TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 282/2012

Sucre: 21 de agosto de 2012

Expediente: CB-50-12-S

Partes: Basilio Velasco Pinto c/ Simón Breton Meneses y otra

Proceso: Nulidad de venta de terreno

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Julia Valles de Breton por sí y en representación de Simón Breton Meneses de fs. 452 a 457, impugnando el Auto de Vista Nº REG/S.CII/ZGC/AEN.75/13.04.2012, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del Proceso Ordinario de Nulidad de venta de terreno seguido por Basilio Velasco Pinto contra Simón Breton Meneses y Julia Valles Velasco de Breton, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, en cumplimiento al Auto Supremo Nº 103 de fecha 23 de noviembre de 2004, el Juez Octavo de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de fecha 27 de abril de 2011 cursante de fojas 413 a 419 vlta., declarando lo siguiente: 1.- Probada la demanda de fs. 13 a 19 de nulidad de venta de terreno; 2.- Improbadas las excepciones perentorias planteadas por los demandados de fs. 22 a 23 y 48; 3.- Improbada la acción reconvencional planteadas por los demandados de fs. 22 a 23 y 48; y dispuso: a) Nulo y sin valor legal alguno el documento de fecha 27 de diciembre de 1983 reconocido ante Juez de Mínima Cuantía Nº 5 sobre transferencia de lote de terreno de una extensión de 3.437 Mts2. ubicado en la Zona de Pucará Grande, Cantón Itocta de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, registrado a fojas 1143 y Ptda. Nº 1159 del Libro de Propiedad de la Provincia Cercado en fecha 11 de septiembre de 1984. b) Se mantiene y repone el derecho propietario de Basilio Velasco Pinto, sobre el lote de terreno de la extensión superficial de 3.437 Mts2. ubicado en la Zona de Pucará Grande, Cantón Itocta de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, registro a fojas Nº 260 Ptda. Nº 983 del Libro de Propiedad del Cercado en fecha 9 de octubre de 1975. c) Que los demandados Simón Breton Meneses y Julia Valles Velasco de Breton procedan a devolver el lote de terreno de extensión superficial de 3.437 ubicado en la Zona de Pucará Grande, Cantón Itocta de la Provincia Cercado del departamento de Cochabamba, debiendo además proceder a demoler el edificio levantado en propiedad de Basilio Velasco Pinto, sin costo alguno para el propietario; sea en tercero día bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Julia Valles de Bretón por memorial de fs. 422 a 428, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista Nº REG/S.CII/ZGC/AEN.75/13.04.2012 de fecha 13 de abril de 2012, cursante de fs. 448 a 449 vlta, confirma la Sentencia apelada con costas.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en el fondo y en la forma interpuesto por la demandada Julia Valles de Bretón, el cual es objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Argumentos del Recurso en la forma:

La recurrente indica que el Tribunal Ad quem no se pronunció jurídicamente con respecto a la demanda reconvencional y las excepciones perentorias opuestas por los demandados, donde el demandante supuestamente utiliza dos figuras jurídicas contrapuestas, nulidad y anulabilidad de venta de lote de terreno.

Acusa de que no se valoró para nada el informe pericial de oficio de fs. 351 a 361 y su ratificatoria de fs. 387 a 388 que resultan ser diligencias elementales.

Indica que debido a la falta de valoración del informe pericial de oficio y su ratificatoria, se ha violado los arts. 190, 192 y 193 del Código de Procedimiento Civil.

Que, el Tribunal Ad quem omite pronunciarse específica y expresamente sobre los puntos apelados como manda el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, desviando criterio respecto a los puntos apelados y vulnerando el art. 254-4-7 del Código de Procedimiento Civil.

Que, tanto la sentencia de primera instancia como el Auto de Vista eluden pronunciarse sobre la valoración del informe pericial de oficio.

Que, el Auto de Vista ha sobrepasado los límites de la pertinencia e incurre en exceso de poder el Tribunal de Alzada, al margen de no considerar los puntos apelados, incurre en criterio ilegal y anti-jurídico y contrariamente concede valor a una certificación de la Sub Centralía Campesina de Pucará, desconoce y desecha el informe pericial de oficio y su ratificatoria y aplica en forma draconiana los arts. 450, 452, 453 y 546 del Código Civil para confirmar la Sentencia con costas, craso error en que incurre.

