SALA PLENA

SENTENCIA: 127/2009

EXP. N°: 6/2005

PROCESO: Contencioso Administrativo

PARTES: Gastón Bilder en representención legal de la Empresa Petrolera CHACO S.A. contra la Superintendencia Tributaria General

FECHA: 17 de abril de 2009.

Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por Gastón Bilder en representención legal de la Empresa Petrolera CHACO S.A. contra la Superintendencia Tributaria General impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/001/2004 de 29 de septiembre de 2004.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 130 a 139, la respuesta de fojas 200 a 207, la réplica y la dúplica, los antecedentes procesales y los de emisión de la resolución impugnada; y

CONSIDERANDO: Que en su demanda Gastón Bilder, Gerente Legal de la Empresa CHACO S.A., se apersona e interpone demanda contencioso administrativa señalando lo siguiente:

Que mediante Resolución Determinativa Nº 50/2003, pronunciada el 21 de noviembre de 2003, la Gerencia GRACO de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales determinó que la depreciación de valores contables efectuada al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 1999 (marzo 1998-marzo 1999), que incluye importes por revalorización técnica de activos fijos efectuada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) - en criterio de Fiscalización - originan un gasto no deducible y efectuaron así una interpretación aislada e incorrecta del artículo 47 de la Ley 843 y 18-b) del Decreto Supremo Nº 24051, que establece que no son deducibles las depreciaciones correspondientes a revalúos técnicos, que en este caso fue realizado por YPFB antes de la capitalización y señala que de esta forma se ha desconocido la regulación sobre "conjunto económico" que determina la inaplicabilidad de la prohibición de depreciación dispuesta por la normativa citada.

Impugnada la resolución - mediante recurso de alzada - la Superintendencia Tributaria Regional de Santa Cruz dictó la Resolución Administrativa número STR-SCZ/RA Nº 0011/2004 de 27 de mayo de 2004, confirmando en todas su partes la Resolución Determinativa Nº 50/2003 y en vista a que dicha resolución no se pronunció sobre aspectos fundamentales planteados durante el proceso, interpuso recurso jerárquico emitiéndose la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0018/2004 de 29 de septiembre de 2004, en la que se dispuso:

Revocar parcialmente la Resolución del recurso de alzada anulando la Resolución Determinativa 50/2003 de 21 de noviembre de 2003 con reposición hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la notificación con la Vista de Cargo 799-OVE-790-3000392/0051/03 de 8 de octubre de 2003, ordenando que la Administración Tributaria, determine la Utilidad Neta Imponible o la pérdida tomando en cuenta que la depreciación sobre los montos revalorizados de los activos fijos no es deducible para fines tributarios, y

Instruyó a la Administración Tributaria requerir al contribuyente presentar las declaraciones juradas rectificatorias que modifiquen el monto de la utilidad imponible o de la pérdida, si fuere el caso, tanto para la gestión analizada como para las posteriores.

Que la Resolución pronunciada por la Superintendencia Tributaria General contradice aspectos elementales y básicos del derecho procesal general y del derecho administrativo en especial, al haber declarado la nulidad de la Resolución Determinativa 50/2003 (acto administrativo que establece la pretensión del fisco) y, a la vez, fallar sobre el fondo de la litis, cuando dispuso la disminución de su crédito tributario mediante la instrucción de requerir declaraciones juradas rectificatorias e inclusive, sin ninguna competencia, para gestiones posteriores que no formaron parte de la resolución determinativa; es por tanto, ultrapetita, vulnerando así el artículo 22 del Decreto Supremo 27350, que señala que la resolución contendrá disposiciones expresas, positivas y precisas de las cuestiones planteadas; en consecuencia, se ha pronunciado un fallo mixto, que dispone la nulidad de obrados declarando inexistentes los actos jurídicos cumplidos y contradictoriamente falla en el fondo otorgando más de lo pedido. En cuanto a la nulidad dispuesta, señala que es totalmente correcta, por tanto, dicha determinación no forma parte de la presente demanda porque lo incorrecto es haber resuelto cuestiones atinentes al fondo de la litis.

