TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 124/2013.

Sucre: 11 de marzo 2013.

Expediente: Pt - 45 - 12 - S

Partes: Andrés, Leoncio y Ricardo Martínez Tacuri c/ Martha Yolanda Revilla Vda. de Ríos y y/o presuntos propietarios.

Proceso: Usucapión Extraordinaria.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación de fondo de fs. 839 a 843 de obrados, interpuesto por Andrés, Leoncio y Ricardo Martínez
Tacuri, contra el Auto de Vista Nro. 190/2012 de fs. 832 a 834, de fecha 20 de septiembre de 2012, pronunciada por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de Usucapión decenal o extraordinaria, seguido por Andrés, Leoncio y Ricardo Martínez Tacuri contra Martha Yolanda Revilla Vda. de Ríos y/o presuntos propietarios, el Auto de concesión de fs. 846 vlta., los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Potosí, el 22 de junio de 2012, pronunció la Sentencia Nº 043/2012, cursante de fs. 797 a 803 vlta., declarando Improbada la demanda de fs. 1, 295 y 296 e Improbada la Excepción de prescripción interpuesta a la demandada de fs. 402 a404 y disponiendo no haber lugar a declarar propietarios a los señores Andrés Martínez Tacuri, Leoncio Martínez Tacuri y Ricardo Martínez Tacuri del ex fundo Puitucani en la superficie de 15.15 has. Ni haber lugar a la cancelación de registro de Derechos Reales Partida 354 folio 386 libro de propiedades Ciudad y Frías de 30 de agosto de 1972 respetándose en todo caso sus derechos anteriores al presente proceso.

Contra esa Resolución de primera instancia Andrés, Leoncio y Ricardo Martínez Tacuri, interponen recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el 20 de septiembre de 2012 pronunció Auto de Vista confirmando totalmente la Sentencia apelada.

Contra esa Resolución de Alzada lo demandante Andrés, Leoncio y Ricardo Martínez Tacuri, interpusieron recurso de casación, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Que, los Tribunales tanto de instancia como el de alzada no habrían tomado en cuanta la presunta propietaria nunca estuvo ocupando los predios Puitucani, tampoco la misma habría probado como propietaria cumplido la función ecónomo social a los predios objeto de la Litis.

2.- Que, los predios objeto de la Litis tienen un origen jurídico con base en normas agrarias y que deben ser interpretadas y comprendida de manera íntegra y que no pueden ser reducidos o sometidos una ordenanza Municipal que no constituye derechos

3.- Que, la Constitución Política del Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición u conservación de la propiedad, no ha sido cumplido por la parte demandada y presunta propietaria, así mismo que según el art. 212 del Código Civil, los fundos abandonados y los que no se trabajen se revierten al Estado conforme a las leyes especiales pertinentes.

4.- Que, los demandantes son quienes han trabajado y ocupado los predios objeto de la litis que habrían sido abandonados por la presunta propietaria por más de 35 años.

5.- Que, tanto el Juez de instancia como el Tribunal de alzada habrían cometido el error al no haber tomado en cuanta los títulos ejecutoriales obtenidos mediante la judicatura agraria, donde se declaró al predio Puitucani afectado, títulos que habrían sido emitidos a nombre de los hermanos Martínez Tacuri, como antecedente fundamental para probar que la demandada perdió su derecho de propiedad.

6.- Que, el Tribunal de alzada habría manifestado que desde fecha 10 de enero de 2006 el lugar objeto de la demanda se encuentra dentro de radio urbano, modificación de jurisdicción de orden administrativo, que habría sido determínate para que el juzgador de primea instancia considere que no se demostró el tiempo de la posesión, apreciación que sería totalmente absurda y contradictoria ya de acuerdo al art. 138 del Código Civil, simplemente se debe demostrar el tiempo de la posesión, extremo que consideraron cumplido, así como la función económica social que otorgaría un derecho consolidado a los efectos jurídicos para la prescripción adquisitiva.

