SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 14/2012

EXPEDIENTE: Santa Cruz 03/2012 Sucre, 06 de febrero de 2012

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Ministerio Público c/ Sergio Vargas Bejarano, David Justiniano Pinto y Rodolfo Carreño Limpias

DELITO: tráfico


VISTOS: El recurso de casación de 26 de agosto de 2011, interpuesto por David Justiniano Pinto (fs. 730 a 736 vlta.), impugnando el Auto de Vista Nro. 38 emitido el 05 de marzo de 2011 (fs. 699 a 705) por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz en el proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público contra Sergio Vargas Bejarano, Rodolfo Carreño Limpias y el recurrente, por el delito de tráfico de sustancias controladas, previsto en el art. 48, con relación al art. 33 inc. m) de la Ley Nro. 1008 de 19 de julio de 1988 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO: Que concluido el juicio oral, el Tribunal Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, dictó la Sentencia Nro. 16/2010 de 04 de octubre de 2010 (fs. 593 a 602 vlta.), por la que, sancionó: a) A Sergio Vargas Bejarano, Rodolfo Carreño Limpias y David Justiniano Pinto (cuñado de Sergio Vargas Bejarano), por el delito de tráfico de sustancias controladas, que prevé el art. 48, con referencia al art. 33 inc. m) de la Ley Nro. 1008, a cumplir cada uno de ellos, la pena de quince años de presidio en la cárcel pública del Centro de Rehabilitación Santa Cruz, sección varones, al pago de cuatrocientos días multa, a razón de tres bolivianos por cada día multa y costas a calificarse en ejecución de sentencia, 2) Por otro lado, rechazó la excepción de falta de acción interpuesta por Sergio Vargas Bejarano, y, 3) Con relación a la vagoneta marca Toyota, con placa de control 1850-EYS y un Jeep marca Suzuki, modelo 96, con placa de circulación 974-EZI, negó la confiscación de los referidos motorizados, debido a que no fueron incautados en la tramitación del proceso, según lo instituido en el art. 253 del Código de Procedimiento Penal.

Sentencia que fue objeto de los recursos de apelaciones restringidas, por parte de los imputados (fs. 660 a 664, 666 a 675 y 677 a 683 vlta., respectivamente), y el Tribunal de Alzada declaró improcedentes las denuncias contenidas en los citados recursos, confirmando la Sentencia apelada.