En cuanto al fondo y en el supuesto caso de que el Tribunal Supremo decidiera ingresar a considerarlo, aclara que el espíritu de la prohibición general tiene como objetivo que los contribuyentes no deprecien dos veces el mismo activo en su patrimonio, porque es lógico que si una empresa ya ha depreciado sus activos y los aporta a otra empresa que sea controlada; es decir, que se encuentre dentro de un mismo conjunto económico en el que la sociedad controlada es parte del patrimonio de la antecesora, la depreciación en la sociedad sucesora le favorece.

Señala que un conjunto económico, constituye para fines tributarios un solo patrimonio o, lo que es lo mismo, una sola capacidad contributiva imponible; por ello, en sistemas tributarios más avanzados, donde es común la existencia de holdings y grupos de sociedades vinculadas entre sí, la liquidación del impuesto sobre las utilidades se efectúa sobre la utilidad imponible neta o consolidada de todas las sociedades que conforman el grupo, mientras que en nuestro ordenamiento jurídico tributario, debido a que el IUE se paga y liquida en forma individual, ciertas prohibiciones (como la depreciación de activos revaluados), sólo tienen aplicación cuando, entre el antecesor y el sucesor, existe un conjunto económico, conforme se encuentra estipulado en el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 24051.

Sobre el particular, señala que la limitación a los activos fijos revalorizados está estrechamente ligada a la reorganización de empresas y al concepto de conjunto económico y lo que la Superintendencia no analizó es que en la capitalización no existió un conjunto económico, porque YPFB a pesar de figurar inicialmente como accionista del 99% de la Empresa Petrolera CHACO SAM, simultáneamente a la adquisición de las acciones, transfirió las mismas a las Administradoras de Fondos de Pensiones que actuaron a nombre de todos los bolivianos, de modo que jamás se constituyó en una sociedad dominante del grupo que, como tal, hubiese impuesto su voluntad sobre los demás socios, por ello, la mera tenencia de acciones dispuesta por norma legal cuya titularidad perdió simultáneamente al acto de su emisión, no puede reputarse como tal, o peor aún, como aporte de capital con las connotaciones jurídicas y económicas comunes reguladas en el Código de Comercio, ya que la capitalización fue y es una figura jurídica autónoma y distinta a las figuras comerciales de aporte, escisión, fusión, transformación y cualquier forma de reorganización, porque fue un proceso conforme señala la Ley de Capitalización y porque no fueron actos aislados.

Basado en este concepto afirma que la Administración Tributaria incurrió en:

Una equivocada concepción del proceso de capitalización.

Una errada aplicación del inciso h) del artículo 18 del Decreto Supremo 24051.

Una equivocada aplicación del literal a) del numeral 2) del artículo 28 de la misma disposición legal.

El desconocimiento de la prevalencia y primacía de la ley.

El desconocimiento del sujeto pasivo responsable de la revalorización de los activos, sin que la empresa que representa hubiese obtenido algún beneficio tributario de la revalorización.

Añade que, debido al ilegal pronunciamiento de la Superintendencia Tributaria, la Administración Tributaria, ha notificado una nueva Vista de Cargo Nº 799-OVE-79030000392/0039/2004 y la Resolución Determinativa RD GDGSC-DTJC Nº 28/2004 en las que se estaría dando cumplimiento a la Resolución STG-RJ/0018/2004.

Por lo expuesto solicitan se declare probada su demanda y se confirme parcialmente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0018/2004, en cuanto a la nulidad declarada y se la revoque en la parte referida al pronunciamiento en el fondo, que no corresponde por ser arbitraria, ilegal, nula y ultra petita, emitiendo pronunciamiento respecto a cualquier acto de la Administración Tributaria dictado en forma posterior a la resolución impugnada y que tenga por origen su cumplimiento.

CONSIDERANDO: Que admitida la demanda y citada la autoridad recurrida, mediante memorial de fojas 200 a 207, se apersonó Ramiro Cabezas Masses, Superintendente Tributario General y contestó negativamente la demanda pidiendo que sea declarada improbada, indicando que la resolución impugnada no falla en el fondo y declara la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta una nueva notificación con la vista de cargo y no así su nulidad como señala el recurrente.

Que la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y la Resolución del Recurso de Alzada, determinaron que el contribuyente (CHACO S.A.) no respetó el mandato de la ley en cuanto a la prohibición de deducir, para fines tributarios, la depreciación sobre montos revalorizados de activos fijos, determinándose un reparo de Bs. 8.232.241 más mantenimiento de valor, intereses y multas y que el recurso jerárquico determinó:

Revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada en cuanto "Confirma la Resolución Determinativa de la Administración Tributaria en la parte que se refiere al monto de impuestos, actualización, intereses y multas"; es decir, que da la razón al contribuyente porque ni la Administración Tributaria ni la Superintendencia Tributaria Regional tomaron en cuenta la pérdida acumulada de la empresa ni consideraron posibles retiros u obsolescencias de activos fijos porque si existió una pérdida mayor al reparo, el contribuyente no omitió el pago de tributos y no corresponde actualización, intereses ni multas.

Anular la Resolución Determinativa 50/2003 de 21 de noviembre de 2003, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con la Vista de Cargo, tomando en cuenta que la depreciación sobre los montos revalorizados de los Activos Fijos no es deducible para fines tributarios, esto es que la revocación del acto recurrido solamente alcanza a los puntos expresamente revocados, no afectando en modo alguno al resto de los puntos contenidos en dicho acto.

En consecuencia, la resolución del recurso jerárquico, no anuló totalmente la Vista de Cargo, quedando firme el concepto de que el contribuyente ha incumplido el artículo 18, inciso h) del Decreto Supremo 24051, por tanto, no es evidente que la Superintendencia hubiera fallado en el fondo y aclara que anuló obrados con reposición hasta el vicio más antiguo en el procedimiento de determinación correspondiendo diferenciar la anulación de la nulidad, conforme al artículo 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala que la revocación de un acto administrativo declarado nulo retrotrae los efectos al momento de vigencia del acto administrativo, mientras que la de un acto anulable, tendrá efecto futuro al momento de vigencia del acto de revocación. Tampoco se ha pronunciado ultra petita porque ha fallado conforme a lo solicitado por el contribuyente en su recurso jerárquico cuando pidió la revocatoria o anulación hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que se practique correctamente el proceso de determinación de tributos establecido en el Código Tributario y, por tanto, no puede pretender ahora desconocer su propio petitorio con fundamentos carentes de sustento jurídico. En cuanto a la afirmación de la empresa demandante de que nunca impugnó en el fondo la Resolución Determinativa 50/2003, la rechaza por no ser evidente puesto que, en los recursos tramitados en sede administrativa, solicitó expresamente que la Superintendencia Tributaria se pronuncie sobre la aplicación del artículo 47-7) de la Ley 843; es decir, sobre la deducibilidad de la depreciación de la revalorización de activos.

Añade que el artículo 23 del Decreto Supremo 27350 establece, entre otras formas de resolución, las revocatorias totales o parciales del acto recurrido, como ha ocurrido en el presente caso, disposición que significa dejar sin efecto un acto por una razón de fondo o de forma, en el caso, la razón fue un vicio procesal, al haberse verificado que la Administración Tributaria no finalizó la determinación tributaria antes de dictar la Resolución Determinativa, de modo que la reposición hasta la notificación con la Vista de Cargo, permite que la Administración Tributaria notifique al contribuyente su pretensión y le permita presentar, en el plazo de quince días, descargos, declaraciones juradas rectificatorias por propia iniciativa o a requerimiento de la Administración conforme lo señalado por el artículo 168 de la Ley 1340 (Código Tributario vigente a la fecha en que se produjeron los hechos); posteriormente corresponderá la emisión de una nueva Resolución Determinativa.

En cuanto a la deducibilidad de la depreciación de los montos revalorizados de Activos Fijos, efectuada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, señala que la Ley 843 y sus Reglamentos prohíben deducir de la renta imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas el monto revalorizado de los Activos Fijos, es decir, no prohíbe la deducción de todo el valor de los Activos Fijos revalorizados como parece entender el recurrente.

En este punto, negando los argumentos de la empresa CHACO y a fin de corregir los errores conceptuales planteados en la demanda, señala que la técnica tributaria en general establece que para fines de la determinación de la renta imponible en el IUE, los activos fijos pueden ser depreciados hasta el 100% del costo original, más las reparaciones mayores que prolonguen la vida útil del bien. No es deducible la depreciación del incremento del valor de los bienes por encima del costo histórico, para evitar - que con cargo al impuesto IUE, las empresas a través de una depreciación deducible de la renta imponible recuperen más del costo. Aclara que la legislación boliviana, ha recogido esta técnica y así el artículo 47-7) de la Ley 843 establece que, a los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos. De igual forma el artículo 22 del Decreto Supremo 24051.

En cuanto al tratamiento tributario, en casos de reorganización de empresas, haya o no conjunto económico, el artículo 28 de la precitada norma, señala que en todos estos casos, los derechos y obligaciones correspondientes a las empresas que se reorganicen serán transferidos a la o a las empresas sucesoras y, finalmente, el inciso b) del mencionado artículo 28 es totalmente claro al señalar que son aportes de capital, cualquier aportación realizada por personas naturales o jurídicas, en efectivo o en especie a sociedades nuevas o preexistentes; en los casos de aportes en especie, se trasladarán los valores impositivos de los bienes y sistemas de depreciación de los mismos.

Finaliza solicitando que se declare improbada la demanda y en consecuencia válida la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0018/2004 de 29 de septiembre de 2004.

Producidas la réplica y la dúplica que no se considera por haber sido presentada extemporáneamente y la audiencia de fundamentación oral, se decretaron autos para sentencia.

CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, la controversia radica, según afirma la empresa demandante, en que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0018/2004 de 29 de septiembre de 2004 es contradictoria, ilegal y ultrapetita porque dispuso la nulidad de la Resolución Determinativa 50/2003 y, a la vez, falló sobre el fondo de la litis cuando dispuso la disminución de su crédito tributario, mediante la instrucción de requerir declaraciones juradas rectificatorias, inclusive para gestiones posteriores que no formaron parte de la resolución determinativa.

Por su parte la entidad demandada, señala que la determinación de anular obrados hasta el vicio más antiguo, obedece a que la Administración Tributaria no finalizó la determinación tributaria antes de dictar la Resolución Determinativa, de modo que se permita presentar, en el plazo de quince días, descargos o declaraciones juradas rectificatorias.

Que el presente proceso emerge de la fiscalización efectuada por la Administración Tributaria, a través de la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales de Santa Cruz, que mediante Orden de Verificación Externa 7903000392, dispuso la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la contribuyente Empresa Petrolera CHACO S.A., con relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por el periodo comprendido entre abril de 1998 a marzo de 1999, gestión fiscal 1999, cuyos resultados fueron comunicados a la contribuyente según consta en el acta de fojas 11 del Anexo I, suscrita el 7 de octubre de 2003.

El 8 de octubre de 2003 se emitió la Vista de Cargo Nº 799-OVE-7903000392/03, en la que se concluyó que la contribuyente no determinó el impuesto conforme a ley, motivo por el que, luego de procederse a ajustar las bases imponibles, se reliquidó el tributo, surgiendo un saldo a favor del Fisco de Bs. 8.232.241 por incumplimiento del artículo 18-h) del Decreto Supremo 24051 y se calificó, provisionalmente, la conducta tributaria en las previsiones de los artículos 114 al 116 del Código Tributario (fojas 14 del Anexo I).

Que notificada la empresa contribuyente, mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2004, presentó descargos señalando que existió interpretación errónea por parte de Fiscalización al aplicar los artículos 18 y 28 del Decreto Supremo 24051 "porque no se trata de una reorganización de empresas y mucho menos de un conjunto económico debiéndose por el contrario, aplicar el inciso b) del señalado artículo por expresa disposición de la Ley de Capitalización" fojas 206 del Anexo I.

Que finalmente la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 50/2003 GRACO de 21 de noviembre de 2003 (fojas 276 a 284 del Anexo I), lo que motivó la interposición del recurso de alzada en el que la empresa CHACO S.A., reitera los argumentos de su memorial de descargo en sentido de que no se trata de una escisión sino de un aporte del sector público a las empresas a ser capitalizadas; que el revalúo cuestionado por el SIN fue efectuado, avalado y autorizado por YPFB en estricto cumplimiento de la Ley de Capitalización, razón por la que no es aplicable el artículo 18 del Decreto Supremo 24501 porque es de aplicación preferente la Ley 1544. Asimismo, denunció el incumplimiento del artículo 170 del Código Tributario por falta de valoración de los argumentos efectuados, porque el presente caso, trata de interpretación de la norma.

Que la Superintendencia Tributaria Regional de Santa Cruz, mediante Resolución Administrativa STR-SCZ/RA Nº 0011/2004 de 27 de mayo de 2004, confirmó en todas sus partes la Resolución Determinativa Nº 50/2003 de 21 de noviembre de 2003. Contra dicha resolución se interpuso el recurso jerárquico en el que se emitió la resolución impugnada en el presente proceso.

Que para una mejor comprensión, es necesario referirse al marco legal de aplicación obligatoria en el presente proceso; así se tiene que, para la determinación del tributo que originó los recursos de impugnación, se aplicaron las disposiciones del Código Tributario promulgado por Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 en cuanto al procedimiento de determinación del tributo. Para la resolución del recurso de alzada, el Decreto Supremo Nº 27241 de 14 de noviembre de 2003 que aprobó los Procedimientos de los Recursos Administrativos ante la Superintendencia Tributaria; en tanto que para la resolución del recurso jerárquico, se aplicaron las normas del Reglamento para el Conocimiento y Resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico aplicables ante la Superintendencia Tributaria, aprobados por Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 2004.

Que de la atenta lectura de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0018/2004, pronunciada por la Superintendencia Tributaria General, la empresa demandante acusa ser contradictoria, ilegal y ultrapetita, se concluye que es evidente lo afirmado por la empresa actora por las siguientes razones:

1. La parte resolutiva de la mencionada resolución señala textualmente lo siguiente:

"Revocar parcialmente la Resolución Administrativa STR SCZ RA 0011/2004 de 27 de mayo de 2004, dictada por el Superintendente Tributario Regional de Santa Cruz, en cuanto confirma la Resolución Determinativa de la Administración Tributaria en la parte que se refiere al monto de impuestos, actualización de intereses y multas. En consecuencia, se anula la Resolución Determinativa 50/2003 de 21 de noviembre de 2003, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con la Vista de Cargo 799-OVE-790-3000392/0051 de 8 de octubre de 2003, debiendo la Administración Tributaria culminar la determinación de la utilidad neta imponible o la pérdida tomando en cuenta que la depreciación sobre los montos revalorizados de los activos fijos no es deducible para fines tributarios, sea con los efectos del artículo 23-II del Decreto Supremo 27350". (Las negrillas son nuestras).

Instruir a la Administración Tributaria recurrida que requiera al contribuyente presentar declaraciones juradas rectificatorias que modifiquen el monto de la utilidad imponible o de la pérdida si fuera el caso, tomando en cuenta la prohibición de deducir la depreciación sobre la revalorización de activos fijos y los movimientos por retiros, obsolescencia u otros en los registros contables, tanto para la gestión analizada como para las gestiones posteriores, sea en el plazo establecido en el artículo 169 de la Ley 1340, computable a partir de la notificación con la presente resolución". (Las negrillas son nuestras).

Que por una parte, la resolución determina la revocatoria parcial de la resolución pronunciada por el Superintendente Tributario Regional, en cuanto confirma la Resolución Determinativa de la Administración Tributaria en la parte que se refiere al monto de impuestos, actualización intereses y multas; en consecuencia, anula la Resolución Determinativa 50/2003 de 21 de noviembre de 2003, con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la notificación con la Vista de Cargo 799-OVE-790-3000392/0051/03 de 8 de octubre de 2003 y dispone que la Administración Tributaria culmine la determinación de la utilidad neta imponible o la pérdida; sin embargo, en forma contradictoria, sin mayor fundamentación que la transcripción de las normas legales correspondientes al Impuesto a las Utilidades de las Empresas y sin pronunciarse sobre los argumentos de la empresa recurrente respecto a la inaplicabilidad, en su caso, de las disposiciones relativas a la prohibición de deducir las depreciaciones sobre revalúos técnicos, se pronuncia en el fondo del recurso cuando declara que dicha depreciación no es deducible para fines tributarios.

Que al respecto es menester considerar que la anulabilidad de los actos administrativos, prevista en el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo, cuya aplicación es permitida por el artículo 11 del Reglamento para el Conocimiento y Resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico ante la Superintendencia Tributaria aprobado por Decreto Supremo Nº 27350, tiene los efectos del artículo 37-I de la misma disposición legal; es decir que los actos administrativos pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma autoridad que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca.

Que la declaración de la nulidad de lo actuado desde el momento en que el defecto fue cometido, es una modalidad conocida como reposición hasta el vicio más antiguo en las resoluciones en las que se acoge el defecto formal declarando la nulidad de lo actuado y condenando a la Administración a retrotraer el expediente y reconstruirlo a partir de él; en autos, la Superintendencia Tributaria General, acogió favorablemente la nulidad expuesta por la empresa CHACO, motivada en una omisión en el procedimiento de determinación del tributo por incumplimiento de norma expresa (artículo 168 del Código Tributario) y consideró justificado el daño que dicha omisión produjo; es decir, su trascendencia, determinando anular la Resolución Determinativa 50/2003 de 21 de noviembre de 2003, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con la Vista de Cargo de 8 de octubre de 2003; en consecuencia, no correspondía emitir pronunciamiento respecto a los aspectos de fondo sobre interpretación y aplicación de normas alegados en el recurso jerárquico analizado, toda vez que todo lo actuado resultó inexistente y sin efecto legal alguno.

Al no haber ajustado sus actos a estas previsiones, la Superintendencia Tributaria General emitió un pronunciamiento contradictorio, viciando de nulidad el acto administrativo contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0018/2004 de 29 de septiembre de 2004, porque el mismo contiene disposiciones que ordenan la subsanación de defectos de forma en el procedimiento y por otra parte, decide cuestiones que hacen al fondo de las pretensiones deducidas.

Que asimismo, corresponde referirse a la disposición contenida en el punto segundo de la parte resolutiva de la resolución analizada en el presente proceso, cuando a petición expresa de la empresa CHACO S.A., ordenó a la Administración Tributaria requerir declaraciones juradas rectificatorias tanto de la gestión 1999, objeto de la fiscalización realizada y extendió dicho requerimiento a las gestiones posteriores que no fueron objeto de la fiscalización, fallando así en forma ultrapetita.

En consecuencia, la empresa demandante ha demostrado su pretensión, correspondiendo deferirla favorablemente.

POR TANTO: La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida en el Artículo 55 inciso 10°) de la Ley de Organización Judicial, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa y, en su mérito, NULA la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0018/2004 de 29 de septiembre de 2004 pronunciada por el Superintendente Tributario General; en consecuencia, se dispone que la indicada autoridad emita un nuevo pronunciamiento.

No se condena en costas en aplicación del artículo 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, concordante con el artículo 52 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Esta sentencia, de la que se tomará razón donde corresponda, es pronunciada en Sucre, Capital de la República de Bolivia, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil nueve.

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Ministro Relator: Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Firmado

Presidente: Eddy Walter Fernández Gutiérrez

Beatriz Sandoval de Capobianco

Rosario Canedo Justiniano

José Luís Baptista Morales

Ángel Irusta Pérez

Hugo R. Suárez Calbimonte

Teófilo Tarquino Mújica

Secretaria: Sofía L. Fiengo Sotés

Se hace constar que el Ministro Julio Ortiz Linares no suscribe la presente Sentencia.

Firmado Secretaria: Sofia L. Fiengo Sotés