TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 40/2013

Sucre: 8 de febrero 2013

Expediente: CB-99-12-S.

Partes: Elizabeth Chávez Guzmán c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Y.P.F.B.

Proceso: Resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación en la forma cursante de fs. 750 a 752, interpuesto por Gabriel Moisés Palenque Dencker, en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Y.P.F.B., contra el Auto de Vista Nº 138/2013, cursante de fs. 745 a 746, emitido el 17 de agosto de 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Elizabeth Chávez Guzmán en contra de la parte recurrente; la respuesta de fs. 754 y vlta.; la concesión cursante a fs. 755 vlta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Noveno en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, el 15 de septiembre de 2011 pronunció la Sentencia cursante de fs. 699 a 711, declarando improbada la demanda de fs. 19 a 21, sin costas, en consecuencia sin lugar al resarcimiento por concepto de daños y perjuicios; probada la excepción de falta de acción y derecho, opuesta contra la demanda principal; improbada la demanda reconvencional, en consecuencia sin lugar al resarcimiento de daños y perjuicios y; probada la excepción de falta de acción y derecho opuesta contra la demanda reconvencional.

Contra esa Sentencia de primera instancia ambas partes interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista Nº 138, cursante de fs.745 a 746, de fecha 17 de agosto de 2012, anulando obrados hasta fs. 699 y disponiendo que el Juez A quo pronuncie sin espera de turno otra Sentencia, previo decreto de Autos, debiendo pronunciarse expresamente sobre el dictamen fiscal, sin responsabilidad por considerable la omisión.

Contra esa Resolución de segunda instancia la parte demandada y reconventor interpuso recurso de casación en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La parte recurrente acusó que el Auto de Vista recurrido otorgó más de lo pedido por las parte apelante, infringiendo de esa forma el principio de pertinencia previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la parte actora a tiempo de apelar de la Sentencia no expuso como agravio la falta de pronunciamiento expreso sobre el dictamen Fiscal de fs. 674 a 675.

Al respecto señaló que el Dictamen Fiscal no constituye prueba producidas por las partes, ni es un pronunciamiento principal sino accesorio, razón por la que considera que, el Tribunal de alzada al haber tomado en cuenta la falta de pronunciamiento expreso sobre el dictamen Fiscal, sin que ese aspecto hubiera sido reclamado en apelación como agravio, otorgó mas de lo pedido por las partes y e infringió lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Civil, por lo que solicita se case el Auto de Vista recurrido y fallando en lo principal se confirme parcialmente la Sentencia de primera instancia respecto a los numerales 1 y 2 de la parte dispositiva que declara improbada la demanda principal y probada la excepción de falta de acción y derecho opuesta contra la demanda; se revoque la Sentencia respecto a los numerales 3 y 4 de la parte dispositiva y en el fondo se declare probada la demanda reconvencional deducida por Y.P.F.B.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En reiteradas oportunidades éste Tribunal Supremo, siguiendo a su vez el criterio de la extinta Corte Suprema de Justicia, precisó que el recurso de casación constituye una nueva demanda equiparada a una de puro derecho, estando orientado dicho medio de impugnación extraordinario a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación por los Tribunales Departamentales, que infringen las normas de derecho material o las normas que garantizan el debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Igualmente precisó que el recurso de casación puede ser deducido en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme prevé el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, no debe olvidarse que ambas formas de impugnación -en el fondo y en la forma- constituyen dos recursos distintos que responden a causales igualmente diferentes y persiguen por lo tanto distintas determinaciones.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto es por errores en la Resolución de fondo o errores in iudicando, los hechos denunciados por el recurrente deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva la cuestión controvertida que dio lugar al recurso; en tanto que si se plantea recurso de casación en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo; lo primero sucede cuando la Resolución recurrida contiene infracciones formales y lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del proceso que revisten trascendencia en el ámbito del debido proceso.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la cuestión controvertida, en cuyo caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo case la Resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia, en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o, en su caso descartando el error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas cometidos por los Tribunales de instancia. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la Resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que incidan en el debido proceso, en cuyo caso la pretensión recursiva del recurrente deberá estar orientada a la nulidad de la Resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza, el Auto de Vista recurrido es anulatorio de obrados, razón por la que, si bien contra esa Resolución procede efectivamente el recurso de casación en la forma o de nulidad, sin embargo, la pretensión recursiva debe estar orientada a que el Tribunal Supremo de Justicia constate si el motivo que dio lugar a la nulidad de obrados dispuesta resulta correcto o no, a efecto de que en el supuesto caso de resultar indebida la nulidad de obrados dispuesta por el Tribunal de Alzada, se emita Auto Supremo anulando el Auto de Vista recurrido, ordenándose en consecuencia que el Tribunal Ad que emita nueva Resolución en la que se pronuncie sobre el fondo de los agravios expuestos en la apelación. De lo manifestado precedentemente resulta que la pretensión de la parte recurrente en sentido de que éste Tribunal Supremo Case el Auto de Vista y resuelva el fondo de la controversia confirmando parcialmente la Sentencia respecto a ciertas determinaciones y revoque en parte el fallo de primera instancia respecto a otras decisiones en ella contenidas, resulta inadecuado e impertinente con el recurso de nulidad que deduce.