No obstante que los tres co procesados interpusieron de forma individualizados sus recursos de casación (Auto Supremo Nro. 3/2012), solamente se declaró admisible el planteado por David Justiniano Pinto, quien repitiendo parte de los argumentos de su recurso de apelación restringida, alegó lo siguiente: a) Que el Auto de Vista impugnado inobservó el art. 169 num. 3 del Código de Procedimiento Penal, por la carencia de fundamentación, inobservancia de sus derechos al debido proceso y presunción de inocencia, que sólo se hubiese tomado en cuenta los argumentos referidos por el Ministerio Público, que las pruebas testifícales y documentales aportadas, indican que el trabajo que desempeña, es el de conductor de vehículo, con ruta de la "Bélgica" a Santa Cruz y viceversa; que su denuncia sobre valoración de dichas pruebas, no habría sido considerada por el Tribunal de Alzada, bajo el argumento que no fueron detalladas; b) Sostuvo que habría demostrado que su domicilio no es el lugar donde se encontró la sustancia controlada, que al ser co-propietario de dichas tierras, fue al lugar, a entregar víveres al "casero" Sixto Balcázar (cuidador de esas tierras); afirmando nuevamente que, en el citado Auto de Vista, no se tomó en cuenta, que él es conductor de un motorizado, que fue a la propiedad denominada "Tarumatu", para dejar víveres y que en su poder, no se encontró ninguna sustancia controlada, que la resolución recurrida carece de fundamento, tal como establece la Sentencia Constitucional Nº 121/2010, puesto que no habría valorado los referidos aspectos, con ello, se lesionó sus derechos, como el principio de legalidad; c) También alegó que, se infringió la garantía del debido proceso, según la definición dada en la Sentencia Constitucional Nro. 418/2000-R, que transcribió parte de ella, para proseguir manifestando que, tanto la Sentencia apelada como el Auto de Vista recurrido, le impusieron una sanción, sin haberse demostrado la relación con los co-imputados; d) Adujo que se aplicó erróneamente el art. 370 inc. 1) "sobre la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva" (sin precisar el código al cual corresponde la norma legal), arguyendo que en su caso, no se observó correctamente la ley sustantiva, es decir, que no se calificó adecuadamente el hecho, para condenarlo por tráfico de sustancias controladas, debido a que se habría demostrado que la persona que cuidaba y vivía en las tierras, era don Sixto Balcázar, quién no declaró, ni el Ministerio Público investigó, tampoco se habría fundamentado, el motivo por el que fue condenado; agregando que ni se motivó la naturaleza del delito de tráfico, si es doloso, incurriendo de ese modo en defectos absolutos, al tenor del art. 169 del Código de Procedimiento Penal, que contradice el entendimiento establecido en el Auto Supremo Nro. 712 de 25 de noviembre de 2004; e) Afirmó que la sentencia se basó en hechos inexistentes o en valoración defectuosa de la prueba, según el art. 370 num. 6 del Código de Procedimiento Penal, que no se hubiese valorado sus pruebas testifícales y documentales para ordenar su absolución o culpabilidad; f) Se vulneró los arts. 359 y 370 inc. 10) del Código de Procedimiento Penal, en las reglas de deliberación y redacción de la sentencia para aplicar la norma sustantiva penal y fijar la pena, en cuanto al voto disidente del juez ciudadano, lo que acarrearía defecto absoluto, según el art. 169 del Código de Procedimiento Penal; g) Denunció que al graduar la pena, se infringieron los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, que no se tomó en cuenta que es analfabeto, chofer, que tiene seis hijos, enfermo del corazón, sin antecedentes, que estuvo el día y hora equivocada donde se realizó el operativo de sustancias controladas, empero le fijaron quince años de presidio, que la sentencia no esta debidamente motivada sobre su personalidad, ni los aspectos de hecho y de derecho.

Finalizó impetrando que, se admita el recurso de casación, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, ordenando que se dicte otro, de acuerdo a la doctrina legal a establecerse.

CONSIDERANDO: Que así formulado el recurso de casación, de la revisión detallada del proceso se establecen los siguientes hechos:

Que en localidad de Tarumatu (distante a 15 kms. de Santa Cruz), provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, el 12 de agosto de 2009, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico "FELCN", con autorización de David Justiniano Pinto, ingresó a una vivienda (casa rústica), y en la vegetación encontraron un laboratorio de cocaína, implementos para la elaboración de la misma y carpas donde se estaba secando sustancias controladas; prosiguiendo con el rastrillaje, en un segundo laboratorio (lugar), se hallaba Rodolfo Carreño Limpias, manipulando un trapo, exprimiendo el mismo en una centrífuga, donde había bolsas plásticas con sustancias controladas, túrriles, tazones, razón por la que fueron detenidos ambos implicados, previa investigación, se estableció, que Sergio Vargas Bejarano, era el propietario de esas sustancias controladas, con un peso de 253.270 gramos, en estado húmedo y 31.830 gramos en estado seco, haciendo un total de 285.100 gramos de cocaína. Asímismo se aclaró que el casero "Sixto Balcázar" cuenta con edad avanzada, quién fue entrevistado.

Prosiguiendo con el operativo, al día siguiente, en Santa Cruz de la Sierra, el 13 de agosto de 2009, previa autorización deSergio Vargas Bejarano (cuñado de David Justiniano Pinto), se requiso su domicilio (ubicado en la Avenida Soberanía, calle 4 s/n UV 140, manzano 5), donde se encontró dos envases con residuos a sustancias controladas.

Por estos hechos, finalizado el juicio oral, fueron condenados los tres procesados, por el delito de tráfico de sustancias controladas a quince años de presidio, Sentencia, que el Tribunal de Alzada confirmó, cuya Resolución se impugna por parte del imputado David Justiniano Pinto, que es objeto del presente análisis, sobre supuestas vulneraciones de los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, 169 inc. 3), 359 y 370 num. 1 del Código de Procedimiento Penal, la falta de valoración de las pruebas testifícales y documentales, fijación de la pena, inobservancia de la garantía al debido proceso, inadecuada calificación del hecho y la naturaleza (dolo) del delito de tráfico de sustancias controladas.

CONSIDERANDO: Que del análisis de los hechos señalados precedentemente, se establecen las siguientes consideraciones de derecho:

PRIMERA.- Que conforme lo instituido en el art. 48 de la Ley 1008, comete el delito de tráfico: "el que traficaré con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años, y (....) artículo que comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del artículo 33 de esta Ley".

A su vez la norma legal 33 inciso m) de la citada Ley Nro. 1008, establece que "Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas, todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas".

Por su parte el art. 35 de la misma Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, prohíbe la posesión o depósito de sustancias controladas, en los términos que siguen: "Ninguna persona natural o jurídica podrá tener o poseer en forma, cantidad o sitio alguno, fármacos o drogas que contengan o sean sustancias controladas...".

El Anexo de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, en su Lista 1, cataloga las sustancias controladas bajo el título de "estupefacientes" (la cocaína).

SEGUNDA.- Los antecedentes que cursan en obrados generaron convicción en las autoridades judiciales respecto a que el accionar de David Justiniano Pinto, se adecua a los elementos constitutivos del tipo penal del art. 48, con relación al art. 33 inciso m) de la Ley Nro. 1008, en razón a que el 12 de agosto de 2009, aproximadamente a horas 16:30 se acreditó que en la casa rústica donde se encontraba David Justiniano Pinto, en su condición de co-propietario de la misma, el cable de la luz del citado bien, conectaba directamente con el laboratorio de maceración de las sustancias controladas, así como el laboratorio de cristalización de las mismas y un hule tendido donde se secaba la cocaína, además de otros elementos como sustancias químicas consistentes en manitol, cloruro de calcio, acetona, soda cáustica, ácido sulfúrico, mezcla de diesel con gasolina, cuyos elementos se usan en la elaboración de cocaína y cristalización de la misma, así como túrriles, moledora de hoja de coca, prensa hidráulica y otros implementos; aspectos que además fueron ilustrados mediante placas fotográficas; por lo tanto, no es posible la absolución de culpa y pena del impetrante sobre los hechos atribuidos; debido a que, las pruebas producidas en el juicio oral, formaron convicción sobre los aspectos imputados, con la imposición de la pena, prevista en la ley.

Consiguientemente, si bien el Auto de Vista, confirmó la sentencia condenatoria, no significa vulneración del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, tampoco carencia de fundamentación, ni inobservancia de sus derechos al debido proceso y la presunción de inocencia; toda vez que como se dijo líneas arriba, las pruebas valoradas, condujeron al conocimiento de la verdad histórica de los hechos acusados y la responsabilidad penal del imputado, de acuerdo a lo instituido en el art. 171 del mismo cuerpo legal; por lo tanto, no es evidente que sólo se tomó en cuenta lo señalado por el Ministerio Público, debido a que se valoró conforme a ley, toda la prueba producida en el juicio oral.

TERCERA.- En cuanto a la alegación que el Auto de Vista, no habría tomado en cuenta, que él es conductor de un motorizado, que no fue encontrado con sustancia controlada, que el Fallo impugnado carece de fundamentación, con lo que se infringió sus derechos, como el principio de legalidad.

Cabe señalar que en lo relativo a la referida denuncia sobre "la excesiva fijación de la pena", el Tribunal de Alzada, estableció a fs. 704 a 704 vuelta que:

En lo relativo a la graduación de la pena, como un vicio de la sentencia. El apelante no preciso los incisos de dichas normas aplicables a su caso (39 y 40 del Código Penal), y que el art. 48 de la Ley Nro. 1008, agrava la sanción cuando el volumen es mayor de sustancias controladas, como en el presente caso, validando la calificación de la pena, porqué la denuncia del imputado no era cierta.

Cabe agregar que el Tribunal de la causa, tomó en cuenta a fs. 602, líneas 11 a 15, que el apelante no realizó estudios, que escribe su nombre y no sabe leer, que no tiene bienes registrados a su nombre, que vive en una ciudad con acceso a la información y con bastante discernimiento de saber y entender lo que no esta permitido por nuestra sociedad.

