SALA PENAL LIQUIDADORA

Auto Supremo: 404/2012 Fecha: Sucre, 07 de noviembre de 2012.

Expediente: 07/2008

Distrito: Pando

Partes:Ministerio Público c/ Carlos F. Salgueiro Montero, Nikol Tamara Oliva Mariño y Carmen Mariño Velasco

Delito: Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, art. 298 del C.P.

Recurso: Casación.

VISTOS: El Recurso de Casación (fs. 55 a 56) y subsanación (fs. 57), interpuesto por Carmen Mariño Velasco, impugnando el Auto de Vista No. 28/2008 de 25 de septiembre de fs. 39 a 40, emitido por la Sala Penal y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente, Carlos Fermín Salgueiro y Nikol Tamara Oliva Mariño, por la presunta comisión del ilícito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, incurso y sancionado por el art. 298 del Código Penal, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que el Juez de Sentencia de la Capital del Distrito Judicial de Pando a fs. 10 a 13 y vta., emitió Sentencia declarando a Carlos Fermin Salgueiro Montero, Nikol Tamara Oliva Mariño y Carmen Mariño Velasco autores y culpables del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, tipificado y sancionado por el Art. 298 del Código Penal, imponiéndoles la pena de un año de reclusión a cumplir en el Penal de "Villa Busch" del Departamento de Pando y una multa de 100 días, equivalente a Bs. 1 por día, para cada imputado.

Habiéndose condenado a pena privativa de libertad no mayor de 2 años hace viable el Perdón Judicial, empero, no estando cumplidos los requisitos señalados en el art. 368 del Código de Procedimiento Penal, se difirió la misma hasta su cumplimiento.

Que, la referida Sentencia, motivó el Recurso de Apelación Restringida de fs. 88 a 88 vta., interpuesto por Carlos Fermín Salgueiro Montero, Nikol Tamara Oliva Mariño y Carmen Mariño Velasco contra la Sentencia No. 05/2008 de 12 de junio del 2008 de fs. 10 a 13 vta., argumentando que el Juez de Sentencia incurrió en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando el art. 365 y el num. 6 del art. 370 del Código de Procedimiento Penal.

Remitidos los actuados ante el Tribunal de alzada, éste en aplicación del art. 399 del Código de Procedimiento Penal, por decreto de 28 de agosto de 2008 dispuso que los recurrentes corrijan los defectos de forma del recurso planteado. Una vez corregidos los defectos de forma por los recurrentes, previos los trámites de ley, la Sala Penal y Administrativa de la Respetable Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, declaró Inadmisible el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por Carlos Fermín Salgueiro Montero, Nikol Tamara Oliva Mariño y Carmen Mariño Velasco, por no cumplir con las exigencias de ley, ya que los agravios ni en el memorial de apelación, ni en el de cumple providencia, se encuentran debidamente fundamentados tal y como exige el art. 408 del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO II: Que, Carmen Mariño Velasco, formuló Recurso de Casación de fs.55 a 56, alegando:

Que para su procedencia se tome en cuenta que en el memorial de Apelación ha invocado el precedente -contradictoria- contra la resolución que ponga fin a la apelación, tal como señala el art. 416.

También refiere que el Tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso de apelación con el argumento de que no cumple con los requisitos de forma exigidos por el art. 408 del Código de Procedimiento Penal, no obstante que se hubiese concedido el plazo señalado por el art. 399 del CPP. Empero, señala la recurrente que se ha cumplido al pie de la letra en el memorial de apelación, como en el memorial que presentó como consecuencia de la aplicación del 399 del Código de Procedimiento Penal, convirtiendo a esa norma el Tribunal de alzada en un requisito sinequanon para la procedencia del Recurso de Apelación Restringida, exista o no el motivo y que -dicha disposición se refiere a cualquier defecto u omisión de forma que convierta en inadmisible su interposición-.

Continua alegando de manera confusa y desordenada, sin precisar de manera coherente que la resolución recurrida -Auto de Vista impugnado- se considera un análisis de fondo-, como cuando se afirma que "se reiteran circunstancias de hecho a partir de apreciación personal de los recurrentes sobre la prueba presentada a juicio" aspecto que contradeciría la afirmación en el sentido de que sólo se tuvo en cuenta el incumplimiento de requisitos de forma.

Finalmente, refiere que el sistema de garantías procesales se inscribe en la corriente expansiva de otorgar seguridad jurídica a los derechos de toda persona en los procesos, de modo que una simple omisión de carácter formal en la interposición de un recurso, el tribunal debe actuar con criterio amplio y de ninguna manera, restrictivo o limitativo porque sería cancelar el derecho al recurso de apelación, tal como lo expresan las SC-Nºs.1044/03-R de 22 de julio; 1707/2003-R de 24 de noviembre y 1496/05-R de 22 de noviembre, cuyo contenido se encuentra en el razonamiento jurídico inserto en el A.S. 604 del 2 de diciembre de 2003 (rectificado) que opone como precedente contradictorio y solicita se imprima al recurso, el trámite que señala el art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO III: Que, del derecho que tienen las partes a impugnar las resoluciones judiciales cuando éstas sean gravosas a sus intereses y pretensiones en el proceso penal.

El derecho a recurrir las resoluciones judiciales, deviene de un componente esencial que es el debido proceso, que se define, como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías por un juez o tribunal competente e imparcial, por ello, el derecho a recurrir, es una de las garantías internacionales reconocidas a las personas y proclamadas en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que preceptúa: "Toda persona tiene derecho a un Recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley"; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario, mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, en sus arts. 8-2 inc. h), señala: "El derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" y el 25 ordinal 1, consigna que: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"; por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual nuestro país es firmante a través de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000, en su art. 14 núm. 5), establece: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley".

En nuestra legislación el derecho a recurrir o impugnar, se encuentra tutelado por el Art. 180-II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia cuando señala: "Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales". Por su parte, el art. 394 del Código de Procedimiento Penal, establece que "el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley....." bajo las reglas generales establecidasen el art. 396 del mismo cuerpo legal y finalmente con mayor claridad los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, establecen que el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia) contrarios a otros precedentes contradictorios pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (actualmente Tribunal Supremo de Justicia); por otra parte, el articulado en análisis instituye, que el precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la Apelación Restringida; por último, la norma procesal prescribe, que se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado norma distinta o una misma norma con diversos alcances.

El plazo para interponer el Recurso de Casación, es de 5 días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado y deberá ser presentado ante la Sala que dictó la Resolución a impugnarse; en el Recurso, deberá señalarse la contradicción con términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del Recurso de Apelación Restringida en el que se invocó el precedente.

De los fundamentos legales expuestos, el cumplimiento de estos dos requisitos -de admisibilidad- es de carácter obligatorio e inexcusable, pues, son éstos los que establecen los límites de competencia del Tribunal de Casación para tramitar el Recurso y considerar su admisibilidad o inadmisibilidad.

CONSIDERANDO IV: Que, del análisis del memorial del Recurso de Casación, presentado por Carmen Mariño Velasco de fs. 55 a 56, contra el Auto de Vista No. 28/2008 de 25 de septiembre y de la revisión de los antecedentes, se verificó:

Que, la recurrente Carmen Mariño Velasco fue notificada el 30 de octubre de 2008, con el Auto de 22 de octubre de 2008, que resolvió el incidente de nulidad de notificación con el Auto de Vista No 18/2008 de 25 de septiembre, formulado por la ahora recurrente y presentó su Recurso de Casación el 6 de noviembre de 2008, así consta en el cargo de presentación de fs. 55, deduciéndose que su recurso fue presentado dentro del plazo de los 5 días establecido en la primera parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, cumpliéndose el ritual procesal en cuanto al plazo.

Que, con relación a la invocación del precedente contradictorio y la fundamentación que exige nuestra norma procesal, la recurrente citó el Auto Supremo Nº 604 de 2 de diciembre de 2003 y algunas Sentencias Constitucionales.

Al respecto, corresponde señalar que de la revisión del contenido del Auto Supremo invocado, este se refiere a otro delito (Despojo y Apropiación Indebida), es decir que los hechos y circunstancias son diferentes, no guardan similitud con el caso que se analiza y finalmente es un Auto Supremo de admisión del recurso, por tanto no resuelve el fondo y por consiguiente no puede ser considerado como precedente y menos como doctrina aplicable para el caso de autos. Por otra parte, la recurrente no obstante haber invocado ese Auto Supremo, también omitió fundamentar el precedente invocado con el Auto de Vista recurrido, siendo deber del recurrente precisar cada agravio en términos claros, cuál es la contradicción y qué es lo que se pretende revertir, para lo cual como se dijo, el precedente debe ser similar al caso, que coincida en los hechos, sus circunstancias y esté debidamente confrontado con el Auto impugnado, que nos muestre con precisión y claridad en que consiste la contradicción, según lo dispuesto por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

A ese efecto, conviene también señalar, que éste Tribunal Supremo de Justicia ha establecido claramente en los Autos Supremos No. 333/2003 de 22 de julio y 433/2006 de 11 de octubre entre otros, el siguiente entendimiento, que en el Recurso de Casación "no es suficiente invocar el precedente, sino que este precedente debe guardar similitud con el hecho objeto del proceso en que se vota la decisión que se pretende rever, lo que importa relación de circunstancias y motivaciones, similitud en la naturaleza del hecho, las mismas disposiciones legales interpretadas y aplicadas u otras, y sentido jurídico diferente en la praxis y alcance de la norma sustantiva"; concluyéndose en definitiva, que el Recurso en revisión, no observó este mandato; limitándose la recurrente a realizar una relación confusa, por lo que existe ausencia de los requisitos exigidos por la norma adjetiva señalada, correspondiendo en consecuencia declarar Inadmisible el Recurso de Casación planteado por Carmen Mariño Velasco.

Con relación a las Sentencias Constitucionales invocadas por la recurrente, éste Tribunal Supremo también ha dejado establecido a través de los Autos Supremos 141 de 10 de marzo de 2004; 153 de 17 de marzo de 2003; 339 de 7 de junio de 2004, 59 de 5 de febrero de 2004; 132 de 18 de mayo de 2006 emitidos por la Sala Penal Segunda, que las Sentencias Constitucionales no tienen calidad de precedentes contradictorios, de lo que también se concluye que la recurrente a tiempo de interponer su Recurso de Apelación Restringida, así como su Recurso de Casación no ha invocado ningún precedente contradictorio válido, conforme lo exigen los artículos señalados precedentemente, omisión que no puede ser suplida de oficio por éste máximo Tribunal de Justicia.

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y de los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal; declara INADMISIBLE el Recurso de Casación interpuesto por Carmen Mariño Velasco de fs. 55 a 56, impugnando el Auto de Vista No. 28/2008 de 25 de septiembre, emitido por la Sala Penal y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Fermín Salgueiro Montero, Nikol Tamara Oliva Mariño y Carmen Mariño Velasco, por la comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previsto y sancionado en el art. 298 del Código Penal, con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante R.

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Fdo. William E. Alave Laura

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 2/2012

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