SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: No. 354 Sucre, 9 de agosto de 2010

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Ministerio Público c/ Juan Fernández Pérez y Otros.

Tráfico de Sustancias Controladas.


VISTOS: La solicitud de Extinción de la Acción Penal por vencimiento del plazo previsto en el art. 133 del Código de Procedimiento Penal, formulada por Mirko Julio Guerra Tito, en representación del co-imputado Juan Fernández Pérez, (fojas 609 a 612), el Requerimiento Fiscal, respecto a la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo de 4 de mayo de 2010 (fojas 618-625), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Fernández Pérez, Estanislao Fernández, Teodocio Soliz Mercado, Casiano Jaillita Rocha y José Ramallo Fernández, por los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, tipificados en los arts. 48 con relación al art. 33 inc. m) y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), sus antecedentes, y;

CONSIDERANDO: Que Mirko Julio Guerra Tito, por memorial de fs. 609 a 613 solicitó la extinción de la acción penal, previsto en el art. 133 del Código de procedimiento Penal, en representación de Juan Fernández Pérez, mediante Poder Notariado 342/2010 de 26 de marzo, alegando que el inicio de la investigación se dio el 4 de octubre de 2005 (fs. 226-227) por la supuesta comisión de hechos delictivos relacionados con la Ley 1008. Que la declaración de su representado fue el 5 de octubre del mismo año (fs. 10), lo que dio inicio a la investigación preliminar que fue comunicado al Juez Cautelar el 4 de octubre de 2005.

Refiere que el 17 de agosto de 2006, se dictó el Auto apertura de proceso en el que se señaló audiencia del juicio oral para el 16 de octubre de 2006 (fs. 210), que fue suspendido a petición del Ministerio Público por no haber concurrido sus testigos de cargo, el Tribunal de Sentencia señaló nueva audiencia para el 18 de diciembre de 2006, arguyendo excesiva carga procesal, de ese modo se dilató por más de 62 días, no obstante a que el art. 336 del Código de Procedimiento Penal, dispone que el juicio no puede suspenderse por más de 10 días como consta de fs. 411 a 420. Que el Acta de juicio oral y contradictorio de fecha 18 de diciembre de 2006 (fs. 411-420) demuestra lo aseverado; a fs. 422 al 427 cursa la Sentencia.

Que en apelación se dictó el Auto de Vista el 17 de marzo de 2008, como se evidencia de fs. 548 a 558 de obrados, con una retardación de 14 meses y 14 días, desde la lectura de la Sentencia 3 de enero de 2007, hasta que se dictó el Auto de Vista.

Que el recurso de casación fue interpuesto por su mandante, el 1º de abril de 2008, como consta a fs. 564 de obrados, el mismo que radicó en la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia el 2 de junio de 2008, a la fecha 14 de abril de 2010 han transcurrido 21 meses 12 días sin que se declaré admisibles o inadmisibles los recursos de casación presentados por los imputados.

Alega que de ese modo demostró que la dilación del proceso más allá del término previsto por Ley, es atribuible a la administración de justicia. Que el cómputo de los tres años se da a partir del primer acto del proceso que es la apertura de investigación penal de 4 de octubre de 2005, que desde aquella fecha han transcurrido más de cuatro años ocho meses y once días, incluidas las vacaciones judiciales correspondientes.

Que la responsabilidad por la dilación del proceso le corresponde al Ministerio Público y al Tribunal de Sentencia, por haber suspendido el juicio oral por más de dos meses, a los Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, por haber dictado el Auto de vista después de un año, y por último, a la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, al no haberse pronunciado al respecto hasta la fecha. Que su mandante no incurrió el dilación alguna.

Con tales argumentos solicita se declare extinguida la acción penal.

