SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Expediente Nº 402/01

AUTO SUPREMO Nº 243 - Social Sucre, 19 de agosto de 2005.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Gloria Marleny Salazar Ayala c/ Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANCIA COOP. LTDA.

RELATOR: MINISTRO DR.- Carlos Rocha Orosco.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 88-90, interpuesto por Gloria Marleny Salazar Ayala, contra el Auto de Vista de fs. 84, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por la recurrente contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANCIA COOP. LTDA., sobre pago de beneficios sociales; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO: Que planteada la demanda a fs. 14-16, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz la tramita conforme a ley y dicta Sentencia fs. 66-67 declarando IMPROBADA la demanda. En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, a fs. 84 pronunció Auto de Vista CONFIRMANDO la sentencia apelada; fallo que motivó el recurso que acusa infracción por interpretación errónea del art. 2º del D.S. de 9 de marzo de 1937, así como por haberle imputado, con interpretación errónea, un inexistente abandono de trabajo, solicitando en consecuencia la casación del auto de vista y deliberando en el fondo, se declare PROBADA la demanda.

CONSIDERANDO: Que la controversia traída en casación, se circunscribe a un solo punto: Las causas de la desvinculación laboral; que para el Juez de primera instancia, como para el Tribunal de Apelación, coincidentes ambos con el demandado, constituyó el abandono de trabajo y, para la actora, las ostensibles presiones psicológicas ejercidas por el empleador en su contra. Siendo así, corresponderá a este Tribunal, para expedir juicio sobre el derecho, resolver previamente aquel presupuesto fáctico, en el marco de las siguientes precisiones:

1.- La demandante tiene denunciado que, en fecha 30 de noviembre de 1999, fue convocada a una reunión con el Presidente Ejecutivo de la entidad demandada, en la que se le requirió determinada información, que por no ser de su conocimiento, no fue prestada por la actora, lo que motivó que el empleador le prevenga en la misma reunión de iniciarle un sumario interno, procediendo en la misma fecha al congelamiento de su caja de ahorro en el que se depositaban sus haberes mensuales. Posteriormente, el 1 de diciembre del mismo año, se promovió el cambio de su puesto de trabajo -de Secretaria de Gerencia al de Secretaria de Crédito-, con el agregado que, para este nuevo puesto, no se le asignó ni funciones ni escritorio y, por último, el 4 de diciembre, se le ordenó tomar vacaciones por seis días. Ante tales hechos, el 6 de diciembre del mismo año, acudió a dependencias del Ministerio del Trabajo a efectos de solicitar amparo de sus derechos laborales, entendiendo que estaban siendo vulnerados.

En el juicio de hecho como de derecho del juez de primera instancia como del Tribunal de Apelación, oyendo al demandado, establecen que, si bien existió el cambio de funciones, éste obedeció a una "rotación de funciones", sin incidencias en el haber mensual y que fue dispuesta por el empleador en el marco de sus facultades administrativas y que, por tal circunstancia, no tiene aplicación la previsión del D.S. de 9 de marzo de 1937, referida al retiro indirecto por rebaja de sueldos. Asimismo, se concluye que la vacación es una facultad potestativa del empleador ya sea en sujeción de un rol preestablecido o por cuestiones de mejor servicio y que al no haberse restituido la actora a su puesto laboral, luego de haber vencido el término de la vacación, incurrió en abandono de trabajo previsto por el art. 16-d) de la Ley General del Trabajo y 9º de su

Decreto Reglamentario.

2. Así el juicio conclusivo, se destaca por su marcado abandono de la verdad material que consta en el expediente para asumir convencimiento sustentado únicamente en aseveraciones del demandado, sin respaldo probatorio, a excepción de las utilidades que no se obtuvieron, de modo que haga viable el pago de la prima reclamada en la demanda. En efecto: No cursa en el expediente prueba alguna que haga evidente o por lo menos presumir, que el cambio de funciones en la forma que fue dispuesta -sin memorándum, sin la asignación de escritorio y sin la asignación de funciones-, sea una liberalidad contractual del empleador, lo que debió ser demostrado adjuntando el contrato, el reglamento interno o el manual de funciones de la entidad. No cursa en el expediente material probatorio que permita presumir, mucho menos establecer fundadamente, que la vacación concedida obedeció a un rol preestablecido, en el marco del art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo o que se haya debido a razones de mejor servicio. Finalmente, Tampoco cursa en el expediente que el congelamiento de la Caja de Ahorros de la actora haya tenido origen legal.

Que, contrariamente a lo establecido por el Tribunal Ad quem, lo que sí se encuentra probado es que, en los hechos, ha existido un ostensible acoso moral ejercido por el empleador contra la actora, a efectos de lograr su renuncia.