Argumentos del Recurso en el fondo:

El Juez Ad quo a tiempo de dictar la Sentencia, en hechos probados solamente otorga valor al informe pericial de cargo, la prueba testifical de descargo y no valora el informe pericial de oficio de fs. 351,361, 387 y 388, incurriendo en violación, interpretación errónea o indebida aplicación de los arts. 190, 192, 193 del Código de Procedimiento Civil y arts. 1283, 1286, 1309 del Código Civil.

De igual manera afirma que el Auto de Vista valoró simplemente la prueba pericial de cargo descartando el informe pericial de oficio y la prueba documental de reconocimiento de firmas y rúbricas de fs, 189, lo que ocasiona que ambas resoluciones contiene disposiciones contradictorias, por lo que pide casar la Sentencia como el Auto de Vista.

Que, tanto el Juez Ad quo como el Tribunal Ad quem han incurrido en cuanto a la apreciación de las pruebas, en error de derecho y error de hecho porque ambos omitieron pronunciarse sobre la validez o invalidez del Informe Pericial de Oficio y su ratificatoria que son pruebas elementales e importantes, no habiendo dado correcta aplicación a los arts. 432, 441 del Código de Procedimiento Civil y de manera confusa indica que el Juez de primera instancia declara "improbada" la demanda, el Tribunal de Alzada la confirma (se atiende que quiere decir "probada" la demanda) y solicita casar la Sentencia y el Auto de Vista.

Con tales fundamentos, la recurrente en su petitorio solicita lo siguiente: se anule obrados con reposición hasta fs. 13 a 19, (hasta que se reencamine la demanda) o en su defecto se anule obrados hasta fs. 413 a 419, (hasta el estado de dictar una nueva sentencia) o en su defecto se anule obrados hasta fs. 448 a 449, (hasta el estado de que el Tribunal Ad quem dicte un nuevo Auto de Vista) y finalmente, en el caso de que no se anularan obrados; solicita se case la Sentencia de primera instancia, como el Auto de Vista y en el fondo se declare improbada la demanda ordinaria de nulidad de venta de lote de terreno y probadas las excepciones perentorias como la demanda reconvencional.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

El recurso de casación es considerado como un medio impugnativo vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformidad de la jurisprudencia nacional.

Como característica esencial de este recurso se puede establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de Casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteado en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio; en cambio el recurso de casación en la forma, está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o la nulidad de obrados. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

Establecido lo anterior, corresponde precisar que son tres los motivos de nulidad que invoca la parte recurrente, identificandolos como vicios procesales que darían lugar a dicha sanción: 1) La contradicción en la demanda, 2) la falta de valoración de la prueba pericial de oficio en sentencia y 3) la impertinencia del Auto de Vista. En ese sentido, siguiendo el orden señalado corresponde considerar lo siguiente:

1) Respecto a la aparente contradicción en la demanda, por considerar el recurrente que la misma contiene las pretensiones de nulidad y anulabilidad, de la lectura del memorial de demanda cursante de fs. 13 a 19 vlta., se evidencia que la pretensión demandada recae en la nulidad del documento de transferencia de un lote de terreno, suscrito "supuestamente" entre Basilio Velasco Pinto y los esposos Simón Breton Meneses y Julia Valles Velasco de Breton, de fecha 27 de diciembre de 1983, reconocido el 27 de diciembre de 1983 (1984); la nulidad de los efectos aparentemente producidos por dicho documento; la consolidación de subsistencia del derecho propietario del actor; la demolición de las edificaciones construidas en el inmueble objeto de la transferencia; la nulidad del registro en Derechos Reales de fs. 1143 Ptda. 1159 del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Cercado de 11 de septiembre de 1984. De lo expuesto se concluye que la principal pretensión demandada, es por la nulidad del documento de transferencia de 27 de diciembre de 1983, no siendo evidente que la demanda esté dirigida también a la anulabilidad de dicho documento; si bien, los fundamentos en que la parte actora sustenta su pretensión (nulidad) pueden o no corresponder a dicha sanción, ese es un aspecto que en todo caso corresponderá al Juez de la causa, apreciar y resolver conforme a derecho a tiempo de emitir la sentencia. Consiguientemente, no se encuentra fundamentado el reclamo referido a la aparente contradicción de la demanda; al margen de ello cabe señalar que la parte demandada al haber sido citada con esta no opuso en la forma y plazo previsto en el art. 337 del Código de Procedimiento Civil la excepción de oscuridad o contradicción en la demanda.