CONSIDERANDO: Que, en traslado al Ministerio Público, requirió el 5 de mayo de 2010, porque se rechace la solicitud, con el argumento que Mirko Julio Guerra Tito, apoderado del imputado Juan Fernández Pérez carece de legitimación para excepcionar la petición de extinción de la acción, arguyendo que el referido imputado no puede actuar mediante apoderado, debido a que el Código de Procedimiento Penal, en sus arts. 81 y 106, únicamente permite actuar mediante apoderado al querellante y en los casos de delitos de acción privada y que el referido imputado no es querellante, ni el delito es de acción privada.

Añade que en caso de considerarse el petitorio, se tome en cuenta que la dilación fue generada por los imputados, que interpusieron recursos manifiestamente dilatorios con el único fin de evitar el cumplimiento de la Sentencia. Al respecto invocó la Sentencia Constitucional No. 1042/2005-R de 5 de septiembre. Arguye que a partir de la Doctrina Legal establecida por la Corte Suprema de Justicia entre otros en el Auto Supremo No. 222 de 7 de marzo de 2007, en los casos en los que la dilación es atribuible a los imputados, así como en los juicios complejos de varios imputados, en los de narcotráfico, delitos contra la vida y bienes del Estado se debe denegar la extinción de la acción penal (fs. 618 a 625).

CONSIDERANDO: Que de la revisión y análisis del contenido del incidente, los antecedentes y todo lo obrado se evidencian los siguientes hechos:

El 4 de octubre de 2005, la Fiscal de Sustancias Controladas de Cochabamba, informó el inicio de las investigaciones contra Juan Fernández Pérez y otros, por la supuesta comisión de delitos relativos a la Ley 1008 (fs. 226-227). El referido imputado prestó su declaración informativa el 5 de octubre de 2005 (fs. 10).

El 3 de abril de 2006, el Ministerio Público presentó acusación formal contra Juan Fernández Pérez y otros, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, al haber sido encontrados en posesión de 24.125 gramos de cocaína camuflados en el vehículo que manejaban (fs. 16 a 24 y vuelta).

El 17 de agosto de 2006, se dictó el Auto de Apertura de Juicio Oral, señalando audiencia para el 4 de octubre de 2006 (fs. 178 y vuelta). El 4 de octubre de 2006, (fs. 195) se llevó a cabo la audiencia de constitución del Tribunal, señalándose audiencia para el juicio oral el 16 de octubre de 2006, fecha en la que se instaló la audiencia del juicio oral, empero fue suspendida a petición del Ministerio Público, debido a que los testigos de cargo principales, no pudieron hacerse presentes, por lo que se señaló nueva audiencia para el 18 de diciembre de 2006 (fs. 210 y vuelta).

El 18 de diciembre de 2006, se llevó a cabo el juicio oral (fs. 411-421). La Sentencia cursante a fs. 422 a 427, la misma que fue complementada el 16 de enero de 2007 aclarando entre otros aspectos que la audiencia se llevó a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de diciembre de de 2006 (fs. 433-434). Se dio lectura a la Sentencia el 3 de enero de 2007, como consta a fs. 421.

Apelada la Sentencia se dictó el Auto de Vista de 17 de marzo de 2008, que declaró procedente en parte la cuestión planteada en los recursos de apelación restringida relativa a la aplicación del art. 132 del Código Penal; en consecuencia, revocó en parte la Sentencia de 21 de diciembre de 2006, estableciendo que el art. 132 del Código Penal no es inaplicable al caso en lo demás se declaró improcedente.

Interpuesto el recurso de Casación el proceso radicó en la Sala Penal Primera el 6 de junio de 2008.

El 14 de abril de 2010, el imputado solicitó la extinción de la acción penal que nos ocupa (fs. 609-613).

CONSIDERANDO: Que, previamente, es necesario realizar las siguientes argumentaciones de orden legal respecto a la supuesta falta de legitimación del apoderado del imputado para solicitar la extinción, argüida por el Ministerio Público.

