SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: 398 Sucre, 27 de julio de 2009

DISTRITO: La Paz

PARTES:Ministerio Público a denuncia de Beatriz Concepción Jordán de Albarracin c/ Julio Cesar Gutiérrez Verduguez

Ejercicio Indebido de la Profesión y Estafa (Dispone la prescripción de la acción penal)

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Sucre, 27 de julio de 2009

VISTOS: La excepción de prescripción interpuesta por Julio Cesar Gutiérrez Verduguez, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Beatriz Concepción Jordán de Albarracin contra el excepcionista, por los delitos de ejercicio indebido de la profesión y estafa, previstos y sancionados por los arts. 164 y 335 del Código Penal, los antecedentes de la materia, y:

CONSIDERANDO: Que, por memorial cursante de fs. 785 a 786, se solicita la prescripción de la acción Penal, bajo los siguientes fundamentos, que la denuncia se la formuló el 31 de agosto de 2000 (fs. 1), el requerimiento conclusivo data de 18 de diciembre 2000, mismo que fue dictado con posterioridad a la vigencia del Nuevo Código de Procedimiento Penal, el auto inicial de la instrucción fue emitido el 18 de enero de 2001 (fs. 87), durante la vigencia anticipada del citado Código, argumenta que la Disposición Transitoria Segunda del mismo, establece la vigencia anticipada del régimen de la prescripción y en consecuencia se debe dar cumplimiento a las disposiciones de los arts. 29 al 33 del referido Código de Procedimiento Penal.

De igual manera, sostiene que desde la comisión de los delitos que datan del 18 de enero de 2000 (fs. 20 a 21), hasta la fecha han transcurrido, más de 6 años y 4 meses, vencido así el plazo de la prescripción, art. 29 numerales 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal y como consecuencia se disponga la prescripción de la acción penal.

Por último en un otrosí, reitera la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

Que, por requerimiento de fs. 789 y 790, el Ministerio Público solicita se rechace la prescripción y señala que no hay nada que resolver respecto a la extinción de la acción por duración máxima del proceso.

CONSIDERANDO: Que, en base a los antecedentes que informan el proceso, se desglosa lo siguiente:

1.-Que, contra Julio Cesar Gutiérrez Verduguez, el 18 de enero de 2001 se instruye sumario penal por los delitos de ejercicio indebido de la profesión y estafa arts. 164 y 335, ambos del Código Penal como consta a fs. 87 de obrados.

2.- Que de la minuciosa revisión del expediente se puede evidenciar que los delitos fueron cometidos, en fecha anterior a que entre en vigencia plena la Ley 1970 y que el auto inicial de la instrucción data de 18 de enero de 2001, fecha posterior al 31 de mayo de 2000, por lo tanto dentro la vigencia anticipada del régimen de la prescripción, descrita en la Disposición Transitoria Segunda del Nuevo Código de Procedimiento Penal.

3.- Que, en obrados no se encuentra ningún actuado que interrumpa el término de la prescripción, art. 31 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, tampoco se puede evidenciar que existiere uno de los requisitos de la suspensión del término de la prescripción, art. 32 del mismo compilado legal, a tal efecto no es aplicable ninguno de estos dos preceptos jurídicos.

CONSIDERANDO: Que, existiendo una solicitud expresa de prescripción de la acción penal, y siendo esta, una excepción de previo y especial pronunciamiento tal cual manda el art. 308 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a este Tribunal pronunciarse; en este sentido, se tiene:

El art. 27 inc. 8) del Código de Procedimiento Penal, establece los motivos de la extinción de la acción penal por prescripción.

En el art. 29 de dicho Código Adjetivo, contempla la prescripción de la acción penal, señalando:

1) En 8 años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de 6 ó más de 6 años;

2) En 5 años para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de 6 y mayor de 2 años;

3) En 3 años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad, y,

4) En 2 años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

El Art. 30 del citado Código, estatuye que "El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación".

CONSIDERANDO: Que, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, define la prescripción, como Caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio.

