SALA PLENA

SENTENCIA: 123/2011.

EXP. N°: 340/2005

PROCESO: Contencioso Administrativo

PARTES Caja de Salud de la Banca Privada c/ Superintendencia Tributaria General.

FECHA: Sucre, veintiséis de abril de dos mil once.


Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Caja de Salud de la Banca Privada contra la Superintendencia Tributaria General.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 36 a 39, la respuesta de fojas 112 a 115, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0105/2005 de 15 de agosto de 2005, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, la Caja de Salud de la Banca Privada, representada legalmente por Miguel Recamo Pardo y Fernando David Hinojosa García, se apersonó por memorial de fojas 36 a 39, interponiendo demanda contenciosa administrativa, en base a las disposiciones de los artículos 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y artículo 70 de la Ley Nº 2341, tomando en cuenta la modificación dispuesta por la Disposición Final Quinta de la Ley Nº 2175 (LOMP), de 13 de febrero de 2001, y fundamentando su acción en síntesis, sobre los siguientes términos:

Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, dictó las resoluciones determinativas Nº 509/2004 y Nº 510/2004, ambas de 27 de diciembre de 2004, por las que conmina a la Caja de Salud de la Banca Privada a pagar la suma de Bs. 1.181.174,- correspondientes a tributos adeudados y los respectivos accesorios de ley; asimismo, la suma de Bs. 407.045,- por concepto de evasión fiscal, lo que hace en total la suma de Bs. 1.588.219,- en relación con el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las gestiones 1997 a 2002.

Las resoluciones determinativas señaladas, fueron impugnadas mediante Recurso de Alzada interpuesto ante la Superintendencia Tributaria Regional de La Paz, indicando que se trata de un ente gestor del Sistema de Seguridad Social en el Régimen de Corto Plazo; que es una institución de derecho público, conforme la previsión del artículo 541 del Reglamento del Código de Seguridad Social, tutelada a través del Ministerio de Salud y Deportes, y fiscalizada por el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES), dentro de la estructura administrativa del Estado Boliviano; que la Caja de Salud de la Banca Privada y la Caja de Salud de la Banca Estatal nacieron a la vida jurídica al amparo del artículo 30 del Decreto Supremo Nº 21637 de 25 de junio de 1987, como instituciones de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión, ratificándose su carácter de institución pública, mediante los Decretos Supremos Nº 26772 de 15 de agosto de 2002 y 27732 de 27 de septiembre de 2004; y que como institución pública, al amparo del artículo 304 del Reglamento del Código de Seguridad Social, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 12120 de 31 de diciembre de 1974, artículo 53 inciso a) de la Ley Nº 843 y artículo 10 del DS. Nº 24204 de 23 de diciembre de 1995, se encuentra exenta del pago de impuestos.

La Superintendencia Tributaria Regional de La Paz, mediante Resolución Nº STR/LPZ/RA 0068/2005, de 31 de mayo de 2005, confirmó las resoluciones determinativas Nº 509/2004 y Nº 510/2004, ambas de 21 de diciembre de 2004, por lo que a continuación, la Caja de Salud de la Banca Privada interpuso Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario General, el que mediante Resolución STG-RJ/0105/2005, de 15 de agosto de 2005, revocó parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 0068/2005, en la parte referida a la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 2002, dado que la Caja de Salud de la Banca Privada goza de exención impositiva por ese concepto, a partir de dicha gestión.

Continúa la fundamentación de su demanda, señalando que el artículo 296 del Reglamento del Código de Seguridad Social, en relación con los artículos 304 y 541 del mismo cuerpo legal, establecen el status jurídico de los entes gestores, así como la exención impositiva a su favor; reitera las disposiciones legales que habían sido indicadas como vulneradas tanto en el Recurso de Alzada como en el Jerárquico, argumentando además la disposición del artículo 3 de la Ley Nº 924 de 15 de abril de 1987, así como el artículo 12 de la Ley Nº 2492 (Código Tributario Boliviano), de 2 de agosto de 2003.

Concluye la relación de la demanda, aclarando que el recurso de alzada como el jerárquico, violan las disposiciones legales referidas; que la Caja de la Banca Privada nació a la vida jurídica con el Decreto Supremo Nº 21637; esta Caja es una institución de derecho público, exenta del pago de impuestos como lo establece el artículo 304 del Reglamento del Código de Seguridad Social y artículo 1 del Decreto Supremo Nº 12120; la Caja no debe efectuar trámite previo en aplicación del inciso a) del artículo 53 de la Ley Nº 843 e inciso f) del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 24204, reglamentario del IPBI; la resolución de recurso jerárquico debió revocar la Resolución Determinativa en forma íntegra y no solamente el pago de impuestos a partir de la gestión 2002, constituyendo un precedente en contra de otras cajas o entes gestores de salud que integran el sistema, invocando por tanto al Supremo Tribunal de Justicia, dicte resolución declarando probada la demanda y en consecuencia revocar todas las resoluciones anteriores, hasta dejar sin efecto las resoluciones determinativas Nº 509/2004 y Nº 510/2004, ambas de 27 de diciembre de 2004.

CONSIDERANDO II: Que salvada la observación de fojas 42, se admitió la demanda por decreto de fojas 46 y se corrió en traslado a la autoridad demandada, librándose la provisión citatoria correspondiente para su ejecución por instancias de la Corte Superior de La Paz; cumplida la diligencia y citado legalmente el Superintendente Tributario General, Ramiro Cabezas Masses, como consta a fojas 130, se apersonó contestando negativamente a la demanda en los siguientes términos, a través de memorial de fojas 112 a 115.

Que en aplicación del inciso d) del artículo 296 del Reglamento del Código de Seguridad Social, la Caja de Seguro Social Bancaria y Ramas Afines, fue un organismo encargado de la gestión, administración y ejecución de regímenes de seguridad social, como institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica reconocida y tutelada por el Estado, en aplicación del artículo 541 del Reglamento del Código de Seguridad Social y que la "Caja de Salud de la Banca Privada" es una entidad diferente a la Caja de Seguro Social Bancaria Estatal.

El Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), mediante Decreto Supremo Nº 24855, de 22 de septiembre de 1997, en su artículo 45, reconocía únicamente a la Caja de Seguro Social Bancaria Estatal como entidad bajo la tuición del Ministerio de Salud y Deportes; La Caja de salud de la Banca Privada mereció este reconocimiento, recién el 15 de agosto de 2002, mediante Decreto Supremo Nº 26772, por lo que la aplicación del artículo 53 de la Ley Nº 843 y del inciso f) del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 24204, reglamentario del IPBI, corresponde a partir de la gestión 2002.

Continúa la contestación efectuando una relación de todo lo señalado y argumentado por la demandante, para concluir solicitando al Supremo Tribunal de Justicia, declare improbada la demanda, manteniendo en consecuencia firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0105/2005, de 15 de agosto de 2005.

Finalmente, revisando el proceso se observa que se han cumplido los trámites de rigor, presentando la demandante su réplica de fojas 138 a 140, por la que ratifica los términos de la demanda; y, su dúplica el demandado, de fojas 143 a 146, por la que ratifica y afirma los términos de su contestación, por lo cual, mediante proveído de fojas 147, previo informe de Secretaría de Cámara de Sala Plena, se pronunció el decreto de "Autos para Sentencia", considerando asimismo, el memorial de apersonamiento del nuevo Superintendente Tributario General, Rafael Vergara Sandoval de fojas 151, a cuyo efecto el proveído de fojas 153 establece que por equidad, sin dejar sin efecto el decreto de autos de fojas 147, se tiene por legalmente apersonado al nuevo Superintendente Tributario General.

CONSIDERANDO III: Que por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde al Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General.

CONSIDERANDO IV: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, en relación con los datos procesales y la Resolución Administrativa impugnada, se establece lo siguiente:

1.- El artículo 296 del Reglamento del Código de Seguridad Social, en relación con los artículos 304 y 541 del mismo cuerpo legal, no tienen relación con la litis, pues el inciso d) del artículo 296 se refiere a la Caja de Seguro Social Bancaria y Ramas Afines (las negrillas son nuestras); por su parte, el artículo 304 se encuentra en el Capítulo I, Título II, del Libro V del Reglamento del Código de Seguridad Social, referido a la "Caja Nacional de Seguridad Social"; es decir, que el artículo en cuestión, corresponde a un momento histórico en que éste era el único ente que gestionaba el Sistema de Seguridad Social de manera integral, por lo que no tiene relación ni es aplicable a la Caja de Salud de la Banca Privada; asimismo, en relación con el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 21637, que detalla los entes gestores de los seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo y que forman parte del Sistema Boliviano de Seguridad Social, no hace referencia a la Caja de Salud de la Banca Privada; finalmente, el artículo 541, en relación con el artículo 2 del Decreto Ley Nº 10173 tampoco hacen referencia al ente gestor, ahora demandante.

2.- La referencia al Decreto Supremo Nº 12120, de 31 de diciembre de 1974 no corresponde, pues dicha disposición fue abrogada por el artículo 92 de la Ley Nº 843 de 20 de mayo de 1986.

3.- El artículo 3 de la Ley Nº 924 hace referencia a los porcentajes de aporte destinados a cubrir los regímenes básico y complementario, en las prestaciones que corresponden a cada uno de ellos, así como del aporte estatal destinado a cubrir desajustes presupuestarios, mas no tiene relación alguna con lo demandado por la Caja de Salud de la Banca Privada; por su parte, el artículo 30 del Decreto Supremo Nº 21637 crea la Caja Bancaria de Salud del Sistema Boliviano de Seguridad Social como institución de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión, pero se trata de persona jurídica distinta de la demandante en la especie.

4.- El Decreto Supremo Nº 25289 de 30 de enero de 1999, reconoce la personalidad jurídica de la Caja de Salud de la Banca Privada como entidad gestora del Sistema de Seguridad Social, sin fines de lucro, con autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión del seguro de salud para el sector de la Banca Privada, con sujeción a las disposiciones del Código de Seguridad Social, su Decreto Reglamentario y disposiciones conexas. Esta disposición legal tampoco hace referencia al motivo que dio origen a la demanda planteada en el caso de autos.

5.- La Ley Nº 2492, en su artículo 12 hace referencia a las contribuciones especiales y dentro de estas las que corresponden al Sistema de Seguridad Social, por exclusión en lo que corresponde específicamente a impuestos y tasas. Sin embargo, se debe comprender el contenido del texto en cuanto se refiere a que "El tratamiento de las contribuciones especiales emergentes de los aportes a los servicios de seguridad social se sujetará a disposiciones especiales, teniendo el presente Código carácter supletorio." Es decir, que se refiere al tratamiento tributario de los aportes, que son considerados contribuciones especiales a efectos impositivos, mas no a las obligaciones derivadas de la actividad de los entes gestores.

6.- El Decreto Supremo Nº 26772 de 15 de agosto de 2002, es la Norma Reglamentaria a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, que en su artículo 77 reconoce a la Caja de la Banca Privada, como institución pública, bajo la tuición del Ministerio de Salud y Previsión Social; disposición que fue ratificada por el artículo 39 del Decreto Supremo Nº 27732, de 15 de septiembre de 2004 que se refiere a Readecuaciones al Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo.

7.- Finalmente, se señala en el desarrollo del proceso, el artículo 53 inciso a) de la Ley Nº 843, en relación con el inciso f) del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 24204 de 23 de diciembre de 1995. Al respecto, al hacer referencia a las exenciones sobre el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el inciso a) del artículo 53 de la Ley Nº 843, señala la propiedad del Gobierno Central, las Prefecturas Departamentales, los Gobiernos Municipales y las Instituciones Públicas, dentro de las que se encuentra la Caja de la Banca Privada a partir de la gestión 2002, por mandato del Decreto Supremo Nº 26772, ratificado por el de mismo rango, Nº 27732. Asimismo, el inciso f) del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 24204, Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, realiza la misma descripción en su primera parte; y, más adelante, al referirse a las exenciones dispuestas en los incisos a) al e) del mismo artículo, concede 6 meses de plazo a partir de la publicación del Decreto Supremo o de la aprobación del estatuto que rige su funcionamiento. Asimismo, establece que el plazo señalado es declarativo y no constitutivo, por lo que las instituciones que no formalizaren el derecho a la exención dentro de ese plazo, estarán sujetas al pago del impuesto por las gestiones fiscales anteriores a su formalización administrativa.

8.- La última parte del inciso b) del artículo 53 de la Ley Nº 843, que corresponde a la descripción y ubicación de la Caja de Salud de la Banca Privada respecto de la aplicación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, claramente establece como condición para el goce de una exención, que las entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento ante la Administración Tributaria. Así lo establece también la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia en sus Autos Supremos Nº 57 de 9 de abril de 1996 y Nº 674 de 27 de agosto de 2007.

9.- Que, del análisis precedente, el Supremo Tribunal de Justicia concluye que la Superintendencia Tributaria General al pronunciar la Resolución impugnada, no ha incurrido en ninguna conculcación de normas legales, al contrario realizó correcta valoración e interpretación en su fundamentación técnica-jurídica que se ajusta a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda por la entidad demandante no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos expuestos en la resolución administrativa impugnada.

POR TANTO: La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución 10ª del artículo 55 de la Ley de Organización Judicial, declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fojas 36 a 39, interpuesta por la Caja de Salud de la Banca Privada; en consecuencia mantiene subsistente y con total validez la Resolución del Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0105/2005 de 15 de agosto de 2005, dictada por el Superintendente Tributario General.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

Esta sentencia, de la que se tomará razón donde corresponda, es pronunciada en Sucre, Capital del Estado Plurinacional de Bolivia, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil once años.

No interviene la Ministra Rosario Canedo Justiniano por suspensión dispuesta por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Tampoco intervienen los Ministros Julio Ortiz Linares, Ángel Irusta Pérez y Hugo R. Suárez Calbimonte por ausencia.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

Ministro Relator: Teófilo Tarquino Mújica.

Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Beatriz Sandoval de Capobianco

DECANA

José Luis Baptista Morales

MINISTRO

Teofilo Tarquino Mújica

MINISTRO

Esteban Miranda Terán

MINISTRO

Jorge Monasterio Franco

MINISTRO

Ana Maria Forest Cors

MINISTRA

Ramiro José Guerrero Peñaranda.

MINISTRO

Aideé Martínez Cuba.

ecretaria de Cámara.