TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 188/2012

Sucre: 27 de junio de 2012.

Expediente: O -12 - 12 - S

Partes: Rubén Darío Altamirano Medrano

c/

Cruscay Magaly Pérez Gómez,

Andrea Montano Garrido,

Ángel Percy Ramos Figueroa,

Lucy Sierra Calizaza,

Edgar Sierra Calizaza,

Fortunata Calizaza Apaza

Karla Pamela Venegas Zenteno.

Proceso: Acción Reivindicatoria

Distrito: Oruro


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 293 a 298 vlta de obrados, interpuesto por Cruscay Magaly Pérez Gómez contra el Auto de Vista Nro. 041/2012 de fecha 16 de marzo de 2012, cursante de fs. 285 a 288 vlta, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso ordinario de Acción Reivindicatoria, Desocupación y entrega de propiedad bajo apercibimiento de Desapoderamiento o lanzamiento, seguido por Rubén Darío Altamirano Medrano contra Cruscay Magaly Pérez Gómez, Andrea Montaño Garrido, Ángel Percy Ramos Figueroa, Lucy Sierra Calizaza, Edgar Sierra Calizaza, Fortunata Calizaya Apaza y Karla Pamela Venegas Zenteno, el auto de concesión de fs. 308, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2009 Lourdes Roxana Lima Mamani por su mandante Rubén Darío Altamirano Medrano, plantea la demanda ordinaria de Acción Reivindicatoria contra Cruscay Magaly Pérez Gómez, Andrea Montaño Garrido, Ángel Percy Ramos Figueroa, Lucy Sierra Calizaya, Edgar Sierra Calizaya, Fortunata Calizaya Apaza y Karla Pamela Venegas Zenteno, a dicha demanda contestan Cruscay Magaly Pérez Gómez, quien opone excepciones perentorias; contestan también en forma negativa Lucy Sierra Calizaya y Fortunata Calizaya Apaza.

Tramitado el proceso en rebeldía de los demás demandados, previo los trámites de rigor se dicta la Sentencia que cursa de fs. 247 a 249 vlta, por el cual declara Probada la demanda principal de fs. 17 a 18, Improbada las excepciones perentorias de Inaponibilidad, Retención, Falta de Acción y Derecho e Incongruencia de pretensiones, disponiendo que se notifique a todos los demandados para que en el plazo de 70 días hagan la devolución de los ambientes que se encuentran ocupando, bajo riesgo de expedirse mandamiento de desapoderamiento.

Que, todas las partes legalmente notificadas con la sentencia, en el plazo legal sólo interpone recurso ordinario de apelación la codemandada Cruscay Magaly Pérez Gómez, manifestando sus agravios expuestos en su memorial, el mismo que fue puesto a conocimiento del Tribunal de Alzada, quien luego del análisis del mismo Confirma la sentencia.

Contra esa resolución judicial de segunda instancia, la codemandada apelante, mediante el memorial de fs. 293 a 298 vlta interpone recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Que, la recurrente en su memorial de casación, acusó que en ningún momento hubiese renunciado tácitamente al recurso de apelación en el efecto diferido como erróneamente lo establece el Tribunal de alzada; con relación a la excepción previa el garante de evicción indicó que es deber de los jueces de instancia llevar los procesos sin vicios de nulidad, conforme lo prevé el art. 3 del Código de Procedimiento Civil.

Indicó que no se dío valoración al memorial de fecha 22 de octubre de 2009 donde se individualizó legalmente la prueba documental, omitiéndose también el memorial de fecha 23 de agosto de 2010 de fs. 164 y vlta, donde se solicito la notificación a la Notaria de Fe Pública Dra. Norka Rocha Orozco a objeto de remitir la Escritura Pública No. 1506/1999 de fecha 10/12/1999, en donde indica la parte recurrente que no figura el demandante Rubén Darío Altamirano Medrano que fue restringido por el juez A quo ni mencionado por el Tribunal de Alzada.

Mencionó que como acreedora Anticresista se encuentra amparada por el art. 1431 del Código Civil que estipula que la anticresis confiere al acreedor no sólo el derecho de preferencia por la prioridad en el registro frente a otros créditos y frente a otros derechos inclusive el de transferencia posterior del demandante y que también le confiere el derecho de retención hasta que no sea efectiva la devolución del crédito como lo dispone el art. 1435 del Código Civil

Acusó la no valoración de su contrato de anticrético de donde emanan sus derechos sobre el inmueble y que contrajo dicho anticrético cuando la única propietaria era Alejandra Valdivia Calizaya, no contando el demandante con título de propiedad cierto y eficaz para demandar la Reivindicación y que ese derecho propietario obtenido por el demandante fue posterior a su contrato de anticrético. Mencionó que su contrato sigue vigente y no ha sido objeto de una Sentencia de Nulidad, Anulabilidad, Rescisión, ni Resolución de Contrato, tampoco condoné a la propietaria del inmueble, su deber de prestación que es el devolver la suma del su anticrético, encontrándose intactos sus derechos de preferencia y retención.

Acusó que el demandante sólo tiene derecho al 50% del inmueble y ese derecho está limitado al de disposición del bien, pero los derechos de uso y goce de ese mismo bien le corresponden como acreedora anticresista a la recurrente.

Luego de conceptualizar en que consiste la Acción Reivindicatoria, la desocupación, la entrega de Propiedad, el desapoderamiento y el lanzamiento, concluyó se case el auto de vista y se declare probadas las Excepciones de Falta de Acción y Derecho, Inoponibilidad, Retención e Incongruencia de Pretensiones.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, así expuestos los antecedentes de la impugnación en el fondo que realiza la recurrente se determina lo siguiente:

Que, de fs. 6 a 9 de obrados se evidencia Testimonio de Propiedad No. 351/2008 suscrito por la Dra. Rosalía Peláez de Téllez, Juez de Partido Primero de Familia y la Dra. Janeth J. Gil Ramos, Secretaria abogada del mismo juzgado que otorgan a favor de Rubén Darío Altamirano Medrano la Declaratoria de Derecho de Propiedad en virtud al fenecido proceso de Divorcio seguido por Alejandra Valdivia Calizaya contra Rubén Darío Altamirano Medrano, donde se tramitó incidente de división y Partición de bienes gananciales, declarándose por auto de 24 de diciembre de 2007 como bien común el inmueble ubicado en la calle Presidente Montes No. 6334 entre Murguía y Demetrio Canelas de la ciudad de Oruro, inscrito en Derecho Reales bajo la Partida No. 5182 del Libro de Propiedades de la Capital de 1999 con Matrícula actual No. 4.01.1.01.0008750, con un frente de 7,23 metros por un fondo de 19.47 metros, con una superficie total de 189,20 m², donde se dispuso su división al 50%. Dando cumplimiento a dicha resolución de 24 de diciembre de 2007, previo sorteo de hijuelas, se adjudicó a Rubén Darío Altamirano Medrano el Lote "B" que tiene las siguientes características: un frente de 3,615 metros sobre la calle Presidente Montes y un fondo de 19,47 metros, siendo un terreno irregular con una superficie total de 94,60 m², con colindancias al Norte con la Sucesión de Abel Elías, al Sud con el Lote "A" perteneciente a Alejandra Valdivia Calizaya, al Oeste con la sucesión de Abel Elías y al Este con la calle Presidente Montes.

Que, a fs. 23 a 24 y de fs. 30 a 31 vlta, cursa testimonios de anticresis registrados en Derechos Reales el primero en el asiento B-4 de fecha 15 de junio de 2005 y el segundo en el asiento B-5 de fecha 30 de julio de 2005, los mismos que demuestran que la demandada cuenta con título legítimo para ocupar el inmueble objeto de la litis.

Del análisis de ambos títulos, se hace evidente que, la anticresista ahora demandada, ha suscrito contrato de anticresis con Alejandra Valdivia Calizaya que resulta ser ex esposa del demandante, quien a la fecha de suscripción del mencionado documento, figuraba como única propietaria del bien inmueble, consiguientemente, también es evidente que el contrato de anticresis cumple con todas las formalidades legales exigidas para su validez, conforme lo dispone el art. 1430 del Código Civil.

Además, se presume la buena fe de las partes firmantes en la elaboración del mismo; ésta buena fe está basada en un principio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta, exigiéndose para ello una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso; de la misma forma la buena fe contractual es un desarrollo dinámico de los principios generales del derecho concretados en las expresiones "vivir honestamente", "no dañar a otro" y "dar a cada quien lo suyo"; circunscrito a una exigencia de comportamiento congruente con una actitud psicológica animada de un contenido ético que se exterioriza al verificarse un pacto.

Por lo dicho, el contrato de anticresis suscrito por Cruscay Magaly Pérez Gómez y Alejandra Valdivia Calizaya cuenta con todo el valor legal y protección que le otorga el Estado Plurinacional de Bolivia.

Por otro lado, en virtud al derecho propietario consagrado con el que cuenta el demandante Rubén Darío Altamirano Medrano, en su testimonio de propiedad No. 351/2008 suscrito por la Dra. Rosalía Peláez de Téllez, Juez de Partido Primero de Familia, se hace evidente que desde el año 2008 cuenta con el mencionado derecho, siendo posterior a la inscripción del contrato de anticresis su registro propietario en Derechos Reales.

En virtud a dicho título de propiedad interpone demanda de acción reivindicatoria amparándose en lo dispuesto por el art. 1453 del Código Civil, pidiendo que la demandada entregue el inmueble que ocupa.

Que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal (Auto Supremo Nº 135/2001 de 29 de junio de 2001), señala "...la reivindicación es una acción real establecida en defensa de la propiedad y la posesión que emerge de ella o "jus possidendi", distinta del "jus posesionem" que informa a la posesión de hecho. Por ello el artículo 1453 del Código Civil discurre en sentido de que el "propietario" que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o detenta...". De esta afirmación se infiere que el objeto de la interposición de esta acción es el reconocimiento, protección y libre ejercicio de un derecho real inmobiliario, pero que este derecho tiene que estar frente a un detentador de hecho y no frente a un poseedor de derecho, con la única intención de respetar lo normado por el art. 1431 del Código Civil que claramente estipula que la anticresis confiere al acreedor el derecho de retención y el de preferencia, regulándose esta última por la prioridad de su inscripción en el Registro, frente a otros créditos (art. 1393 del CC). Esta preferencia es reiterada en el art. 1432 del Código Civil que expresa que el acreedor anticresista tiene el derecho de hacerse pagar con preferencia a otros acreedores sobre la cosa recibida en anticresis. El derecho de retención persiste mientras no sea satisfecho el crédito del anticresista (art. 1435.III C.C).

De la misma forma este contrato, según el art. 1430 del Código Civil, se debe constituir por documento público y surte efectos respecto a terceros sólo desde el día de su inscripción en el registro de Derechos Reales.

Conforme lo estipula el mencionado artículo, uno de los efectos que produce la inscripción del contrato de anticresis en Derechos Reales es justamente la oponibilidad a terceros de su título conforme también lo norma el art. 1538 del Código Civil que a la letra dice "I Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. II La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el Registro de los Derechos Reales...".
Por lo dicho, el contrato de anticresis sucrito por Alejandra Valdivia Calizaya en favor de Cruscay Magaly Pérez Gómez por la suma de $us. 15.000, suscrito en fecha 18 de mayo de 2005 cuenta con lo llamado en derecho oponibilidad frente a terceros,
significando que aquél contrato de anticresis se aplica a todos los demás interesados, en contraposición con las normas entre las partes que sólo aplican a aquellas personas que concurrieron a su celebración. Como se manifestó este contrato tiene sus efectos más allá de las partes que lo suscribieron, por dicho motivo es oponible a terceros, en virtud de haber cumplido con las formalidades exigidas para dicho efecto.

Por lo mencionado, en virtud al título con el que cuenta la demandada, el actor no puede reivindicar. En todo caso, lo que le correspondería al actor, si así ve por conveniente, es demandar la anulabilidad de ese contrato a objeto de invalidar los efectos del mismo, tomando en cuenta que los efectos del presente proceso generaron la interrupción a la prescripción; y toda tramitación deberá realizarse con la concurrencia necesaria de Alejandra Valdivia Calizaya conforme lo determina el art. 194 del Código de Procedimiento Civil que dispone que los alcances de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervienen en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas.

Por todo lo exhaustivamente analizado en función de las violaciones y acusaciones que contiene el recurso en el fondo, se evidencia que los Tribunales de instancia, tanto en la sentencia como en el auto de vista recurrido, han incurrido en la causal de casación prevista en el ordinal 1) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, por lo que corresponde dar aplicación a la previsión de los artículos 271-4) y 274 del adjetivo civil y fallar de conformidad a lo estipulado en el art. 41 de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial que menciona. "Las resoluciones que adopte la Sala Especializada, será por mayoría absoluta de sus miembros".

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 -I) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 41 de la cita Ley del órgano Judicial y del art. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil,CASA el Auto de Vista No. 41/2012 de fecha 16 de marzo de 2012, cursante de fs. 285 a 288 vlta, pronunciada por la Sala Civil Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y declara PROBADA las Excepciones de Falta de Acción y Derecho, Inoponibilidad, Retención e Incongruencia de Pretensiones, cursante de fs. 46 a 48 vlta de obrados interpuesta por Cruscay Magaly Pérez Gómez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani