SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 95/2013

Sucre, 2 de abril de 2013

EXPEDIENTE: Beni 34/2013

PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Emilse Quiroga Tapenabe, Fernando Vásquez Pedraza

DELITO: tráfico de sustancias controladas, complicidad en tráfico de sustancias controladas

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Jorge I. von Borries Méndez

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Emilse Quiroga Tapenabe (fs. 152 a 159), impugnando el Auto de Vista Nro. 05/2013 emitido el 14 de enero de 2013, por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni (fs. 134 a 141), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y contra Fernando Vásquez Pedraza por la presunta comisión del delito de complicidad en tráfico de sustancias controladas, previstos y sancionados por los artículos 48 relacionado con el 33 inciso m) y 76 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

CONSIDERANDO I: (Antecedentes del recurso de casación)

Que de la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

Sustanciado el juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de la capital del departamento del Beni, dictó Sentencia Nro. 10/2011 de 17 de octubre de 2011 (fs. 61 a 75), por la cual declaró a Emilse Quiroga Tapenabe, autora del delito de suministro de sustancias controladas previsto y sancionado por el artículo 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, imponiéndole la pena de presidio de diez años a cumplir en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Trinidad y multa de 1.000 días a razón de Bs. 1 por día. A Fernando Vásquez Pedraza, lo absolvió de culpa y pena de la comisión del delito de complicidad en tráfico de sustancias controladas.

Contra la citada Sentencia la imputada Emilse Quiroga Tapenabe presentó recurso de apelación restringida (fs. 116 a 123), y el Tribunal de Alzada declaró improcedente dicho recurso confirmando la Sentencia impugnada (fs. 134 a 141); dando con ello lugar a la formulación del recurso de casación, caso de autos.

CONSIDERANDO II: (Motivos del recurso de casación)

Que mediante Auto Supremo Nro. 34/2013 de 21 de febrero (fs. 168 a 170), este Tribunal declaró admisible el recurso interpuesto por Emilse Quiroga Tapenabe, conforme a los límites expuestos en la referida Resolución.

1. Alega que el Tribunal de Apelación al emitir el Auto de Vista Nro. 5/2013 de 14 de enero de 2013 incurrió en contradicción con el Auto Supremo Nro. 21/2012-RRC; no tomó en cuenta que en alzada se denunció que el Juez Primero de Instrucción no cumplió con lo señalado en el artículo 325 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal Nro. 007 publicada el 18 de mayo de 2010, aclarando que a esta autoridad le correspondía dirigir la audiencia de preparación de juicio y resolver las cuestiones e incidentes. Al no haberse cumplido con la audiencia conclusiva el Tribunal Primero de Sentencia asumió competencia de manera ilegal y los Jueces de dicho Tribunal incumplieron lo dispuesto por el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, por lo que el Tribunal de Alzada debió anular totalmente la Sentencia.

2. Denuncia que el Auto de Vista impugnado no sometió su criterio a las normas legales adjetivas aplicables, al no haber emitido una resolución conforme exigen los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, lo que implica -dice- violación al debido proceso y al derecho a la defensa garantizado por los artículos 115 parágrafo I, 116 parágrafos I y II y 119 parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado y 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que constituye defecto. Sostiene que dicha Resolución, al no haberse pronunciado de manera precisa y concreta respecto al punto 2 del recurso de apelación restringida, incurre en contradicción con los Autos Supremos Nros. 176 de 26 de abril de 2010 (SP I), 411 de 20 de octubre de 2006 (SP II) y 6 de 26 de enero de 2007 (SP II).

La recurrente concluye solicitando que: "...existiendo contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes Contradictorios invocados, dicten resolución aplicando la doctrina legal aplicable..." (sic).

CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con el precedente invocado)

Que de la revisión de los antecedentes, se concluye lo siguiente:

III.1. Con relación al primer motivo de recurso de casación, la recurrente señala que al no haberse cumplido con la audiencia conclusiva el Tribunal Primero de Sentencia asumió competencia de manera ilegal y los Jueces de dicho Tribunal incumplieron lo dispuesto por el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, indica asimismo que el Tribunal de Apelación al emitir el Auto de Vista Nro. 5/2013 de 14 de enero de 2013 incurrió en contradicción con el Auto Supremo Nro. 21/2012-RRC; no tomó en cuenta que en alzada se denunció que el Juez Primero de Instrucción no cumplió con lo señalado en el artículo 325 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal Nro. 007.

