SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: No. 165 Sucre, 23 de abril de 2010

DISTRITO: Chuquisaca

PARTES: Compañía Boliviana de Transporte Aéreo c/ Teresa Lourdes Ardaya y Otros.

Prevaricato.


VISTOS: Las excepciones de incompetencia, prejudicialidad y falta de acción, deducidas por Teresa Vera Cañellas de Gil, dentro del proceso penal seguido a instancia de Humberto Antonio Roca Leigue en representación de la Compañía Boliviana de Transporte Aéreo Privado S.A."AEROSUR S.A.", contra los Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, Dres. Teresa Lourdes Ardaya, Jacinto Morón Sánchez y la excepcionista por el delito de prevaricato previsto en el art. 173 del Código Penal, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO: Que mediante memorial de fs. 167 a 178, Teresa Vera Cañellas de Gil, dedujo las excepciones previas de incompetencia, prejudicialidad y falta de acción manifestando en lo principal de su fundamentación lo siguiente:

1.- En cuanto a la excepción de incompetencia en razón de la materia.- Refirió:

-Que la imputación formal del Ministerio Público le endilga provisionalmente la comisión del delito de prevaricato por haber pronunciado el Auto de Vista de 20 de junio de 2008 y su Auto Complementario que resolvió el recurso de apelación formulado contra la sentencia pronunciada por el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz dentro del proceso ejecutivo seguido por Humberto Zamora Saavedra contra la Compañía Boliviana de Transporte Aéreo "AEROSUR S.A.", representada por Humberto Antonio Roca Leigue, revocando parcialmente la sentencia, empero condena en costas en ambas instancias al perdidoso (que viene a ser la compañía ejecutada), por lo que, -según el Ministerio Público-, sería una disposición contraria al inc. 3) parágrafo I del art. 237 del Código de Procedimiento Civil.

- Que para que exista el delito de prevaricato debe existir una resolución manifiestamente contraria a la ley, lo que no ocurre en el Auto de Vista citado, lo contrario significaría que al pronunciar los Autos de Vista Revocatorios, Anulatorios o Repositorios fueran entendidos como resoluciones prevaricadoras, no pudiendo penalizarse la conducta de los Vocales cuando existe para la parte perdidosa aún un derecho recursivo para reclamar lo que en derecho le pueda corresponder.

- Citando varias Sentencias Constitucionales y Autos Supremos de Sala Plena de este Tribunal, concluye manifestando que el Ministerio Público carece de especialidad en materia procesal civil y comercial, por lo que la imputación formal infringe los arts. 54 y 70 del Código de Procedimiento Penal y 58, 105 y 143-1 de la Ley de Organización Judicial, toda vez que no existe competencia alguna en los órganos de justicia y persecución penal para controlar y revisar las actuaciones procesales de los Jueces y Tribunales en materia Civil y Comercial que no fueron debidamente impugnadas por los supuestos afectados, por lo que solicita que este Tribunal decline competencia a favor del Juez Sexto de Partido en lo Civil del Distrito Judicial de Santa Cruz, instancia donde se viene tramitando la modificación de las resoluciones, siendo ilícita la revisión de las resoluciones en materia penal de un asunto civil.

2.- En cuanto a la excepción de prejudicialidad.- Manifestó:

- Que en el Juzgado Sexto de Partido en lo Civil Comercial se viene tramitando un proceso ordinario donde el representante de "AEROSUR S.A." pretende la modificación de las resoluciones dictadas dentro del proceso ejecutivo seguido en su contra por Humberto Zamora Saavedra y que son objeto del proceso penal, siendo por tanto errónea la posición de los órganos de la justicia penal que se declaran competentes para la revisión indebida de actos ya tutelados por la jurisdicción civil-comercial.

- Que la legalidad o ilegalidad del proceso ejecutivo objeto de este proceso penal (sic), dependerá de las resultas del proceso ordinario, pues dependiendo de que la demanda sea declarada probada o improbada se mantendrán o modificarán las resoluciones pronunciadas en el proceso ejecuto y, por ende este mismo proceso dependerá de aquella resolución.

3.- En cuanto a la excepción de Falta de Acción.- Arguyó:

- Que en el presente proceso penal se recibió la denuncia a través de una persona que no era representante legal de "AEROSUR S.A."; es decir, que no acreditó personería ni presentó poder alguno.

- No se dio aviso del inicio de investigación dentro de las 24 horas de haberse recibido la denuncia, menos sobre la ampliación del término de la investigación preliminar incumpliéndose la disposición de los arts. 300 y 301 del Código de Procedimiento Penal.

- Que existe falta de objetivad del Ministerio Público al formular la imputación formal, misma que carece de debida fundamentación de indicios o relación fáctica que amerite proceso penal, por lo que se infringieron los arts. 73, 301-1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, puesto que el acto de imputar no es un mero formalismo, sino constituye el inicio del proceso penal propiamente dicho y no valora el único medio probatorio constituido por el expediente del proceso ejecutivo que origina esta investigación.

