TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA

Auto Supremo Nº: 207/2013

Fecha: Sucre, 10 de junio de 2013

Expediente: 107/08

Distrito: Cochabamba

Partes: Ministerio Público y Julia Virginia Teran Quiroz c/ Filiberto Efraín Villarroel Sainz,

Walter Villarroel Trujillo, Luis Adolfo Villarroel Guzmán y Wilfredo Rodríguez Rocha.

Delito: Asociación Delictuosa y Estelionato (arts. 132 y 337 del Código Penal)

Recurso: Nulidad y Casación (sistema procesal antiguo)

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VISTOS: El Recurso de Nulidad y Casación cursantes de fs. 984 a 991 vta., interpuesto por Wilfredo Rodríguez Rocha, contra el Auto de Vista de fecha 15 de noviembre de 2007 cursante de fs. 980 a 982, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Julia Virginia Terán Quiroz contra Filiberto Efraín Villarroel Sainz, Walter Villarroel Trujillo, Luis Adolfo Villarroel Guzmán y Wilfredo Rodríguez Rocha, por la presunta comisión de los delitos de Asociación Delictuosa y Estelionato, tipificados y sancionados por los arts. 132 y 337 del Código Penal respectivamente; los antecedentes de la causa; el Requerimiento Fiscal de fs. 1019 a 1022; y,

CONSIDERANDO I: Que, conforme la Sentencia de primera instancia cursante de fs. 867 a 870 vta., de 16 de junio de 2003, se establece que el Juez de Partido Cuarto en lo Penal del Distrito Judicial de Cochabamba dictó Sentencia Condenatoria en contra de Filiberto Efraín Villarroel Sainz, Walter Villarroel Trujillo, Luis Adolfo Villarroel Guzmán y Wilfredo Rodríguez Rocha por ser autores y culpables de la comisión de los delitos de Estelionato y Asociación Delictuosa, tipificados y sancionados respectivamente en los arts. 337 y 132 del Código Penal, imponiendo a Filiberto Efraín Villarroel Sainz la pena privativa de libertad de 4 años de reclusión a ser cumplir en la Cárcel Pública de Arocágua, con costas a favor del Estado y de la parte civil, así como los daños civiles averiguables en ejecución de Sentencia y a los procesados Walter Villarroel Trujillo, Luis Adolfo Villarroel Guzmán y Wilfredo Rodríguez Rocha la pena de 3 años y 3 meses de reclusión a cumplir en la Cárcel Pública de Arocágua, más la imposición de costas a favor del Estado y de la parte civil, así como daños civiles averiguables en ejecución de Sentencia.

Que, de la revisión de los antecedentes que informan el legajo procesal se establece que previa compulsa de los medios de prueba aportados por las partes al proceso, el Juez de primera instancia llegó a establecer los siguientes hechos en los que se fundó la Sentencia:

Mediante documento de 21 de noviembre de 1997, reconocidas las firmas y rúbricas el 22 del mismo mes y año, Filiberto Efraín Meneces Sainz, en su condición de legítimo propietario y poseedor de un lote de terreno de 837,20 mts. 2 de extensión superficial, ubicado en el Manzano Nº 699 de la Zona de la Chimba de la ciudad de Cochabamba, pertenecido a título hereditario a la muerte de su señora madre Luisa Sainz Vda. de Meneces, quien a su vez lo habría adquirido de su anterior propietaria Gregoria Aguilar Lizarazu, transfirió el mismo a Julia Virginia Terán Quiroz, garantizando que el lote de terreno se encontraba libre de todo gravamen, efectuando un contra documento en el que también participaron las demás compradoras Rosario Aldunate de Terán y Felisa Terán Quiroz aclarando que el precio de la transferencia fue de $us. 50.000.- de los que el procesado Filiberto Efraín Meneces Sainz recibió la suma de $us. 40.000.-, comprometiéndose a realizar la entrega de planos aprobados en el plazo de 60 días computables a partir de la suscripción del referido documento.