Al respecto, de la revisión del precedente invocado por Emilse Quiroga Tapenabe, el Auto Supremo Nro. 21/2012 de 14 de febrero, se advierte que el mismo resuelve problemática referida a que el Ministerio Público, presentó la acusación fiscal directamente ante el Juez de Sentencia, que radicó el caso y dispuso la apertura de juicio oral, en la etapa de trámite de incidentes, la defensa de la imputada planteó nulidad por actividad procesal defectuosa, argumentando que en el momento en que el Ministerio Público presentó la acusación, se encontraba vigente la Ley Nro. 007 de 18 de mayo de 2010, que modificó los artículos 323 inciso 1) y 325 del Código de Procedimiento Penal, y que establece que en caso de que el Ministerio Público tenga los suficientes elementos de convicción, debe presentar acusación ante el Juez de Instrucción cautelar, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia conclusiva para sanear el procedimiento, normas que fueron incumplidas por el Ministerio Público, dando lugar a la vulneración del debido proceso; y que al respecto, el Juez de la causa difirió la resolución del incidente al momento de la Sentencia, donde estableció que no se vulneró el debido proceso invocado, apelada dicha decisión fue declarada improcedente por el Tribunal de Alzada. En consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia, estableció doctrina legal aplicable señalando: "Se considera defectos absolutos no subsanables, cuando la resolución sea sentencia o Auto de Vista, no se enmarca en las disposiciones vigentes previstas en la Constitución Política del Estado y la ley" (sic), habiendo asimismo señalado en la parte de la fundamentación en el punto "III.2. Respecto a los defectos absolutos" (sic) lo siguiente: "...el defecto absoluto, implica el quebrantamiento de la forma vinculado a la vulneración de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo al no afectar al fondo de las formas del proceso, pueden convalidarse si no fueron reclamados oportunamente, si consiguieron el fin perseguido respecto a todas las partes y cuando quien teniendo el derecho a pedir que sean subsanados, hubiera aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto defectuoso; a esto debe añadirse que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales; en consecuencia, no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía constitucional se constituye en absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto denunciado de ilegal" (sic). (subrayamos y resaltamos con negrillas).

En consecuencia, del análisis comparativo entre el Auto de Vista impugnado y el precedente, se observa que no existe una situación de hecho similar conforme lo exige el párrafo tercero del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto el reclamo de la inobservancia del artículo 54 inciso 5) del Código de Procedimiento Penal, en el caso del referido precedente la imputada lo realizó desde que el Tribunal de Sentencia asumió conocimiento del caso, a diferencia del caso de autos en que su impugnación no fue planteada de la misma manera, sino recién en la etapa de apelación restringida. Por otra parte, en el citado precedente, conforme se indicó en párrafo precedente, la fundamentación señaló que defecto absoluto, implica el quebrantamiento de la forma vinculado a la vulneración de un derecho o garantía constitucional y que la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto denunciado de ilegal; y, en el caso de autos, se observa que resulta insuficiente la simple enunciación del defecto o la vulneración de un derecho fundamental, sin que la recurrente cumpla con la obligación de proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, precisar la forma quebrantada y detallar de forma clara, precisa pero suficiente el agravio, restricción o disminución del derecho o garantía y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional, toda vez que en su recurso de casación, se limitó señalar aspectos de carácter general, pero no precisa el perjuicio irreparable que se le hubiere ocasionado, en sentido de que su persona tenía derecho y la posibilidad de observar la acusación fiscal o particular por defectos formales, requiriendo su corrección; deducir excepciones e incidentes, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos; pedir la resolución de excepciones e incidentes pendientes; plantear incidentes de exclusión probatoria u observaciones a la admisibilidad de la prueba, a cuyo efecto las partes deberán presentar la prueba documental y material ofrecida en la acusación; y, proponer los hechos sobre los que no existe controversia y que el juez dé por acreditados, obviando la actuación probatoria en juicio; sin embargo, no precisó cuáles eran esas observaciones por defectos formales, cuáles eran las excepciones o incidentes que le impidieron plantear, no señaló cuáles eran las excepciones e incidentes que se encontraban pendientes para pedir su resolución; no precisó cuáles eran los incidentes de exclusión probatoria u observaciones a la admisibilidad de la prueba; tampoco señaló qué hechos debió proponer sobre los que no existe controversia y que el juez hubiere dado por acreditados.

