TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 10/2013

Sucre: 30 de enero 2013

Expediente: CB - 113 - 12 - S

Partes: Antonio Ledezma Díaz c/ Rubén Félix Morales Flores

Wilma Simona López Fernández

Proceso: Cumplimiento de Obligación

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 207 a 211 interpuesto por Wilma Simona López Fernández, contra el Auto de Vista de fecha 20 de agosto de 2012 de fs. 198 a 200, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de cumplimiento de obligación, seguido por Antonio Ledezma Días contra Rubén Félix Morales Flores y contra la recurrente Wilma Simona López Fernández; la respuesta al recurso de fs. 215 a 216; el Auto de concesión de fs. 217; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Antonio Ledezma Díaz, a fs. 6 a 7 interpone demanda ordinaria de cumplimiento de obligación contra Rubén Félix Morales y Wilma Simona López Fernández (esta última en calidad de garante), indicando que mediante documento de fecha 17 de noviembre de 1999 debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas, otorgó en calidad de préstamo la suma de $us. 15.000 en favor del primero de los nombrados con la garantía solidaria y mancomunada de la segunda; ante el incumplimiento de la obligación, siguió una acción ejecutiva de cobro contra el principal deudor, sin embargo en Sentencia se declaró improbada la demanda por falta de fuerza ejecutiva del documento, salvando sus derechos para la vía ordinaria y al encontrarse ejecutoriada la Sentencia del proceso ejecutivo, dentro del plazo de ley interpone la presente demanda ordinaria de cumplimiento de obligación contra el deudor principal y su garante, quienes en su defensa a través de sus respectivos apoderados, al margen de recusar al Juez de la causa y contestar de manera negativa a la demanda, Wilma Simona López Fernández (garante) plantea excepciones previas de litispendencia e impersonería, mismas que fueron declaradas improbadas y al mismo tiempo respondiendo en forma negativa a la demanda, interpuso las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho, en tanto que Rubén Félix Morales (deudor principal) también plantea excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho y pago o cancelación de la obligación.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 1º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de fecha 22 de enero de 2007 cursante a fs. 166 a 169, declaró probada la demanda de fs. 6 a 7 e improbadas las excepciones perentorias opuestas por los demandados, resolución que fue objeto de solicitud de aclaración, enmienda y complementación, el mismo que fue denegado mediante Auto de fs. 173.

En apelación la referida Sentencia de fecha 22 de enero de 2007, interpuesta por el apoderado de Wilma Simona López Fernández, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de fecha 20 de agosto de 2012 de fs. 198 a 200, confirma la Sentencia apelada, resolución que fue objeto de solicitud de aclaración, enmienda y complementación, el mismo que fue denegado mediante Auto de fs. 203; en contra de estas dos resoluciones, la demandada Wilma Simona López Fernández, por memorial de fs. 207 a 211 recurre en casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

I.- En su recurso de casación en el fondo indica que el Auto de Vista recurrido infringe, viola, interpreta indebidamente, además de incurrir en graves contradicciones en la aplicación de las normas positivas y expresas del ordenamiento jurídico civil, omite pronunciamiento sobre puntos apelados.

Indica que el Juez de la causa a incurrido en aplicación indebida e interpretación errónea de los antecedentes del proceso, para lo cual hace referencia a un proceso ejecutivo donde se declaró improbada la demanda tramitada en su contra por su demandante, de la misma manera hace referencia a otro proceso ordinario de nulidad de constitución de hipoteca seguido por su persona en contra del demandante, donde se declaró la nulidad de la hipoteca, excluyéndola del cumplimiento de la obligación en calidad de garante de la deuda contraída por el principal deudor.

Indica que ante la imposibilidad cronológica de hacer valer la excepción perentoria de cosa juzgada, al momento de interponer recurso de apelación contra la Sentencia, adjuntando prueba documental (testimonio) acredita que existe Sentencia ejecutoriada a su favor que le excluye de su responsabilidad de garante personal de la obligación, interpuso excepción de cosa juzgada, la misma que el Tribunal de alzada desestimó y no se pronunció, pese haber solicitado enmienda y complementación, infringiendo el art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

Que, la Sentencia y el Auto de Vista motivo del presente recurso le pretenden reatar al cumplimiento de la obligación del principal deudor, infringiendo el imperio de la Autoridad de cosa juzgada, citando para el efecto jurisprudencia.

II.- En su recurso de casación en la forma la recurrente acusa al Juez de instancia y al Tribunal de alzada de haber incurrido en falta de consideración de las excepciones perentorias y omisión de la prueba ya que al haberse determinado la nulidad de la constitución de la garantía hipotecaria, su persona hubiera quedado excluida de toda responsabilidad como garante.

Acusa, de infringidos los arts. 882 del Código Civil y 192 inc. 2) del Procedimiento Civil, toda vez que la Sentencia y el Auto de Vista no se pronuncian sobre la prueba de descargo ofrecida ni de las excepciones perentorias opuestas.