El art. 109 de la Constitución Política del Estado, dispone que todos los derechos reconocidos en la misma, son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección; entendimiento que se encuentra en relación con el art. 115 inciso I) de la misma norma fundamental que establece el derecho de acceso a la justicia, cuando señala: que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Así el mismo artículo en su inciso II) determina que el Estado, garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. En concordancia con el art. 19 inciso II) de la misma Constitución que instituye el derecho inviolable a la defensa. Asimismo el art. 410 de la norma Suprema, establece la prelación de las normas que rigen el Estado de Derecho, cuando ubica en la Cúspide a la Constitución, luego los tratados internacionales, posteriormente las Leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena, finalmente los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

 

Por otra parte, cuando el Código de Procedimiento Penal señala en su art. 1º que nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución a las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y el referido Código, está delimitando el ejercicio del poder punitivo del Estado, dentro de las normas vigentes que rigen el accionar del mismo. En ese sentido por mandato de los arts. 115 y 119 inciso II) de la Constitución Política del Estado, el derecho a la defensa en el proceso penal, es amplio e irrestricto y está plenamente garantizado por la Constitución, en relación con el art. 8º inciso d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que dispone que el inculpado tiene derecho a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con el mismo.

 

Es necesario también señalar que existen actos jurídicos en razón de la persona, o como se dice "intuitu personae", (locución latina que significa en atención a la persona). La doctrina hace referencia a aquellos actos o contratos que se celebran en especial consideración de la persona con quien se obliga, por ejemplo el matrimonio, el usufructúo, los contratos de trabajo, etc., entre otros.

En consecuencia de la interpretación normativa referida, y aunque las mismas no lo digan expresamente, se tiene que si bien es cierto que en materia penal por su naturaleza, la defensa del imputado debe ser personal o "intuitu personae" y debe comparecer en forma personal ante el juez y está obligado a concurrir en forma ineludible a todos los actos del juicio oral, debido a que es su persona la que está acusada de la comisión de un hecho delictivo y la que debe, en su caso, responder por el ilícito personalmente. Por tanto el juicio se celebra en razón de la persona, a quien se le atribuye el ilícito y es lógico que asuma defensa en forma personal, por lo que no es aceptable que el procesado pueda asumir defensa por medio de apoderado y no puede interponer los recursos de apelación, casación y otros recursos de carácter personalísimos por medio de un apoderado. Empero, no es menos evidente que dentro del proceso penal, existen actos procesales que no requieren necesariamente de la presencia del imputado, ni de la presentación de tales actos en forma personal, por lo que el juzgador debe diferenciar los unos de los otros, con la finalidad de no vulnerar el derecho a la defensa, que en materia penal es amplia e irrestricta, así como en atención a la celeridad procesal, permitiendo que algunos actuados procesales se admitan cuando han sido presentados y solicitados por un representante mediante Poder debidamente Notariado, siempre que ellos no requieran la presentación personal del imputado. Más aún cuando en cuestiones de extinción de la acción penal previsto en el art. 133 del Código de Procedimiento Penal, por mandato de la dicha norma, es posible pronunciarse aún de oficio, lo que demuestra que no es necesaria la presentación de la solicitud por parte del imputado.

En el caso que nos ocupa el inculpado Juan Fernández Pérez, mediante Poder Notariado Testimonio No. 342.010 de la Notaría de Segunda Clase del Distrito Judicial de Quillacollo-Cochabamba, otorgó poder especial y bastante a favor del abogado, Mirko Julio Guerra Tito, quien apersonándose ante este Tribunal, solicitó la extinción de la Acción Penal en su favor, por vencimiento del plazo previsto en el art. 133 del Código de Procedimiento Penal, actuado procesal que no requiere de la presencia del imputado ni la presentación del memorial en forma personal. Por lo que es posible atender su petitorio, caso contrario se vulneraría el derecho a la defensa previsto en los citados arts. 115 inciso II) y 119 inciso II) de la Constitución Política del Estado, así como el derecho a la petición, previsto en el art. 24 de la misma. Más aún cuando la extinción de la acción penal prevista en el art. 133 del Código de Procedimiento Penal es posible analizar y resolver aún de oficio como se tiene referido precedentemente.

