TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 318/2012

Sucre: 17 de septiembre de 2012

Expediente: SC-65-12-S

Partes: Mario Cristóbal Romero Quiroz c/ Alcaldía Municipal de Camiri

Proceso: Reivindicación, Entrega de parte de Bien Inmueble, Mejoras, Daños y

Perjuicios.

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Mario Cristóbal Romero Quiroz de fs. 154 a 155 vlta., impugnando el Auto de Vista de Nro. 148 de fecha 24 de abril de 2012, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Reivindicación y entrega de Bien Inmueble, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez Primero de Partido y Sentencia de Camiri, emitió la Sentencia de fecha 10 de febrero de 2012, cursante de fojas 134 a 137, declarando improbada la demanda de fs. 49 a 50.

Recurrida la resolución mediante recurso de apelación por Mario Cristóbal Romero Quiroz por memorial de fs. 140 a 142 vlta., la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nro. 148 de fecha 24 de abril de 2012, cursante a fojas 150 y vlta, confirma totalmente la Sentencia.

Resolución que dio lugar al recurso de casación interpuesto por parte de Mario Cristóbal Romero Quiroz, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente refiere que la propia entidad demanda fuera quien negó la aprobación de planos en la superficie de la que se considera propietario, y que éste requisito fuera indispensable para el registro ante la oficina de Derechos Reales.

Que, con relación a ello no se habría considerado que la propia alcaldía, hubiera reconocido el derecho propietario, aspecto que le favorecería, en razón de que con este reconocimiento se habría dado por verdad que su derecho propietario alcanzaría a la extensión de 805.50 mts2.

Que, para efectos de resolver la controversia debe considerarse que la acción reivindicatoria tendría calidad de imprescriptible, que al considerar el Tribunal la presunta existencia de indiferencia y consentimiento al no accionar en su oportunidad, constituiría una carga ilícita que se le quisiera imponer, desconociendo la naturaleza de esta acción en sujeción a lo previsto por el art. 1454 del Código Civil, la cual atentaría contra la seguridad jurídica pues no puede ningún Juez o Tribunal fijar plazos para accionar un derecho de naturaleza imprescriptible.

Que, la resolución de Alzada no habría considerado para nada que la Alcaldía Municipal de Camiri no contestó ni contradijo sus argumentos, lo cual constituiría aceptación tácita de los argumentos contenidos en su recurso.

De manera reiterativa señala que el razonamiento de un presunto consentimiento y una inactividad legal durante años fuera contraria a la naturaleza de la acción de reivindicación.

Que por lo anterior interpone recurso de casación en el fondo, pidiendo se case el Auto de Vista e ingresando en el fondo se pronuncie resolución declarando probada su demanda.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En consideración que el recurso analizado esta planteado en el fondo, corresponde puntualizar que cuando se plantea éste se debe circunscribir a los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, destacando que si se pretende una nueva valoración y apreciación de la prueba, el recurrente tiene la obligación de acreditar la existencia de error de hecho o de derecho en su apreciación, puesto que ésta es una atribución privativa de los juzgadores de instancia e incensurable en casación.

En el caso de Autos, de la revisión de antecedentes, el fallo dictado por el ad quem con relación al memorial del recurso que se resuelve, se advierte que el recurrente no ha adecuado de manera específica su recurso a ninguna de las causales contenidas en el Art. 253 del Código de Procedimiento Civil, las presuntas infracciones de fondo en que hubiera incurrido el fallo recurrido, sin embargo a fin de dar respuesta pese a la deficiente formulación del recurso, ante el presunto de haber incurrido en error de derecho en la apreciación de las pruebas, verificamos de antecedentes lo siguiente:

1.- Que de fs. 29 a 31 corre Testimonio extendido por la Oficina de Derechos Reales de la Ciudad de Santa Cruz, sobre el registro de la Transferencia a título de compra-venta por parte de Cristóbal Romero Pereyra y Epifania Quiroz de Romero en favor de Mario Cristóbal Romero Quiroz, de un bien inmueble ubicado en calle Santa Cruz de la Ciudad de Camiri, con una superficie total de 648,71 metros cuadrados con aclaración que según título fueran 805,50 metros cuadrados, refiriendo asimismo sus colindancias de manera específica, al norte con la Calle Santa Cruz, al Sur con la Av. Petrolera, al Este con un Pasillo o Calle sin Nombre y al Oeste con la Propiedad de Altagracia Escalera.