Con relación al lote trasferido, a través de la Partida Literal expedida por Derechos Reales se estableció que en fecha 27 de agosto de 1997, la señora Lucía Sainz procedió a la inscripción de su Título de propiedad referente a una fracción de terreno de 900 mts. 2 del referido lote de terreno, a mérito de una Escritura Pública de 30 de diciembre de 1973 reconocido el mismo día por el Juez Parroquial del Cantón de Tiquipaya, por el que Gregoria Aguilar Lizarazu otorgó en venta una de las dos fracciones que eran de su propiedad conforme a una Escritura de División y Partición de 13 de junio de 1955 a favor de Lucia Sainz.

Cuando la señora Julia Virginia Terán Quiroz pretendió ocupar el lote de terreno en su condición de nueva propietaria, se llegó a enterar sorpresivamente que la señora Nancy Guillermina Mérida de Hermosa se encontraba en posesión del lote de terreno desde el 7 de junio de 1997, frente a lo cual solicitó judicialmente la anotación preventiva del contrato de transferencia, siendo observado su trámite en oficinas de Derechos Reales cuando pretendía efectuar la anotación pretendida, en razón de no corresponder los datos del registro a los cursantes en esas oficinas.

El procesado Filiberto Efraín Meneces Sainz, a través de su apoderado Guido Cesar Silva Ortega, presentó en fecha 24 de marzo de 2008 demanda ordinaria de nulidad de Escrituras de Transferencia y Registro en Derechos Reales, expresando ser propietario del lote de terreno de 900 mts.2 ubicado en la Zona de la Chimba; proceso dentro del cual se declaró improbada la demanda principal y probada la acción reconvencional interpuesta por la señora Nancy Guillermina Mérida de Hermosa, declarándose entre otros aspectos nulo y sin valor legal la minuta de 30 de diciembre de 1973.

De la demás prueba aportada al juicio se verificó que no se hallaba registrado el nombre de Carlos Revollo como Juez Parroquial en la gestión de 1973 y que la señora Gregoria Aguilar de Lizarazu no pudo haber adquirido lote de terreno alguno el año 1973 toda vez que "Cossmil" se habría fundado el 21 de octubre de 1974, efectuándose las adjudicaciones por el Ministerio de Defensa a favor del personal militar exclusivamente.

No obstante haberse encontrado en litigio el derecho de propiedad sobre el lote de terreno, el procesado Filiberto Efraín Meneces Sainz a través de una maniobra dolosa transfirió el lote de terreno a la querellante, presentando más tarde una demanda ordinaria a través de su representante, titulándose nuevamente derecho de propiedad sobre el inmueble.

Con relación al delito de Asociación Delictuosa, se evidenció que entre todos los procesados se conformó una sociedad para dedicarse a la compra y venta de lotes de terrenos, designándose cada uno sus propias atribuciones, obligándose a la prestación de aportes y a la repartición de sus ganancias, concretizándose esto a través del documento del 19 de diciembre de 1997, en el que los procesados declararon haber recibido cada uno de ellos la suma de $us. 10.000.- cuya suma equivale a la cantidad de dinero entregada por las víctimas por la transferencia del lote de terreno.

De la revisión minuciosa del documento de conformación de sociedad de 14 de diciembre de 1997 se acreditó que los procesados Walter Villarroel y Luis Adolfo Villarroel, se obligaban a buscar lotes de terreno para la venta, mientras que Wilfredo Rodríguez Rocha tenía como misión la realización de los trámites de los papeles correspondientes a todos los terrenos y Filiberto Efraín Meneces Sainz tenía como cometido proceder a su nombre con la venta de los lotes de terreno, suscribiendo así los documentos de conformación de sociedad de 14 de diciembre de 1997 y de recepción de dineros de 19 de diciembre del mismo año, además de concluirse a través de las declaraciones testificales la participación de todos y cada uno de los procesados en los ilícitos sancionados, obedeciendo a una conformación de sociedad bajo el rubro simulado y respondiendo a intención premeditada de sonsacar dineros para beneficio personal, modificándose así la calificación del Auto de procesamiento con relación a los demás procesados.

La prueba de descargo no enervó en lo mínimo la comisión de los hechos acusados, siendo de considerar para la imposición de la sanción penal, la inexistencia de antecedentes penales de los procesados y la conducta asumida durante el trámite de la causa.

CONSIDERANDO II: Que, a mérito de los Recursos de Apelación interpuestos a su turno por la parte civil y los procesados, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba pronunció el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2007 cursante de fs. 980 a 982, confirmando la Sentencia apelada, modificándose el lugar de cumplimiento de la sanción penal impuesta a los procesados en el Penal "San Sebastián" (varones) en lugar de la Cárcel de Arocágua.

Que, el Auto de Vista impugnado argumentó como fundamentos de su decisión que se probó plenamente que se produjo la transferencia de un inmueble que no era de propiedad de quien lo transfiriera, induciéndose en error a la compradora; evidenciándose que entre todos los procesados se formó una sociedad para dedicarse a la compra y venta de bienes inmuebles, así como que Filiberto Efraín Meneces Sainz, prófugo de la justicia, transfirió a través de una acción ilícita un lote de terreno, contando con la ayuda eficaz de los demás procesados, que fueron nombrados como socios para realizar este tipo de actividades, estando también así comprobada la comisión del delito de Asociación Delictuosa, en vista de haberse demostrado que la referida sociedad se inició con un capital derivado de la venta de un lote de terreno, haciéndose constar un aporte de cada uno de los procesados en la suma de $us.10.000.- totalizando la suma de $us. 40.000.- que resulta igual al entregado por la parte querellante a Filiberto Efraín Meneces Sainz, quien de acuerdo a todos los documentos de conformación de sociedad de compra y venta de inmuebles, tenía la función de participar como vendedor de los terrenos, sumado a todo ello que el procesado Wilfredo Rodríguez Rocha suscribió con la parte querellante un acuerdo transaccional, procediendo a pagar la suma de $us. 10.000.- por concepto de resarcimiento civil emergente del proceso penal, infiriéndose así también su participación.

CONSIDERANDO III: Que, a través del escrito cursante de fs. 984 a 991 vta., el procesado Wilfredo Rodríguez Rocha interpuso Recurso de Casación y Nulidad contra el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2007 cursante de fs. 980 a 982, solicitando se Case en el fondo la Resolución recurrida, alegando que fue condenado por la comisión de los delitos de Estelionato y Asociación Delictuosa sin haber suscrito documento alguno ya que la transferencia efectuada a la parte querellante fue realizada por el procesado Filiberto Efraín Meneces como dueño del lote de terreno, en cuya transferencia su persona no participó para que se lo juzgue como "estelionario" (sic.); aseverando asimismo que ni la Sentencia, ni el Auto de Vista pronunciados en el presente caso hicieron una diferenciación de cada tipo penal, de la participación de cada procesado ni de su responsabilidad como autores, cómplices o encubridores, además de existir inobservancia y quebrantamiento del art. 261 num. 1) del Código de Procedimiento Penal (1972), ya que el Auto final de la Instrucción refirió su participación por la supuesta comisión del delito de Asociación Delictuosa y Estelionato en grado de complicidad y, sin embargo, la Sentencia fue pronunciada sin considerar el Auto de Procesamiento declarándolo autor de ambos delitos sin la suficiente individualización y motivación, quebrantando el art. 224 del Código de Procedimiento Penal (1972), desconociéndose así la correlación que debe existir entre Acusación y Sentencia, refiriendo que el único autor del delito de Estelionato fue el procesado Filiberto Efraín Meneces Sainz.

