SALA PLENA

SENTENCIA: 81/2011.

EXP. N°: 306/2010

PROCESO: Contencioso Administrativo

PARTES Leni Haydee Cardozo Lema

FECHA: 16 de marzo de 2011.


Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por Leni Haydee Cardozo Lema contra la Superintendencia Tributaria General, actualmente reemplazada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 15 a 17, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0079/2005 de 15 de julio de 2005 emita por el Superintendente Tributario General, la respuesta de fojas 51 a 56, memorial de réplica de fojas 110 a 112, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, Anibal Vera Tacuri, en representación de Leni Haydee Cardozo Lema, dentro el plazo previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, se apersonó interponiendo demanda señalando en síntesis lo siguiente:

El 1º de julio de 2004, la administración tributaria notificó a la contribuyente Haydee Cardozo Lema, con la orden de fiscalización externa (Formulario 7506) modalidad parcial de la distribuidora de Combustible y Gas Licuado de propiedad de la nombrada, de los periodos de junio a diciembre de 2003, habiéndose emitido Vista de Cargo Nº 19/2004 el 5 de octubre de 2004, estableciendo un saldo a favor del fisco de UFVs 553.952, lesionando los intereses de la demandante, por lo que interpuso recurso de alzada a la Intendencia Tributaria de Potosí, habiendo presentado ante Notario de Fe Pública de Villazón por ser el lugar de su domicilio donde no existe una oficina de la Superintendencia de Impuestos Nacionales de Potosí, en sujeción al artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, que además el recurso fue presentado personalmente por el apoderado, pero por olvido y premura del tiempo no fue firmado, como reconoció la misma Superintendecia Tributaria General en su resolución, que al advertir la omisión de requisitos señalados por ley, debió observar y disponer la subsanación en el término prudencial; el recurso de alzada fue respondido negativamente por el Servicio de Impuestos Nacionales de Potosí, sin embargo no fue observado por el Intendente Tributario de Potosí, al contrario fue admitida dándole validez la Superintendencia Tributaria Regional de Chuquisaca que emitió la Resolución Nº STR/CHQ/RA 00010/2005, sin entrar en el fondo de la litis, determinó anular obrados hasta el vicio más antiguo, vale decir hasta la emisión de la Vista de Cargo, para que se proceda a una correcta notificación.

Que el Servicio de Impuestos Nacionales de Potosí, solicitó rectificación y aclaración, empero la Superintendencia Tributaria Regional de Chuquisaca dispuso no ha lugar y que la presentación ante Notario de Fe Pública es un acto legal en toda forma de derecho; motivo por el cuál el Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Potosí interpuso recurso jerárquico contra dicha resolución, argumentando la no observancia de la firma del recurrente y la presentación del recurso de alzada ante Notario de Fe Pública y que la resolución que resuelve debería ser expresa y precisa sobre las cuestiones planteadas. Al respecto agregó que el SIN de Potosí pretende perjudicar, produciendo indefensión al sujeto pasivo, al impedir o restringir su oportunidad de defensa, atentando al debido proceso establecido en las Leyes Nº 3092 y 2341, motivando a la Superintendencia Tributaria General emitir la Resolución STR-RJ/0079/2005 de 15 de julio de 2005, que anuló la Resolución STR/CHQ/RA 00010/2005 de 7 de abril de 2005, con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el auto de admisión del recurso de alzada inclusive.

Con estos argumentos el demandante solicitó que en sentencia se declare probada la demanda y por tanto se anule la Resolución de Recurso Jerárquico STG­RJ/0079/2005 de 15 de julio de 2005.