2.- Asimismo a fs. 24 cursa Certificación emitida por la Oficina de Derechos Reales que corrobora el documento anterior.

3.- Verificamos también que de fs. 34 a 36 consta Testimonio Nro. 121/96 referido a una protocolización de minuta aclarativa suscrita por Epifania Quiroz Mojica Vda. de Romero, refiriendo que conjuntamente su esposo Cristóbal Romero Pereyra hubieran transferido a favor de Mario Cristóbal Romero Quiroz un bien inmueble con una superficie menor a la real.

4.- A fs. 19 se halla inserto Formulario de pago de Impuesto a las Transacciones por el que se hace constar que la superficie total transferida fuera de 805,50 m2.

5.- A fs. 10 Formulario de pago de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles por el que consta que la superficie del terreno fuera de 649,00 metros cuadrados.

De todo lo anterior y demás pruebas que se hubieren adjuntado, debemos colegir lo siguiente:

1.- Si bien por el formulario de transferencia y las aclaraciones contenidas en el mismo documento de transferencia, así como el testimonio de fs. 34 a 36 el inmueble cuyo titular a la fecha es el recurrente, tendría una superficie mayor a la que figura en el documento de compraventa, la que se debe considerar es la contenida en el Testimonio registrado bajo la Ptda. Computarizada Nro. 010261823 que corre de fs. 29 a 31, en virtud a que ese registro especifica que la superficie transferida a su favor alcanza a 648,71 metros cuadrados, y que la intención de sus vendedores fue la de hacer adquirir solamente esa extensión. Y con relación a la aclaración que se hizo por testimonio de fs. 34 a 36, tal como lo han identificado los Tribunales de ambas instancias, data de mas de diez años luego de la transferencia inicial y ese título no está inscrito en Derechos Reales, por lo mismo no goza de publicidad ni oponibilidad frente a terceros, con el añadido que fue suscrito por uno solo de los vendedores y la voluntad de uno solo no puede conllevar la voluntad de aclaración del otro.

No obstante lo anterior, corresponde señalar que si bien esta aclaración no surte efecto respecto al derecho propietario en relación a terceros, sin embargo la persona que ha vendido y los herederos -ante el fallecimiento del otro vendedor- están facultados a accionar en la vía que corresponda a efectos de recuperar el área que la entidad demandada estuviera detentando, en el entendido que quien vende una cosa tiene la obligación de entregar la misma al comprador, -de afirmar que se hubiera transferido en compraventa la superficie señalada-, siendo éstos los facultados para demandar lo que corresponda y no el comprador -hoy recurrente- que adquirió una superficie delimitada de 648,71 metros cuadrados y la posesión a la que ingresó producto de esa compra-venta es esa extensión, no habiendo poseído los 805,50 metros cuadrados.

2.- Ciertamente como reclama el recurso de casación, la acción de reivindicación en espíritu del art. 1454 del C.C. es imprescriptible, empero debe estar relacionada con lo referido por el art. 1453 del mismo compilado legal, que autoriza al propietario que ha perdido la posesión de una cosa, reivindicarla de quien la posee o detenta.

Importa decir entonces que el fundamento de la acción de reivindicación es el poder de persecución del propietario que haya sido desposeído de la cosa a fin de recuperar la posesión de ella, siendo una acción real dirigida a obtener el reconocimiento del citado derecho y la restitución de la cosa a su dueño, pues nace del derecho de dominio. De lo que concluimos que los principales puntos que deben establecerse o probarse por la persona que ejerce la acción de reivindicación en el proceso respectivo es primero el dominio de la cosa por parte del actor; segundo, la posesión o detentación de la cosa por el demandado; y tercero, la identificación o singularización de la cosa a reivindicar.

