SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 102/07

AUTO SUPREMO Nº 309 - Contencioso Tributario Sucre, 01 de agosto de 2008.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Empresa Petrolera CHACO S.A. c/ GRACO - SIN Santa Cruz

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 1322-1331, interpuesto por la Empresa Petrolera Chaco S.A., contra el auto de vista Nº 0143 de 28 de marzo de 2006 (fs. 1264-1267) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro el proceso contencioso tributario seguido por la Empresa recurrente contra la Gerencia Distrital de GRACO-Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; la respuesta de fs. 1334-1338, el auto que concede el recurso de fs. 1339, el dictamen fiscal de fs. 1341-1343, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la demanda contencioso-tributaria, el Juez Primero en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de la ciudad de Santa Cruz, emitió la sentencia Nº 10 de 27 de septiembre de 2005, cursante a fs. 1199-1210, declarando improbada la demanda de fs. 81-89, por consiguiente firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 38/2003 GRACO de 28 de octubre de 2003.

En grado de apelación, deducida por la Empresa Petrolera Chaco S.A., la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, por auto de vista Nº 0143 de 28 de marzo de 2006 (fs. 1264-1267), confirma en todas su partes la sentencia de fs. 1199-1210 de 27 de septiembre de 2005; con costas.

Este fallo motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 1322-1331, interpuesto por la Empresa Petrolera Chaco S.A.

a) En el fondo, acusa interpretación errónea de la Ley de Capitalización Nº 1544 de 21 de marzo de 1994, aplicación errónea del art. 28 del D.S. Nº 24051 de 29 de junio de 1995 Reglamentario de la ley Nº 843, así como el desconocimiento de la primacía de la Ley dispuesta por el art. 228 de la C.P.E., art. 27 de la Ley Nº 843 (texto ordenado Ley Nº 1606); violación de los arts. 168 y 170 del Cód. Tributario (Ley 1340 de 28 de mayo de 1992), e improcedencia de la aplicación de sanción por supuesta evasión fiscal; reclamando finalmente la aplicación del art. 150 de la Ley Nº 2492 que elimina la multa por mora al contribuyente. Concluye solicitando que la Corte Suprema pronuncie nueva sentencia declarando probada la demanda y nula la Resolución Determinativa Nº 00038 de 28 de octubre de 2003.

b) En la forma, denuncia la falsa intervención del Ministerio Público en el caso de autos, haciendo mención a que el Tribunal ad quem, sin solicitud de parte y contraviniendo la circular Nº 25/04 de 21 de julio de 2004 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decretó "Vista Fiscal" (fs. 1257) y que en 20 de marzo de 2006, decretó "Autos" (fs. 1263), lo que implica -a su juicio- un mal proceder, constituyendo un error "in procedendo" que afecta al orden público, importando la nulidad de obrados hasta fs. 1257; sin embargo, la empresa recurrente, no señala cual la disposición legal que sanciona con nulidad esa supuesta falsa intervención del Ministerio Público que denuncia, como exige el art. 251 del Cód. Pdto. Civ., que recoge el principio de especificidad en materia de nulidades.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, con base a los antecedentes del proceso se establece lo siguiente:

1.- Resolviendo el recurso de casación en la forma se tiene:

Que, en el caso de autos si bien consta a fs. 1257, el decreto de 15 de febrero de 2006 de "Vista Fiscal"; sin embargo, no consta ningún registro de remisión al Ministerio Público, ni sello de recepción del expediente en dicha repartición Estatal, infiriéndose en todo caso que el dossier nunca fue enviado al Ministerio Público, consiguientemente, mal puede tacharse de falsa su intervención, extrañando un dictamen inexistente que corra materialmente en obrados. Precisamente en cumplimiento de la Circular Nº 25/04 de 21 de junio de 2004 sobre la disposición quinta transitoria de la Ley Nº 2175 de 6 de febrero de 2001, que aclara que la intervención del Ministerio Público, únicamente es obligatoria en todos aquellos procesos que se hubiesen iniciado con anterioridad a la vigencia de dicha ley, en autos se observa que la presente demanda contencioso-tributaria fue iniciada en noviembre de 2003, conforme consta en el cargo de presentación de fs. 89 vta.; a lo que se agrega que para dar cabida a la nulidad pretendida es menester observar el cumplimiento de ciertos principios que deben ser estrictamente observados por los órganos jurisdiccionales como el principio de especificidad previsto en el art. 251-I del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual, toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, implicando por ello, la obligación del Juzgador de realizar un manejo cuidadoso del proceso y aplicar el instituto en los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley; asimismo, el principio de trascendencia, que establece que no hay nulidad de forma si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran servir de la desviación del proceso y restrinja las garantías a que tienen derecho los litigantes, respondiendo a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacer valer la nulidad cuando la parte no ha sufrido un gravamen con la infracción; consiguientemente en ese orden, establecidos los principios en que se base toda nulidad procesal, y del análisis del expediente se concluye que, el vicio acusado en el recurso no da lugar a la nulidad solicitada, por cuanto, no se observa que la Empresa recurrente haya sufrido algún daño irreparable que afecte las garantías del debido proceso, por el contrario, intervino en todas y cada una de las etapas procedimentales, haciendo uso de los recursos ordinarios y extraordinarios que le franquea a la ley.