Con relación al delito de Asociación Delictuosa, refirió que el solo hecho de haber suscrito una asociación accidental para la compra y venta de lotes de terreno, no demuestra la comisión del delito de Asociación Delictuosa; así, también refiere que en general la Sentencia y el Auto de Vista no se encuentran debidamente fundamentadas, no habiéndose contrastado la prueba de cargo y de descargo, además de denunciar que el proceso fue llevado a cabo con todos los defectos absolutos y relativos, existiendo falta de proporcionalidad entre la culpabilidad y la punición, reiterando que no participó en la transferencia, ni firmó documento alguno, no pudiendo ser considerado como una aceptación de su responsabilidad el hecho de haber devuelto el dinero a las víctimas, siendo realizado esto por estar perseguido tantos años y encarcelado injustamente.

CONSIDERANDO IV: Que, habiéndose resuelto la causa a través del Auto Supremo Nº 74 de 11 de mayo de 2012, declarándose Infundado el Recurso de Nulidad y Casación que interpuso el procesado Wilfredo Rodríguez Rocha, así como los Recursos interpuestos por cuerda separada por los co-procesados, se tiene que el procesado Wilfredo Rodríguez Rocha interpuso Acción de Amparo Constitucional contra el Auto Supremo que resolvió su Recurso, mereciendo el pronunciamiento de la Resolución Nº 266 de 31 de octubre de 2012 por el que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca denegó la Tutela demandada, resolución que en grado de revisión fue revocada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Nº 088 de 17 de enero de 2013 que dispone el pronunciamiento de un nuevo Auto Supremo conforme a los argumentos conclusivos expresados por el Tribunal Constitucional respecto de los aspectos denunciados por el accionante, correspondiendo en consecuencia obrar en cumplimiento de dicha determinación.

Que, a objeto de resolver ex novo el Recurso de Nulidad y Casación interpuesto por el procesado Wilfredo Rodríguez Rocha, corresponde tener presente:

1. Con relación al delito de Estelionato, los Tribunales de instancia determinaron como hechos probados que Mediante documento de 21 de noviembre de 1997, reconocidas las firmas y rúbricas el 22 del mismo mes y año, Filiberto Efraín Meneces Sainz, en su condición de legítimo propietario y poseedor de un lote de terreno de 837,20 mts. 2 de extensión superficial, ubicado en el Manzano Nº 699 de la Zona de la Chimba de la ciudad de Cochabamba, pertenecido a título hereditario a la muerte de su señora madre Luisa Sainz Vda. de Meneces, quien a su vez lo habría adquirido de su anterior propietaria Gregoria Aguilar Lizarazu, transfirió el mismo a Julia Virginia Terán Quiroz, garantizando que el lote de terreno se encontraba libre de todo gravamen, efectuando un contra documento en el que también participaron las demás compradoras Rosario Aldunate de Terán y Felisa Terán Quiroz aclarando que el precio de la transferencia fue de $us. 50.000.- de los que el procesado Filiberto Efraín Meneces Sainz recibió la suma de $us. 40.000.-, comprometiéndose a realizar la entrega de planos aprobados en el plazo de 60 días computables a partir de la suscripción del referido documento.

Con relación al lote trasferido, a través de la Partida Literal expedida por Derechos Reales se estableció que el 27 de agosto de 1997, la señora Lucía Sainz procedió a la inscripción de su Título de propiedad referente a una fracción de terreno de 900 mts. 2 del referido lote de terreno, a mérito de una Escritura Pública de 30 de diciembre de 1973 reconocido el mismo día por el Juez Parroquial del Cantón de Tiquipaya, por el que Gregoria Aguilar Lizarazu otorgó en venta una de las dos fracciones que eran de su propiedad conforme a una Escritura de División y Partición de 13 de junio de 1955 a favor de Lucia Sainz.

Cuando la señora Julia Virginia Terán Quiroz pretendió ocupar el lote de terreno en su condición de nueva propietaria, se llegó a enterar sorpresivamente que la señora Nancy Guillermina Mérida de Hermosa se encontraba en posesión del lote de terreno desde el 7 de junio de 1997, frente a lo cual solicitó judicialmente la anotación preventiva del contrato de transferencia, siendo observado su trámite en oficinas de Derechos Reales cuando pretendía efectuar la anotación pretendida, en razón de no corresponder los datos del registro a los cursantes en esas oficinas.

El procesado Filiberto Efraín Meneces Sainz, a través de su apoderado Guido César Silva Ortega, presentó en fecha 24 de marzo de 2008 demanda ordinaria de nulidad de Escrituras de Transferencia y Registro en Derechos Reales, expresando ser propietario del lote de terreno de 900 mts.2 ubicado en la Zona de la Chimba; proceso dentro del cual se declaró improbada la demanda principal y probada la acción reconvencional interpuesta por la señora Nancy Guillermina Mérida de Hermosa, declarándose entre otros aspectos nulo y sin valor legal la minuta de 30 de diciembre de 1973.

De la demás prueba aportada al juicio se verificó que no se hallaba registrado el nombre de Carlos Revollo como Juez Parroquial en la gestión de 1973 y que la señora Gregoria Aguilar de Lizarazu no pudo haber adquirido lote de terreno alguno el año 1973 toda vez que "Cossmil" se habría fundado el 21 de octubre de 1974, efectuándose las adjudicaciones por el Ministerio de Defensa a favor del personal militar exclusivamente.

No obstante haberse encontrado en litigio el derecho de propiedad sobre el lote de terreno, el procesado Filiberto Efraín Meneces Sainz a través de una maniobra dolosa transfirió el lote de terreno a la querellante, presentando más tarde una demanda ordinaria a través de su representante, titulándose nuevamente derecho de propiedad sobre el inmueble.

Que, los hechos precedentemente enunciados, configuran en efecto la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal que prescribe: "El que vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados y el que vendiere, gravare o arrendare, como propios, bienes ajenos, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años", de donde se tiene que este delito encierra el acto de vender, gravar bienes o arrendar como propios bienes ajenos, existiendo en el fondo dos modalidades: a)Vender o gravar como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; b) Vender, gravar o arrendar como propios, bienes ajenos.

Que, por los elementos constitutivos del tipo penal inserto en el art. 337 del Código Penal, pueden establecerse claramente que en primer lugar la figura prevé el vender o gravar como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados, siendo el hecho antijurídico que esos bienes se les de la característica de estar libre de todo litigio, gravamen o embargo en el momento de materializar el contrato.

Que, en el caso de autos, si bien la persona que suscribe el contrato de venta fraudulenta fue el procesado Filiberto Efraín Meneces Sainz, empero conforme establecieron debidamente los Jueces y Tribunales de instancia a partir de las Diligencias de Policía Judicial y de las pruebas publicitadas en juicio, se tiene que el procesado Wilfredo Rodríguez Rocha, conjuntamente los demás procesados, desplegó conductas dirigidas a fortalecer en error a las víctimas, expresando afirmaciones de que el inmueble era propio del procesado Filiberto Efraín Meneces Sainz y que se encontraba libre de todo gravamen, llegando así a conformar una ayuda eficaz en la comisión del hecho antijurídico, que si bien no podría ser constituida como autoría directa del hecho de Estelionato, sin lugar a dudas llega a configurarse en la comisión del delito de Estelionato en grado de complicidad, entendiéndose que es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, de tal forma que aún sin esa ayuda se cometa el delito, incurriendo también en esta previsión el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho, resultado evidente la denuncia efectuada por el recurrente al haber sido condenado por un hecho distinto al calificado en el Auto de Procesamiento, empero sin desvirtuarse su participación, circunstancia que acarrea la responsabilidad penal del procesado como cómplice, siendo pasible a ser sancionado penalmente con la pena prevista para el delito de Estelionato, empero de manera atenuada conforme al art. 39 del Código Penal.

2. Con relación a la comisión del delito de Asociación delictuosa, se tiene como hecho demostrado que entre todos los procesados, incluido Wilfredo Rodríguez Rocha, se conformó una sociedad para dedicarse a la compra y venta de lotes de terrenos, habiéndose acreditado del mismo modo que cada uno de los procesados asumió sus propios roles con prestación de aportes y repartición de sus ganancias, concretizándose esto a través del documento de 19 de diciembre de 1997, en el que los procesados declararon haber recibido cada uno de ellos la suma de $us. 10.000.-, que con debido criterio el Tribunal de alzada señala que efectivamente equivale a la cantidad de dinero entregada por las víctimas por la transferencia del lote de terreno y que fue restituido posteriormente luego de su procesamiento por el procesado Wilfredo Rodríguez Rocha por concepto de resarcimiento civil, no resultando razonablemente coherente que el procesado Wilfredo Rodriguez Rocha haya procedido a resarcir el daño, cuando al mismo tiempo postula la inexistencia de un hecho ilícito que lo motive, pues, precisamente, el resarcimiento de daños tiene lugar cuando se produjo un hecho ilícito; siendo asimismo un hecho demostrado que a través de la asociación conformada por los procesados se determinó que Wilfredo Rodríguez Rocha procedía a realizar trámites de los lotes que debían ser buscados por los procesados Walter Villarroel y Luis Adolfo Villarroel para que precisamente sea Filiberto Efraín Meneces Sainz quien proceda a su venta suscribiendo los contratos de transferencia usando su nombre, actos documentados que fueron corroborados por las declaraciones testificales que afirmaron la participación de todos y cada uno de los procesados en los hechos que fueron objeto del caso presente, concluyéndose que, en efecto, la conducta de los procesados se trató de un acuerdo premeditado para la obtención de beneficios económicos indebidos en beneficio personal y del grupo, consideraciones que fueron debidamente ponderadas por los jueces de instancia, resultando así innegable la participación del procesado en la comisión del delito de Asociación Delictuosa en grado de autoría, correspondiendo ser sancionado con la pena prevista en el art. 132 del Código Penal, con la consideración de la concurrencia de concurso de delitos.

Que, dentro del control sobre la supuesta falta de fundamentación de la resolución impugnada, este Tribunal llega a determinar que tanto el Juez de Partido Cuarto en lo Penal de la ciudad de Cochabamba, así como el Tribunal de Apelación, actuaron en estricto cumplimiento del art. 135 del Código de Procedimiento Penal de 1972, valorando correctamente los medios de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica en su apreciación; siendo sin embargo de precisar que si bien determinaron con precisión los hechos delictivos suscitados y la participación concreta de todos y cada uno de los procesados, obraron con infracción del principio de congruencia al declarar al procesado Wilfredo Rodríguez Rocha "autor" del delito de Estelionato, siendo en realidad cómplice del delito de Estelionato, siendo por otro lado, correcta la conclusión de habérselo declarado autor de la comisión del delito de Asociación Delictuosa, resultando fundado en parte el Recurso extraordinario de Nulidad y Casación por el interpuesto.

POR TANTO.- La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Nº 088 de 17 de enero de 2013 y en aplicación del art. 307 num. 3) del Código de Procedimiento Penal (D.L. Nº 10426 de 23 de agosto de 1972), CASA la resolución recurrida, en consecuencia, se declara al procesado Wilfredo Rodríguez Rocha Autor de la comisión del delito de Asociación Delictuosa y Cómplice de la comisión del delito de Estelionato, condenándolo a cumplir la pena privativa de libertad de tres (3) años y un (1) mes de reclusión en la Cárcel de Varones "San Sebastián" de la ciudad de Cochabamba, más la imposición de costas a favor del Estado y de la parte civil, así como daños civiles averiguables en ejecución de Sentencia.

Regístrese, Comuníquese y Devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Es de voto disidente en la forma la Magistrada Dra. Silvana Rojas Panoso

Fdo. William E. Alave Laura

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 2/2013