CONSIDERANDO II: Que, admitida la demanda por decreto de 7 de noviembre de 2005 (fojas 28), fue corrida en traslado y citado legalmente Ramiro Cabezas Masses, en su condición de Superintendente Tributario General, el 19 de diciembre de 2005 (fojas 43), en tiempo hábil por memorial de fojas 51 a 56, respondió la demanda en base a los argumentos que se sintetizan a continuación:

La presentación del recurso de alzada ante Notario de Fe Pública de la ciudad de Villazón no fue firmado por la recurrente ni por su apoderado, al efecto citó el art. 200 del Código Tributario Boliviano incorporado a su texto por Ley Nº 3092 de 13 de julio de 2005, transcribiendo todos los principios generales de la actividad administrativa, previstos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 de 23 de abril de 2002; para señalar que estos principios no disponen que el recurso de alzada puede ser presentado ante Notario de Fe Pública, sino al contrario hacen referencia a principios generales que se aplican en materia tributaria, en el conocimiento y resolución de los recursos de alzada y jerárquicos tramitados ante la Superintendencia Tributaria, que la cita de normas por la parte demandante es impertinente, porque desde la presentación del recurso hasta la emisión de la resolución administrativa definitiva, únicamente se aplica los Títulos III y V del Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003 y sólo a falta de disposición expresa, supletoriamente se aplican las normas de la Ley No 2341 de Procedimiento Administrativo y no así el Código de Procedimiento Civil, que puede ser aplicado de manera supletoria en procesos jurisdiccionales pero no en procesos administrativos.

Que la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0079/2005 de 15 de julio de 2005 en su ratio decidendi se basó en el último párrafo del artículo 4 de la Ley Nº 2492, el cuál dispone que en materia tributaria no surte efecto el plazo de la distancia, además que la presentación del recurso se efectuó dos días después de vencido del plazo establecido en el artículo 144 de la Ley Nº 2492, razón por la que debió ser rechazado este recurso por el Intendente Departamental de Potosí. Agrega que el recurso de alzada no lleva firma de la recurrente y justificar que por el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, se subsanó no es válido dicho argumento, primero, porque las normas del Código de Procedimiento Civil no pueden aplicarse a los procedimientos administrativos, y segundo, porque conforme al artículo 8 inciso g) del Decreto Supremo Nº 27350 y artículo 198 inciso g) del Código Tributario Boliviano, incorporado a su texto por Ley Nº 3092, todo recurso de alzada al margen de ser obligatoriamente presentado ante el Superintendente Tributario Regional o Intendente Tributario Departamental de la jurisdicción administrativa respectiva, debe ser interpuesto por escrito, mediante memorial o carta simple, conteniendo entre otros requisitos esenciales, la firma del recurrente, situación que en el caso presente, conforme reconoce la propia demandante no fue cumplida.

 

Que no es evidente la denuncia de vulneración al derecho de defensa y el debido proceso previstos en la Constitución Política del Estado, porque la Superintendencia Tributaria General en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0079/2005 de 15 de julio de 2005 en cumplimiento del párrafo I del artículo 22 del Decreto Supremo Nº 27350, se circunscribió a resolver los agravios expuestos por la Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales en su memorial de recurso jerárquico que cuestionó la Resolución de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0010/2005 de 7 de abril de 2005 al haber omitido considerar y verificar la inexistencia de firma del apoderado en el memorial de recurso de alzada y su presentación ante Notario de Fe Pública.

 

Concluye impetrando que se declare improbada la demanda, en consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG­RJ/0079/2005 de 15 de julio de 2005, por ajustarse a derecho.

CONSIDERANDO III: Que, dentro el trámite de la causa, se apersonó Jannine Forgues Ostuni, en representación de Leni Haydee Cardozo Lema, por memorial de fojas 68 a 73 planteó Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad contra el último párrafo del artículo 4 del Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492, que corrida en traslado por decreto de fojas 75, fue respondido de fojas 105 a 109 por el Superintendente Tributario General, solicitando rechazo del incidente de inconstitucionalidad, por considerar manifiestamente infundado.

Que admitido el incidente por Auto Supremo Nº 54-B/2006 de 7 de junio de 2006 (fojas 115 a 117 vuelta), se remitió en consulta ante el Tribunal Constitucional, que a su vez admitió el recurso por Auto Constitucional 340/2006-CA de 12 de julio de 2006 (fojas 166 a 171), que finalmente dictó la Sentencia Constitucional 0079/2006 el 16 de octubre de 2006 (fojas 211 a 219), resolviendo declarar inconstitucional el último párrafo del art. 4 del Código Tributario Boliviano con los efectos derogatorios establecidos en el artículo 58 parágrafo III de la Ley del Tribunal Constitucional.

De otra parte, cursa de fojas 110 a 112 el memorial de réplica presentado por la parte demandante, mientras que la entidad demandada no presentó su duplica, por consiguiente, se decretó autos para sentencia conforme consta a fojas 242.

CONSIDERANDO IV: Que, por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandate, teniendo presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde al Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General.

En este marco legal, los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, establecen que "el proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que, así establecida la naturaleza jurídica del proceso y reconocida la competencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniendo presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde al Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General y la Superintendencia Tributaria Regional de Chuquisaca.

CONSIDERANDO V: Que, de la compulsa de los datos procesales como la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:

1) En principio, revisando todo lo obrado y los anexos adjuntados al proceso se colige que la controversia según la demanda, radica en el perjuicio que causó a la demandante la resolución impugnada del Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0079/2005 de 15 de julio de 2005 cursante de fojas 3 a 13, emitida por el Superintendente Tributario General, que anuló la Resolución STR/CHQ/RA 0010/2005 de 7 de abril, dictada en recurso de alzada por el Superintendente Tributario Regional de Chuquisaca, con reposición hasta el vicio más antiguo, ordenando al Intendente Departamental de Potosí emitir el correspondiente auto conforme dispone el artículo 23 parágrafo I inciso c) del Decreto Supremo 27350.

De obrados se evidencia que la contribuyente demandante a través de su representante legal denunció que la resolución impugnada lesionó sus intereses, porque se atentó su derecho de defensa y el debido proceso, por consiguiente, con la facultad del ejercicio de control de legalidad, corresponde verificar si lo afirmado es o no evidente:

En los hechos, la resolución del Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0079/2005, para anular la resolución STR/CHQ/ RA 0010/2005, basó su decisión en los siguientes argumentos u omisiones formales: 1) consideró que no es válida la presentación del memorial de recurso de alzada ante Notario de Fe Pública de Villazón, sino que necesariamente debió ser presentada ante el Intendente Departamental de Potosí; 2) que el recurso no fue firmada por la recurrente ni por su apoderado, omisión que tampoco fue subsanada, y 3) que en materia administrativa no surte efecto el plazo de la distancia.

2) Al respecto, el argumento expuesto en la resolución impugnada que según el art. 8 párrafo I inciso g) y párrafo IV del Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 2004, los recursos de alzada y jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener entre otros, lugar, fecha y firma del recurrente, que la omisión de cualquiera de los requisitos señalados o si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, disponga su subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la observación, si no se subsanare la omisión u oscuridad dentro este plazo, se declarará el rechazo del recurso, para concluir que el memorial del recurso de alzada interpuesto por la contribuyente Leni Haydee Cardozo Lema de Bertsch a través de su representante legal incumplió el requisito formal de firmar el recurso de alzada, omisión que debió de serobservada por el Intendente Departamental de Potosí, disponiendo la subsanación dentro el plazo de ley, procedimiento que no fue aplicado ni tampoco fue observado por la Superintendencia Tributaria Regional de Chuquisaca.

El otro fundamento de la resolución del recurso jerárquico, justifica que no es válida la presentación del recurso de alzada ante Notario de Fe Pública, porque éste procedimiento únicamente sería aplicado de manera supletoria en los procesos jurisdiccionales y no en los procesos administrativos, para concluir que el recurso debió necesariamente ser presentado ante la Intendencia Departamental de Potosí; por último argumentó que para el cómputo de plazos y términos, no surte efecto el término de la distancia en materia tributaria, considerando como fecha válida de presentación el día que el Notario de Fe Pública presentó en la Intendencia Tributaria Departamental de Potosí, es decir, dos días después de vencido el plazo establecido por el artículo 144 de la Ley Nº 2492 del Código Tributario Boliviano, así concluyó que el recurso debió ser rechazado por el Intendente Departamental de Potosí en aplicación del artículo 8 parágrafo IV del Decreto Supremo Nº 27350.

3) En el caso de autos, se evidencia que la resolución impugnada acogió la nulidad solicitada en el recurso jerárquico por la Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, en apoyo del artículo 144 de la Ley N° 2492, señalando que existió omisión de requisitos formales en la presentación del recurso de alzada o incumplimiento de norma expresa.

En consecuencia, respecto a la presentación del recurso de alzada ante Notario de Fe Pública de Villazón, este Supremo Tribunal concluye que la misma es válida, porque constituye un acto legal permitido por ley, por cuanto pretender desconocer este derecho simplemente se estaría atentando el derecho de defensa y el debido proceso.

 

Con referencia al cómputo de plazos y términos de la distancia no previstos inicialmente por el Código Tributario para los procesos administrativos, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional Nº 0079/2006 de 16 de octubre de 2006, determinó que es inconstitucional el último párrafo del artículo 4 del Código Tributario Boliviano (Ley 2492), bajo el fundamento que dicha disposición legal constituye un caso de desigualdad irracional entre los contribuyentes que residen en las capitales de departamento frente a aquellos que se encuentran asentados fuera de éstas, además de lesionar la garantía del debido proceso en su componente esencial del derecho a la defensa, aplicables también en materia administrativa, asegurando con esta decisión el acceso efectivo a los recursos que prevé la ley en igualdad de condiciones tratándose de contribuyentes que no tengan su domicilio en las capitales de departamento, quienes en los hechos tienen un plazo más reducido respecto de los contribuyentes de las capitales de departamento para acceder a los medios de impugnación que prevé el Código Tributario Boliviano contra los actos de la Administración Tributaria. Por consiguiente, queda aclarado que el término de la distancia también se aplica en procesos administrativos, lo que implica a su vez que el recurso de alzada presentado por Fausto Grover Cayo Alí, en representación de Leni Haydee Cardozo Lema de Bertsch, ha sido formulado el forma oportuna.

Por último, si bien es cierto que el memorial de recurso de alzada fue presentado sin firma de la interesada ni de su representante legal, ante cuya omisión el Intendente Departamental de Potosí en aplicación del artículo 198 parágrafo III del Código Tributario debió observar y ordenar inmediatamente se subsane en el plazo de cinco días, y al no haberlo hecho incumplió la norma citada, como también fue omitida por el Superintendente Tributario General al dictar la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ-0079/2005 de 15 de julio de 2005, quien en lugar de disponer se subsane esta omisión, erróneamente anuló el proceso administrativo.

4) En la especie, es preciso señalar que la anulabilidad de actos administrativos, previsto en el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), por permisión del artículo 11 del Reglamento para el Conocimiento y Resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico ante la Superintendencia Tributaria, aprobado por DS. Nº 27350 de 2 de febrero de 2004, tiene los efectos del artículo 37 numeral 1 de la citada LPA., es decir, que los actos administrativos pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma autoridad que dictó el acto, subsanando los vicios que adolezca; ante esta circunstancia, se impone enmendar el error extrañado.

En consecuencia, la demandante demostró la procedencia de su pretensión, correspondiendo deferirla favorablemente.

POR TANTO: La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución 10º del art. 55 de la Ley de Organización Judicial, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa de fojas 15 a 17, en su mérito NULA la Resolución del Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0079/2005 de 15 de julio de 2005, pronunciada por el Superintendente Tributario General; en consecuencia se anula el proceso administrativo, hasta el cargo de presentación del memorial de recurso de alzada, para que el Intendente Departamental de Potosí del Servicio de. Impuestos Nacionales ordene se subsane el memorial de recurso de alzada y se prosiga con el trámite correspondiente.

No se condena en costas en aplicación del artículo 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, concordante con el artículo 52 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

No intervienen, la Ministra Rosario Canedo Justiniano, por suspensión dispuesta por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, tampoco la Ministra Beatriz Sandoval de Capobianco por ausencia y el Ministro Jorge Monasterio Franco por comisión oficial.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Julio Ortiz Linares

MINISTRO

José Luis Baptista Morales

MINISTRO

Ángel Irusta Pérez

MINISTRO

Hugo R. Suárez Calbimonte

MINISTRO

Teofilo Tarquino Mújica

MINISTRO

Esteban Miranda Terán

MINISTRO

Ana Maria Forest Cors

MINISTRA

Ramiro José Guerrero Peñaranda.

MINISTRO

Aideé Martínez Cuba.

ecretaria de Cámara.