7.- Que, asimismo el Tribunal de Alzada habría concluido que los predios de la presunta propietaria, al estar dentro de la jurisdicción del Municipio de Potosí y por aparente trámite inconcluso de urbanización se consideraría bienes colectivos de dominio público que por ende no serían susceptibles de usucapión. Determinación que los de rechazaron indicando que necesariamente deberá transferirse esos predios mediante documento público para que a partir de ese momento el municipio sea propietario absoluto de las vías y otros espacios destinados al uso público, que mientras no ocurra aquello no pueden ser considerados como tales.

Finalmente que en previsión de los at. 252, 253 y 257 de Código Civil interponen recurso de casación en el fondo y que este Tribunal emita Auto supremo enfundando el Auto de Vista Nº 190/2012 para que se emita nueva Resolución disponiendo probada la demanda de usucapión.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Establecido el recurso de casación el mismo que fue interpuesto en el fondo, y pese a las deficiencias del mismo, se pasa a considerar el recurso.

Del análisis de la situación planteada se puede establecer lo siguiente:

1.- Que, los hermanos Andrés, Ricardo y Leoncio Martínez Tacuri, por memorial de fs.1, 295 y 296 interponen demanda de usucapión decenal o extraordinaria contra Martha Yolanda Revilla Vda. de Ríos sobre la propiedad denominada "Puitucani" en principio sobre 14,17 has., y posteriormente por 15,15 has. Con el fundamento de que los anteriores propietarios hermanos Ibieta transfirieron su derecho propietario a los esposos Hermógenes Ríos Ledesma y Martha Yolanda Revilla Vda. de Ríos, y contra terceros interesados, mediante documento público inscrito en Derechos Reales de fecha 30 de agosto de 1972 con una superficie de 104,2335 has. Indicando que dicha transferencia es ilícita que no habría cumplido con la Resolución suprema Nº 884942.

2.- Una vez citada, Martha Yolanda Vda. De Ríos, contesta negativamente señalando que tiene debidamente registrado su derecho propietario bajo la partida 354, folio 286 Libro Primero de propiedades de la Ciudad y Frías de 29 de Agosto de 1972 y Folio Real 5011040002228 de 13 de agosto de 2011, que ante la intención de apoderarse de su propiedad, ésta tuvo que transferir a varias personas, señaló también que cedió una parte para la construcción de un hospital de tercer nivel al Municipio, que los demandantes habrían procedido a vender ilícitamente a integrantes del Mercado Campesino y posteriormente por Ordenanza Municipal Nro. 047/2005 los predios han pasado al radio urbano y el Instituto de Reforma Agraria habría perdido competencia y en consecuencia se aplicarían las reglas del Código Civil.

3.- Tramitada la causa, el Juez de primer grado emite Sentencia, declarando improbada la demanda de usucapión decenal e improbada la excepción de prescripción opuesta a la demanda y confirmada por Auto de Vista Nº 190/2012.

Ahora bien; los recurrentes manifestaron que los Tribunales de instancia a su turno habrían ignorado que su posesión emerge de un régimen jurídico agrario que en función a ello, estos vienen ocupando los predios objeto de la litis, cumpliendo la función económica social, aspectos que no habrían sido interpretados de manera íntegra y que no pueden ser reducidos o sometidos a una ordenanza Municipal.

Al respecto se debe precisar que la posesión que los recurrentes alegan tener como efectos del régimen agrario anterior es decir, de acuerdo a lo regulado por la Ley INRA Nro. 1715 de 18 de octubre de 1996, misma que regula los modos de adquirir la propiedad agraria, mediante la afectación, dotación adjudicación y otros, no es posible adquirir la propiedad mediante la prescripción.

