SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No. 388 Sucre, 18 de septiembre de 2006

DISTRITO: La Paz

PARTES: Ministerio Público y otros c/ Juan Carlos Álvarez Miranda y otros

extinción de la acción penal

**********************************************************************************

VISTOS: los memoriales de solicitud de extinción de la acción penal de Juan Carlos Álvarez Miranda (fojas 357 a 359) y David Fernández Guisbert Vargas (fojas 419 a 421), dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de María Cleofé López de Quispe y Edward Jacinto Quispe López contra los incidentistas por el delito de estafa, previsto en el artículo 335 del Código Penal; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: que Juan Carlos Álvarez Miranda y David Fernández Guisbert Vargas fundamentan su solicitud de extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo en los siguientes términos:

1.-Que la duración del proceso penal que se les sigue ha sobrepasado más de tres años sin que exista sentencia que haya adquirido la calidad de cosa juzgada, por lo que en aplicación del artículo 133 del Código de Procedimiento Penal y en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Nº 0033/2006 solicitan la extinción de la acción penal por transcurso del tiempo al demostrarse que la demora en el presente proceso es atribuible al Ministerio Público principalmente y al Juez de Instrucción en lo Penal que no ejerció el control en debida forma la investigación ni los plazos procesales.

2.- Que a fojas 2 y 3 de obrados cursa la querella presentada por María Cleofé de Quispe en fecha 14 de enero de 2003, debiendo tomarse en cuenta la acusación formulada por el representante del Ministerio Público para establecer como "primer acto del proceso en sede administrativa o judicial".

3.- Que a fojas 6 y 7 cursa la declaración informativa de los imputados, que data de fecha 1 de abril del año 2003, después de casi dos meses de iniciado del proceso.

4.- Que desde la presentación de la querella de 14 de enero de 2003 las investigaciones preliminares recién concluyeron en fecha 10 de septiembre de 2003 vale decir después de nueve meses de iniciado el proceso.

5.- Que desde el 10 de septiembre de 2004 en que se emitió la primera imputación formal a la fecha de presentación de la acusación del Ministerio Público transcurrió un año y que la última imputación (11 de noviembre del año 2003), habrían transcurrido 10 meses, lo que demuestra que sobrepasó el término de los seis meses de la etapa preparatoria que señala el artículo134 del Código de Procedimiento Penal, y que haciendo un cómputo total general desde la acusación del Ministerio Público (10 de septiembre de 2004) la fase preparatoria tuvo una duración de un año y ocho meses, sin que el Juez Septimo de Instrucción en lo Penal, controle la investigación conforme determina el artículo 343 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal.

6.- Que habiéndose sorteado y remitido el proceso al Tribunal Primero de Sentencia en 15 de octubre de 2004, se habría dictado el Auto de apertura de Juicio Oral en fecha 1º de febrero del año 2005 transcurriendo desde el inicio del proceso dos años y un mes y que posteriormente habiéndose dictado sentencia y recurrido en apelación restringida y casación hasta la fecha no se contaría con sentencia ejecutoriada habiendo transcurrido superabundantemente los tres años que establece como plazo máximo para la duración del proceso tal cual establece el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO: que para determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud de extinción de la acción penal, corresponde hacer un análisis del proceso estableciéndose que si bien el proceso se dio inicio en fecha 14 de enero de 2003, y a la fecha han transcurrido más de los tres años a que hace referencia el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal, empero se establece también la declaratoria de rebeldía del co-imputado Mauricio Fabián Vásquez Tórrez en la fase preparatoria del juicio oral dispuesto por el Juez Séptimo de Instrucción en lo penal y ya en el juicio oral la "declaratoria de rebeldía" dispuesta por el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital cursante de fojas 124 a 125 en contra de los imputados Luis Fernando Cossío León y Mauricio Fabián Vásquez Tórrez, dicha situación procesal, impide que se opere la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, conforme establece el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal cuando dispone: "todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, SALVO EL CASO DE REBELDIA" por lo señalado, en resguardo del derecho a la tutela judicial efectiva que el Estado otorga a las partes; máxime si la parte acusada es la causante del perjuicio procesal por su renuencia a someterse a los instrumentos estatales de justicia, donde el Estado le garantiza el ejercicio pleno de sus derechos. Cuando los declarados rebeldes comparezcan ante el juez competente, a efecto de someterse al proceso legal, se reanudará el cómputo para el resguardo de la duración máxima del proceso.

En consecuencia, al haber quedado el término para la duración máxima del proceso, interrumpido por causas atribuibles a la parte procesada, no es aplicable la extinción de la acción por duración máxima del proceso cuando concurre la declaratoria de rebeldía.

Por otra parte, tomando en cuenta que la persecución penal es única como lo establece el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal aspecto que impide la extinción de la acción penal para unos y continuar para otros, a más de que la dilación del proceso no es atribuible al Ministerio Público y menos aun a los órganos jurisdiccionales siendo los responsables de la duración del proceso precisamente los "declarados rebeldes" quienes con su conducta son los causantes del retraso procesal por su renuencia a someterse a los instrumentos estatales de justicia.

La declaratoria de rebeldía, además de interrumpir la prescripción, interrumpe el cómputo para la duración máxima del proceso, reiniciándose el mismo, a partir de la comparecencia del imputado, en concordancia con la previsión del artículo 91 del ritual Penal.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con intervención de la Ministra Dra. Beatriz Alcira Sandoval Bascopé de Capobianco, Presidenta de la Sala Penal Primera, convocada al efecto, declara NO HA LUGAR, a la solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, planteada por Juan Carlos Álvarez Miranda de fojas 357 a 359 y David Fernández Guisbert Vargas de fojas 419 a 421 debiendo proseguir el proceso penal hasta su conclusión. Se deja sin efecto el sorteo de 23/08/06 cursante a fojas 427 vuelta, debiendo procederse a un nuevo sorteo para resolución de fondo.

El Ministro Dr. Jaime Ampuero García, convocado oportunamente, fue disidente, estuvo por la extinción de la acción penal.

Regístrese y hágase saber.

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Dra. Beatriz A. Sandoval de Capobianco.

Dr. Jaime Ampuero García.

Sucre, dieciocho de septiembre de dos mil seis.

Proveído.- David Baptista Velásquez - Secretario de Cámara.