SALA PLENA

AUTO SUPREMO: 116/2012.

EXP. N°: 325/2011.

PROCESO: Extradición.

PARTES Embajada de la República de Italia en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el ciudadano italiano Stefano Ferrari.

FECHA: Sucre, cuatro de mayo de dos mil doce.


VISTOS: La solicitud de complementación de la Sentencia 111/2012 de 18 de abril de 2012, formulada por Stefano Ferrari, y

CONSIDERANDO: Que en el memorial que cursa de fs 585 a 588, Stefano Ferrari solicita explicación, complementación y enmienda en los siguientes términos:

Haciendo una relación histórica de la suscripción del Tratado de Paz, Amistad y Extradición de 18 de octubre de 1890, suscrito entre Bolivia e Italia, con vigencia de diez años, ampliable por un año más, solicitó se explique cómo es posible que un Tratado de Paz, Amistad y Extradición suscrito en 1890 siga vigente luego de que Bolivia declaró la guerra a Italia. Añadió que una vez concluida la guerra no se hubiese suscrito otro tratado.

En la sentencia se menciona la existencia de dos sentencias en el país requirente, la primera referida al cúmulo de 20 de octubre de 2005 y la segunda de 11 de julio de 2008, y que fue este Tribunal que efectuó un cúmulo, en tal sentido, se explique en qué parte de la legislación boliviana existe el cúmulo de penas, si en todo caso, el artículo 152 del Código de Procedimiento Penal prohíbe esa práctica, que da lugar a condenas perpetuas y permanentes.

También se afirmó que la Embajada de Italia adjuntó las sentencias condenatorias existentes contra él, y que revisado el expediente no encontró la sentencia dictada en su contra por el Tribunal de Brescia, el año 2002, por lo que pide se señale a qué fojas y en qué cuerpo cursa dicha sentencia.

Que conforme a las disposiciones del artículo 117-I de la Constitución Política del Estado y 90 del Código de Procedimiento Penal, no se permiten los juicios en rebeldía y que la justicia argentina - con un sistema penal similar al boliviano- rechazó un pedido de extradición por ese motivo, entonces, se explique cuándo los juicios en rebeldía, fuera de los casos de corrupción son válidos en Bolivia?

También se afirmó que no existe proceso penal en su contra, basando dicha afirmación en un certificado del REJAP, cursante a fs. 439 y no 438 como se manifiesta en la sentencia, el cual en ningún caso acredita si tiene o no tiene un proceso pendiente en Bolivia; es más, por el certificado de fs. 471 consta lo contrario, vale decir que existe en su contra una investigación penal signada con el Nº IANUS 701199201144399. Se explique si esa verdad material no tiene importancia, no debe ser considerada ni aplicada.

Se complemente en sentido, de si el tiempo de su detención preventiva con fines de extradición será computado como tiempo de cumplimiento de la condena.

Se complemente, en caso de ser trasladado a Italia, que ese gobierno debe dar garantías para que su esposa e hija puedan visitarle libremente.

Al ser evidente que se encuentra procesado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y falsedad ideológica, material y uso de instrumento falsificado, causa radicada en el Juzgado 4º de Instrucción Penal Cautelar del Distrito Judicial de Santa Cruz, en tal sentido, se enmiende la Sentencia pronunciada disponiendo la ejecución diferida de la extradición.

CONSIDERANDO: Que el artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, reconoce a las partes la facultad de solicitar la explicación, complementación y enmienda de las resoluciones judiciales, con la finalidad de que el tribunal aclare las expresiones oscuras, supla alguna omisión o corrija cualquier error material o de hecho, contenido en sus actuaciones y resoluciones.

Aunque la Sentencia 111/2012 de 18 de abril de 2012 es clara en sus términos, se hace constar lo siguiente:

El Tratado de Amistad y Extradición suscrito entre Bolivia e Italia el 18 de octubre de 1890, aprobado con Ley de 12 de diciembre de 1900, vigente desde el 7 de enero de 1901 con el intercambio de ratificaciones hasta la fecha, porque no fue denunciado al cumplirse su plazo inicial de vigencia, así lo acredita la certificación emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que solicitó este Tribunal y que cursa en el archivo de la Secretaría de Sala Plena y que ha sido presentado ante el Tribunal de Garantías el 25 de los corrientes.

De conformidad con el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, el proceso concluido con la Sentencia 111/2012, ha sido tramitado con arreglo al Tratado de Extradición vigente y con base en la documentación presentada por el Estado requirente, cuya legislación permite los cúmulos de penas. En todo caso, la pena impuesta no excede de treinta años, que es el único límite impuesto por nuestra legislación.

En la Sentencia 111/2012, se mencionan los documentos que han servido de base para el pronunciamiento, en todo caso, no corresponde explicar nada sobre este punto, puesto que la documentación extrañada cursa de fs. 6 a 317.

El trámite de extradición no es un proceso penal que se tramite en Bolivia, sino que es una solicitud de cooperación judicial internacional, por la cual se entrega a la persona requerida en extradición, previo cumplimiento de los requisitos señalados en los tratados correspondientes, que se constituyen en el marco legal que rige la tramitación y resolución de dichas solicitudes. Se recuerda que por el principio de autodeterminación del cada Estado, la jurisprudencia sobre la materia no es vinculante.

Con relación a la existencia de un proceso en su contra, se tiene que una vez emitido el Auto Supremo Nº 225/2011 de 23 de septiembre de 2011, se ordenó a los juzgados en materia penal y las Salas Penales del Distrito Judicial de Santa Cruz, informe sobre la existencia y estado de algún proceso penal en contra de Stefano Ferrari, habiéndose recibido las certificaciones de fs. 439 y 471, que acreditan que no existían en su contra procesos penales ni sentencias condenatorias ejecutoriadas, documentos expedidos por autoridades competentes y que merecen plena fe y que en todo caso, son posteriores a la documentación cursante en el anexo que da cuenta de la existencia de una investigación el año 2011, en todo caso, en la valoración efectuada se consideró los informes posteriores.

Cursa en la Sentencia pronunciada por este Tribunal, la fecha de su detención preventiva con fines de extradición, correspondiendo que dicho tiempo sea computado como tiempo de cumplimiento de la condena.

No corresponde a este Tribunal.

No ha lugar a disponer la ejecución diferida por las razones expuestas, siendo necesario recordar además, que dicha facultad es privativa del Tribunal conforme a las normas del tratado de extradición, máxime si el procesado no acreditó oportunamente la existencia de proceso penal en Bolivia, cuando tuvo oportunidad.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, declara:

Téngase por complementada la Sentencia Nº 111/2012 de 18 de abril de 2012, únicamente en cuanto, a que el tiempo de la detención preventiva con fines de extradición deberá ser analizada por los Tribunales del país requirente, computada como tiempo de la condena.

No ha lugar a la enmienda solicitada, excepto por lo referido al certificado de REJAP, que corresponde a fs. 439.

Regístrese y hágase conocer.

 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

PRESIDENTE

Jorge I. Von Borries Méndez

DECANO

Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Antonio G. Campero Segovia

MAGISTRADO

Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Norka N. Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO

 

Darwin Vargas Vargas

ecretario de Sala Plena