TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 103/2013

Sucre: 11 de marzo 2013

Expediente: CB - 118 - 12 - S

Partes: Orlando Rodríguez Sejas. c/ María Albina Rodríguez de Pérez.

Proceso: Nulidad de Documento y Reconocimiento de Mejor Derecho Propietario

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 208 a 211 interpuesto por María Isabel Pérez Rodríguez y Orlando Pérez Rodríguez, contra el Auto de Vista Nº 164/ 2012 de fecha 12 de septiembre de 2012 de fs. 203 a 205, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de nulidad de documento y reconocimiento de mejor derecho propietario, seguido por Orlando Rodríguez Sejas contra María Albina Rodríguez de Pérez; la respuesta al recurso de fs. 214 a 216; el Auto de concesión de fs. 216 vlta.; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Orlando Rodríguez Sejas, de fs. 19 a 21 interpone demanda ordinaria de nulidad de documento y reconocimiento de mejor derecho propietario contra María Albina Rodríguez de Pérez indicando que mediante documento de fecha 09 de enero de 1997 debidamente notariado, la demandada otorgó en transferencia en favor de su hija Luz Wilma Pérez de Rodríguez el inmueble de 809 mts.2 ubicado en la localidad de Tiquipaya Provincia Quillacollo de Departamento de Cochabamba, el mismo que posteriormente fue dejado sin efecto por la misma persona y su esposo mediante documento de fecha 28 de abril de 2002 reconocido en sus firmas y rúbricas ante Notario de Fe Pública (siendo éste el documento que es objeto de la presente demanda de nulidad), revirtiéndose el derecho propietario en favor de la vendedora María Albina Rodríguez de Pérez; el demandante refiere que en el documento que se acusa de nulidad, la firma de su esposa Luz Wilma Pérez de Rodríguez (hija de la demandada) fue falsificada durante su ausencia del país, quien se encontraba radicando en Estados Unidos en la fecha que fue suscrito dicho documento.

La demandada al contestar la demanda de manera negativa interpone excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho, falta de legitimidad, incapacidad e impersonería del demandante y a la vez reconviene por Resolución, nulidad de contrato de venta de 1997 y prescripción adquisitiva o usucapión.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Duodécimo de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de fecha 07 de abril de 2011 cursante de fs. 141 a 150, declaró probada la demanda principal, improbadas las excepciones perentorias opuestas a la misma e improbada la acción reconvencional; tramitado el proceso en las demás instancias, por Auto Supremo Nº 128/2012 de 29 de mayo de 2012 se anula el Auto de Vista.

Sustanciado nuevamente el proceso, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nro.164/2012 de fecha 12 de septiembre de 2012 de fs. 203 a 205 y vlta., confirma la Sentencia; en contra de esta Resolución de segunda instancia, los herederos de la demandada fallecida, por memorial de fs. 208 a 211 recurren en casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Los recurrentes interponen recurso de casación en el fondo por la casual prevista en el art. 253 num. 3) del Código Procedimiento Civil con argumentos confusos y reiterativos, de cuyo contenido se puede resumir lo siguiente:

Refiriéndose a la Sentencia de primera instancia indican, que no se hizo una correcta valoración de los antecedentes del proceso, ya que su madre María Albina Rodríguez Vda. de Pérez por falta de conocimiento firmó una transferencia en favor de su hija Luz Wilma Pérez de Rodríguez del lote de terreno de 809 mts2. sin percatarse de que se trataba de una Escritura de compra-venta, representándole en esa ocasión a la compradora su hermana Velia Zulema Pérez de Rocabado.

Que, el referido contrato de transferencia no llegó a perfeccionarse por falta de pago del precio ya que la compradora nunca pagó un solo centavo, resultando en los hechos simplemente un anticipo de legítima.

Que, en fecha 26 de agosto de 1992 ya se había suscrito otro documento de transferencia a favor de Luz Wilma Pérez de Rodríguez sobre el mismo inmueble, el cual no pudo ser inscrito en Derechos Reales por haberse consignado erróneamente los datos.

El Auto de Vista no toma en cuenta que las personas que siempre estuvieron en posesión Pública, pacífica y continuada de dicho terreno fueron su madre y la otra hermana de los recurrentes, Velia Zulema Pérez de Rocabado, operándose a favor de esta última la prescripción adquisitiva y que la compradora nunca tomó posesión del inmueble porque encontrarse en el exterior.

Con tales antecedentes interpone recurso de casación en el fondo solicitando de manera confusa al "Tribunal superior CASE y RECHASE" el Auto de Vista impugnado, declarando la nulidad de la Escritura Pública de 09 de enero de 1997.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Se ha establecido en reiterados Autos supremos que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Tribunal de casación revise y reforme o anule las Resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia como por el actual Tribunal Supremo de Justicia, señaló que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, el mismo que puede ser planteado en la forma, en el fondo o en ambos casos a la vez, conforme está establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil; cuando el recurso se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, denominado en doctrina error "in procedendo", su finalidad es la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas expresamente con nulidad por la ley; en tanto que el recurso de casación en el fondo o "error in judicando", procede por errores en la Resolución del fondo del litigio y está orientado a que el Tribunal de casación revise el fondo de la Resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva sobre el fondo de la controversia en base a la correcta compulsa de la prueba y la aplicación o interpretación de la ley.

En cada caso, los hechos denunciados deben circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 del adjetivo Civil respectivamente y cumplir de manera inexcusable el mandato del art. 258 inc. 2) del mismo cuerpo legal; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

En el caso que se analiza, los recurrentes en su calidad de causahabientes de la persona demandada María Albina Rodríguez (fallecida durante la tramitación del proceso), interponen recurso de casación en el fondo por la causal prevista en el num. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, con deficiente fundamentación, confusa y contradictoria; sin embargo, no obstante la deficiencia del recuso, con el fin de dar respuesta a los recurrentes, se pasa a considerar el mismo.

Los recurrentes afirman que su madre María Albina Rodríguez Vda. de Pérez por falta de conocimiento habría firmado la transferencia del lote de terreno de 809 mts2. en favor de su hija Luz Wilma Pérez de Rodríguez sin percatarse de que se trataba de una Escritura de compra-venta; en ese entendido fue la madre de los recurrentes a través de su hija y apoderada María Isabel Pérez Rodríguez (hoy recurrente) quien al momento de contestar la demanda interpuso entre otras las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad y a la vez planteó demanda reconvencional formulando varias pretensiones, siendo una de estas por la nulidad del contrato de compra venta de fecha 24 de enero de 1997 visible a fs. 9-11, sin embargo revisado los antecedentes del proceso se evidencia que la demandada durante la tramitación del proceso no aportó con prueba alguna que demuestre ninguna de sus pretensiones formuladas en su mutua petición, incumpliendo de esta manera el mandato del art.1283 del Código Civil y 375 parágrafo II de su Procedimiento, normas legales que imponen a las partes el deber de correr con la carga procesal de demostrar sus pretensiones; en el caso de Autos correspondía a la reconvencionista demostrar sobre todo el aparente error que indica en la suscripción del referido documento de compra venta, al no haber cumplido con esa carga, lo aseverado por los recurrentes quedando en simple afirmación sin ningún sustento legal ni probatorio.

Por otra parte, sostienen que el contrato de compra venta no se habría perfeccionado por falta de pago del precio, esa posición en todo caso resulta contradictoria al anterior argumento afirmado por los recurrentes y en el fondo implica un reconocimiento de la existencia legal de la compra venta realizada por la Sra. María Albina Rodríguez Vda. de Pérez en favor desu hijaLuz Wilma Pérez de Rodríguez, solo así se podría justificar el reclamo que hacen los recurrentes respecto a la falta de pago del precio del terreno, habida cuenta que el contrato de compra venta es un contrato consensual con efectos reales que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, momento en el cual se opera la trasferencia del derecho de propiedad conforme lo previene el art. 521 con relación al 584 ambos del Código Civil y no se requiere de otras formalidades, salvo excepciones establecidas de manera expresa por la ley.

