SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 332

Sucre: 23 de noviembre de 2012

Expediente: T-11-11-S

Proceso: Ordinario de prescripción treintañal.

Partes: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija c/ Franz Ávila Aparicio, Carlos Ramiro Ruiz Ávila, Hernán Ávila Lea Plaza, Álvaro Ávila Vadillo, Abraham Baracatt, herederos de Roso Ávila Ichazo, Eitel Ávila del Carpio, Pablo y Rómulo Ichazo y presuntos propietarios.

Distrito: Tarija

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación de fojas 433 a 436, interpuesto por Hernán Ávila Lea Plaza, Franz Ávila Aparicio y Carlos Ramiro Ruiz Ávila, contra el Auto de Vista Nº 33 de 2 de abril de 2011, cursante a fojas 422 a 426, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, en el proceso ordinario de prescripción treintañal, seguido por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (ex prefectura del departamento) contra Franz Ávila Aparicio, Carlos Ramiro Ruiz Ávila, Hernán Ávila Lea Plaza, Álvaro Ávila Vadillo, Abraham Baracatt, herederos de Roso Ávila Ichazo, Eitel Ávila del Carpio, Pablo y Rómulo Ichazo y presuntos propietarios, el auto concesorio de fojas 454 y vuelta, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso de referencia, la Jueza de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tarija, dictó la Sentencia Nº 215 de 27 de noviembre de 2009, cursante de fojas 320 a 327, declarando probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta por la Prefectura del Departamento de Tarija de fojas 18 a 19 vuelta, ampliada y subsanada a fojas 83 a 83 vuelta y fojas 87 de obrados y consiguientemente adquirido por usucapión decenal o extraordinaria por parte de la Prefectura del Departamento de Tarija el inmueble sito entre las calles 15 de abril y General Bernardo Trigo de esta ciudad, donde se encuentra ubicado el edificio central de la Prefectura y el actual coliseo deportivo "Luís Parra", con una superficie 792 mts2 el primero y 1500,50 mts2 el segundo, haciendo un total de ambos ambientes que históricamente formaban un solo inmueble de 2.292.50, cuyos límites y colindancias actuales son los siguientes: al norte con el inmueble del Comité Cívico de Tarija con 21.20 ml, familia Quiroga con 31.25 ml y la Plaza ubicada en la esquina de la calle Campero y la Madrid con 5.20 ml, al Sud con calle 15 de abril con 21.20 ml y 35.45 ml, al Este con la calle General Bernardo Trigo con 40.80 y al Oeste con el inmueble de la Unidad Operativa de Seguridad dependiente de la Policía Departamental con 24,00 ml y la plaza ubicada en la calle Campero y La Madrid con 21.17 ml. Disponiendo en ejecución de la resolución el registro de este derecho en el registro de la propiedad inmueble, para lo cual ordena se expida la correspondiente ejecutorial de ley o fotocopias legalizadas de las principales piezas del proceso, dejando constancia que la aprobación del plano en la Dirección de Desarrollo Urbano, deberá someterse a las normas legales vigentes en dicha oficina municipal.

En grado de apelación deducida por Hernán Ávila Lea Plaza, Franz Ávila Aparicio, Carlos Ramiro Ruiz Ávila y Álvaro Ávila Vadillo, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, pronunció el Auto de Vista Nº 33 de 2 de abril del 2011, cursante de fojas 422 a 426, confirma plenamente la sentencia de fojas 320 a 327, con costas en ambas instancias.

Contra la resolución de segunda instancia, los demandados Hernán Ávila Lea Plaza, Franz Ávila Aparicio, Carlos Ramiro Ruiz Ávila por memorial de fojas 433 a 436, interponen recurso de casación en la forma y en el fondo con los términos contenidos en el mismo.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto con el objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente, que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

En el marco de esa facultad, y teniendo en cuenta que las normas procesales que rigen los procesos ordinarios son de orden público y de cumplimiento obligatorio tal cual lo prevé el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, corresponde realizar una revisión de los obrados que nos ocupan y que nos demuestran que tanto la sentencia de fojas 320 a 327 como el auto de vista recurrido adolecen de defectos que obligan al Tribunal Supremo a repararlos, en virtud de las siguientes apreciaciones:

Mediante memorial cursante de fojas 18 a 19 vuelta, y sus ampliaciones de fojas 83 y 87 y en base a los artículos 1565 del Código Civil abrogado, aplicable por mandato expreso del artículo 1568 del Código Civil actual, la entonces Prefectura del Departamento de Tarija, planteó en principio en contra de presuntos propietarios y luego ampliada contra Franz Ávila Aparicio, Carlos Ramiro Ruiz Ávila, Hernán Ávila Lea Plaza, Álvaro Ávila Vadillo y los herederos de Abraham Baracat, así como los herederos de Rosa Ávila Ichazo, Eitel Ávila del Carpio; Franz Ávila del Carpio, Luis Ávila Ichazo, demanda de prescripción adquisitiva treinteñal del inmueble actualmente ocupado por la Prefectura del Departamento de Tarija. En este contexto la jueza de la causa previa citación a los demandados, ha dictado el auto de relación procesal cursante a fojas 209 vuelta, fijando los puntos de hecho a probar para las partes en base las pretensiones contenidas en la demanda, así como la respuesta negativa de los demandados, estableciendo entre los puntos de hecho a probar para la entidad demandante en el punto 1.- La posesión libre, continuada, pacífica y pública con vocación de propiedad sobre el inmueble sito en la esquina formada por las calles 15 de abril y General Bernardo Trigo de la ciudad de Tarija, por más de 30 años, tomando en cuenta que lo que persigue la entidad demandante es adquirir el derecho propietario por prescripción el inmueble sito en la esquina formada por las calles "15 de abril " y "General Bernardo Trigo" (edificio central de la prefectura y patio prefectural (Coliseo Luís Parra), con una superficie total de 2.292,50 mts2, y que a decir de la entidad demandante ambos constituyen un solo inmueble y que desde tiempos inmemoriales la Prefectura del Departamento como institución del Estado viene poseyéndolo con verdadero ánimo de propietario pues ha realizado trabajos de construcción, mantenimiento y restauración, además de que en la actualidad está siendo ocupada por las oficinas centrales de la prefectura y el patio prefectural adjunto como el Coliseo Luís Parra, sin que ninguna persona natural o jurídica, jamás haya entorpecido o peor aún haya interrumpido tal posesión, de modo que la misma se reputa como constante, pacífica, pública, positiva e ininterrumpida, con la convicción de ser titular del derecho propietario, agregando que por el tiempo transcurrido, no cuentan con prueba concreta sobre el modo de ingreso a la posesión, pero que esta existió y existe por más de 30 años.

CONSIDERANDO: Que, la demanda es el acto básico del proceso porque instaura y se constituye en su base jurídica y resulta condición de la sentencia - la cual resulta ser el acto del juez o tribunal que en virtud de una manifestación volitiva de su espíritu, resuelve conforme a derecho y mediante una apreciación de lo alegado y la valoración de la prueba, es decir que la sentencia es el resultado de un complejo proceso mental de reflexión sobre los hechos sopesados, contenidos en el proceso y que conducen a una conclusión jurisdiccional, en otras palabras, la sentencia es el resultado de una operación de carácter crítico, y se perfila por la elección entre la tesis y los hechos probados por el demandante y los ofrecidos y probados por el demandado. Bajo este contexto doctrinal, está claro que el juez no puede apartarse de los hechos alegados y probados en el desarrollo del proceso, sin embargo, en lo referente al derecho, el juzgador tiene la facultad de aplicar la norma jurídica que él considere de aplicación al caso, teniendo el cuidado de que esta aplicación no desnaturalice el proceso, o el contenido del pronunciamiento sustituya el contenido de la acción planteada (principio del iuranovit curia).

Por otro lado, en las sentencias constitutivas o autos de vista revocatorios que modifican una situación jurídica existente, constituyendo una nueva, el principio de congruencia cobra significativa trascendencia, al estar íntimamente ligado con el derecho constitucional de petición, ya que este último exige, que se resuelva sobre lo solicitado dentro de un plazo razonable y de manera congruente; por lo que la violación a la congruencia, implicaría la violación a tal derecho. La congruencia de las decisiones estatales se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que el particular ha formulado su petición; sin embargo, la incongruencia también puede existir cuando hay un sentido contradictorio en la justificación de la decisión y la parte dispositiva de la misma, generando una completa modificación de los términos de la petición. En ese sentido es oportuno mencionar que la incongruencia como concepto con sustantividad propia, es aquella en virtud de la cual se altera el objeto del proceso, modificando los términos en que se planteó el debate procesal, no dando oportunidad a las partes para discutir y contradecir una decisión. Paralelo a este concepto, y en contrario sensu, aparece la denominada incongruencia omisiva en virtud de la cual el juzgador no es que se pronuncie alterándose o excediéndose sobre lo pedido sino que resuelve cuestiones no sometidas al debate. Del mismo modo, la falta de respuesta implica una incongruencia por omisión que conlleva una denegación técnica de justicia, incorrección procesal que incide, en el derecho fundamental a la defensa, puesto que sustrae a la parte la posibilidad de contradecir u oponerse a una decisión judicial. Desde esa perspectiva, el principio de congruencia y el derecho de defensa están íntimamente vinculados, por cuanto en todo proceso no debe apartarse a las partes del verdadero debate contradictorio, y propuesto por ellas, con merma de sus posibilidades y derecho de defensa, pues podría producirse un fallo no adecuado o no ajustado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes. La cuestión se complica cuando una decisión judicial resuelve cuestiones no sometidas a debate y sobre las cuales las partes no han tenido ocasión de defender sus respectivos puntos de vista, pues no sólo es incongruente sino directamente violatoria de la interdicción constitucional de indefensión y de la seguridad jurídica, ya que no sólo se dificulta sustancialmente su defensa sino que se pierde el equilibrio entre las partes.