2.- En lo que hace al recurso de casación en el fondo, analizados sus fundamentos, corresponde resolver el mismo en relación a los datos del proceso y las disposiciones cuya infracción se acusa, de donde se tiene:

Que, la Administración Tributaria, en cumplimiento de los arts. 133, 134, 135, 136, 137-1º) del Cód. Trib. (Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992), mediante Orden de Verificación Externa O.V.E. Nº 0003000308, procedió a la verificación de las obligaciones impositivas del contribuyente Empresa Petrolera Chaco S.A. con RUC Nº 802629, estableciendo en la fiscalización realizada que el contribuyente no ha determinado el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) conforme a ley en las declaraciones juradas que presentara por la gestión 1998, habiendo procedido a determinar la obligación tributaria por el monto de Bs. 7.829.967, por concepto de tributo omitido, liquidación que no ha sido aceptada por el contribuyente; por lo que la Resolución Determinativa Nº 38/2003 GRACO de 28 de octubre de 2003, cumple con los requisitos previstos por el art. 170 del Cód. Trib., principalmente con la indicación del tributo y periodo fiscal correspondiente, apreciación de las pruebas, las defensas alegadas y los fundamentos legales de la decisión como consta a fs. 77, 78 y 79 de obrados; de donde se infiere por todos los aspectos técnico-contables valorados y las disposiciones legales aplicadas, que las infracciones acusadas en el recurso no son evidentes; por cuanto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de la ley de Capitalización Nº 1544 de 21 de marzo de 1994, publicada el 22 de marzo del mismo año, materializó una reorganización de la Empresa Pública al destinar parte de su patrimonio para la conformación de sociedades de economía mixta, a tal efecto, procedió a la revalorización de los activos fijos que fueron otorgados en aporte de capital en especie a las tres sociedades de economía mixta que llegó a conformar, siendo estas: TRANSREDES S.A.M., EMPRESAS PETROLERA CHACO S.A.M. Y ANDINA S.A.M., revalorización que en lo posterior, al interior de las sociedades anónimas mixtas conformadas, no es posible deducir para la determinación de la Utilidad Neta Imponible las depreciaciones sobre tales activos revalorizados, en aplicación de la Ley Nº 843, art. 47 inc. 7) y 18 inc. h), 22 y 28 a.2, parte final del Decreto Reglamentario Nº 24051 de 29 de junio de 1995; disposiciones legales cuyo alcance no han sido enervados por la Empresa recurrente, que se limita a realizar una interpretación extensa y confusa, sesgada en su interés, en el afán de justificar la inexistencia de la obligación tributaria, que emerge incuestionablemente, por haber ajustado sus estados financieros determinando la Utilidad Neta consignando como deducibles las depreciaciones de los activos revalorizados de YPFB que le fueron transferidos (D.S. Nº 24051 art. 28 inc. a.2, parte final).

Que, en lo que hace a la conducta tributaria, es menester precisar que por disposición del art. 114 se "Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de notas fiscales", asimismo el art. 115 inc. 2º) establece que "Se considerará configurada la evasión cuando se compruebe que: Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos"; situación que ha sido debidamente verificada por la Administración Tributaria, porque la Empresa Chaco S.A. ha omitido el pago del impuesto al IUE (ver fs. 73 y 80 de la R.D.); siendo igualmente imponible la multa por mora, por cuanto, no es aplicable el art. 150 del Cód. Trib. (Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, publicada el 4 de agosto del mismo año), debido a que el período fiscalizado corresponde a la gestión 1998, justamente en aplicación de la irretroactividad de la ley contenida en el art. 33 de la C.P.E.; es decir, cuando estaba en vigencia plena la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992

Consiguientemente, corresponde resolver el recurso conforme establecen los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la permisión de los arts. 214 y 297 del Código Tributario.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 60 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial, de acuerdo con el dictamen fiscal de fs. 1341-1343, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1322-1331.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990.

Relatora: Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Dr. Jaime Ampuero García.

Sucre, 01 de agosto de 2008.

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.