En efecto, si el Tribunal de alzada anuló obrados, quiere decir que no ingresó a considerar el fondo de la controversia litigada entre las partes, en cuyo mérito éste Tribunal no tiene abierta su competencia para analizar y pronunciarse sobre el fondo del litigio, pudiendo únicamente pronunciarse respecto a la correcta o indebida anulación de obrados dispuesta en alzada.

De lo manifestado se establece que la pretensión de la parte recurrente en sentido de que éste Tribunal Supremo se pronuncie sobre el fondo del litigio resulta improcedente. No obstante ello, sólo con fines de aclaración corresponde precisar que la intervención del Ministerio Público en aquellos asuntos civiles en los que el Estado era demandado y que se hubiesen iniciado con anterioridad a la vigencia de la Ley 2175, cuya Disposición Final Quinta modificó el art. 127 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, resulta obligatoria; obligatoriedad que conlleva la intervención principal y no simplemente accesoria del Ministerio Público, conforme así lo señaló el Tribunal Constitucional en la S.C. Nº 1200-2005-R de 29 de septiembre de 2005, consiguientemente la intervención del Ministerio Público no se reduce únicamente a la presentación formal del Dictamen, por el contrario el mismo debe merecer una debida consideración y análisis por parte del juzgador, pues, es a través del dictamen que se materializa el control de legalidad que estaba llamado a ejercer el Ministerio Público, como correctamente interpretó el Tribunal de alzada al anular obrados.

Por las razones expuestas, siendo deficiente la interposición del recurso de casación en cuanto a su pretensión, corresponde a éste Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por los arts. 271num. 1) y 272 num. 2) del citado Código Adjetivo de la materia, en desacuerdo con el Dictamen Fiscal de fs. 761 a 762, que opinó porque se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare subsistente en todas sus partes la Sentencia de primera instancia, toda vez que, como se señaló anteriormente, al ser el Auto de Vista recurrido anulatorio de Obrados, no corresponde a éste Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la controversia litigada y, en razón a que conforme la S.C. Nº 1200-2005-R de 29 de septiembre 2005, contrariamente a lo manifestado por el Ministerio Público, su intervención en aquellos procesos civiles iniciados en contra del Estado con anterioridad a la vigencia de la Ley 2175, es considerada principal y no simplemente accesoria.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos 271num. 1), 272 num. 2), y 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación cursante de fs. 750 a 752, interpuestos por Gabriel Moisés Palenque Dencker, en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Y.P.F.B., contra el Auto de Vista Nº 138/2012, cursante de fs. 745 a 746, emitido el 17 de agosto 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Mgda. Relatora: Dra. Rita Susana Nava Durán