2) Con relación al segundo motivo de nulidad, referido a la falta de valoración de la prueba pericial de oficio, corresponde señalar que la valoración de la prueba es un aspecto de fondo y no de forma, en cuyo caso si en criterio de la recurrente el Juez A quo omitió valorar ese medio de prueba, la recurrente debió impugnar ese aspecto en el fondo vinculando esa supuesta omisión al error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, que conforme previene el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil es causal de casación en el fondo y no en la forma.

3) Respecto al tercer motivo de nulidad referido a la impertinencia del Auto de Vista, corresponde señalar que, la recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia reclamando ante el Tribunal de Alzada la falta de valoración de prueba de descargo, entre otros aspectos se refiere de manera reiterada y esencialmente al informe pericial de oficio que según la recurrente es considerado como prueba elemental, mismo que no hubiera sido tomado en cuanta al momento de la valoración de la prueba, evidenciándose en el presente caso que el Tribunal de Alzada en conocimiento de dicho recurso al momento de emitir el Auto de Vista de fecha de 13 de abril de 2012 de fs. 448 a 449 vlta. no hace referencia ni mucho menos se pronuncia de manera expresa respecto a los puntos apelados por la recurrente; simplemente se avoca a rescatar los aspectos que fueron declarados como probados en la sentencia de primera instancia, pasando por alto considerar los agravios reclamados por la recurrente, situación que motivó la interposición del recurso de casación en cuanto a la forma por la causal del art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

Tomando en cuenta que la sentencia de primera instancia declara probada la demanda de nulidad de documento de venta de inmueble a consecuencia de la existencia de falsedad de firmas, la cual en caso de adquirir ejecutoria puede tener otras consecuencias en el ámbito judicial, y por consiguiente le correspondía al Tribunal Ad quem al momento de resolver la alzada cumplir con la obligación de pronunciarse de manera expresa sobre todos los agravios expuestos en la apelación, realizando un motivado, coherente y razonado criterio, ya sea pronunciándose en forma positiva o negativa y de esta manera dar cumplimiento al debido proceso; al no haberlo hecho, el Tribunal Ad quem ha incumplido el mandato previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil; la resolución que no contiene un razonamiento jurídico ni se encuadrada a derecho, es inadmisible y conlleva el desconocimiento de su propia competencia del Tribunal que la emitió, desencadenando en la causal de nulidad prevista en el art. 252 con relación al art. 254. 4) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio tal como lo establece el art. 90 del propio Adjetivo Civil.

La impugnación o apelación de fallos judiciales es una garantía judicial otorgada a las partes que se encuentra establecida en el art. 180-II de la Constitución Política del Estado, para que el Tribunal de Alzada, bajo el criterio de que advertido del error y en su rol fiscalizador, pueda corregir y/o enmendar la inobservancia de las normas jurídicas en vigencia.

En fallos anteriormente emitidos, este Tribunal Supremo, ha establecido que el derecho a la impugnación, de ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho debe concretarse y ser materializado con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho, la respuesta que le corresponde al recurrente.

Establecido así, el incumplimiento al artículo 236 del Código Procedimiento Civil por parte del Tribunal Ad quem, situación que hace procedente la anulación del Auto de Vista impugnado, y por consiguiente ya no corresponde ingresar a analizar el recurso de casación en el fondo.

Por las razones expuestas corresponde a éste Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme dispone la atribución prevista en el art. 42 numeral 1) y art. 17 parágrafo III, ambos de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo estipulado en el art. 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados, hasta fojas 448 inclusive; es decir, hasta el estado de que previo sorteo y sin necesidad de turno, se pronuncie un nuevo Auto de Vista que resuelva el recurso de apelación dentro del marco jurisdiccional que le fija el artículo 236 del Código Procedimiento Civil.

No siendo excusable el error, se impone multa de un día de haber a ser descontados de salario mensual, a tal efecto comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En virtud a lo previsto por el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.