SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: Nº 634 Sucre, 30 de noviembre de 2007.

DISTRITO: La Paz.

PARTES: José Luís Encinas Valverde c/ Mario Enrique Moreno Reyes y

Fátima Consuelo Dolz de Moreno.

Falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (Declara no

haber lugar a la extinción de la acción penal)

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Sucre, 30 de noviembre de 2007.

VISTOS: El requerimiento denegatorio de extinción de la acción penal de fojas 478 a 479 del representante del Ministerio Público, dentro del proceso penal seguido por José Luís Encinas Valverde contra Mario Enrique Moreno Reyes y Fátima Consuelo Dolz de Moreno, por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados en los artículos 199 y 203 del Código Penal.

El Tribunal de Casación de oficio prioriza la atención y resolución de la extinción de la acción penal, por lo que pasa a considerar el requerimiento y los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO: Que el representante del Ministerio Público, mediante requerimiento de fojas 478 a 479 señala: Que los procesados Mario Enrique Moreno Reyes Ortiz y Fátima Consuelo Dolz de Moreno, han hecho un excesivo uso de acciones y recursos, como ser la solicitud de remisión de obrados a la Policía Técnica Judicial de fojas 93 a 94, que fue rechazada a fojas 100; apelación de fojas 104 declarada improcedente por auto de fojas 231; cuestión prejudicial de fojas 127, cuestión previa de falta de tipicidad de fojas 286; y, la cuestión previa de fojas 322, todas declaradas improbadas mediante sentencia de fojas 411 a 415.

Por otro lado los procesados interpusieron recurso de casación de fojas 464 a 467 contra el Auto de Vista de fojas 455 a 456 que rebajó la pena a tres años en sus favores; por lo que requiere al Tribunal de Casación disponer no haber lugar a la extinción de la acción penal.

CONSIDERANDO: De la revisión en detalle de autos, se desprende las siguientes acciones: Los procesados solicitaron devolución de obrados a la Policía Judicial Técnica, la misma fue denegada por auto de fojas 100 por no adecuarse a procedimiento; la audiencia pública de fojas 357 fue suspendida por inasistencia del abogado defensor de los procesados; asimismo, mediante sentencia de fojas 411 a 415 vta., se declaró improbadas la cuestión prejudicial de fojas 127 y la cuestión previa de falta de tipicidad de fojas 286 vta. y 322.; finalmente, los procesados recurren de casación el Auto de Vista de fojas 455 a 456 que reduce la pena de seis a tres años de reclusión.

CONSIDERANDO: Que, del análisis de las acciones y omisiones protagonizadas por los imputados, se evidencia la obstaculización del desarrollo del proceso, aspecto que vulnera el principio de celeridad previsto en el artículo 116 numeral 10 de la Constitución Política del Estado; asimismo, las acciones de los imputados contravienen el artículo 13 de la Ley de Organización Judicial que prevé la mora procesal, refiriéndose a que la tramitación del proceso debe ser rápida y la resolución oportuna, aspectos que han sido infringidos por las acciones de los procesados, por lo que no se puede extinguir la acción penal.

Que, por otro lado, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional Nº 0101/2004 de 14 de septiembre de 2004 indicó: "(...) el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, es atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado", sub - regla jurídica a la que han acomodado sus conductas los procesados.

Como complemento de este fallo, el Tribunal Constitucional ha pronunciado el Auto Constitucional Nº 0079/2004-ECA de 29 de septiembre de 2004, esgrimiendo el siguiente razonamiento: "(...) el derecho que tiene el imputado a la conclusión del proceso dentro de los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal; consiguientemente, no habrá lesión a tal derecho, cuando a consecuencia del uso de los distintos medios de defensa y recursos que el sistema legal le dispensa; el imputado, por un exceso de previsión, provoca la dilación del proceso, quien - dada la capacidad de previsión inherente a todo ser humano - asume las consecuencias de sus actos; no correspondiendo, en tal circunstancia, la extinción de la acción penal; al no ser atribuible al órgano judicial o al Ministerio Público la dilación del proceso"; situaciones en las que las acciones de los imputados se encuadran, haciendo inviable la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

Que, habiendo demostrado que las acciones de los imputados han dado lugar a la mora procesal y siendo que dichas actuaciones se encuentran previstas en las normas constitucionales y legales, como en las resoluciones constitucionales pronunciadas por el Tribunal Constitucional, en consideración a los hechos comprobados y las disposiciones legales y judiciales citadas, el Tribunal de Casación, de oficio, debe declarar no haber lugar a la extinción de la acción penal.

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta el requerimiento fiscal de fojas 478 a 479 y conforme la Parte Final de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Nº 1970, declara NO HABER LUGAR A LA EXTINCION DE LA ACCIÓN PENAL, ordenando se prosiga la sustanciación del proceso, hasta su conclusión.

Regístrese y hágase saber.

Fdo. Dr. Teófilo Tarquino Mújica.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 30 de noviembre de 2007.

Proveído.- Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano-Secretaria

de Cámara de la Sala Penal Primera.

Libro Tomas de Razón 2/2007.