Similar situación tan contradictoria resulta cuando los recurrentes por un lado acusan de nulidad de la Escritura Pública de compra - venta de fecha 09 de enero de 1997y por otra partepretenden su Resolución por falta de pago del precio; se procede a la Resolución de un contrato cuando éste ha nacido a la vida jurídica y existe legalmente y no cuando se encuentra imperfecto y carece de valor legal como afirman los recurrentes; estos al pretender su Resolución están aceptando la existencia legal del indicado contrato y no pueden al mismo tiempo acusar de nulidad, desaciertos de orden legal que es exclusivamente atribuible a la defensa técnica quien incurriendo en dejadez realiza un inadecuado planteamiento jurídico a lo largo de todo el contenido del recurso, recurriendo además a la fácil tarea de reproducir en forma íntegra memoriales anteriores sin mayor fundamento.

Para el perfeccionamiento del contrato del compra venta, tampoco se requiere de la entrega física de la cosa o el pago del precio por ser un contrato consensual por excelencia, en todo caso los aspectos señalados es consecuencia de la realización del contrato y que nacen como obligaciones para las partes y en caso de incumplimiento de las mismas lo que corresponde es exigir judicialmente su cumplimiento o la Resolución del contrato conforme a los arts. 622 y 639 del Código Civil y de ninguna manera constituyen causal de nulidad del contrato como erróneamente acusan los recurrentes; además se debe tener presente que en el contrato de venta acusado de nulo por los recurrentes, en su Cláusula Séptima hace referencia que en fecha 26 de agosto de 1992 ya se habría suscrito una transferencia del terreno que se indica en favor de la misma persona Luz Wilma Pérez de Rodríguez y que debido a errores en los datos de su registro no pudieron registrar en Derechos Reales, aspecto que es ratificado por los propios recurrentes; en dicho documento los vendedores también hacen referencia que el dinero del valor del terreno ya lo tenían recibido con anterioridad; esta situación hace ver que los padres de la compradora y en especial la madre, siempre tuvieron la intensión de transferir el inmueble a favor de su nombrada hija, quedando de esta manera descartada la afirmación de los recurrentes de que se trataría de una venta fraudulenta.

Respecto a la posesión del inmueble que alegan los recurrentes en favor de su madre y de su otra hermana Velia Zulema Pérez de Rocabado con respecto al inmueble que fue objeto de venta; los recurrentes no toman en cuenta que una de las pretensiones de la demanda reconvencional como es la "prescripción adquisitiva" formulada por su madre al momento de contestar la demanda, fue considerada como no presentada por el Juez de la causaal no haber subsanado oportunamente la observación que le hizo la Autoridad judicial tal como consta a fs. 48 vlta., y en contra de esa decisión la demandada no interpuso ningún recurso de impugnación, no obstante que la ahora recurrente actuaba en calidad de apoderada legal de su madre y como consecuencia de esa situación, la incorrecta denominada "prescripción adquisitiva" (usucapión) no se llegó a tomar en cuenta como puntos de hecho a probar en el Auto de relación procesal de fs. 60 y consiguientemente no fue resuelto en Sentencia ese aspecto, entonces mal pueden los recurrentes reclamar en casación sobre ese tema, ni mucho menos tienen legitimación para hacerlo reclamando la posesión del inmueble a favor de otra persona como es su hermana Velia Zulema Pérez de Rocabado cuando esta persona en ningún momento intervino durante la tramitación del proceso, y por consiguiente, este Tribunal Supremo no advierte que los Jueces de instancia habrían incurrido en error y/o interpretación errónea o aplicación indebida de la ley.

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver el recurso conforme a lo previsto en los arts., 271 num. 2) con relación al art. 273 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto en el fondo por María Isabel Pérez Rodríguez y Orlando Pérez Rodríguez contra el Auto de Vista Nº 164/2012 de fecha 12 de septiembre de 2012 cursante de fs. 203 a 205. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.