El acoso moral en el trabajo, entendido en la doctrina como "mobbing" o "psicoterror laboral", se encuentra configurado por conductas deliberadas del superior (vertical) o de los pares (horizontal), que lesionan la dignidad o integridad psíquica o social del trabajador, con incidencias en la degradación de las condiciones laborales, emergente de la humillación o el hostigamiento ejercido, ya sea mediante actos de discriminación (racial, de género, sexo, etc.), aislamiento social, cambios de puesto, no asignarle tareas o asignarle tareas inocuas o degradantes o de imposible cumplimiento, insultos, amenazas o cualquier otra que suponga maltrato psicológico, de los que se generan dos alternativas: la disolución voluntaria del vínculo laboral, que constituye
generalmente la finalidad del acoso o la sumisión del trabajador, con sus consecuentes secuelas en el deterioro de la salud.

En el caso que nos ocupa, se tiene sobradamente probado con las literales y testificales de fs. 4, 5, 9, 10-10 vlta. y 45-46 de obrados que la actora fue objeto de acoso moral en su trabajo y, siendo así, negarle los derechos laborales como aconteció en autos, no tiene significación distinta a la injusticia. Si bien es cierto que la figura del acoso moral o los actos de hostigamiento en el trabajo no se encuentran previstos en nuestro sistema jurídico como causales de retiro, no debe constituirse en óbice para la realización de la justicia, más aún si la dignidad y la justicia, constituyen valores supremos consagrados por los arts. 6-II y 1-II, respectivamente, de la Constitución Política del Estado, así como el trabajo constituye un derecho reconocido por los arts. 7-d) y 157 de la Carta Fundamental y arts. 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

De lo anteriormente expuesto y aún asumiendo que en la materia no se ha demostrado la rebaja de sueldos que haga aplicable las previsiones del art. 2º del DS. de 9 de marzo de 1937, no corresponde atribuir a la voluntad de la actora las causas de la desvinculación laboral, -mucho menos en amparo del art. 16 inc. d) de la Ley General del Trabajo, por la expresa derogatoria de esta causal contenida en el art. 2º de la Ley de 23 de noviembre de 1944-, por cuanto la determinación asumida por la actora -de romper el vínculo laboral- tuvo origen en los actos hostiles del empleador; así lo ha establecido esta Corte en similares casos, al establecer que: "no se advierte que el actor haya abandonado su fuente laboral por motivos que puedan imputarse como de su responsabilidad. En efecto, no se aporta evidencia alguna que la entidad demandada haya desvirtuado el retiro de su tarjeta y los actos de hostigamiento denunciados en la demanda" (AS. 088 - SS-I de 19.02.04); así también en el AS. 158 - SS-1 de 01.08.03 al señalar que "el empleador procedió a la reasignación de funciones con rebaja de sueldos de la actora [...] y simultáneamente le cursó carta de preaviso, decisión ésta que, si bien se ampara en el DS. 21060, se contrapone a la Ley 975 de mayor jerarquía y, lo más relevante, coloca a la trabajadora en situación de incertidumbre y deterioro moral, por el manifiesto hostigamiento que importa la actitud del empleador...".

Por último, de la revisión de obrados, se advierte que los únicos hechos probados son: que la entidad demandada, no obtuvo utilidades en las gestiones 98-99, de modo que haga viable el pago de la prima demandada y que las vacaciones de la actora, por confesión de parte, fueron cubiertas hasta el 1 de julio de 1999, quedando, por consiguiente, como obligatorio, el pago por los últimos 5 meses.

Consecuentemente, encontrándose justificadas las alegaciones del recurso, se abre la competencia del Tribunal Supremo para la casación prevista en el art. 274-I del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la materia, por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, CASA el Auto de Vista recurrido y, deliberando en el fondo, dispone el pago de Bs. 10.198, por concepto de desahucio, indemnización y vacaciones, conforme al siguiente detalle:

Tiempo de servicios: 1 año, 5 meses y 4 días.

Sueldo promedio Bs. 2.200

Desahucio Bs. 6.600

Indemnización Bs. 3.140

Vacación ( 5 meses) Bs. 458

Total Bs.10.198.-

Beneficios sociales sobre los que se deberá aplicar el D.S. 23381.

Con responsabilidad que se regula en Bs. 100.- tanto para el Juez de primera instancia como para cada uno de los Vocales suscribientes del auto de vista de fs. 84.

Para resolución, según convocatoria de fs. 95 interviene la Ministra Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Relator: Ministro Dr. Carlos Rocha Orosco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Carlos Rocha Orosco.

Dr. Alberto Ruiz Pérez.

Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Sucre, 19 de agosto de 2005.

Proveído: Ricardo Medina Stephens.-Secretario de Cámara.