Sin embargo, esa posesión en el anterior régimen legal, que no se la niega, que ciertamente era útil para los efectos de la ley agraria, pero que a partir del 10 de febrero de 2006, por la cual el predio objeto de la litis pasa a ser parte de del radio urbano de la ciudad de Potosí y en consecuencia sujeta al régimen ordinario civil, o reglas del Código Civil, en la cual si, se reconoce como una de las formas para la adquirir derechos mediante las prescripción, para lo cual la posesión legal alegada por los recurrentes, para el régimen actual, es decir la prescripción adquisitiva decenal o usucapión no resulta útil toda vez que conforme se tiene en obrados la demanda fue presentada el año 2009 y tomando en cuenta el cambio de régimen legal aplicable desde el año 2006, no se habría cumplido con el tiempo establecido para que opere la prescripción, conforme también concluyeron los Tribunales de instancia, de manera que este Tribunal no considera que se hubiera efectuado una mala valoración de la posesión anterior de los recurrentes.

Por otro lado, conforme los mismos recurrentes manifiestan que cumplieron y hacen cumplir la función económica social por más de 35 años, este Tribunal considera que no pueden pretender hacer extensiva esa posesión anterior a los efectos de la usucapión decenal que antes del 2006 no se constituía objeto regulado por el derecho civil, en consecuencia no era un bien susceptible de ser usucapido conforme la regla prevista por el art. 138 del Código Civil; consiguientemente la posesión argumentada por los recurrentes no era apta para generar efectos jurídicos en el ámbito del derecho civil, lo que no significa desconocer la posesión argüida ni los efectos que la misma pudiera generar en el ámbito de la regulación de la propiedad agraria, efectos que la parte actora debió pretender oportunamente en ese ámbito de la legislación.

Al margen de lo manifestado que de la revisión de obrados se advierte que los recurrentes fueron interrumpidos en su posesión, como ellos mismos lo manifiestan del tenor de su demanda y corroborado por las confesiones provocadas a las que fueron diferidos los tres actores, indicando que fueron avasallados en su posesión por miembros de la Junta Vecinal Villa Victoria que habrían ingresado a vivir el año 2009 y que actualmente se encuentran ahí y habrían construido sus viviendas, no pudiendo además recuperar esos terrenos.

De lo anotado se concluye que los recurrentes perdieron la posesión de una parte del predio que pretender usucapir conforme lo establece el art. 137 del Código Civil y no hay evidencia que estos hubieran intentado recuperarla, aspecto que fue ampliamente corroborado por los informes periciales efectuados y la intervención de testigos de cargo y descargo, así como tampoco cursa en obrados prueba que demuestre que los recurrentes hubieran procedido a recuperar la posesión de los predios ocupados por la Junta vecinal Villa Victoria, por otro lado se observa, de acuerdo a los datos del proceso que esta Junta Vecinal ya cuenta inclusive con manzanos y calles consolidadas, observándose también que en gran parte ya existen construcciones de viviendas.

Para finalizar cabe resaltar que los títulos de propiedad obtenidos y adjuntados a la demanda, en el marco de la leyes agrarias, es relativa toda vez que de la revisión de obrados se evidencia que los demandantes juntamente con otros cuatro dotados en una extensión de 10.6.903 has. que de acuerdo al informe técnico de fs. 264 los hermanos Martínez fueron dotados con una superficie de 1.6095 has., asimismo habrían adquirido por compraventa de la demandada Martha Yolanda Revilla Vda. De Ríos, 30.000 Mts2, mediante testimonio Nº 190/1979 de acuerdo a certificación de Derechos Reales de fecha 17 de marzo de 2010 cursante de fs. 154 a 156, de manera que este Tribunal no considera que los Tribunales de instancia hubieran vulnerado las normas, en las decisiones adoptadas.

Por lo expuesto, y sin entrar en más consideraciones del recurso, este Tribunal de casación emite Resolución en la forma determinada por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso interpuesto por Andrés, Ricardo y Leoncio Martínez Tacuri, cursante de fs. 839 a 843 vlta., con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

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