Con estos argumentos solicita se declaren probadas las excepciones opuestas.

CONSIDERANDO: Que, mediante providencia de fs. 180 se corrió traslado a las partes con las excepciones opuestas, respondiendo la representante legal de la Sociedad Mercantil Compañía Boliviana de Transporte Aéreo Privado "AEROSUR S.A.", en los términos del memorial de fs. 233 y vlta., pidiendo que a momento de dictar resolución, se declaren dichas excepciones improbadas con costas. A su turno responde el Ministerio Público con la fundamentación contenida en el memorial de fs. 240 a 246, solicitando que al no existir justificativos legales para que sean viables las excepciones opuestas, éstas sean declaradas improbadas.

Que, con las respuestas descritas precedentemente, corresponde resolver lo alegado por la excepcionista, a cuyo efecto y en aplicación del art. 314 del Código de Procedimiento Penal, seestablece lo siguiente:

PRIMERO.- En relación a la excepción de incompetencia, debe decirse en primer término que el presente proceso penal se desarrolla bajo la égida de la anterior Constitución Política del Estado y la premisa contenida en el art. 393 del Código de Procedimiento Penal, marco legal dentro del cual la Declaración Constitucional Nº 0003/2005 de 8 de junio de 2005, estableció el- Rol de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anotando que: "(...) La función de la Sala Penal de la Corte Suprema contenida en el art. 118.5ª. de la CPE, acorde con el sistema de derechos y garantías consagrados en la Ley Fundamental y las funciones otorgadas por la Constitución a los órganos que intervienen en un proceso penal, debe ser entendida como la obligación de controlar que en el curso de la investigación se respeten los derechos y garantías de las partes que intervienen en el proceso y que se observen las normas procesales aplicables durante el procedimiento penal preparatorio". Consecuentemente, la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia posee absoluta competencia para ejercer el control jurisdiccional de los actos del Ministerio Público, velando porque no se transgredan los derechos y garantías constitucionales, resultando por ello que la excepcionista no posee ninguna razón en los argumento y fundamentos de su excepción, más aún si se toma en cuenta que con el presente proceso penal no se pretende la revisión de los fallos pronunciados dentro del proceso civil que fuera instaurado por Humberto Zamora Saavedra contra la Compañía Boliviana de Transporte Aéreo AEROSUR S.A., sino la conducta de los Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz, aspecto que deviene en el rechazo de la misma.

SEGUNDO.- La excepción de prejudicialidad, conforme prevé el art. 309 del Código de Procedimiento Penal, "procederá cuando a través de la sustanciación de un procedimiento extrapenal se pueda determinar la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal". En la especie -conforme el fundamento de la excepcionista-, lo que se viene llevando a cabo es un proceso ordinario ante el Juzgado Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, entre las mismas partes que intervinieron en el proceso ejecutivo (Humberto Zamora Saavedra contra AEROSUR S.A.), donde la pretensión del actor (AEROSUR S.A.) es dejar sin efecto los fallos pronunciados en el proceso civil; es decir, que el objeto de este proceso ordinario (extrapenal) no radica en determinar los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el art. 173 del Código Penal, endilgado a los Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz, entre ellos la actual excepcionista, es decir que de la resolución del proceso civil-ordinario al que se refiere Teresa Cañellas de Gil no ha de depender la existencia o inexistencia de los elementos constitutivos del tipo penal denominado "prevaricato".

TERCERO.- La excepción de Falta de Acción prevista en el inciso 3) del art. 308 del Código de Procedimiento Penal, posee dos presupuestos a saber: a) cuando no fue legalmente promovida, b) cuando existe un impedimento legal para proseguirla. En el caso presente, el Ministerio Público con las facultades y prerrogativas que le concede el art. 36.21 de la Ley Nº 2175 de 13 de febrero de 2001 y dentro del marco legal prevenido por el art. 393 del Código Penal Adjetivo, informó del inicio de la investigación contra los Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz (fs. 8) al haber recibido la querella formulada por Humberto Antonio Roca Leigue que acreditó el mandato correspondiente en representación legal de la Sociedad Comercial Compañía Boliviana de Transporte Aéreo Privado "AEROSUR S.A." (fs. 4 a 7), éstos antecedentes permiten afirmar que no existe asidero fáctico ni legal que conceda razón a Teresa Vera Cañellas de Gil en la interposición de la excepción en estudio, más aún cuando los presupuestos del art. 308-3) del Código de Procedimiento Penal supra anotados que hacen a la excepción de Falta de Acción, no confluyen en el presente asunto.

La fundamentación precedente, determina que este Tribunal, rechace las excepciones opuestas.

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de sus atribuciones otorgadas por Ley y en aplicación del art. 315 del Código de Procedimiento Penal RECHAZA las excepciones opuestas a fs. 167 a 178 de obrados por Teresa Vera Cañellas de Gil.

Regístrese y hágase saber.

Fdo. Dr. Jorge Monasterio Franco.

Dra. Ana María Forest Cors

Ante mí: Sonia Acuña Valverde

Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera.