SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 35

Sucre: 26 de febrero de 2013

Expediente: LP - 7 - 08 - S

Proceso: Nulidad de declaratoria de herederos

Partes:Germán Patricio Patón Tórrezc/ Gregorio Tórrez Patón y otro

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación de fojas 465 a 469, deducido por Virginia Solíz Quispe como apoderada de Germán Patricio Patón contra el Auto de Vista N° 169/2007 de 19 de abril de 2007, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, (actual Tribunal Departamental de Justicia) dentro del proceso ordinario de nulidad de declaratoria de herederos seguido por Virginia Solíz Quispe en representación de Germán Patricio Patón Tórrez contra Gregorio Tórrez Patón y otro, la concesión del mismo efectuada mediante resolución de fojas 477 vuelta, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO: que, el referido proceso mereció la sentencia N° 254/04 de 5 de agosto de 2004, cursante de fojas 340 a 344 de obrados, pronunciada por el Juez 12° de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz, falló declarando improbada la demanda en todas sus partes la demanda de fojas 7 a 10 aclarada a fojas 15 y vuelta, como la acción reconvencional de fojas 51 a 53. Sin costas por ser juicio doble.

La anterior Sentencia fue apelada por la demandada Virginia Solíz Quispe de fojas 349 a 351, y por Gregorio Torréz Patón de fojas 413 a 144 por lo que la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista N° 161/2007 de 19 de abril de 2007, confirmó el fallo de primera instancia, sin costas en aplicación del artículo 237 parágrafo II) del Código de Procedimiento Civil.

En contra de esta resolución Virginia Solíz Quispe en representación de Germán Patricio Patón Torréz, interpone el recurso de casación con los siguientes fundamentos:

Luego de hacer una relación de los hechos del proceso, acusó la deficiente valoración de la prueba por la autoridad judicial, puesto que los de instancia no habrían valorado los medios probatorios presentados, por lo que hace una relación de varios documentos, por otra parte refiere que la confesión provocada de Gregorio Tórrez Patón el ha incurrido en una serie de contradicciones con su parentesco con Guillermo Patón; asimismo aduce que las pruebas testifícales (Efraín Muruchi y Mery Machicado Guzmán) de manera uniforme habrían sostenido que Guillermo Patón han tenido varios hijos.

Por otra parte acusa que la Resolución N° 161/07 seria parcializada y carente de fundamentos legales, puesto que a lo largo del proceso se habría demostrado que el demandado no tiene ningún derecho sobre la sucesión de Guillermo Patón al ser pariente en línea colateral y que existiendo parientes en línea directa tuvieran preferencia en la sucesión. Por lo que los demandados reconvencionistas no habrían aportado prueba para justificar su pretensión. Y afirma que el Auto Supremo N° 101, que anula el proceso de nulidad de filiación de Germán Patricio Patón y Víctor Patón da a entender que la afirmación que hacen los jueces sobre que la filiación de Germán Patricio Patón no estaría definida, seria errónea, por una apreciación subjetiva y parcializada, ya que al haberse anulado dicho proceso la filiación de Germán Patricio Patón habría quedado firme y subsistente.

Por otro lado, acusa la conculcación de normas de orden público por los jueces inferiores, reitera que el Auto de Vista N° 161/07 seria parcializado y carente de fundamentos legales, pues, en la nulidad de documentos, la causa que impulso a celebrar el contrato de venta del inmueble de la calle Quiabaya N° 189 habría sido ilícita, lo que no habría sido tomada en cuenta por los jueces de instancia. Con relación a la cancelación en la oficina de Derechos Reales, debió darse como efecto de la venta fraudulenta, por lo que los tres menores habrían sido despojados de su derecho de herederos. Finalmente, en relación a la acción de petición de herencia, por la cantidad de pruebas se habría demostrado el derecho preferente de los nietos de Guillermo Patón para sucederlo y no así Gregorio Tórrez.

Por todo lo expuesto solicita al Tribunal de Casación que en aplicación del artículo 271 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil y deliberando en el fondo, proceda a la casar pronunciando una nueva resolución, la misma que no puede ser otra forma que la determinada por el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO: que, la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 258 de dicho cuerpo legal, debiendo citarse en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error.

Cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el art. 253 del citado procedimiento, esto es: por violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; por aplicación contradictoria de disposiciones; o cuando en la apreciación de la prueba se hubiera incurrido en error de derecho o de hecho, destacando que, la valoración de la prueba es una atribución de los juzgadores de instancia incensurable en casación, razón por la cual, el recurrente tiene la obligación de acreditar la existencia de errores de hecho -que se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material, es decir, cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con documento auténtico- o errores de derecho -que recae sobre la existencia o interpretación de una norma, es decir, cuando los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asignan un valor distinto.

Por otra parte, si se interpone el recurso de casación en la forma o recurso de nulidad propiamente dicho, debe alegarse la nulidad en una de las causales previstas por el artículo 254 del citado Código Adjetivo, sin que en esa fundamentación se incluyan circunstancias referidas al fondo del asunto por ser un recurso independiente del primero.

En ese contexto, de los fundamentos expuestos por la recurrente se evidencia la carencia absoluta de técnica recursiva, que se traduce en la inobservancia del artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, pues no citó la vulneración, violación, aplicación indebida o interpretación errónea de alguna norma sustantiva que constituya el sustento de la resolución de segunda instancia, ni siquiera precisó en términos concretos su pretensión recursiva, habiéndose limitado a realizar una relación de los hechos del proceso a manera de conclusiones, tampoco precisó las causales de casación en el fondo, enumeradas en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 253 del Código Adjetivo citado, llegando a indicar incluso de forma contradictoria e imprecisa la "conculcación" e "deficiente valorización de la prueba", al respecto si de la apreciación de la prueba se trata, la recurrente debió señalar de manera precisa y diferenciada, si los juzgadores de instancia incurrieron en error de derecho o de hecho, puesto que la valoración y apreciación de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación. Sin embargo, en aquellas circunstancias en que el recurrente demuestre que los de instancia incurrieron en error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, los hechos declarados probados dejan de tener validez legal, precisamente por la existencia de uno o de ambos errores. Que de la lectura del recurso, se infiere que lo que pretende la recurrente es que el Tribunal Supremo efectúe una nueva valoración y apreciación de las pruebas acumuladas en el proceso, sin considerar que al ser el recurso de casación de puro derecho, el Tribunal Supremo se encuentra imposibilitado de realizar una nueva valoración de la prueba, porque tiene la obligación de respetar los hechos declarados probados por el inferior, ya que, en nuestro ordenamiento jurídico, la valoración de la prueba es legal o libre, según esté la regulación de su eficacia librada a las reglas legales o al discernimiento del juez, todo lo que evidencia una verdadera impericia de la parte recurrente a la hora de formular su impugnación, acusando su recurso una total orfandad de fundamentación y motivación, extremo que impide se abra la competencia de este Tribunal.

El Tribunal Supremo es de puro derecho como lo es la impugnación extraordinaria, de tal manera que el Tribunal Supremo no puede suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurre un recurrente; en consecuencia, al no haber cumplido la recurrente con la carga legal prevista en el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fojas 465 a 469 de obrados, interpuesto por Virginia Solíz Quispe en representación de Germán Patricio Patón contra el Auto de Vista Nº 161/07, cursante a fojas 462 y vuelta, de fecha 9 de abril de 2007. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 35/2013