TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTCIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 92/2012

Sucre: 25 de abril de 2012

Expediente: LP-82-11-S

Partes: Omar Alejandro Asbun Farah y otros c/ Banco de Crédito S.A.

Proceso: Nulidad de documentos y otros

Distrito: La Paz


VISTOS: El Auto Nº 499/11, emitido el 8 de diciembre de 2011 por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Omar Alejandro Asbun Farah contra los entonces Ministros de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; los antecedentes; y:

CONSIDERANDO: Que, dentro el proceso ordinario sobre nulidad de contratos y pago de daños y perjuicios seguido por Omar Alejandro Asbun Farah y otros contra el Banco de Crédito de Bolivia S.A., la entidad demandada interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista Nº S-258/2007 pronunciado el 20 de junio del 2007 por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en cuyo mérito la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el Auto Supremo Nº 293 de 4 de septiembre de 2010, cursante fs. 1255 a 1258, por el cual anuló obrados con reposición hasta fs. 85 y dispuso que el juez a quo observe el apersonamiento del apoderado de la entidad demandada.

Contra ese Auto Supremo, Omar Alejandro Asbun Farah interpuso acción de amparo constitucional, en merito a ello, la Sala Penal de la Corte Superior del distrito Judicial de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías pronunció el auto Nº 77/11 concediendo la tutela impetrada en cuyo mérito dejó sin efecto el referido Auto Supremo Nº 293/2010 y dispuso que las autoridades demandadas emitieran uno nuevo enmarcado a derecho, subsanando lo extrañado en esa Resolución.

En observancia a esa determinación de amparo, las autoridades demandadas ejecutaron lo dispuesto y emitieron el Auto Supremo Nº 320/2011 de 7 de octubre de 2011, cursante de fs. 1302 a 1306 anulando el auto de Vista Nº 258/2007, de fs. 997 a 998, disponiendo en consecuencia que el Tribunal Ad quem resuelva el recurso de apelación de fs. 915 a 921 guardando la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En conocimiento de ese nuevo Auto Supremo, el accionante Omar Alejandro Asbun Farah, considerando que dicha resolución no dio cabal cumplimiento a la resolución de amparo (Auto Nº 77/11), interpuso incidente de cumplimento, el cual fue corrido en traslado a las autoridades demandadas quienes informaron al Tribunal de Garantías, en los términos contenidos en el memorial cuya fotocopia cursa a fs. 1397 a 1398 vlta., respecto al cumplimiento que en su criterio se ejecutó.

La parte accionante impugnó los términos del referido informe, según consta de las copias de fs. 1401 a 1403 vlta., lo que motivó que las autoridades demandadas emitan nuevo informe en los términos del memorial de fs. 1406 a 1408.

En mérito a esos antecedentes el Tribunal de Garantías pronunció el Auto Nº 499/11 de 8 de diciembre de 2011 fs. 1409 a 1410 (cursante igualmente en otras fs.) por el cual en los sustancial señaló: "Que evidenciándose con meridiana claridad que los Sres. Ministros demandados, NO HAN DADO CUMPLIMIENTO a los razonamientos expuestos a partir de los párrafos undécimo al décimo sexto, contenidos en el Segundo Considerando del Auto Nº 77/11; es decir, que los accionados no han resuelto en los alcances establecidos a partir de los artículos expresos de la LOJ (art. 15 en relación al 247) y del Código de Procedimiento Civil (arts. 250, 251.1), 252, 254, 255, 262.2), 272.1), 275) que este Tribunal ha determinado en cuanto a la primera, segunda y tercera violación a derechos fundamentales que fueron traídos por la parte accionante y respecto a los cuales este Tribunal de Garantías de manera puntual ha resuelto.". En base a esa consideración resolvió: "Conminó a las autoridades demandadas que en el plazo de 72 horas de su legal notificación con la presente Resolución, cumplan de manera completa y efectiva con lo dispuesto en el auto Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011; vencido dicho plazo por Secretaría de Cámara, remítase testimonio de los antecedentes a la fiscalía Departamental de Chuquisaca conforme a Ley".

Notificados con dicha conminatoria, las autoridades demandadas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto, solicitaron al Tribunal de Garantías mediante memorial cuya fotocopia cursa a fs. 1413, aclare y en su caso complemente respecto a los siguientes aspectos: "1.- Si la conminatoria contenida en el Auto Nº 499/11 de 8 de diciembre de 2011, deja sin efecto el A.S. Nº 320 de 7 de octubre de 2011; toda vez que nuestras autoridades no tienen competencia para anular o dejar sin efecto nuestras propias resoluciones. Si el caso fuere dejar sin efecto el referido A.S. solicitamos lo determinen expresamente, siendo esa la única forma en que las autoridades demandadas podamos dictar nueva Resolución en cumplimiento a la conminatoria dispuesta. 2.- Si la conminatoria conlleva la determinación de fallar por la improcedencia del recurso que debe ser resuelto por las autoridades demandadas.".

Esa solicitud de aclaración y complementación fue rechazada por providencia de 16 de diciembre de 2011, por considerar que los fundamentos de las Resoluciones Nº 77/11 y 499/11 eran claros.

Ante esa determinación las autoridades demandas interpusieron reposición, conforme los fundamentos del memorial cuya fotocopia cursa a fs. 1425 a 1427, haciendo referencia en lo sustancial a que correspondería al Tribunal de Garantías determinar con claridad y precisión la nulidad del A.S. Nº 320 de 7 de octubre de 2011, de lo contrario la conminatoria dispuesta supondría implícitamente una orden para que las autoridades demandadas actúen sin competencia anulando su propia resolución.

Reposición que fue rechazada por providencia de 22 de diciembre de 2011.

Habiendo operado al 31 de diciembre de 2011 el cese institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y habiendo asumido funciones las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional, por providencia de 20 de enero 2011 (2012) y luego por Auto Nº 46/12 de 30 de enero de 2012, el Tribunal de Garantías estableció que el cumplimiento a la Resolución de amparo Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011 correspondía a los Magistrados Titulares de la Sala Civil del Tribunal Supremo.

CONSIDERANDO: Que, en principio corresponde precisar que los Magistrados Titulares que conformamos esta Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, observamos y representamos oportunamente ante el Tribunal de Garantías respecto a nuestra competencia para resolver y cumplir lo dispuesto por Auto Nº 77/11 y Nº 499/11, en virtud a que en mérito a esas resoluciones la causa reingresó a la Corte Suprema de Justicia antes del 31 de diciembre de 2011, consiguientemente en aplicación del art. 8-II de la Ley Nº 212 que expresamente señala que todas las causas pendientes de resolución que se encuentren en la Corte Suprema de Justicia al 31 de diciembre de 2011 serán resueltas por las Magistradas y Magistrados Suplentes hasta su liquidación final; el conocimiento y cumplimiento de esas determinaciones correspondería a los Magistrados Suplentes, toda vez que por determinación del art. 9 de la citada ley la competencia de los Magistrados Titulares esta reservada únicamente para conocer y resolver las causas que ingresen al Tribunal Supremo a partir del 3 de enero de 2012.

Pese a dicha representación el Tribunal de Garantías, constituido por los Vocales Dr. Iván Sandoval Fuentes y la Dra. Sandra Molina V, consideró, que los Magistrados Titulares debiéramos asumir el conocimiento de la presente causa, determinación que es contraria a otra asumida por el Tribunal de Garantías (Sala Penal Segunda) constituido por el Dr. Cesar Suárez Saavedra y por el Dr. Iván Sandoval Fuentes, que a través del Auto Nº 35/12 de 12 de marzo de 2012, en la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Cesar Cortes Peña contra Ana Maria Forest Cors y Jorge Monasterios Franco, ex Ministros de la Corte Suprema de Justicia y otros, estableció, en sentido contrario, que la legitimación pasiva para ser demandados y en su caso para dar cumplimiento a las resoluciones de amparo en tratándose de resoluciones dictadas por la extinta Corte Suprema de Justicia correspondería, a los Magistrados Suplentes y no así a los Titulares.

Establecida aquella contradicción, que se origina en el pronunciamiento de un Tribunal de Garantías, resulta evidente que este Tribunal Supremo encuentra discutida su competencia, la cual como es lógico debería ser resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en grado de revisión de las resoluciones antes referidas determine lo que en derecho corresponda.

Sin embargo, de lo manifestado, estando constreñidos por auto Nº 46/12 de 30 de enero de 2012, al cumplimiento de los autos Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011 y 499/11 de 8 de diciembre de 2011, corresponde puntualizar lo siguiente:

El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho de todas las personas a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que las ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, aun cuando tal violación provenga de personas que actúen en ejercicio de funciones públicas. De esta manera, es una obligación para los Estados: i) garantizar que las autoridades competentes previstas por el sistema legal decidan sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; ii) desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y iii) garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en la que se haya estimado procedente el recurso.

De las normas citadas que integran el bloque de constitucionalidad, se infiere que el derecho a la administración de justicia no se agota con la adopción de una decisión de fondo en la que se protejan los derechos de las partes, sino que su límite se extiende hasta el cumplimiento de las decisiones y, más allá, hasta la protección efectiva de los derechos involucrados, bien porque cese la amenaza o bien porque fenezca la vulneración de los mismos.

Toda orden judicial en general y en particular las de tutela, están destinadas a su cumplimiento, en ese orden resulta necesario dejar establecedlo que la competencia y facultades del Tribunal de Garantías no se contraen a la etapa del juzgamiento -acción de amparo-, sino que se mantienen para la verificación del cumplimiento de sus fallos, sobre todo de aquellos que concedieron la tutela solicitada.

Bajo esas circunstancias, corresponde señalar que los Tribunales de Garantías Constitucionales con el propósito de garantizar la efectividad de sus decisión y por ende la prevalencia de los derechos tutelados, gozan de facultades para adoptar todas las mediadas tendientes a su cumplimiento; deduciéndose de tal afirmación, que es al Tribunal de Garantías a quien le corresponde velar por el cumplimiento efectivo de las garantías conferidas.

En ese orden, el propio Tribunal de Garantías no puede desconocer la competencia que le asiste para adoptar todas las medidas tendientes a lograr el efectivo cumplimiento de sus órdenes de tutela, por el contrario es a ese Tribunal a quien le corresponde adoptar todas medidas adecuadas para lograr el cabal cumplimiento de sus fallos, resguardando así el principio de eficacia de los fallos judiciales y el principio de seguridad jurídica.

En este contexto, de la revisión de antecedentes se establece que las decisiones tomadas por el Tribunal de Garantías respecto a la conminatoria para el cumplimiento del auto Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011, no han sido claras y precisas, toda vez que, no obstante los fundamentados y reiterados pedidos de las entonces autoridades demandadas en sentido de que el Tribunal se pronuncie en forma expresa dejando sin efecto el A.S. 320/2011 de 7 de octubre, a fin de viabilizar la emisión de una nueva resolución, ese Tribunal soslayó tomar esa decisión que posibilite el real y efectivo cumplimiento tanto del auto Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011, como del Auto Nº 499/11 de 8 de diciembre de 2011, generando con esa omisión inseguridad jurídica respecto al efectivo cumplimiento de sus fallos, por cuanto a la fecha subsiste vigente el referido Auto Supremo Nº 320/11, lo que conlleva la imposibilidad material de este Tribunal de emitir uno nuevo estando corriente un anterior Auto Supremo, el cual como es lógico debió ser dejado sin efecto en forma expresa por el Tribunal de Garantías para posibilitar así el efectivo cumplimiento de la conminatoria contenida en el auto Nº 499/11, por cuanto nuestras autoridades carecen de competencia para invalidar o dejar sin efectos Autos Supremos emitidos por la entonces corte Suprema de Justicia, lo contrario supondría incurrir en actos contrarios a la ley.

Por las razones expuestas, referidas tanto a la contradictoria determinación de la competencia de los Magistrados Titulares y Suplentes originada en dos pronunciamientos distintos del Tribunal de Garantías, así como respecto a la vigencia del auto Supremo Nº 320/11, este Tribunal Supremo encuentra imposibilidad material de dar cumplimiento a los autos Nº 499/11 de 8 de diciembre de 2011 y Nº 46/12 de 30 de enero de 2012 emitidos por el Tribunal de Garantías, estableciendo en consecuencia que con carácter previo corresponde al propio Tribunal de Garantías establecer en forma clara y precisa lo que corresponda a fin de posibilitar materialmente el cumplimiento de sus determinaciones.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, determina la imposibilidad material de dar cumplimiento a los Autos Nº 77/11 de 1 de marzo de 2011, Nº 499/11 de 8 de diciembre de 2011 y Nº 46/12 de 30 de enero de 2012 emitidos por la Sala Penal constituida en Tribunal de Garantías, en tanto ese Tribunal no se pronuncie en forma expresa respecto a la situación legal del auto Supremo Nº 320/2011 de 7 de octubre de 2011 y respecto a la competencia de los Magistrados Titulares de este Tribunal Supremo.

Debiendo estarse a lo resuelto en el presente Auto Supremo los memoriales de fs. 1460 a 1466 vlta., 1513, 1515 a 1517 vlta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

elator: Mgdo. Dra. Rita Susana Nava Duran