Asimismo corresponde señalar que en la acción reivindicatoria la carga de la prueba pesa sobre el reivindicante, pues debe acreditar plena y totalmente ser el dueño de una cosa singular y no estar en posesión de ella, para que su acción reivindicatoria prospere.

4.- En el caso concreto que se analiza, el recurrente adquirió en calidad de compra-venta la superficie de 648,71 metros cuadrados y entró en posesión de ella, por lo que no es pertinente que pretenda reivindicar sobre una superficie mayor, vale decir, 805,50 metros cuadrados, el recurrente estaba en plena consciencia que la venta que se le hizo alcanzaba a esa superficie y no otra, pues como se verifica del documento de compra-venta el área adquirida está plenamente identificada incluso con colindancias, de tal suerte que no existe razonamiento lógico que pueda conllevar que habiendo adquirido una superficie menor de manera específica, ahora pretenda reivindicar una superficie mayor.

5.- Esos fundamentos desvirtúan los argumentos expuestos en el recurso de casación pretendiendo exista aunque de manera genérica, error de derecho en la apreciación de las pruebas producidas en el proceso, siendo ciertamente poco razonado el argumento expuesto por el Tribunal ad quem en sentido que hubiera habido indiferencia o consentimiento del demandante para hacer valer sus derechos a efectos de que prospere la demanda de reivindicación, pues en el caso no debía existir ni concurrir ninguno de esos elementos, cuando en los hechos el demandante ahora recurrente nunca fue propietario de la superficie que pretende reivindicar, de manera que tampoco podía consentir y por ende reclamar ningún derecho sobre algo que no adquirió, debiendo quedar claro que el primer requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda, significando esto que el solo hecho de poseer título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa, y tiene sobre ésta el uso, goce y disposición, estando facultado, además, para reivindicar la cosa de manos de un tercero, así no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio, no siendo ése el caso analizado, al no haber sido propietario como se dijo de la superficie de 805,50 metros cuadrados sino de la que consta en su documento de compraventa; quedando así desvirtuada la pretensión del recurrente.

Distinto fuera el razonamiento si hubiera adquirido en compraventa la superficie de los 805,50 metros cuadrados, empero material u objetivamente ingresado en dominio de solamente 648,71 metros cuadrados y el resto al hallarse en detentación o posesión de un tercero fuera susceptible de reivindicación, apoyado precisamente en ese su título; en el caso en cuestión aquello no sucede, y como se ha dicho, el bien inmueble que adquirió en compraventa constaba de 648.71 metros cuadrados y la otra superficie que pretende reivindicar solo es referencial; no significando esto como se ha dicho anteriormente, que los vendedores no puedan demandar a la entidad demandada lo que corresponda para recuperar el área que estuviera detentada de manera ilegal, con el previo cumplimiento de las formalidades que corresponda ante la evidencia del fallecimiento de uno de los vendedores.

6.- Finalmente el hecho de no haber contestado por parte de la entidad demandada al planteamiento del recurso de apelación, no implica de ninguna manera la aceptación tácita de los argumentos contenidos en ella, sino simplemente su renuncia a efectuar consideraciones con relación a los argumentos de apelación.

Por todos los antecedentes expuestos llegamos a la conclusión de que al no ser evidentes los presuntos argumentos que se invocan en el recurso de casación en el fondo planteado por el recurrente que importen violación a la normativa legal vigente, corresponde en consecuencia fallar en la forma prevista por los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el articulo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso casación de fs. 154 a 155 Vlta. de obrados, interpuesto por Mario Cristóbal Romero Quiroz. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

RELATOR: Mgdo. Rómulo Calle Mamani