TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 183/2012

Sucre: 27 de junio de 2012

Expediente: Cb-29-12-S

Partes: Teresa Rivarola Muñoz c/ Freddy Pinto Bustamante, Edgardo Emerson Pinto Aguilera y otros.

Proceso: Reconocimiento de Unión conyugal libre o de hecho y finalización de la misma por muerte.

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Teresa Rivarola Muñoz mediante su apoderada Bexi Dolores Melgar Rivarola de fs. 797 a 798, impugnando el Auto de Vista de fecha 06 de marzo de 2012 de fs. 792 a 793, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Reconocimiento de Unión conyugal libre o de hecho y finalización de la misma por muerte seguido por Teresa Rivarola Muñoz contra Freddy Pinto Bustamante, Edgardo Emerson Pinto Aguilera, Cristian Pinto Suarez, Eduardo Pinto Rivera, Hermógenes Pinto Chanato y Nicky Pinto Carvalho representado por su tutora legal -madre- Fátima Carvalho Rivero, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez Primero de Partido de Familia de Quillacollo (Cochabamba), emitió la Sentencia de fecha 14 de marzo de 2011 cursante de fojas 754 a 756 vlta., declarando improbada la demanda y probadas las excepciones de ilegalidad, falsedad e improcedencia opuestas a la demanda.

Recurrida mediante apelación de Teresa Rivarola Muñoz por memorial de fs. 762 a 764 contra la sentencia, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de fecha 06 de marzo de 2012, cursante de fs. 792 a 793 confirma la sentencia apelada, con costas.

Resolución que dió lugar al recurso de casación interpuesto por parte de la demandante Teresa Rivarola Muñoz mediante su apoderada Bexi Dolores Melgar Rivarola mediante memorial de fs. 797 a 798 que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Que en previsión del art. 15 de la Ley de Organización Judicial es deber de los tribunales y jueces de alzada en relación a los de primera instancia y los de casación revisar los procesos de oficio, que en el caso, el auto de vista que confirma la sentencia de primera instancia no habría observado aquello.

Que en el caso, la recurrente nunca habría consentido la competencia del juez aun de haberse dirimido competencia por A.S. No. 100/2009, no fuera menos cierto que el Tribunal habría incurrido en error inducido por Tirza Aguilera que señalaría que el último domicilio del fallecido se hallaría en la ciudad de Cochabamba, dado que ese presunto domicilio hubiera sido dado por Edgardo Emerson Aguilera Pinto, persona no autorizada para dar certificados domiciliarios. Que de ninguna manera una declaración realizada en un certificado de óbito podría desvirtuar la fe probatoria que tendría la cédula de identidad caducada y la vigente, y la confesión espontánea que realizarían los otros demandados como lo expresado por el Juez de Instrucción que en principio previno, que establecerían que el domicilio del fallecido se halla en el Departamento del Beni - Magdalena.

Que, si bien de inicio el proceso fue voluntario, se tornó contencioso saliendo de la competencia del Juez Instructor de Magdalena, por lo que su conocimiento correspondía a un Juez de Partido del Departamento del Beni y que extrañamente el auto supremo resolvería el conflicto de competencia expresando que el último domicilio se hallaría en la ciudad de Cochabamba.

De lo anterior se establecería que el juez que habría tramitado la causa infringiría los arts. 27 y 26 de la Ley de Organización Judicial, pues la recurrente nunca habría consentido expresa o tácitamente esa competencia. De la misma forma se infringiría lo dispuesto por el art. 10 numeral 2 inc. a), b) del Código de Procedimiento Civil, 1001 del Código Civil., pues todos los herederos del que fuera su conviviente vivirían en el Departamento del Beni, como también estarían mas del 90% de los bienes en el lugar donde habrían vivido por mas de 10 años como concubinos, habiendo sido trasladado al Brasil por el delicado estado de salud a principios del mes de abril de 2008 por su hijo, donde presuntamente habría contraído matrimonio el 10 de abril de 2008 y fallecido el 27 de mayo de 2008.

Que de esa manera al confirmar el Tribunal de alzada la sentencia de primera instancia, no habría realizado una correcta valoración de la falta de jurisdicción y competencia en que habría incurrido el Juez de Familia, Niñez y Adolescencia de Quillacollo, cuyas actuaciones hubieran sido viciadas de nulidad dando lugar al recurso de casación en la forma conforme lo establecido por el art. 254 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil.

Que el Tribunal de alzada habría realizado afirmación errónea al señalar que la competencia de la autoridad jurisdiccional hubiera sido definida, pues el auto supremo solo referiría que al ser contencioso un proceso voluntario el conocimiento competería a un juez de partido, que no solo hubiera sido observado por ella sino por el representante de uno de los herederos.

Solicita para concluir se le conceda el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a fin de que anule obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir remitir obrados al juez llamado por ley en razón de territorio, es decir a un Juez de Partido de Familia del Departamento de Beni.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

De la lectura del contenido del recurso, encontramos absoluta incoherencia en su argumentación, pues de principio se dice interponer "recurso extraordinario de casación en la forma" para concluir solicitando se case el auto de vista conforme a lo previsto por los arts. 274-1 del Código de Procedimiento Civil y 275 del mismo compilado y con relación al art. 15 de la Ley de Organización Judicial se anule obrados hasta el vicio mas antiguo remitiendo obrados al juez llamado por ley que sería el Juez de Partido de Familia del Departamento del Beni.

Ante esta confusión, considera este Tribunal necesario hacer la aclaración pertinente sobre lo que representa el recurso de casación, manifestando que el mismo es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la Ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales, en razón a que es una nueva demanda de puro derecho, concedido para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, conforme esta establecido por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, que para su procedencia debe contener los requisitos enumerados en el articulo 258 del Código de Procedimiento Civil; fundamentando por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma o en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino la demostración de la infracción que se acusa. Al fundarse el recurso de casación en el fondo en errores "in iudicando" en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones deben estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil. Mientras que el recurso de casación en la forma en errores "in procedendo", referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas para cada caso en concreto por el articulo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo cual es que dada sus características singulares, la resolución de cada una también adopta una forma especifica y diferenciada, que, cuando se plantea recurso de casación en la forma, el objetivo es la nulidad de obrados; y cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se procura es que el Tribunal case el auto de vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto, siendo comunes para ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Consecuentemente al margen de la exposición de motivos en que se fundare el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

Hecha esa aclaración, sin embargo de la confusión, a la que se ha mencionado en el recurso, a fin de dar respuesta a lo deducido en el mismo rescatamos los cuestionamientos que se efectúan, centrado principalmente en la aparente incompetencia con la que habría asumido conocimiento el Juez de primera instancia con asiento en Quillacollo, por lo que ésta circunstancia se enmarcaría dentro de lo previsto por el art. 254 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil, ante el reclamo que el Tribunal de alzada realizaría afirmación errónea en sentido que la competencia de la autoridad jurisdiccional ya fuera definida y que el auto supremo solo haría referencia el conocimiento a un Juez de Partido. Con relación a esto verificamos la existencia en obrados de fs. 512 a 515 el Auto Supremo Nº 100/2009 de veintiséis de marzo de dos mil nueve, que en la parte resolutiva de manera expresa determina: "La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en uso de la atribución conferida por el art. 55-17ª de la Ley de Organización Judicial, declara COMPETENTE para el conocimiento del asunto al Juez de Partido de Familia, Niñez y Adolescencia de Quillacollo del Distrito Judicial de Cochabamba", evidenciando que fue definida la competencia de la autoridad jurisdiccional que debió conocer la tramitación de la causa, resultando repetitiva la petición pese haber sido ya resuelta y definida expresamente por el auto supremo señalado.

Si bien es cierto que por memorial de fs. 530 y vlta. de fecha 19 de noviembre de 2009, se opone incidente de declinatoria de competencia, esta se lo hace en fecha posterior a lo determinado ya por la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que fue rechazado por auto de fs. 548 y vlta., de fecha 29 de diciembre de 2009 y ante la interposición del recurso pertinente se lo difirió sujetando su tramitación al art. 25 de la Ley 1760, asimismo ante un nuevo incidente de nulidad con los mismos argumentos, éste fue rechazado por auto de fs. 738 a 739 contra el que se formuló recurso de apelación y su concesión se la reservó asimismo en el efecto diferido por resolución de fs. 752, ante la eventualidad de que la sentencia a dictarse fuera apelada.

En esa secuencia, al haberse dictado Sentencia de fs. 754 a 756 vlta., la hoy recurrente interpuso recurso de apelación, empero no refiere absolutamente nada con relación a las apelaciones en el efecto diferido cuyos argumentos estaban dirigidos precisamente al cuestionamiento de la competencia del juez que asumió conocimiento, recursos que al no haber sido formalizados con la apelación de la sentencia deben ser considerados como una renuncia tácita a los mismos. De manera que al no haber sido reclamados en apelación, no es posible que ahora se cuestione ese aspecto en casación, habiendo en todo caso operado el principio de preclusión, concluyéndose que no es posible considerar el recurso bajo los parámetros planteados en consideración a que ya fueron deducidos a tiempo de cuestionar la declinatoria, y que a su rechazo fueron concedidos en el efecto diferido ante la interposición del recurso pertinente, no siendo formalizados a tiempo de formular el recurso de apelación contra la sentencia.

De lo expuesto de manera precedente, con fines de orientación, toda vez que en lo sustancial la competencia del Órgano Judicial en la presente causa, fue establecida por la entonces Corte Suprema de Justicia, aspecto resuelto; por lo que no corresponde su revisión.

Por lo antes descrito, corresponde fallar en aplicación de los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 271-2); y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso casación, contenido en el memorial de fs. 797 a 798, presentado por Teresa Rivarola Muñoz por intermedio de su apoderada Bexi Dolores Melgar Rivarola. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

elator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.