Por otra parte, la recurrente alega que a la omisión por parte de la Juez Segundo cautelar de Trinidad de desarrollar la audiencia conclusiva, se sumó la falta de una defensa técnica apropiada por parte de los abogados que le asistieron, "los cuales en la audiencia del juicio oral, no opusieron incidentes ni excepciones, todos estos hechos han originado que se incurra en actividad procesal defectuosa..." (sic) (fs. 154). En relación a este aspecto, la Sentencia Constitucional 0920/2011-R de 22 de junio, señaló: "...se evidencia que asumió amplia defensa desde el inicio del proceso, derecho que debió prolongarse hasta el último momento; sin embargo no lo hizo, demostrando con ello una actitud irresponsable, que conlleva consecuencias jurídicas, '...cuando el imputado asume conocimiento del proceso penal y luego abandona la causa -por el motivo que fuere-, no puede en forma posterior aducir indefensión y pretender la nulidad de resoluciones judiciales (SC 0984/2010-R)" (sic), por lo que no constituye argumento válido la falta de defensa técnica apropiada por parte de sus abogados para pretender la nulidad de obrados con relación a este motivo.

En consecuencia, por las razones expuestas, no habiendo cumplido la recurrente con lo señalado en el mismo precedente que invocó en sentido de demostrar el agravio para poder solicitar la anulación del acto denunciado de ilegal, además de no haber observado o impugnado el defecto oportunamente a través de los medios legales correspondientes oportunamente como en el caso del precedente invocado por la recurrente, no se advierte contradicción con relación al primer motivo del recurso de casación.

III.2. Con relación al segundo motivo del recurso de casación, en el cual se denuncia que el Auto de Vista impugnado no sometió su criterio a las normas legales adjetivas aplicables, al no haber emitido una resolución conforme exigen los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, por no haberse pronunciado de manera precisa y concreta respecto al punto 2 del recurso de apelación restringida, corresponde señalar que, de la verificación de los precedentes invocados, se advierte lo siguiente:

El Auto Supremo Nro. 176 de 26 de abril de 2010, en la doctrina legal aplicable, señaló: "Al no haberse pronunciado el Tribunal Ad-quem sobre todos los motivos en los que se fundó el Recurso de Apelación Restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (cita petita o ex apellatum), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum y al deber de fundamentación" (sic), haciendo referencia también que el Tribunal de Alzada restringió el derecho del recurrente al haber emitido Auto de Vista declarando improcedente el recurso sin fundamentos suficientes, sin explicitar sus razonamientos sobre los aspectos cuestionados, enunciando tan solo las conclusiones a las que arribó, para luego señalar que esta actividad jurisdiccional se constituye en vicio absoluto. Por su parte, el Auto Supremo Nro. 411 de 20 de octubre de 2006, señaló en la doctrina legal aplicable: "Al no haberse pronunciado el tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación" (sic) indicando asimismo que esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra el derecho a la defensa y al debido proceso. Asimismo, el Auto Supremo Nro. 6 de 26 de enero de 2007, en la doctrina legal aplicable, estableció criterio similar al Auto Supremo precedentemente señalado -Auto Supremo Nro. 411- además de indicar que el Tribunal de Apelación no puede pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación.

Del análisis de contrastación de estos precedentes con relación al Auto de Vista impugnado, se evidencia que en el caso de autos, en el recurso de casación después de estar transcrito una mayor parte del segundo agravio planteado en el recurso de apelación restringida, referente a que la recurrente efectuó reserva de recurrir ante el rechazo por parte del Tribunal Primero de Sentencia, con relación a las literales signadas con el código M.P.P.1., "...por no contar las dos notificaciones efectuadas al Dr. Fernando M. Valle Rojas, encargado de Química Forense del Instituto de Investigaciones Forenses de la Fiscalía General de la República..." (sic) (fs. 120 vuelta), y que no le notificaron con el "Dictamen Pericial de Laboratorio de Química y Toxicología Forense I.D.I.F. REG. GRAL. Nº 0990013/10-LP, INF. LAB.CLIN. QUIM. Nº 0030/2010 de fecha 08 de Marzo de 2010" (sic) (fs. 121 y vuelta), restringiéndole su derecho a la defensa irrestricta; en el recurso de casación, se limitó a señalar que no se emitió una resolución conforme lo exigen las normas previstas, por no cumplirse los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, sin que en ninguno de los recursos se precise el resultado dañoso emergente del defecto, ya que no es suficiente señalar que se le restringió el derecho a la defensa al no haber sido notificada con el referido dictamen pericial. Al respecto, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nro. 366/2012 de 5 de diciembre, establece:

"CONSIDERANDO: Que a efecto de ingresar al análisis de fondo del recurso y verificar la existencia de defectos absolutos es preciso dejar establecido que conforme lo expresa el procesalista Alberto Binder en su Libro denominado "El Incumplimiento de las Formas Procesales (pag. 92) "...la declaración de nulidad responde siempre a un interés concreto y no es otra cosa que una respuesta ante un particular estado de indefensión o bien ante un acto viciado cuya reparación es imposible..." (sic).

Asumiendo este criterio, el Tribunal Supremo de Justicia sostiene, en el tratamiento de la actividad procesal defectuosa, que la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, sino que es necesario que ese quebrantamiento afecte los derechos de la parte y que ésta haya demostrado normativamente el agravio para poder solicitar la anulación del acto defectuoso. En ese mérito, los principios que rigen las nulidades procesales son los de especificidad, trascendencia y convalidación, en virtud de ellos primero no hay nulidad sin ley expresa, tampoco hay nulidad sin perjuicio y toda nulidad no observada oportunamente se convalida, salvo los defectos descritos en el art. 169 del Código de Procedimiento Penal que no son susceptibles de subsanación pero que deberán ser demostrados por quien pretende la nulidad" (sic). (resaltamos con negrillas).

Además, con relación a este agravio, el Auto de Vista impugnado se pronunció señalando que el presidente del Tribunal Primero de Sentencia cedió la palabra a la defensa para que plantee algún tipo de incidente o excepción, donde manifestó textualmente el abogado de la defensa "'NO SEÑOR PRESIDENTE', COMO TAMBIEN POR PARTE DE LA FISCALIA INDICA SU NEGATIVA. Lo cual se constata a fs. 51 vlta., por lo que estaría aceptando tácitamente, por parte de la acusada, debido a que tuvo su tiempo oportuno que la ley le franquea" (sic) (fs. 138 y vuelta). En relación a este aspecto, también resulta aplicable lo señalado en la Sentencia Constitucional 0449/2011-R de 18 de abril, que establece:

"III.2. No se puede alegar indefensión y pretender nulidad de actuaciones cuando el imputado asume conocimiento del proceso penal y luego lo abandona

Este Tribunal, ha determinado en reiterados fallos que, si bien la defensa es un derecho protegido por la Ley Fundamental; debe observarse que también es una obligación procesal, dada la jurisdicción y competencia que ejercen las autoridades o tribunales a nombre del Estado en los procesos con el poder punitivo y sancionador otorgado por ley. No pudiendo las partes eludirlo, abandonando la causa penal pese a su conocimiento sin ejercer el derecho y deber procesal de defenderse, aún más en materia penal, en la que el proceso tiene como objetivo final no sólo establecer la existencia real del hecho que constituye delito y la autoría, sino también determinar la culpabilidad y la pena. Si la actitud pasiva del imputado, o su abandono del proceso, motivan su ejecutoria, no existe indefensión, sino negligencia..." (sic). (resaltamos con negrillas).

En consecuencia, no se advierte contradicción con los precedentes invocados por la recurrente en razón de que el Tribunal de Alzada emitió pronunciamiento con relación al agravio expresado por Emilse Quiroga Tapenabe, de manera acorde a la citada Sentencia Constitucional Nro. 0449/2011-R de 18 de abril, más aun considerando que en el recurso de casación no fue claramente fundamentado sobre el resultado dañoso emergente del defecto para determinar la nulidad del Auto de Vista impugnado.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Emilse Quiroga Tapenabe (fs. 152 a 159), impugnando el Auto de Vista Nro. 05/2013 emitido el 14 de enero de 2013, por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni (fs. 134 a 141), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y contra Fernando Vásquez Pedraza por la presunta comisión del delito de complicidad en tráfico de sustancias controladas, previstos y sancionados por los artículos 48 relacionado con el 33 inciso m) y 76 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

Jorge Isaac Von Borries Méndez.

ANTE MÍ. Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

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