Por otro lado se tiene que, del certificado de matrimonio (fs. 30 bis), del registro domiciliario (fs. 67), informe social (fs. 94 a 100), fotocopia de carnet de identidad (fs. 46, repetido a fs. 121), las declaraciones informativas (fs. 465), y confesoria (fs. 569 vlta, líneas 23 y siguientes), se establece que el imputado en el momento de la investigación del hecho, contaba con 38 años de edad, nacido el 21 de octubre 1970, en la localidad de Bélgica, casado, chofer (conductor), con seis hijos (que a la fecha oscilan entre 21 años, la hija mayor y el menor de tres años y siete meses de edad), y, su conviviente trabaja vendiendo comida algunas noches y los fines de semana, domiciliado en la localidad de La Bélgica (barrio Colpa), provincia Sara del departamento de Santa Cruz, que se encuentra delicado de salud, con cardiopatía valvular (enfermedad del corazón); consecuentemente, de acuerdo a lo instituido en los arts. 25, 26 inc. 1), 27 num. 1, 37 incs. 1) y 2), 38 nums. 1 y 2, con sus respectivos incisos, los administrados de justicia, tomaron en cuenta la personalidad del procesado, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito, en la graduación de la pena, por el delito de tráfico de sustancias controladas, cuya sanción es de 10 a 25 años de presidio, agravada cuando el volumen es mayor, existiendo el equilibrio entre el derecho a castigar que tiene el Estado y el derecho del imputado David Justiniano Pinto, a quién se le fijo una pena de 15 años de presidio; dentro del margen de la dosimetría penal, que establece la norma en este tipo penal, atendiendo a las circunstancias concretas al caso, con la protección de bienes jurídicos realmente amenazados que justifican la restricción de otros derechos y libertades que dispone la Constitución Política del Estado vigente en su art, 117-II, en cuanto a que la sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible y art. 14 de la Ley Nro. 1970 de 25 de marzo de 1999 del Código de Procedimiento Penal.

Por lo tanto, se desprende que el Auto de Vista recurrido, contiene la debida motivación, sin vulnerar el principio de legalidad argüido, toda vez que, el "Principio de legalidad", rige respecto de los delitos y las penas, que es un límite a la potestad punitiva del Estado, en el sentido que sólo pueden castigarse las conductas descritas como delitos en una ley anterior a la comisión del ilícito; en la especie, el tráfico de sustancias controladas se encuentra catalogado en la Ley Nro. 1008 de 19 de julio de 1988, antes del hecho producido el 12 de agosto de 2009, con pliego acusatorio al recurrente; por lo que, de los razonamientos que anteceden, se establece que las denuncias referidas carecen de argumento legal.

En lo concerniente al agravio de inobservancia a su derecho al debido proceso, falta a la verdad, porqué fue sancionado, conforme las previsiones de los arts. 173 y 365 del Código de Procedimiento Penal, a raíz que la apreciación conjunta y armónica de la prueba producida en el juicio oral, fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, donde se respeto el derecho del debido proceso de cada uno de los imputados, que si bien es cierto que gozan del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en la Constitución Política del Estado y Código de Procedimiento Penal (art. 6), no es menos cierto que el recurrente, no estaba exento de demostrar que no estaba implicado en los hechos juzgados.

En lo que corresponde a la supuesta denuncia de errónea aplicación de la Ley sustantiva (art. 370 inc. 1), sin señalar la Ley), pese a no precisar el ordenamiento jurídico, se determina que su denuncia no es evidente, porqué el hecho fue calificado correctamente y su condena se debió a que los medios probatorios, arrojaron el conocimiento de la verdad histórica del hecho producido; consecuentemente, no es evidente que se hubiese acreditado que "Sixto Balcázar, el anciano que cuidaba y vivía en ese lugar" era el responsable de las sustancias controladas encontradas en el referido lugar.