A su vez, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, señala que la prescripción, es la caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos.

Así también, Máximo Castro la conceptúa como un medio de liberarse de las consecuencias penales y civiles de una infracción penal o una conducta penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por ley, siendo el transcurso del tiempo el factor predominante para que opere esta excepción; y que, conforme indica Soler, encuentra su fundamento en el transcurso del tiempo, en la desaparición de los rastros y efectos de delito, en la presunción de la buena conducta y en el olvido social del hecho, entre otros aspectos.

Que en cuanto a la naturaleza de este instituto jurídico, es una institución de carácter sustantivo, porque afecta el ámbito de la esfera de libertad del imputado; puesto que: "el principio de favorabilidad no puede estar limitado sólo a supuestos en los que la nueva norma penal discriminaliza la conducta típica o disminuye el quantum de su pena, sino también, cuando la nueva ley (ley penal material, procesal o de ejecución) beneficie al delincuente, en el ámbito de su esfera de libertad; siendo comprensivas de tal ámbito, entre otras: las circunstancias, el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, y las medidas cautelares personales".

Que, la jurisprudencia, refiere que la prescripción de la acción penal es una figura liberadora, en mérito de la cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción, toda vez que este instituto se halla ligado con el derecho que tiene todo imputado de conocer su situación jurídica, ya que ni el sindicado tiene el deber de esperar indefinidamente que el Estado prosiga con el trámite de la causa, hasta concluir la misma, ni la sociedad puede esperar indefinidamente la resolución que disponga la autoría o absolución del imputado, lo que genera incertidumbre en la sociedad; siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el art. 29 de la Ley 1970.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los datos del proceso, se establece que el hecho se originó el 18 de enero de 2000 (fojas 20 a 21), cuyo término de la prescripción de la acción penal empezó a correr desde la media noche del 18 de enero de 2000, fecha en que se cometieron los delitos atribuidos de ejercicio indebido de la profesión y estafa, cuyas penas privativas de libertad, del primero es de uno a dos años de privación de libertad, y del segundo de uno a cinco años de reclusión; es decir, que el tipo penal mas grave establece una pena de reclusión hasta de cinco años; en consecuencia, se debe aplicar a estos tipos penales, el término de la prescripción establecido en el art. 29 Incs. 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal, señalados líneas arriba; consecuentemente, en autos, se operó la prescripción de la acción penal, el 18 de enero del año 2003, para el primer delito "Ejercicio Indebido de la Profesión", y el 18 de enero del año 2005, se operó también la prescripción de la acción penal esto en cuanto al segundo delito "Estafa", inclusive, sí se tomara en cuenta la fecha del auto inicial de la instrucción, 18 de enero de 2001, para el cómputo de la prescripción, estos delitos a la fecha, ya sobrepasaron los términos impresos en la Ley, para ambos ilícitos, por lo que tal como dispone la indicada norma procesal, y en cumplimiento a las facultades liberadoras de la responsabilidad penal, corresponde otorgar las mismas en favor del solicitante conforme los arts. 29 numeral 2) y 3) y 30 del Código de Procedimiento Penal.

En cuanto a la reiterada solicitud de extinción de la acción por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, no corresponde pronunciamiento alguno por haber sido ya resuelta mediante Auto Supremo N° 40 de 6 de febrero de 2009 (fs. 794 a 796).

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aplicación de los arts. 29 incs. 2), 3) y 30) del Código de Procedimiento Penal, dispone la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, en favor del imputado Julio Cesar Gutiérrez Verduguez, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Beatriz Concepción Jordán de Albarracin, por los delitos de ejercicio indebido de la profesión y estafa, impetrada en fs. 785 a 786 por el acusado.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Fdo. Dr. Teófilo Tarquino Mújica.

Dr. Ángel Irusta Pérez.

Sucre, 27 de julio de 2009

Proveído.- Jaime René Conde Andrade -Secretario de

Cámara de la Sala Penal Primera.

Libro Tomas de Razón 2/2009