Con tales antecedentes interpone recurso de casación en la forma y en el fondo sin realizar ninguna petición clara y concreta en ninguno de sus recursos interpuestos.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el caso específico que se analiza, con carácter previo consideraremos el recurso de casación en la forma, toda vez que de ser evidentes las infracciones que ameritarían la anulación de obrados o del Auto de Vista recurrido, ya no correspondería ingresar a considerar los aspectos referentes al recurso de casación en el fondo.

La recurrente acusa al Tribunal de alzada de haber incurrido en falta de consideración de las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho; revisado el contenido del Auto de Vista de fs. 198 a 199 y vlta. que resuelve la apelación, se evidencia que el Tribunal Ad quem se ha pronunciado con respecto a la mayor parte de los agravios expresados por la recurrente, sin embargo omitió pronunciarse con respecto al punto 3 del memorial de apelación donde la recurrente hace referencia a la existencia de cosa juzgada y reclama por la falta de consideración de las excepciones perentorias anteriormente indicadas; tampoco lo hizo con respecto al Otrosí 2 del referido memorial donde la recurrente interpuso excepción perentoria de cosa juzgada.

El art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por su parte el art. 8 inc. h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior; ambas disposiciones legales que conforman el bloque de constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de alzada sino con la respuesta pertinente, motivada y fundamentada que el Tribunal de alzada debe dar con respecto a los motivos que fundan la impugnación del sujeto procesal que se siente afectado con el fallo, solo así se satisface el derecho al debido proceso.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la SC. 0371/2010-R de 22 de junio ha establecido que el debido proceso "... constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todas aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime conveniente en su descargo (derecho a la defensa), y la observancia del conjunto del requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos ...). Sentencia Constitucional que fue a su vez reiterada mediante la SC. 0615/2012 de 23 de julio.

Por otra parte la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre señala que: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa que toda Autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

En el sub lite, de la revisión del contenido del recurso de apelación se establece que la parte demandada a tiempo de apelar de la Sentencia, no solo reclamó por la falta de consideración de las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho, sino también en el Otrosí 2 de su memorial de apelación contra la Sentencia, interpuso excepción perentoria de cosa juzgada, aunque esta última lo realiza como una cuestión accesoria sin mayor fundamento, respecto a los cuales el Tribunal de alzada omitió pronunciarse; considerando que las excepciones perentorias tienen por finalidad atacar el fondo de la cuestión litigada, ante el reclamo formulado por la recurrente, el Tribunal de alzada estaba en la obligación de pronunciarse ya sea positiva o negativamente.

La excepción perentoria de cosa juzgada, al haber sido interpuesta de manera documentada adjuntando fotocopia legalizada del testimonio de la Sentencia y del Auto de Vista y su ejecutoria de este último y demás actuados procesales que fueron dictados en el proceso ordinario de nulidad de constitución de hipoteca seguido por la ahora recurrente contra el acreedor Antonio Ledezma Días y haber sido interpuesta dicha excepción como una cuestión sobreviniente después de la emisión de la Sentencia de primera instancia, el Juez A quo no tuvo la oportunidad de pronunciarse, correspondiendo en todo caso al Tribunal de alzada pronunciarse de manera expresa y resolver la misma, habida cuenta que de acuerdo al art. 344 del Código de Procedimiento Civil. está permitido la interposición de este tipo de excepciones incluso en ejecución de Sentencia.

El Tribunal de alzada, al haber omitido pronunciarse con respecto a los indicados agravios señalados por la recurrente (excepciones perentorias), ha incurrido en la causal prevista en el inc. 4) del art. 254 con relación al art. 236 ambos del Código de Procedimiento Civil, situación que conlleva la afectación del derecho a la impugnación, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, omisión que por determinación del art. 254 inc. 4) del Adjetivo de la materia, conlleva la nulidad del Auto de Vista recurrido, razón por la cual inhibe a este Tribunal Supremo ingresar al análisis del recurso de casación en el fondo por ser innecesario.

Respecto a la infracción del art. 882 del Código Civil y de la omisión de la valoración de prueba que también acusa la recurrente, estos aspectos no corresponden ser considerados en el recurso de casación en la forma por estar referidos a situaciones que hacen al fondo, además la cita de la indicada norma legal sustantiva resulta impertinente por estar referida al comodato, tal vez la recurrente quiso referirse al art. 922 del Código Civil que habla de la fianza, pero esta situación como se tiene indicado no corresponde ser acusado en recurso de casación en la forma.

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver en la forma prevista por el art. 271 num. 3) con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42. Parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista de fecha 20 de agosto de 2012 cursante de fs. 198 a 199 y vlta. y su Auto complementario de fs. 203 y dispone que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil resolviendo la excepción perentoria de cosa juzgada.

No siendo excusable el error en la que incurrieron los Vocales signatarios del Auto de Vista impugnado, se impone multa de un día de haber, debiendo a tal efecto notificar la presente resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En cumplimiento a lo previsto por el art. 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.