TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 294/2013

Sucre, 07 de junio de 2013

Expediente: LP-3713-S

Partes: Jorge Alberto Monje Pinedo c/ Epifanio Merlo Cruz, Mercedes Limachi

            Quispe, Martín y Pacesa Merlo Limachi y Mary Suarez.

Proceso: División y Partición.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 504 a 505 y vlta., interpuesto por Rafael Guzmán Campanini en representación de Jorge Alberto Monje Pinedo contra del Auto de Vista Nº 233/2012 de 12 de junio 2012, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de  Justicia de La Paz, en el proceso de división y partición, seguido por el recurrente en contra de Epifanio Merlo Cruz y otros, la concesión de fs. 514, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, dicta la Sentencia Nº 408/2011, de 20 de septiembre 2011, que cursa de fs. 476 a 481, por la que declara improbada la demanda de fs. 15 a 16 subsanada a fs. 43 e improbada la demanda reconvencional interpuesta por Mary Suarez vda. de Mendoza que cursa en fs. 59 subsanada a fs. 65 de obrados.

Contra dicha resolución el apoderado del demandante interpone recurso ordinario de apelación y como consecuencia de la misma, los antecedentes  radican en la Sala Civil Tercera del tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que emite el Auto de Vista Nº 233/2012 de 12 de junio de 2012 que cursa de fs. 500 a 501, que confirma la Sentencia apelada, fallo que a su vez recurrido de casación en el fondo y en la forma.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.


1.- En calidad de antecedentes refiere que conforme a la Escritura Pública Nº 19/69 de 15 de enero de 1959 que cursa de fs. 4 a 6, Epifanio Merlo fuera legítimo propietario del inmueble ubicado en la Av. Alexander de la zona de Achumani con una superficie de 1.000 mts2, quien en ejercicio de su derecho aportó  dicho bien a la Sociedad “CERAMICA SULOZAJE LTDA.”, constituida por los socios Epifanio Merlo, Jorge Alberto Monje Pinedo, Aidee Francisquini vda. de Suarez y Mary Suarez de Mendoza y registrado en Derechos Reales a nombre de dicha Sociedad conforme a la matricula Nº 0122442, que según la cláusula sexta de dicha sociedad, se convino la vigencia de la sociedad de diez años, y no habiéndose renovado su plazo dicha sociedad se ha disuelto, conforme al art. 378 num. 2) del Código de Comercio, que lo acusa como infringido.

2.- Añade que conforme a la escritura constitutiva de la sociedad de 21 de abril de 1978, la sociedad hubiera vencido el 21 de abril de 1988, a ello manifiesta que es importante considerar que el art. 204 numeral 8) del Código de Comercio, en Asamblea de Socios, por más de dos tercios los socios, Mary Suarez vda. de Mendoza y mandante del recurrente, decidieron la disolución de la sociedad y aceptaron que el terreno aportado por el socio Epifanio Merlo, se proceda a la “vena” y en caso de no procederse a su venta convinieron a la división y partición del mismo, socio que consintió  la venta del inmueble mediante documento de fs. 245, por lo que el Tribunal de Alzada vulnera el art. 204 numeral 8) y art. 378 numeral 2) del Código de Comercio, y los arts. 519 y 520 del Código Civil.

3.- Asimismo, acusa la violación del acta de fs. 242 del proceso, señalando que conforme al acta de fs. 242 y la publicación de prensa de fs. 241, en forma expresa más de dos tercios de las cuotas de capital de los socios se convino en la disolución de la sociedad y se aceptó la venta o en su caso la división y partición del inmueble de propiedad de la sociedad, sin embargo la Resolución Nº 233/2012 de 13 de junio 2012, desconoce el consentimiento de los socios,  para la disolución de la sociedad y para la venta o división  del inmueble de propiedad de esa sociedad, por lo que acusa la violación del art. 378 numerales 1) y 2) del Código de Comercio.

4.- También, señala que con referencia a la división de cosa común el art. 167 del Código Civil, en forma expresa dispone que nadie está obligado a  permanecer en comunidad y cada propietario  puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, por lo que al haber vencido el término de la sociedad limitada y aceptado los socios su venta o división y partición del inmueble, según el porcentaje de sus derechos y acciones, por lo acusa la violación del art. 167 del Código Civil.

Por lo expuesto interpone recurso de casación en la forma y en el fondo y solicita al Tribunal Supremo de Justicia, emita Auto Supremo, casando la resolución recurrida y se declare probada la demanda de división y partición de propiedad común.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del texto del memorial del recurso tan solo se evidencia haberse interpuesto recurso de casación en el fondo que de acuerdo a los requisitos para su evaluación concuerda con el petitum del recurso, no evidenciando argumentos que acusen sobre la forma, por lo que se da respuesta a las infracciones presuntamente acusadas como sigue:

1.- La primera acusación descrita en el recurso de casación en el fondo es la relativa a la infracción del art. 378 del Código de Comercio, pese de la falta de su argumentación y la forma en que debía ser aplicada dicha norma, corresponde señalar que en el recurso de apelación de fs. 484 a 485 vlta., no se evidencia haberse acusado la infracción de dicha norma, por lo que sobre la misma resulta ser aplicable lo dispuesto en el art. 262 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, por cuanto al no haberse apelado conforme a dicho punto (acusarlo como agravio), la acusación venida en grado de casación resulta ser improcedente.

