulidad de Escritura Pública

Distrito: Beni


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 206 a 207, interpuesto por Mirian Kawamura Arauz y Yordi Haensels Novo; contra el Auto de Vista Nº 188/2011, de fojas 196 a 197, emitido el 12 de diciembre 2011 por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Beni, (ahora Tribunal Departamental de Justicia) en el proceso de Usucapión y Nulidad de Escritura Pública, seguido por Mírian Kawamura Arauz y Yordi Haensels Novo contra Rebeca Matzuno Sekimoto, Pedro Fernández Matzuno y Gerardo Fernández Matzuno; la concesión del recurso de casación de fs. 210; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, la Juez del Trabajo y Seguridad Social en suplencia legal del Juzgado de Partido Mixto de Riberalta, el 04 de agosto de 2011 pronunció la Sentencia Nº 40/11, cursante de fs. 178 a 180 de obrados, por la cual declaró improbada la demanda de Usucapión y Nulidad de Escritura Pública y Probadas las excepciones perentorias de improcedencia de la acción y falta de acción y derecho opuestas por el demandado.

Contra esa sentencia de primera instancia los actores Mírian Kawamura Arauz y Yordi Haensels Novo dentro del plazo legal interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Beni, el 12 de diciembre 2011 pronunció el Auto de Vista Nº 188/2011, confirmando la Sentencia impugnada.

Los recurrentes interpusieron contra esa Resolución de Segunda Instancia Recurso de Casación en el Fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Los recurrentes acusan que todas las personas que declararon son dependientes de la señora Rebeca Matzuno Sekimoto, trabajan bajo la dirección de la señora en virtud de ser Directora de la Posta Sanitaria "Pueblo Nuevo", indicando que ambas instancias han omitido esta consideración y así han vulnerado el art. 1330 del Código Civil.

Acusó que los únicos y verdaderos demandados por usucapión son Pedro Fernández Matzuno y Gerardo Fernández Matzuno, quienes fueron notificados mediante edictos y en Sentencia y en el Auto de Vista no se les tomó en cuenta, en cambio la señora Rebeca Matzuno Sekimoto solo se le demando por Nulidad de Escritura Pública, Suplantación y Falsificación de Firmas.

Terminó solicitando que se case el Auto de Vista y declare probada la demanda de Usucapión.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo o en la forma, o ambos, debiendo contener los requisitos enumerados en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil; además debe fundamentarse por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma o en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar en que consiste la infracción que se acusa.

Que, en la litis el recurso de casación en el fondo presentado por los recurrentes, indicando que los tribunales de instancia hubiesen cometido errores en el juzgamiento, no obstante que los recurrentes no identifican y justifican las causales señaladas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, este tribunal analiza lo obrado.

Que, de la acusación a la violación del art. 1330 del Código Civil, referida a la eficacia probatoria; sobre el particular es necesario puntualizar, que es atribución privativa de los jueces y tribunales de grado, la apreciación y valoración de la prueba producida, de acuerdo al valor que le otorga la Ley, y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas a tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil. El recurso de casación sólo tiene lugar cuando se incurre en error de derecho o error de hecho, en este segundo caso, cuando se demuestra con documentos o actos auténticos que acrediten fehacientemente la equivocación manifiesta del juzgador, conforme previene el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

En la litis se evidencia que en Sentencia el Juez A quo no solo valoró las declaraciones testifícales, sino basó su decisión en la prueba documental que fueron adjuntadas al proceso y no se evidencia la infracción a la cual el recurrente acusa, por dicho motivo la pretensión de los demandantes deviene en infundado.

Por otro lado se evidencia de fs. 21 a 22 vlta., en el memorial de Demanda de Usucapión y Nulidad de Escritura Pública que los actores en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 327 en sus diferentes incisos del Código de Procedimiento Civil, dirigen su demanda a Rebeca Matzuno Sekimoto demandando Usucapión y Nulidad de Escritura Pública, junto con Pedro Fernández Matzuno y Gerardo Fernández Matzuno por Usucapión y lo indicado por los recurrentes en relación que no se demandó a Rebeca Matzuno Sekimoto por usucapión resulta no ser evidente.

Con relación a lo indicado es incuestionable que durante la sustanciación de todo el proceso ambas partes tanto actores como la parte demandada, mediante cada uno de sus actos procesales han tratado de demostrar, unos que cuentan con la posesión libre, pacifica, pública y continuada durante diez años y otros que nunca dejaron de ejercer el derecho propietario que cuentan con respecto a la cosa demandada, y es así que en obrados se adjunta como prueba documental que cursa de fs. 44 a 46, un memorial de contestación a la demanda de interdicto de adquirir la posesión interpuesta por Rebeca Matzuno Sekimoto en contra de los ahora demandantes, en cuya oportunidad éstos, a tiempo de contestar la demanda, reconvinieron por pago, afirmando que ellos se encuentran viviendo desde el 03 de enero de 2001 y se encontraban viviendo a pedido de Rebeca Matzuno Sekimoto como caseros y cuidadores del inmueble objeto de la litis, prueba que contradice los fundamentos expuestos por los demandantes en sentido de encontrarse en posesión del inmueble desde el año 1998, toda vez que las afirmaciones que ellos mismos hacen en memoriales presentados en otro proceso, evidencian que reconocen encontrase viviendo desde el 3 de enero de 2001 y que lo hacen en calidad de caseros y cuidadores.

Por consiguiente, resulta indebido que la parte actora, a través de la presente demanda, pretenda desconocer los hechos afirmados y argumentados válidamente por ellos mismos con anterioridad, lo que resulta contrario a la teoría de los actos propios, que orienta que nadie puede ir en contra de sus propios actos realizados de forma válida con anterioridad.

Conforme ha establecido la jurisprudencia que la Corte Suprema de Justicia y que este nuevo Tribunal Supremo comparte criterio en el A.S. Nº 196 de 8 de junio de 2002, ha señalado que el precarista no puede usucapir en ningún tiempo: "para usucapir en forma extraordinaria o decenal según la legislación abrogada o la vigente, la ley exige esencialmente la posesión continuada e ininterrumpida con calidad "animus domini" de modo de quien ingresa como precarista o detentador, mientras no cambie su título que lo habilite como poseedor no puede usucapir en tiempo alguno...". En consecuencia la pretensión de los actores deviene en infundado.

Respecto a la Nulidad de Escritura Pública pretendida por los actores ahora recurrentes, con referencia a la supuesta falsificación o suplantación de la firma de los vendedores Pedro Fernández Matzuno y Gerardo Fernández Matzuno, basada en el num. 3) del art. 549 del Código Civil, indicar que no constituye fundamento como para proceder a la Nulidad de la Escritura Pública objeto de la litis, en virtud a que esa aparente suplantación, tiene relación con el consentimiento, mas propiamente dicho con la supuesta falta de consentimiento de aquellos vendedores cuya firma hubiese sido suplantada en el contrato, siendo así de conformidad a lo dispuesto en el art. 554 en su num. 1) del Código Civil, ese aspecto debió ser demandado como anulabilidad y no como nulidad como erradamente lo hicieron los actores, tomando en cuenta además la legitimación que reconoce el art. 555 del Código Civil, en sentido de que la anulación de un contrato puede ser demandado solo por las partes en cuyo interés o protección ha sido establecido.

Por todo lo expuesto, este tribunal establece que el pronunciamiento del tribunal de alzada, en sentido de determinar que no existe lugar a la usucapión demandada, entre otros aspectos porque la posesión "animus domini" no ha sido acreditada y porque esta tampoco ha sido pacífica, es correcta y al respecto no se evidencia que sean ciertas las aseveraciones acusadas por el recurrente; por lo que corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 -I) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 206 a 207, presentado por Mírian Kawamura Arauz y Yordi Haensels Novo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.