Por otro lado, en lo que respecta a la falta de fundamentación sobre los motivos por los fue sancionado, así como si el delito de tráfico de sustancias controladas es "doloso", estas alegaciones carecen de veracidad, en razón a que el delito de tráfico de sustancias controladas, es doloso, porque como sostienen los doctrinarios que "el dolo es el conocimiento y la voluntad de realización del tipo penal", puesto que "el autor tiene que saber que realiza un hecho y qué hecho realiza, y además tiene que conocer las circunstancias que rodean el mismo", tal como prevé el art. 14 del Código Penal, que dispone: "Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad, para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad".

Consecuentemente, no existe defecto absoluto alguno, debido a que como se dijo no hay errónea aplicación del art. 48 de la Ley Nro. 1008 (Ley sustantiva penal, tampoco indebida calificación del hecho, art. 370 num 1 del Código de Procedimiento Penal); agregándose que en cuanto a la cita del Auto Supremo Nro. 712/2004 de 25 de noviembre de 2004, como precedente contradictorio, la Corte Suprema de Justicia, estableció doctrina legal, en el sentido que "el Tribunal de Alzada, imprescindiblemente debe resolver el conflicto jurídico, pronunciándose respecto a los puntos apelados; en el caso de autos, el fallo de mérito, no contradice el Auto de Vista recurrido, así se desprende del desglose del mismo, con el Auto de Vista objeto del recurso de casación, toda vez que, se pronunció sobre los extremos cuestionados por el procesado.

En cuanto a las denuncias que la sentencia se fundó en hechos inexistentes o en valoración defectuosa de la prueba, por la supuesta carencia de valoración de sus pruebas testifícales y documentales, falta a la verdad, toda vez que, el Tribunal de Sentencia a fs. 589 vlta., en el considerando tercero, punto "Sexto", tomó en cuenta las pruebas ofrecidas por el recurrente, a través del memorial de fs. 486 vuelta; por lo tanto, no existe el defecto contemplado en el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal, debido a que sus elementos probatorios fueron tomados en cuenta, tal como expresa la Sentencia cursante a fs. 593 a 602 vlta., que a la letra dice: "consta que David Justiniano Pinto presentó pruebas de descargo ...".

En lo relativo a la supuesta infracción de las reglas de deliberación y redacción de la Sentencia al aplicar la norma sustantiva penal y fijar la pena (por el voto disidente del juez ciudadano), olvida el impetrante que él no tiene el mandato de poder para reclamar por el co-procesado Sergio Vargas Bejarano, en lo que corresponde al citado voto disidente del Juez Fernando Iglesias, quién dijo que existía la duda razonable sobre el accionar del imputado Sergio Vargas Bejarano (fs. 601 vlta., en las tres líneas finales); a ello se agrega, que la supuesta duda era a favor de otro imputado y no, a su favor; por lo tanto, dicho aspecto no deriva en ningún defecto absoluto, porque se aplicaron debidamente los preceptos 359 y 370 num. 10 del Código de Procedimiento Penal.

En lo concerniente a la vulneración de los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, este cuestionamiento carece de argumentación válida, debido a que como se dijo en el punto tercero, que la graduación de la pena responde a las previsiones de las normas legales 37 y 38 del Código Penal, de ahí que este aspecto se encuentra con los debidos razonamientos.

Consiguientemente, el Auto de Vista que confirmó la Sentencia apelada, no infringió norma legal alguna, ni lo dejo en estado de indefensión, más al contrario, la sentencia condenatoria, se debió a que la prueba fue suficiente para generar convicción sobre los hechos acusados; conforme a las reglas de la sana crítica, con la exposición clara de los razonamientos en los que se fundaron las valoraciones jurídicas, proceso dentro del cual, el recurrente David Justiniano Pinto, gozó del derecho irrestricto de su defensa; consecuentemente los citados fallos fueron pronunciados en aplicación de los arts. 365 y 411 del Código de Procedimiento Penal, con plena jurisdicción y competencia; consiguientemente, el mencionado recurso de casación es manifiestamente infundado.

POR TANTO:La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, 50 inc. 1) y 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación (fs. 730 a 736 vlta) interpuesto por David Justiniano Pinto impugnando el Auto de Vista Nro. 38 emitido el 05 de marzo de 2011 (fs. 699 a 705) por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz en el proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público contra Sergio Vargas Bejarano, Rodolfo Carreño Limpias y el recurrente, por el delito de tráfico de sustancias controladas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano