SALA PLENA

AUTO SUPREMO: 160/2011.

EXP. N°: 135/2007

PROCESO: Caso de Corte

PARTES Ministerio Publico y otro c/ Moisés Torrez Veizaga y otros del Municipio de Independencia.

FECHA: Sucre, veintiocho de junio dos mil once.


VISTOS EN SALA PLENA: Los recursos de casación y nulidad interpuestos por Mario Garnica Guillén de fojas 1470 a 1474, Patricio Mamani Condori de fojas 1479 a 1484, Virginia Torrez Mamani de fojas 1466 y 1496 a 1502, Moisés Torrez Veizaga de fojas 1494 y 1527 a 1534, y Félix Molle Siles de fojas 1539 a 1544, dentro del proceso penal que en Caso de Corte sigue el Ministerio Público a querella del Presidente de Comité Cívico, el Presidente de las Juntas Vecinales, Zonas Central, Este y Oeste y el Vicepresidente del Comité de Vigilancia del Municipio de Independencia, Capital de la Primera Sección de la Provincia Ayopaya del Departamento de Cochabamba, por los delitos de peculado, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los artículos 146, 154, 221 y 224 todos del Código Penal, los antecedentes de la causa, el requerimiento del Fiscal General de la República de fojas 1554 a 1558; y

CONSIDERANDO I: Que, a fojas 77 a 79 del 1er. Cuerpo, cursa la querella interpuesta por Gualberto Valverde Guzmán, Andrés Céspedes Guzmán, Roberto Quispe Calcina, Roberto Batallanos Ortega y Armando Zeballos Gutiérrez, que dio lugar al Auto Inicial de la Instrucción de fecha 16 de diciembre de 1998 que corre a fojas 218 del 2do. Cuerpo, por el que se instruyó sumario penal en "Caso de Corte" contra Mario Garnica Guillén, Virginia Torrez Mamani, Félix Molle Siles, Patricio Mamani Condori y Moisés Tórrez Veizaga, emitido por la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, comisionando la substanciación de la instrucción a Juez de Partido de Turno en lo Penal de la Capital, proceso que concluyó con el Auto Final de Procesamiento de 7 de octubre de 1999 fojas 467 a 471 del 3er. Cuerpo, emitido por la Corte Superior del Distrito de Oruro, contra todos los imputados nombrados.

Que, cumplidos los trámites de ley, se dictó la Sentencia de 7 de abril de 2006 que cursa de fojas 1441 a 1445 del 8vo. Cuerpo, por la Sala Plena de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declarando a los procesados: 1) Mario Garnica Guillén, autor del delito de conducta antieconómica, tipificado en el art. 224 del Código Penal, condenándolo a la pena de cuatro años de reclusión en el Penal de San Sebastián varones de la ciudad de Cochabamba, con costas a favor del Estado y absuelto por los delitos de peculado y uso indebido de influencias previstos en los artículos 142 y 146 del Código Penal; 2) A Virginia Torrez Mamani, autora del delito de conducta antieconómica, tipificado en el art. 224 del Código Penal, condenándola a la pena de cuatro años de reclusión en el Penal de San Sebastián mujeres de dicha ciudad, con costas a favor del Estado y absuelta por los delitos de peculado y uso indebido de influencias, previstos en los artículos 142 y 146 del Código Penal; 3) A Patricio Mamani Condori y Félix Molle Siles, autores del delito de conducta antieconómica, sancionado en el artículo 224 del Código Penal, condenándolos a cada uno, a la pena de tres años de reclusión en el penal de San Sebastián varones también de la misma ciudad, con costas a favor del Estado y absueltos por los delitos de peculado y uso indebido de influencias previsto en los artículos 142 y 146 del Código Penal; 4) Finalmente a Moisés Torrez Veizaga, autor del delito de conducta antieconómica, tipificado en el artículo 224 del Código Penal, condenándolo a la pena de dos años de reclusión en el Penal de San Sebastián varones de dicha ciudad, con costas a favor del Estado y absuelto por los delitos de peculado, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Imponiendo también a todos los procesados, costas y responsabilidad civil a favor de la H. Municipalidad de Independencia.

Que, contra este fallo Virginia Torrez Mamani, interpone recurso de nulidad y casación por memorial de fojas 1466 fundamentando por escrito de fojas 1496 a 1502; a su vez Mario Garnica Guillen, interpone recurso de casación a fojas 1470-1474 , al igual que Patricio Mamani Condori por memorial de fojas 1479 a 1484, en tanto que Moisés Torrez Veizaga interpone recurso de casación inicialmente por escrito de fojas 1494 que fundamentó de fojas 1527 a 1534; finalmente Félix Molle Siles, recurre de casación mediante memorial de fojas 1539 a 1544 de obrados.

CONSIDERANDO II: Que, de la revisión de los antecedentes del proceso, se evidencia lo siguiente:

1) Está demostrado que Moisés Tórrez Veizaga y Mario Garnica Guillen, durante la gestión 1996, ejerciendo las funciones de Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Independencia, respectivamente, constituyeron con los recursos de coparticipación tributaria de la 1ra. Sección Municipal de la Provincia Ayopaya, depósitos a plazo fijo (DPF`s), a título personal en el Banco Internacional de Desarrollo S.A. (BIDESA); luego estos DPF`s en febrero de 1997 fueron ratificados por Mario Garnica Guillén y Virginia Tórrez Mamani, Alcalde y Presidenta del Concejo Municipal para ese entonces, a su nombre y con autorización de los Concejales Félix Molle Siles y Patricio Mamani, respaldándose en Resoluciones Municipales, dictadas en sesión privada y extraordinaria, cuyos depósitos ascendía a la suma de $us 679.282.- dividida en ocho DPFs, con plazos y montos diferentes.

2) En efecto, la actuación de los imputados en los hechos que motivaron la presente causa penal, tiene como origen el año 1996, durante la gestión del Alcalde Moisés Torres, quien constituyó a su nombre y de Mario Garnica depósitos a plazo fijo (DPF`s), utilizando recursos de coparticipación tributaria, teniendo como precedente la Resolución Municipal 063/96 de 13 de abril de 1996, dictada por el Gobierno Municipal de Independencia, en el que participaron tan sólo dos de sus cinco concejales, Félix Molle y Patricio Mamani, careciendo en consecuencia dicha Resolución de eficacia jurídico administrativa e inaplicable en sus efectos en razón de constituir un acto ilegal con el que se efectivizó un depósito privado con fondos públicos.

3) Este hecho ilícito fue reiterado el año 1997, con la participación de Virginia Torres Mamani, en calidad de Presidenta del Concejo Municipal aprobando junto al Concejal Félix Molle la Resolución Municipal 003/97, disponiendo de manera arbitraria que los recursos del Gobierno Municipal sean transferidos a DPF's a su nombre y de Mario Garnica, dineros que pese a la Sentencia dictada por el Juez de Independencia, acreditando la propiedad de los DPF`s ante la imposibilidad de convertirlos en dinero efectivo, fueron restituidos como Certificados de Devolución de Depósitos (CDD's) en la suma $us. 439.691, no pudiendo recuperar el saldo. Además consta que la Resolución Municipal 003/97 fue aprobada en Sesión Ordinaria de 3 de abril de 1997, que según el orden del día tratado, no autorizó la apertura de depósito en dólares ni la compra de equipos, que empero fue aprobado por la procesada y el Concejal Félix Molle en la Resolución referida.

 

4) El proceso informa con relación a Mario Garnica Guillén, que en su condición de Presidente del Concejo, durante la gestión 1996 del Alcalde Municipal Moisés Torrez Veizaga, solicitó autorización para constituir depósitos de ahorro en una cuenta particular que abrió a su nombre en BIDESA, en virtud a la Resolución Municipal 063/96, que si bien no fue suscrita por su persona, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal no observó la ilegalidad de la solicitud y peor aún constituir los DPF's en forma privada y a su nombre, es más ha mantenido este hecho ilícito cuando con posterioridad desempeñó el cargo de Alcalde Municipal, también sobre la ilegal Resolución Municipal 003/97 de 3 de abril de 1997, suscrita por Virginia Torres y Félix Molle en su calidad de Concejales Munícipes a nombre de los que se constituyeron los nuevos depósitos de manera privada.

5) De igual forma, con referencia a Félix Molle Siles, Vicepresidente del Concejo Municipal del Municipio de Independencia, como se tiene referido en los párrafos anteriores, autorizó al Alcalde de ese entonces Moisés Torrez, la apertura de una caja de ahorro en dólares americanos, que el nombrado Alcalde aperturó a su nombre una cuenta privada en el Banco BIDESA, actitud ilegal producto de la aprobación de la Resolución Municipal Nº 063/96 que autorizó el ilícito, que posteriormente fue repetido en la Resolución Municipal Nº 003/97, permitiendo que los DPF's inicialmente en las cuentas de Moisés Torrez, sean transferidas a las cuentas de Mario Garnica y Virginia Torrez, en base a la resolución que suscribió Félix Molle, en su calidad de Vicepresidente del Concejo Municipal, consolidando de esta manera un acto irregular y doloso.

6) En lo que respecta a Patricio Mamani, que desempeñó como Secretario del Consejo Municipal de la gestión 1996 a febrero de 2000, participó suscribiendo la Resolución Municipal Nº 063/96, que fue aprovechada por Moisés Torrez y Mario Garnica para constituir los DPF's de 1996 en cuenta privada del BIDESA.

 

7) Finalmente, con referencia al procesado Moisés Torrez Veizaga, éste fue el primero que realizó el depositó de DPF`s a su nombre y de Mario Garnica, de los dineros pertenecientes al Gobierno Municipal de Independencia, en el Banco BIDESA, apoyándose en una ilegal autorización del Concejo Municipal; a ello se suma la manera ilícita de entrega como anticipo el monto de Bs. 86,975.- a la empresa OTEPRO por concepto del 20% de las obras que supuestamente contrató vía licitación, pero que no consta en obrados haberse cumplido el procedimiento licitatorio llevado a cabo en el marco del subsistema de contratación NBSABS (RS 216145), en consecuencia, dicho contrato fue suscrito al margen de la ley, peor aún sin haber recibido las obras en forma provisional o definitiva.

CONSIDERANDO III: Que, conforme a lo precedentemente relacionado se establece que según el criterio del Tribunal que dictó la Sentencia, los ocho DPF's que constituyó en el Banco BIDESA Moisés Tórrez Veizaga, a su nombre y el de Mario Garnica Guillén, con recursos de coparticipación tributaría del Gobierno Municipal de Independencia, conforme evidencia de la certificación de fojas 449-452; estos DPF's, fueron cancelados en fecha 3 de abril de 1997 y cobrado sus intereses por los antes nombrados, constituyéndose el mismo día de cancelación en nuevos DPF's a nombre de Virginia Tórrez Mamani y Mario Garnica Guillén, cuya contabilización se mantuvo a más de ocho meses, hasta la liquidación del Banco BIDESA el 12 de diciembre de 1997. Depósitos a plazo fijo (DPF's), que fueron subrogados posteriormente ante el Banco Central de Bolivia a favor del Gobierno Municipal de Independencia, mediante Certificados de Devolución de Depósitos (CDD's) hasta alcanzar la suma de $us. 439.691, recogidos por Mario Garnica Guillen y Virginia Torrez Mamani, en fecha 14 de abril de 1999, con un saldo no subrogado de $us. 239.691 constituido en una acreencia extraconcursal, cuyo pago está sujeto al proceso de liquidación del Banco BIDESA.

Estos Certificados de Devolución de Depósitos (CDD's) sirvieron luego para que a través de la Resolución Municipal de 5 de noviembre de 1999, se autorice la firma de un contrato para la adquisición de maquinaria pesada, cuya escritura pública de transferencia fue suscrita en fecha 17 de noviembre de 1999, por el Gobierno Municipal de Independencia representado por Mario Garnica Guillen y Roberto Dick Moya por la Empresa PROMISA Ltda., cuyo pago endosado con los CDD's alcanzo a la suma de $us. 434.691, con el reconocimiento de un interés del 9,70% anual, desde el 12 de diciembre de 1999, fecha de la entrega física de la maquinaria, que para el caso significó un gasto adicional de $us. 123.248, por lo que el costo total de la compra subió a $us. 608.249, con la aceptación que tal saldo sería cubierto con ocho letras de cambio, sin embargo, la prueba adjuntada al proceso, entre ellas las fotografías no acreditaron la adquisición efectiva y legal de la maquinaria, porque pese haberse realizado el pago anticipado de un contrato que no cumple los requisitos administrativos de licitación del subsistema de contratación de bienes y servicios, conforme previene el artículo 14 de la R.S. Nº 215475 de 3 de agosto de 1995 referente a Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicio (NBSABS), que debieron precederlo para que el contrato tenga validez y legalidad, en concordancia con la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), tales como demostrar el cumplimiento de las etapas del proceso de contratación, entre ellas: 1) Programación de la compra, verificándose el origen de los fondos, la existencia de una partida presupuestaria y su disponibilidad; 2) pliego de condiciones; 3) convocatoria pública; 4) presentación y recepción de propuestas; 5) apertura de propuestas; 6) calificación y preselección; 7) adjudicación; 8) contratación; 9) cumplimiento de contrato; 10) pago. El cumplimiento de estos requisitos no se acreditó documentalmente ni cursan en obrados.

Asimismo, con el informe del Agente de la Bolsa CAISA, se evidencia que la conversión del valor nominal de los CDD's estaba establecida a la fecha de su vencimiento en $us. 316.725, arrojando una pérdida de $us. 362.657, es decir, que del monto de $us. 679.382 constituidos en DPF's a título personal de Virginia Torrez Mamani y Mario Garnica Guillen, fueron recuperados a través de CDD's solamente $us. 434.691, reducidos a la fecha de su vencimiento por la reconversión de su valor nominal en la Bolsa de Valores a $us 316.725; lo expuesto demuestra que el municipio de Independencia, llegó a perder un monto de $us. 362.657, a causa de haberse realizado los depósitos a plazo fijo en cuentas privadas del BIDESA.

Los hechos así suscitados en los que participaron directamente los procesados que resultan ser responsables penalmente, conforme determinó la Sala Plena de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba a tiempo de dictar Sentencia, previa valoración individual de su conducta respecto a los hechos y la prueba cursante en obrados; "esta responsabilidad se impone precisamente por la calidad de funcionarios públicos, que constituye el elemento esencial que el tipo penal requiere en los sujetos activos del delito, que ejerciendo cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causaren por mala administración o dirección técnica, o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado", elementos constitutivos del tipo penal en que han incurrido los encausados, adecuando su conducta en la sanción del delito de conducta antieconómica previsto en el artículo 224 del Código Penal, en concordancia con los artículos 3, 10, 28 inciso a) y 34 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), artículos 3, 5, 60 y 62 del Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y, normas conexas de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 696 de 10 de enero de 1985), en cuya vigencia se cometieron los ilícitos que motivan el presente proceso penal, siendo esta la razón también por la que se aplican en el caso de autos, tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal de 1972.

CONSIDERANDO IV: Que, del estudio de los datos procesales y los recursos de casación y nulidad interpuestos por los procesados, se concluye lo siguiente:

1) Con referencia al recurso de casación y nulidad interpuesto por Virginia Torrez Mamani, cursante a fojas 1466, se colige que no cumple los requisitos establecidos en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal de 1972, relativos al contenido del recurso, porque la recurrente "no realizó la especificación de los motivos que justifican el recurso citando la ley o leyes procesales cuya inobservancia se impugna, o de las leyes sustantivas o de fondo cuya violación se acuse por uno u otro motivo, indicando en qué consiste el quebrantamiento de las primeras y la violación de las segundas"; por consiguiente, en el marco de lo previsto en el artículo 307 inciso 1) de la citada norma adjetiva penal, corresponde declarar improcedente; toda vez que está comprobada su responsabilidad penal en los hechos que se juzga.

A mayor abundamiento se hace constar que el memorial de fojas 1496 a 1502, por el que fundamenta su recurso, fue presentado recién el 22 de julio de 2006, fuera del plazo de 10 días previsto por el artículo 303 del mismo cuerpo legal, es decir, no se considera por su presentación extemporánea, porque la nombrada fue notificada con la sentencia el 18 de abril de 2006, conforme consta a fojas 1457, de obrados.

2) Con relación al recurso de casación de fojas 1470 a 1474, interpuesto por Mario Garnica Guillén, no obstante los fundamentos expresados, no eximen su participación y responsabilidad penal en los hechos que motivan su juzgamiento, por su ilegal actuación al haber permitido que recursos financieros del Gobierno Municipal de Independencia sean depositados en el Banco BIDESA constituidos como DPF's a su nombre y del alcalde Moisés Torrez Veizaga (en la gestión 1996), repitiendo esa conducta con posterioridad constituyendo los DPF's a su nombre cuando fungía el cargo de Alcalde Municipal y de Virginia Torrez Mamani, Presidenta del Concejo Municipal, en la gestión 1997; hecho que determinó que el Tribunal dicte Sentencia condenatoria en su contra, realizando una correcta valoración de los hechos suscitados, la prueba cursante en obrados y la normativa legal citada, al concluir que la conducta del recurrente se adecua en la sanción penal tipificada en el artículo 224 del Código Penal, al estar demostrada la comisión del delito, no requiere previamente de proceso interno que establezca algún tipo de responsabilidad, conforme expresó el procesado como fundamento de su recurso.

Se hace constar asimismo que en lo referente a la excepción de prescripción también planteado en el recurso, ya fue resuelto con anterioridad por la Sala Plena del Tribunal Supremo mediante Auto Supremo Nº 216/2007 de 29 de agosto de 2007, cursante de fojas 1561 a 1568, que rechazó con los fundamentos legales en ella expuestos, al presente no amerita su consideración.

En la especie, los argumentos expuestos en el recurso carecen de fundamento y justificación, precisamente al no haber acreditado de modo alguno la violación aducida de normas sustantivas, infracción indirecta, aplicación indebida y/o interpretación errónea de la ley, por lo tanto en aplicación del artículo 307 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal de 1972, corresponde declarar infundado.

3) La determinación precedente también se aplica al recurso de casación interpuesto por Patricio Mamani Condori, cursante de fojas 1479 a 1484, por cuanto los argumentos contenidos en el texto de este recurso, son los mismos que fueron utilizados por Mario Garnica Guillen.

En efecto, la excepción de prescripción ya fue resuelta por Auto Supremo Nº 216/2007 de 29 de agosto, desestimándose, por no reunir los requisitos normativos para su procedencia. En cuanto al argumento del recurso, que no existen dictámenes de la Contraloría ni sumarios internos del Gobierno Municipal que cuestionen su desempeño como Concejal detectando algún tipo de responsabilidad, no es causa para ser excluido del proceso penal seguido en su contra, precisamente porque al ejercer una función pública, todos los procesados tenían la obligación de desempeñar con solvencia, idoneidad y transparencia que no observaron por la deficiente supervisión municipal que provocó daño patrimonial a la Alcaldía Municipal de Independencia; por esta razón corresponde también declarar infundado este recurso.

4) Respecto al recurso de casación de fojas 1527 a 1534, interpuesto por Moisés Torrez Veizaga, en apoyo del artículo 33 de la Ley SAFCO aduce que no puede existir responsabilidad alguna si no se ocasionó daño o perjuicio patrimonial, al justificar que habiendo depositado los dineros de la municipalidad en una cuenta bancaria a plazo fijo no ocasionó ningún daño o perjuicio patrimonial, al contrario su propósito fue obtener mayor beneficio para la Alcaldía, que supuestamente se habría beneficiado con la suma de $us. 60.000; de otra parte, del informe de auditoria emitido por la Contraloría Departamental, cursante a fojas 985, no se estableció indicio de responsabilidades por la función pública en su contra, finalmente, que se presume la licitud de sus actos en función de artículo 28 inciso b) de la Ley SAFCO.

Sin embargo, los fundamentos expresados precedentemente, sobre la efectivización de depósitos privados en el Banco BIDESA, son concluyentes para determinar que el recurrente fue el primero en constituir a título personal y de Mario Garnica Guillén los DPF's con recursos financieros del Gobierno Municipal de Independencia, que por la quiebra de dicha entidad bancaria generó una perdida económica para el municipio de $us. 362.657, precisamente por haberse realizado los depósitos a plazo fijo en cuenta privada.

Independientemente a este hecho ilegal, se suma el anticipo que en su calidad de Alcalde Municipal otorgó sobre 6 contratos de ejecución de obras a la empresa OTEPRO por Bs. 86.975, sin acreditar el cumplimiento de los requisitos de una licitación pública conforme a ley, contrariamente en forma posterior decidió la disolución de los contratos con la empresa OTEPRO sin ejecutar las garantías ni recuperar los anticipos, ya que no existió actas de entregas provisionales o definitivas de las obras que hubieran sido ejecutadas por dicha empresa, tampoco informes del Inspector de Obras, ni facturas por la prestación de servicios, situación que demuestra también perjuicio económico para dicho municipio.

Todos estos hechos, conducen a establecer que su conducta (como acertadamente calificó el Tribunal que dictó la sentencia), se subsume en el ilícito penal previsto en el artículo 224 del Código Penal, por lo que, en aplicación del artículo 307 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal de 1972, corresponde declarar infundado el recurso deducido por Moisés Torrez Veizaga.

5) Finalmente, sobre el recurso de casación de fojas 1539 a 1544, interpuesto por Félix Molle Siles, se advierte de obrados que en cumplimiento del Auto de 22 de febrero de 2007 (fojas 1516), fue notificado mediante cédula el día sábado 3 de marzo de 2007 a horas 11:00 am., conforme asevera la diligencia de fojas 1518 del expediente, momento a partir del cuál corre el término de 10 días para la interposición del recurso, no admitiendo prórroga ni restitución, según previene el artículo 303 del citado Código de Procedimiento Penal, sin embargo de obrados se observa que el recurso fue presentado recién el día 13 de marzo de 2007 (13/3/07) a horas 17:50, es decir fuera del plazo legal, correspondiendo en consecuencia en aplicación del artículo 307 inciso 1) de la citada norma legal declarar improcedente, por su presentación extemporánea del recurso.

POR TANTO: La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el requerimiento del Fiscal General de la República de fojas 1554 a 1558, con la facultad conferida por el artículo 55 numeral 26 de la Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455 de 18 de Febrero de 1993) y, en aplicación del artículo 307 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal (aprobado por D.L. Nº 10426 de 23 de agosto de 1972), declara IMPROCEDENTES los recursos interpuestos por Virginia Torrez Mamani de fojas 1466 y 1496 a 1502 y de Félix Molle Siles, cursante de fojas 1539 a 1544 de actuados; asimismo en aplicación del artículo 307 inciso 2) del citado compilado adjetivo penal, declara INFUNDADOS los recursos interpuestos por Mario Garnica Guillén, Patricio Mamani Condori y Moisés Torrez Veizaga, cursantes de fojas 1470 a 1474, 1479 a 1484 y 1527 a 1534 de obrados, respectivamente, por no ser ciertas ni evidentes las infracciones de leyes acusadas en los recursos planteados por los nombrados.

No interviene la Ministra Rosario Canedo Justiniano por suspensión dispuesta por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MINISTRO RELATOR: JULIO ORTIZ LINARES.

Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Beatriz Sandoval de Capobianco

DECANA

Julio Ortiz Linares

MINISTRO

José Luis Baptista Morales

MINISTRO

Ángel Irusta Pérez

MINISTRO

Hugo R. Suárez Calbimonte

MINISTRO

Teofilo Tarquino Mújica

MINISTRO

Esteban Miranda Terán

MINISTRO

Jorge Monasterio Franco

MINISTRO

Ana Maria Forest Cors

MINISTRA

Ramiro José Guerrero Peñaranda.

MINISTRO

Aideé Martínez Cuba.

ecretaria de Cámara.