En resumen, hay que tener en cuenta que toda petición no es sólo el resultado que el peticionario pretende obtener -lo que pide a la autoridad- sino el fundamento jurídico en virtud del cual pide, que no es otra cosa que la causa de pedir o causa petendi. Por ello, la autoridad judicial, así como no puede rebasar la extensión de lo pedido, tampoco puede modificar la causa de pedir, pues hacerlo significaría una alteración de la petición. Para decirlo ocupando expresiones tradicionales, en la resolución estatal necesariamente debe existir relación entre la causa petendi y la ratio decidendi

En el caso de autos, la juzgadora de primera instancia olvidando que la demanda es el acto básico del proceso por que instaura y se constituye en su base jurídica y es condición de la sentencia, ha dictado la Sentencia Nº 299 de 27 de noviembre de 2009, cursante de fojas 320 a 327, sin la debida fundamentación y motivación, deviniendo en incongruente, toda vez que, introduce en su razonamiento cuestiones de hecho que no fueron consignadas en la demanda y que no fueron objeto del debate, como:

"declarar probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria", olvidando que la demanda y el auto de relación procesal están referidos única y exclusivamente a la pretensión de "prescripción treinteñal". A esta incongruencia se suma, aquel irregular e ilegal auto complementario de fojas 336, a través del cual tratando de remediar la incongruencia contenida en la sentencia, la juez de la causa modificando el fondo de la pretensión contenida en la demanda en clara violación del artículo 196 - 2) del Código de Procedimiento Civil, procede a efectuar una discriminación o diferenciación de la misma en cuanto a su objeto y en relación al edificio central de la prefectura y el patio prefectural (Coliseo Luís Parra), para declarar probada la demanda por usucapión treinteñal en relación al inmueble sito entre las calles 15 de abril y General Bernardo Trigo y en virtud al principio del iuranovit curia, declarar probada la usucapión decenal de la fracción de terreno sobre la que se amplió la tribuna norte del Coliseo Luís Parra de 78.50 y 140 mts2, sin tomar en cuenta que, los requisitos establecidos para la prescripción decenal o extraordinaria, son diferentes aquellos que se requerían para prescripción adquisitiva treintañal establecida en el artículo 1565 del Código Civil Abrogado; que el principio iuranovit curia, no implica la facultad del juez para alterar los hechos que hacen a la imputación jurídica calificada; y que, la prescripción adquisitiva o usucapión sobre un bien inmueble no puede ser aplicada aquellos casos en que el poseedor ingreso a ocupar el inmueble en una determinada calidad por disposición de la ley, hasta en tanto no cambie dicha calidad, a los fines de no dar lugar a pronunciamientos imprecisos.

Que, el Código Civil, en vigencia a partir del 2 de abril de 1976, en su artículo 1568, cumpliendo el principio constitucional de irretroactividad dispone que "I Los términos de la usucapión y de la prescripción que hubieren empezado a correr de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y demás leyes anteriores a la vigencia de este Código, se regirán por ellas"

Que por mandato del artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece: "La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en material laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y el resto de los casos señalados por la constitución.

Por lo expuesto, siendo que la entidad actora por decisión propia a fundado su demanda de "prescripción treinteñal" en función a los artículos 1565 del Código Civil abrogado y en relación al artículo 1568 del Código Civil actual, y no habiendo efectuado discriminación alguna sobre el inmueble que pretende usucapir considerándolo un todo y afirmando haber poseído el inmueble desde tiempos inmemoriales, dicha pretensión no puede ser tramitada y resuelta por la legislación civil vigente a partir del 2 de abril de 1976, sino por la anterior a dicha fecha, por mandato imperativo de las disposiciones legales antes mencionadas, las que han sido franca y ostensiblemente vulneradas en el proceso bajo examen.

El Tribunal ad quem, al confirmar la resolución de primera instancia sin considerar ni advertir los defectos de estructura de la sentencia no ha cumplido su rol fiscalizador que le imponía el artículo 15 de la abrogada Ley de Organización Judicial.

Que, una decisión de nulidad tiene cabida, cuando la sentencia adolezca de vicios o defectos de forma o de construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional, mediante la violación de normas adjetivas que son de orden público y aplicación obligatoria, de ahí que es necesario que el Tribunal de casación, con la facultad conferida por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, reencause el procedimiento, resolviendo el recurso en la forma dispuesta por el 275 del Código de Procedimiento Civil, por las causales previstas en el artículo 254 - 4) del mismo cuerpo de leyes.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 320 inclusive y ordena que el juez a quo, previo decreto de "Autos," pronuncie nueva sentencia dentro de plazo legal, congruente, exhaustiva y fundamentada conforme disponen los artículos 190 y 192 que se tienen mencionados y la normativa que los apoya en esta resolución.

No siendo excusable el error en que ha incurrido tanto el juez a quo como el tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primer Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 332/2012