CONSIDERANDO Que del análisis de todo lo obrado se tiene que en el proceso penal seguido contra Juan Fernández Pérez y otros, el referido imputado realizó defensa irrestricta, interpuso los recursos previstos por Ley. El apoderado del imputado, en el presente incidente no demostró que el Ministerio Público ni el Órgano Jurisdiccional, hubieran causado demora indebida e injustificada, que vulneren los derechos del procesado. Toda vez que las audiencias para el juicio oral, fueron señaladas de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y a la carga procesal imperante en el Tribunal que conoció el caso, más aún cuando no se ha demostrado que esa actitud hubiera sido negligente.

Las acciones que surgen como consecuencia del procedimiento a seguir en las diferentes circunstancias que se desarrolla un juicio, así como el accionar de las partes, que amplían el plazo de duración del trámite procesal, resulta una dilación necesaria e indispensable para la tramitación del proceso y para la averiguación de la verdad de los hechos, por lo que no es posible considerar como demora impropia para pedir la extinción de la acción penal.

Si bien el Código de Procedimiento Penal, que se rige por el principio garantista en el art. 133 del CPP, en relación con el art. 27 inciso 10) del mismo Código, tiene la finalidad que los procesos concluyan en el plazo razonable que no exceda de los tres años, de modo que el poder punitivo del Estado sea ágil, tanto en los delitos de acción Pública como en los de acción privada, y responda a la celeridad procesal prevista en la norma fundamental para ser juzgado dentro del plazo previsto, sin dilaciones indebidas. Sin embargo, para que la extinción se opere, es necesario demostrar que la demora indebida e innecesaria, más allá del plazo previsto por Ley, es atribuible indiscutiblemente al Órgano Jurisdiccional o al Ministerio Público, lo que no acontece en el caso presente, pues no es suficiente el vencimiento del plazo de los tres años, sino que fundamentalmente se debe demostrar, que esa demora fue negligente e innecesaria, que no responda a los medios de defensa empleados por las partes.

Por el contrario en el caso que nos ocupa, se evidencia multiplicidad de imputados, que han generado una demora necesaria, debido a que cada uno de ellos asume defensa, ampliando los plazos, en todos los actuados procesales. Lo que no puede atribuirse a negligencia del órgano Jurisdiccional ni del Ministerio Público.

Asimismo se tiene que la causa es compleja por el delito que se juzga y la investigación que al respecto se desarrollo, para cada uno de los involucrados, a fin de descubrir su grado de participación en el ilícito de tráfico de Sustancias Controladas, al haberse incautado más de 25.125 gramos de cocaína en el caso.

La complejidad de los hechos delictivos (narcotráfico), que por su naturaleza reviste de gravedad, por ello se encuentra catalogado por el art. 145 de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, como delito de lesa humanidad, contrario al derecho internacional e imprescriptible por mandato del art. 111 de la Constitución Política del Estado, que señala que los delitos de lesa humanidad, entre otros son imprescriptibles, porque ofenden el derecho a la vida, a la sensibilidad humana, lesiona, menoscaba la conciencia general, fragmenta la convivencia pacífica y civilizada, así se tiene establecido en la Convención celebrada el año 1988 en Viena, Austria, lo que exige un tiempo razonable para sustanciar el proceso y el descubrimiento de la verdad de los hechos.

En ese sentido se tiene la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, en los Autos Supremos Nos. 559 de 31 de octubre de 2007 y 128 de 4 de marzo de 2009 entre otros, que señalan:

"En efecto, en la Convención de Viena de 1988, se determinó que los hechos relacionados con sustancias controladas han sido considerados delitos de "lesa humanidad", porque ofende a la humanidad en su conjunto, hiere, daña y agravia la conciencia general y rompe las condiciones de vida pacífica y civilizada, norma internacional que halla su respaldo dentro de nuestro ordenamiento jurídico en lo dispuesto por el art. 145 de la Ley Nº 1008, estableciendo que los delitos de narcotráfico son delitos de "lesa humanidad", por ser considerados crímenes graves que constituyen una amenaza para la salud, la seguridad ciudadana y la existencia misma de la humanidad, contrarios al derecho internacional y que, además, son considerados "imprescriptibles" por "Tratados Internacionales" (Ley 2116 de 11 de septiembre de 2000), aspecto legal que, en atención a la política criminal asumida por el Estado boliviano de protección a la sociedad y de lucha contra la corrupción, impide declarar la extinción de la acción penal, al margen de las actitudes asumidas por la encausada durante la tramitación de la causa, que implican la dilación indebida del proceso;(...)" .

CONSIDERANDO: Que, la Sentencia Constitucional Nº 0101/2004, de 14 de septiembre complementada por el Auto Constitucional No. 0079/2004 de 29 de septiembre, señalan claramente "(...) Que no habrá lesión al derecho que tiene el imputado a la conclusión del proceso dentro de los plazos señalados en el Código de Procedimiento Penal cuando a consecuencia del uso de los distintos medios de defensa y recursos que el sistema legal le dispensa, el imputado por exceso de previsión inherente a todo ser humano provoca la dilación del proceso, debiendo asumir las consecuencias de sus actos; no correspondiendo, en tal circunstancia, la extinción de la acción penal". En obrados como se tiene dicho, los imputados, interpusieron incidentes y recursos que dieron lugar a la dilación del proceso.

Asimismo es necesario tomar en cuenta que el plazo previsto por el art. 133 del Código de Procedimiento Penal, no puede ser aplicado por igual a todos los casos, en algunos resultará insuficiente, debido a la complejidad del hecho, a situaciones imprevisibles, de fuerza mayor, o caso fortuito, para las cuales la Ley ha previsto soluciones que indudablemente requieren un tiempo adicional necesario. En ese sentido es preciso recordar que el plazo razonable, es una de las garantías internacionales reconocidas a las personas, como prevé el art. 8 inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobado y ratificado por el Estado Boliviano mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, que señala:"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". De ahí que la Corte interamericana de Derechos Humanos, siguiendo la jurisprudencia emitida en la materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adoptó la teoría del "no plazo", en razón a que no puede establecerse con precisión absoluta cuándo un plazo es razonable y cuando no, en virtud a que es imposible cuantificarlo en días, semanas, meses o años, por lo que cualquier plazo legal establecido por el ordenamiento interno de los Estados, no tiene carácter vinculante, para definir la razonabilidad o no de la duración de un proceso, debido a que es imposible establecer criterios abstractos para determinar ese plazo, por tal razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales. En tal razón no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima del proceso previsto por Ley, vulnera la garantía de juzgamiento en el plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida e innecesaria dilación de la causa.

En consecuencia, la extinción de la acción penal, sólo es posible frente a hechos que demuestren una dilación indebida e innecesaria del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema procesal penal, que lesione el derecho del imputado a la conclusión del proceso en un plazo razonable. Consiguientemente, no existe lesión a tal derecho, cuando a consecuencia de situaciones imprevisibles de procedimiento, o la excesiva carga procesal, se alarga el proceso, lo que provoca una dilación necesaria del mismo.

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el Requerimientos Fiscal de fojas 618 a 625, conforme a lo previsto por los arts. 133 y 308-4) del Código de Procedimiento Penal, dispone no haber lugar a la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, impetrada por el representante del imputado Juan Fernández Pérez a fs. 609 a 612; consecuentemente, se ordena la tramitación de esta causa hasta su conclusión.

Regístrese y hágase saber.

Fdo. Dr. Jorge Monasterio Franco.

Dra. Ana María Forest Cors.

Ante mí: Sonia Acuña Valverde

Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera.