SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: 266 Sucre, 27 de abril de 2009

DISTRITO: La Paz

PARTES: Ministerio Público c/ Daniel Condori Choque, Edwin Ramiro Paco Parisaca y David Jhonny Calle Rojas, Heber Ariel Saramani Durán, Willam Henrry y Marco Antonio Pozo Vásquez

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Sucre, 27 de abril de 2009

VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Daniel Condori Choque a fs. 1086 a 1090, Edwin Ramiro Paco Parisaca y David Jhonny Calle Rojas a fs. 1094 a 1096, Heber Ariel Saramani Durán a fs. 1098 a 1102, Willam Henrry y Marco Antonio Pozo Vásquez a fs. 1105 a 1110 impugnando el auto de vista de fs. 1079 a 1081 vlta., de 12 de diciembre de 2003 pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, el requerimiento fiscal de fs. 1126 a 1127, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso señalado, el juez 4° de Partido en lo Penal de La Paz, el 28 de abril de 2003 pronunció la sentencia de fs. 1017 a 1031, declarando a los procesados Daniel Condori Choque, William Henrry Vásquez, Edwin Ramiro Paco Parisaca y David Jhonny Calle Rojas autores directos de los delitos previstos y sancionados por los arts. 252 inc. 6) (asesinato) y art. 332 inc. 2) (robo agravado) del Código Penal, con la sanción penal de privación de libertad en presidio de treinta años a cumplir en la penitenciaria de "San Pedro" de La Paz, más al pago de daño civil, gastos y costas del juicio al Estado. En tanto que Marco Antonio Pozo Vásquez y Heber Ariel Saramani Durán, los declaró cómplices en la comisión de los delitos previstos y sancionados por los arts. 252 inc. 6) (asesinato) y art. 232 inc. 2} (robo agravado) con relación al art. 23 (complicidad) del Código Penal, condenándoles a sufrir la pena de privación de libertad en presidio de quince años, a cumplir en la penitenciaria de "San Pedro" de la ciudad de La Paz, más al pago del daño civil, gastos y costas del juicio al Estado.

Deducida la apelación por los procesados Daniel Condori Choque de fs. 1042, Edwin Ramiro Paco Parisaca y David Jhonny Calle Rojas de fs. 1044, Heber Ariel Saramani Durán de fs. 1048 a 1049, William Henrry Pozo Vásquez y Marco Antonio Pozo Vásquez de fs. 1050 a 1052, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante auto de vista N° 815/03 de fs. 1079 a 1081 vlta., confirmó la sentencia, motivando con ello la interposición de los recursos de casación.

CONSIDERANDO: Que, analizados los fundamentos de casación de cada uno de los recurrentes se tiene: Daniel Condori Choque de fs. 1086 a 1090 hace una relación histórica de los hechos y dice que su conducta se subsume en el delito previsto por el art. 273 del Código Penal y dice además que en el proceso no existe prueba plena en su contra y en definitiva pide se case el auto de vista y se dicte sentencia condenatoria en su contra por el delito de lesión seguida de muerte.

Edwin Ramiro Paco Parisaca y David Calle Rojas de fojas 1094 a 1096 también hacen una reseña histórica de los hechos y denuncian que se ha inobservado el art. 273 del Código Penal y que debían condenárselos por el delito de lesión seguida de muerte, y señalan también como violado el art. 13 del Código sustantivo indicando que la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena, por lo que piden en definitiva se case el auto recurrido y se les condene por el delito de lesión seguida de muerte.

Heber Ariel Saramani Durán a fs. 1098 a 1102 hace relación histórica de los hechos y acusa la infracción de los arts. 16 de la Carta Magna, 252 y 23 del Código Penal, infracción del art. 297 inc. 7 con relación al art. 242 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal, infracción de los arts. 134 y 135 del Código de Procedimiento Penal, infracción del art. 243 del Código adjetivo de la materia, pidiendo se case el auto de vista y se lo declare absuelto de culpa y pena.

William Henry y Marco Antonio Pozo Vásquez recurren a fs. 1105 a 1110 y después de hacer una relación de los hechos señalan punto por punto los fundamentos del auto de vista, acusando que se ha violado el art. 13 del Código Penal, por lo piden se case la resolución impugnada y se pronuncie nuevo fallo en estricta aplicación de la ley, teniendo en cuenta sus participaciones.

CONSIDERANDO: Que, del estudio, análisis y valoración de la prueba cursantes en el proceso, con relación a la fundamentación e infracción de las leyes acusadas de infringidas en los recursos interpuestos, se evidencia que la corte de alzada ha efectuado una correcta apreciación y valoración de las pruebas aportadas, dentro del marco señalado por el art. 135 del Código de Procedimiento Penal, llegando a la convicción cierta de que la conducta de los procesados Daniel Condori Choque, William Henry Pozo Vásquez, Edwin Ramiro Paco Parisaca y David Jhonny Calle Rojas se subsume a los tipos penales previstos en los arts. 252-6) (asesinato) y 232-inc.2) (robo agravado), ambos del Código Penal, y que de ninguna manera se dan los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el art. 273 del Código Penal, por cuanto la muerte de Julio Sarmiento Herrera se produjo para facilitar, consumar, ocultar y asegurar el robo de bienes muebles, como muy ponderadamente lo reconocen de esta manera los jueces de grado, tampoco se ha violado el art. 13 del Código Penal porque se tiene probado tanto el cuerpo del delito y la culpabilidad de los sentenciados, su acción en la participación del hecho es reprochable, injusto e ilícito, no se puede justificar los injustificable.

Que, en lo referido a los co procesados Marco Antonio Pozo Vásquez y Heber Ariel Saramani Durán, los jueces de grado hicieron un análisis y valoración de todas las pruebas en su conjunto, llegando al convencimiento pleno que la participación criminal en el asesinato del occiso y robo de sus bienes muebles, corresponde al de complicidad previsto en el art. 23 del Código Penal, sin embargo queda claramente establecido que estos procesados no ingresaron al inmueble donde falleció la víctima, pero su acción en el hecho doloso ha sido, el de facilitar y cooperar en la ejecución del hecho antijurídico; consiguientemente, en ningún momento se ha vulnerado los derechos y garantías reconocidos en el art. 16 de los procesados, la acción de estos procesados se subsume en el art. 252, con relación al art. 23, ambos del Código Penal; existe prueba plena y se ha comprobado todos los elementos constitutivos de los tipos penales de asesinato y robo agravado en grado de complicidad y el fallo tiene todos los requisitos esenciales donde se ha individualizado su grado de participación, mencionado las pruebas pertinentes en que se funda la sentencia; el cuerpo del delito se tiene plenamente comprobado con el certificado de defunción y los objetos robados; todas las pruebas han sido analizadas y valoradas en su conjunto por el juez a quo y el tribunal de apelación con facultad propia, incensurable en casación y conforme a las reglas de la sana crítica; también han individualizado la participación de cada uno de los procesados en el hecho, mencionando las pruebas pertinentes por lo que de ninguna manera podían ser absueltos de culpa y pena, consiguientemente no se han vulnerado los arts. 252 y 23 del Código Penal, 134, 135, 242-4 y 243 del Código de Procedimiento Penal.

Que, William Henry Pozo Vásquez y Marco Antonio Pozo Vásquez acusan la violación del art. 13 del Código Penal con relación a la muerte de Julio Sarmiento, cuando en realidad todas los indicios y presunciones, corroborados por las propias declaraciones de los procesados nos llevan a la incuestionable certeza de que el accionar de los recurrentes es reprochable, porque de otra manera cuando se presentó el propietario en su casa, estos podían desistir e impedir la muerte, sin embargo permitieron a que el hecho se produzca.

De lo expuesto se concluye que los tribunales de grado al expedir sus fallos con los fundamentos en ellos expuestos, han obrado correctamente tanto a tiempo de calificar la conducta de los incriminados como al fijar la pena. .

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por e1 Art. 59-1) de la Ley de Organización Judicial y , de acuerdo con el requerimiento fiscal de fs. 1126 a 1127 y en aplicación del art. 307-2) del Código de Procedimiento Penal declara INFUNDADO los recursos de casación impugnados; con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

RELATOR MINISTRO: Dr. Teófilo Tarquino Mújica

Fdo. Dr. Teófilo Tarquino Mújica.

Dr. Ángel Irusta Pérez.

Sucre, 27 de abril de 2009

Proveído.- Jaime René Conde Andrade -Secretario de

Cámara de la Sala Penal Primera.

Libro Tomas de Razón 2/2009