2.- Sobre la acusación relativa a la infracción del art. 204 num. 8) del Código de Comercio, cuyo texto es el siguiente: “(Asamblea de socios y sus facultades) La asamblea de socios tiene las siguientes facultades… 8) Decidir acerca de la disolución de la sociedad; así como el retiro de socios…”,  la mencionada norma se refiere a la facultad de la asamblea de socios como para emitir una decisión sobre la disolución de la sociedad o el retiro de los socios, situación no aplicable al caso de autos, debe notarse que conforme a la demanda se ha delimitado el tema decidendum, que resulta ser la viabilidad o no de una división y partición,  razón por la cual se deduce que en el presente caso de autos no se debate si la disolución de la sociedad dispuesta o no por la Asamblea fuera viable o no, por lo que no puede argüirse vulneración del art. 204 inc. 8) del Código de Comercio, menos de los arts. 519 y 520 del Código Civil, normas estas últimas que se refieren a la eficacia del contrato y  a la ejecución de buena fe e integración del contrato, situaciones de carácter general de la materia de contratos.

3.- En cuanto a la violación del acta de fs. 242 y la publicación de prensa de fs. 241, conforme a lo convenido entre la Asamblea general de socios, ante el  cual se acusa vulneración del art. 378 del Código de comercio en sus numerales 1) y 2) señalan la disolución de la sociedad por acuerdo de socios y vencimiento del término de la sociedad, sin embargo dicha norma no fue acusada en el recurso de apelación, tan solo como valoración de medio de prueba, y en el recurso de casación no se efectúa una acusación relativa a error  de hecho o de derecho en la valoración de la misma, que conlleva la supuesta infracción en su improcedencia.

4.- En cuanto a la infracción del art. 167 del Código Civil, corresponde señalar que dicha norma tiene la siguiente redacción: “I. Nadie está obligado a permanecer en la comunidad y cada copropietario puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común. II. No obstante es válido el pacto para permanecer en comunidad por un tiempo no mayor de cinco años, pero si median circunstancias graves la autoridad judicial puede ordenar la división antes del tiempo convenido”,  dicha norma faculta a un copropietario efectuar la división de la propiedad, en la cuota que le corresponda y para su viabilidad deberá entenderse que la propiedad se encuentre sujeto al régimen de la propiedad común  y sujeto a las reglas del Código Civil.

También corresponde distinguir que el art. 167 del Código Civil aludido en el recurso de casación, se encuentra contenido en el sustantivo civil, distinto del Derecho Comercial, el primero de ellos regula las relaciones jurídicas entre los particulares en sus relaciones comunes, en cambio el segundo regula las relaciones derivadas de la actividad comercial, actividad que tiene la finalidad de buscar el lucro, en consecuencia si bien es cierto que la segunda parte del art. 1 del Código de Comercio remite al Código Civil, los aspectos no regulados, esto se aplica cuando exista ausencia de regulación en la norma especial, que resulta ser el límite de la aplicación análoga de la norma supletoria.

En la especie el Código de Comercio en los arts. 29 numeral 4), 127 inc. 12), 132, 378, 381 y 382 orientan requisitos como para viabilizar una disolución de una sociedad comercial y los arts. 382 y siguientes, establecen la liquidación de una sociedad, regulada esta última por el art. 384 y siguientes de la norma antes señalada el procedimiento para proceder a una liquidación, deduciendo que toda disolución  de una sociedad conlleva como regla general la liquidación de la misma, excepto el caso de una fusión, ahora por liquidación se entiende como conjunto de operaciones necesarias para concluir con los negocios pendientes de la sociedad disuelta (cobrar lo que se adeuda, pagar las deudas sociales, vender todo el activo y transformarle en dinero entre los socios, como señala Carlos Morales Guillen en su obra de Código de Comercio Concordado y Anotado pág. 441), en ese sentido corresponde señalar que la liquidación tiene un procedimiento especial, en el cual se deben cumplir con ciertas obligaciones como es el inventario y balance, el pago de los aportes o cuotas adeudadas, y una vez extinguido el pasivo social, la forma de efectuar el balance final y proyecto de distribución, caso para el cual, este procedimiento señalado en el Capítulo IX del título III del Libro I del Código de Comercio resulta de vital importancia precisamente para evitar perjuicio en terceros y entre los propios socios, razón por la cual cualquier acuerdo emitido en Asamblea de socios, respecto a la forma de liquidación atenta el interés público así como las reglas imperativas establecidas en el capítulo  de referencia, pues debe recordarse que los acuerdos convencionales  (voluntad contractual) están subordinados a los límites impuestos por la ley y a la realización de los intereses de protección jurídica, en cuanto a terceros y los propios socios de la sociedad comercial.

Esta es la razón por la que existe una distinción en cuanto a la forma de establecer una división y partición de un bien de carácter común, sujeto al Código Civil, y la forma de dividirse una sociedad comercial, razón por la cual como se ha explicado cualquier acuerdo contractual, como el señalado en la foja  242, no puede ir en contra de los intereses dignos de protección jurídica, (tanto para terceros ajenos como para los socios), pues del tenor de la demanda se advierte que el demandante solicita la división y partición del activo de una sociedad comercial que alega haberse disuelto, que como se ha explicado supra, se deduce no haberse infringido el art. 167 del Código Civil.

Por lo expuesto, no se ha evidenciado infracciones a la norma sustantiva por lo que corresponde fallar en la forma prevista en el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO en recurso de casación en el fondo. Con costas.

Se regula honorario en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.