TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

 Auto Supremo: 155/2012

Sucre 8 de junio de 2012

Expediente: SC-44-12-S

Partes: María Corazón Peña de Barrancos

c/

Juana Román Mendoza

Proceso: Nulidad de proceso de reconocimiento de unión conyugal libre

Nulidad de proceso de declaratoria de herederos

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 163 a 164 de obrados, interpuesto por María Corazón Peña de Barrancos, contra el Auto de Vista Nº 290de 28 de diciembre de 2011 cursante a fs. 160 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), dentro del proceso ordinario de nulidad de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho y declaratoria de herederos seguido por la recurrente en contra de Juana Román Mendoza, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, adjuntando documental, María Corazón Peña de Barrancos interpone demanda ordinaria de nulidad de proceso mediante el cual se reconoce la unión conyugal libre o de hecho entre su difunto padre Carmelo Segundo Peña Villarroel y Juana Román Mendoza, así como la nulidad de declaratoria de herederos a favor de la demandada Juana Román Mendoza; argumentando que la misma fue tramitada por la supuesta concubina de su padre y con una serie de anormalidades e irregularidades de orden legal que detalla desde la presentación de prueba no idónea, pasando por la notificación al Ministerio Público cuando no correspondía, tramitando ambos procesos en una jurisdicción en la que ni la demandante ni la demandada vivían y dejando en indefensión a la primera durante la tramitación, toda vez que se aseveró que Carmelo Segundo Peña no tenía descendencia por lo que no se le hizo saber de ambas demandas.

Sustanciado el proceso, el Juez de Partido y Sentencia de la Provincia M. Caballero, declaró probada la demanda de nulidad de proceso sumario de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho seguido por Juana Román Mendoza y en consecuencia también declaró nulo el proceso voluntario de declaratoria de herederos al fallecimiento de Carmelo Segundo Peña Villarroel e improbada la excepción perentoria de cosa juzgada interpuesta por Juana Román Mendoza.

Deducida la apelación por Juana Román Mendoza, la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 28 de diciembre de 2011, resolvió anular obrados hasta fs. 74 bajo el argumento de que conforme prevén los arts. 134 y 143 de la Ley de Organización Judicial, no existe ni una sola facultad que atribuya a los jueces de partido de provincia a revisar procesos por la vía ordinaria, por lo que el a quo habría vulnerado el debido proceso al haber revisado lo resuelto por otros jueces en procesos diferentes, lo cual vicia de nulidad dichas actuaciones procesales.

Conocida la determinación por la demandante, interpuso recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Señala que el argumento central del Auto de Vista recurrido anuló obrados, porque el juzgado de primera instancia supuestamente incumplió con las reglas de competencia al haber tramitado la nulidad de un proceso sumario familiar cuya resolución causaría estado y por ende no pudo ser revisado en otro proceso; sin embargo se tiene que el art. 214 in fine del Código de familia, que lo acusa de infringido, establece claramente que una unión conyugal libre se comprueba en proceso sumario seguido ante el Juez Instructor de Familia, salvándose los derechos de los herederos y terceros interesados para la vía ordinaria; lo que significa que un proceso sumario familiar como el de reconocimiento de unión conyugal libre, no causa estado, es decir que puede ser revisado en proceso ordinario, por lo que los de alzada violentaron el art. 214 del Código de Familia; aspecto que se corrobora con lo dispuesto en el art. 383 del mismo cuerpo legal, cuyo parágrafo segundo fue sustituido por la Ley N° 996 estableciendo que: "Queda reservada la vía ordinaria en los casos previstos por este código", y justamente para el caso de reconocimiento de unión conyugal libre, se reserva la vía ordinaria a los afectados, por ende señala que también se violó el art. 383 del Código de Familia.

Por otra parte, afirma que en los procesos sumarios familiares no se admite reconvención, por lo que no existe contradicción y mal se puede manifestar que el mismo causaría estado. Además se demostró que en el curso de los procesos de los que se solicita su nulidad se demostró una serie de violaciones al debido proceso al punto de no haber sido demandada la recurrente como hija de Carmelo Segundo Peña Villarroel y con el Auto de Vista, lo que pretenden es legalizar un ilegal proceso al anular obrados y coartar su derecho a impugnar el mismo por la vía ordinaria; toda vez que no puede demandar la revisión extraordinaria de la sentencia conforme prevé el art. 297 del Código de Procedimiento Civil, ya que la misma está reservada exclusivamente para procesos ordinarios.

Por lo anterior, solicita al Tribunal Supremo de Justicia casar el Auto de Vista recurrido y confirmar en todos sus puntos la sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Planteado como está el recurso de casación, el mismo referido en el fondo, no correspondería su tramitación toda vez que el Auto de Vista impugnado resolvió anulando obrados y ante tal determinación de orden jurisdiccional corresponde que se plantee recurso de casación en la forma; sin embargo de ello, de la lectura integra del recurso y como se tiene expuesto el mismo, éste contiene aspectos que hacen al reclamo o impugnación en la forma respecto de la determinación adoptada (nulidad) por el ad quem, por lo que rescatando la pretensión de la recurrente, debemos puntualizar lo siguiente:

1.- Que si bien es acertada la determinación adoptada por el ad quem en sentido de que no existe atribución alguna que tenga el juez de partido de provincia en el área civil y familiar, que le faculte revisar procesos por la vía ordinaria y menos como si fueran de puro derecho, por una parte y por otra porque lo resuelto en los procesos de conocimiento causan estado y respecto al proceso voluntario este es susceptible de la vía ordinaria; es decir respecto al razonamiento sobre que la cosa juzgada no puede ser revisada; sin embargo de ello todo tribunal se encuentra en la obligación de orientar a las partes sobre el camino procesal al que deben acudir las partes, mucho más en conocimiento de los antecedentes como es el caso, a los fines de evitar hacer ver a los litigantes que la instancia jurisdiccional no es eficaz ante sus pretensiones.

2.- De los antecedentes de la demanda, se tiene que la pretensión de María Corazón Peña de Barrancos es lograr a través de la vía ordinaria la nulidad del proceso por el cual se resolvió declarar la unión conyugal libre o de hecho incoada por Juana Román Mendoza respecto a su difunto padre Carmelo Segundo Peña Villarroel y posteriormente anular la declaratoria de herederos que la misma Juana Román Mendoza habría impetrado en virtud a la resolución de reconocimiento de dicha unión conyugal libre o de hecho; petición que la realiza argumentando entre otros defectos que conllevaron dichos procesos, el hecho de los mismos se desarrollaron sin su conocimiento, es decir en total indefensión; toda vez que como se muestra de fs. 8 a 10 contra quien se interpuso la demanda de reconocimiento judicial de unión conyugal fue contra el Ministerio Público, mismo que no era el legitimado pasivo para oponerse a la pretensión de la ahora demandada y sin observación alguna se dictó sentencia reconociendo unión conyugal libre o de hecho, violando los derechos y garantías al debido proceso, a la defensa.

3.- Al haberse tramitado dicho proceso con evidente vulneración de los derechos y garantías antes indicados, no existe cosa juzgada respecto a la determinación judicial adoptada sobre la unión conyugal libre o de hecho; es decir que al presente la cosa juzgada que menciona la demandada y el Tribunal de Alzada, es aparente y puede ser modificable, así se desarrolla en la Sentencia Constitucional Nº 2850/2010-R de 10-12-10 señalando que:

"III.3.Las decisiones judiciales y la calidad de cosa juzgada.

La sentencia es el acto jurisdiccional que sobre la base de la normativa sustantiva vigente, en mérito a los hechos alegados, negados y probados por las partes y luego de haber cumplido con las disposiciones adjetivas vigentes, define situaciones jurídicas en conflicto, sometiendo a su decisión a los justiciables y obligando al respeto de su contenido a la sociedad en su conjunto.

Toda sentencia, para someter a los justiciables y tener vigencia jurídica en una sociedad política y jurídicamente organizada, debe cumplir con requisitos de formación esenciales que le darán validez legal y que la harán inmodificable e incuestionable, dando así seguridad jurídica a las partes en litigio y consolidando la paz social.


Por lo expuesto, es menester señalar que la formación de la sentencia, es el proceso lógico-racional-fáctico, en virtud del cual, luego de finalizadas las etapas procesales previas y agotado el debate contradictorio, el juez, en el marco de la normativa adjetiva y sustantiva aplicable al caso, toma la decisión en relación al conflicto conocido.


La validez de la sentencia, hace que esa decisión final, surta todos sus efectos y someta a su decisión a las partes procesales y terceros con absoluta legitimidad, entonces, en tanto y cuanto se cumplan los requisitos de formación de la sentencia, esta tendrá validez y alcanzará la autoridad de cosa juzgada material.

Al respecto, el primer requisito de formación de una sentencia, se refiere a la obligación del juez de verificar el respeto al debido proceso y garantizar mediante criterios de interpretación de la legalidad ordinaria, el respeto a principios y garantías de rango constitucional; por tanto, las sentencias que cumplan con estos presupuestos serán válidas plenamente y en consecuencia, adquirirán la calidad de cosa juzgada material, aptitud que hace que una decisión sea incuestionable e inmodificable.

En ese contexto, la cosa juzgada es la aptitud legal que adquiere una decisión jurisdiccional que hace que esta sea inmutable en el tiempo e impide su revisión posterior, haciendo improcedente cualquier recurso ordinario o extraordinario.

Por lo señalado, se establece que las sentencias que cumplen los requisitos de formación señalados (respeto a derechos fundamentales), adquieren validez jurídica y se encuentran investidas de la autoridad de la cosa juzgada, situación en la cual el control de constitucionalidad, en resguardo de la seguridad jurídica es absolutamente improcedente. En contrario sensu, la sentencia que no cumpla con uno de los requisitos de formación referentes al respeto de derechos fundamentales, hace procedente el control de constitucionalidad, ya que en este caso, esta decisión sólo reviste una calidad de cosa juzgada aparente.

Por lo afirmado se colige que la sentencia que no cumple con los requisitos de formación descritos, es nula, nulidad que encuentra sustento en los principios constitucionales de seguridad, supremacía constitucional y jerarquía normativa, ya que todo acto infra-constitucional contrario a esta norma suprema, es nulo e inexistente.


Entonces, en un Estado constitucional, la nulidad de un acto jurisdiccional que debe ser declarada expresamente y no opera de pleno derecho, por tanto, si a través de los mecanismos internos de cuestionamiento a decisiones judiciales no se ha restituido el derecho al debido proceso, los afectados tienen la facultad de activar el control de constitucionalidad a través del amparo constitucional para lograr la nulidad de la decisión judicial contraria a la Constitución por vulnerar derechos fundamentales reconocidos y garantizados por ella". (El subrayado y negrilla son nuestros).

De lo anterior descrito en la sentencia constitucional que se cita y respecto al caso que nos ocupa, se tiene:

- Que el reconocimiento judicial de unión conyugal libre o de hecho incoada por Juana Román Mendoza contra el Ministerio Público, ha sido desarrollada por el juez que conoció dicho proceso sin que en el mismo se hubiese respetado el debido proceso en su componente esencial del derecho a la defensa, toda vez que el Ministerio Público no era el legitimado pasivo contra quien debió dirigirse la demanda, si consideramos que la legitimación en la causa es la titularidad del interés material del litigio y que debe ser objeto de sentencia o del interés por declarar o satisfacer mediante el requisito de la sentencia y por lo que al demandado se refiere, consiste en la titularidad del interés en litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación jurídica material objeto de la demanda (Devis Echandia); es decir que el legitimado pasivo es la persona obligada al objeto que se debate en juicio y, por tanto, la única que está plenamente facultada para contradecir las pretensiones de quien se pretende titular del derecho; es el llamado por la ley a contradecir u oponerse a la demanda o ejercer la contradicción. En el caso de autos la legitimada pasiva para oponerse a la pretensión de la demandada era la ahora recurrente y no el Ministerio Público.

- Al haber dictado sentencia reconociendo la unión conyugal libre o de hecho sin advertir que se estaba vulnerando el derecho a la defensa respecto de la heredera de Carmelo Segundo Peña Villarroel, resolución que según la demandante habría adquirido calidad de cosa juzgada, razonamiento que también es establecido por el Tribunal de Alzada; sin embargo de ello se hace evidente que el estado de "calidad de cosa juzgada" es aparente, toda vez que la sentencia emitida no reúne los requisitos formales que hacen a la sentencia, por lo tanto ésta no se hace incuestionable e inmodificable, al contrario la recurrente puede lograr la pretensión por la que acudió a la vía ordinaria, haciendo uso de esos mecanismos internos de cuestionamiento a decisiones judiciales, entre ellos el incidente de nulidad por indefensión, mismo que a su turno, aun en ejecución de sentencia, será el juez que tramitó el reconocimiento de unión libre o de hecho quien resuelva advirtiendo el respeto y garantía al debido proceso y derecho a la defensa; es decir agotar la instancia jurisdiccional a través de estos mecanismo internos y en caso de no obtener respuesta, acudir a la vía constitucional a los efectos de hacer valer su mejor derecho.

Por lo anteriormente descrito, lo pretendido por la actora respecto a la nulidad del proceso sumario de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho, debe ser intentado por la actora a través del incidente de nulidad deducido en ejecución de la aparente cosa juzgada, pero en el mismo proceso cuya nulidad se pretende y no a través de otro proceso ordinario como se señaló de manera precedente, por lo que el Tribunal de Alzada al haber dispuesto la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda, ha obrado de manera correcta, aunque como se dijo de principio sin advertir mayores opciones a la demandante; sin embargo como se tiene desarrollado la misma puede acudir a la misma instancia que resolvió el reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho para hacer uso de la vía incidental y reclamar su derecho. Por lo que, respecto al recurso de casación presentado, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo previsto en el art. 271 num. 2) del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y de conformidad a lo previsto en el Art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por María Corazón Peña de Barrancos cursante de fs.163 a 164 de obrados. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 700, que mandará a hacer efectivo el Tribunal de Alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rita Susana Nava Duran