SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente Nº 92/04

AUTO SUPREMO Nº 106 - Coactivo Social Sucre, 10 de marzo de 2009.

DISTRITO: La Paz

PARTES: Concejo Nacional de Vivienda Policial COVIPOL c/ José Antonio Pantoja Gutiérrez

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 397-­400, interpuesto por José Antonio Pantoja Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº 052/04 de 28 de febrero de 2004, cursante a fs. 387, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del juicio coactivo social seguido por el Consejo Nacional de Vivienda Policial, representado por Walter Carrasco Garrett, contra el recurrente; la respuesta de fs. 402, el dictamen del Fiscal General de la República de fs. 412-413, los antecedentes de la causa, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso coactivo social, el Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz pronunció la Resolución Nº 22/2002 de fs. 344-346, por la que declaró firme y subsistente la nota de cargo de fs. 2 e improbadas las excepciones de incompetencia, impersonería y falta de acción, opuestas a fs. 13-19, disponiendo que el coactivo José Antonio Pantoja Gutiérrez cancele a favor de la entidad coactivante la suma de $us. 401.821,91 por concepto de capital, intereses y gastos judiciales.

En apelación promovida por el coactivado, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 052/04-SSA-III de 28 de febrero de 2004, confirmó la sentencia apelada.

Dicha resolución motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por José Antonio Pantoja Gutiérrez de fs. 397 a 400, como se tiene expuesto, quien acusa:

En la forma.

Violación de los arts. 327 y 333 del Código de Procedimiento Civil y 117 del Código Procesal del Trabajo, por haberse admitido y proseguido la causa, sin que en la demanda se haya dado cumplimiento a dichas disposiciones legales, pese a las observaciones de fs. 9 vta.

Asimismo, acusa que en la demanda no se identifica el domicilio ni las generales de los demandados, defecto procesal que, prosigue, deberá ser enmendado por el Tribunal de Casación, disponiendo la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.

En el fondo.

Violación de los art. 32-c) del DL. 10173 de 28 de marzo de 1972, art. 609 del Reglamento del Código de Seguridad Social y arts. 467, 519, 549, 568, 816 y 817 del Código Civil, debido a que entre las partes existió una relación eminentemente civil comercial referida a la transferencia de 230 lotes de terreno a COVIPOL, por lo que no correspondía aplicarse, menos sustentarse el proceso en los alcances del art. 609 del Código de Seguridad Social aplicable sólo para el caso de tratarse de aportes devengados, cotizaciones atrasadas, multas, intereses o para recuperar deudas por compra o adjudicación de viviendas populares, definiciones en los que no ingresa la relación contractual que dio origen a la nota de cargo.

Prosigue señalando que si bien el art. 32-c) del DL. 10173 regula el proceso coactivo social sobre recaudación por cotizaciones, aportes, recargos, multas, impuestos tazas o cualquier otro recurso devengado a favor de las entidades gestoras del sistema de seguridad social, sin embargo, la demanda no señala que él sea deudor, por cuanto lo que existió fue una relación comercial, extremos que fueron justificados con prueba literal ofrecida oportunamente.

Agrega asimismo que la transferencia dada la naturaleza de la transacción el juez de la causa no tiene competencia para conocer la causa, conforme al art. 519 del Código Civil y que respecto a la eficacia del contrato son de aplicación los arts. 467, 816 y 568 referidos a la responsabilidad del apoderado y los arts. 549, 554 y 568 del mismo cuerpo legal referentes a la nulidad, anulabilidad y resolución del contrato por incumplimiento.

Señala también que no fueron valoradas, pese a su admisión, las literales de fs. 149, 323, 324 a 327 en los que se encuentra un documento privado elevado a documento público en el que el propietario aparece ratificando la autorización para la venta de 230 lotes de terreno de su propiedad, comprometiéndose al saneamiento y evicción de ley y declarando haber recibido el pago total por concepto de dichas transferencias.

Por último, acusa que el tribunal de apelación al reconocer que en el auto de solvendo existió un error y que sin embargo el mismo no era de fondo sino de forma y que no causaba nulidad, no consideró que en el recurso de apelación se hizo expresa denuncia de violación del art. 519 del Código Civil y respecto de la eficacia del contrato en el marco de los arts. 467, 816 y 817 sobre la responsabilidad del apoderado y los arts. 549, 454 y 568 sobre la nulidad, anulabilidad y resolución del contrato por incumplimiento.

Concluye indicando que de conformidad a lo dispuesto por los arts. 229 del Código de Seguridad Social, 608 de su Reglamento y 253 incisos 1 y 3) del Código de Procedimiento Civil, se demostró que el auto de vista recurrido contiene violación de leyes y se incurrió en error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, por lo que solicita se case el auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, luego de su análisis y consideración en base a los antecedentes de la causa, esta Sala concluye:

En la forma.

No existe mérito para dar cabida a la nulidad en el marco de la casación en la forma y los dispositivos legales acusados de infringidos, por cuanto los argumentos traídos por el recurrente fueron oportunamente resueltos por los de instancia al momento de resolver las excepciones previas de incompetencia, impersonería en el demandado y de falta de acción y derecho previstas en el art. 127 del procedimiento laboral, habiendo sido desestimas fundadamente.

En efecto, los requisitos exigidos por el art. 117-b) del Código Procesal del Trabajo y art. 327-4) del Código de Procedimiento Civil se encuentran orientados a evitar que el proceso se sustancie contra una persona diferente a la que se pretende, o se condene o sancione a terceros ajenos a la controversia. Asimismo, garantiza que el demandado sea efectivamente notificado o citado de modo tal que no se prosiga una causa en su contra sin haber asumido conocimiento de la demanda y ejercido su derecho a la defensa, aspectos que en el presente caso fueron debidamente garantizados, de tal modo que el ahora recurrente no sólo que tuvo oportunidad de negar la demanda, sino también de oponer sus excepciones de manera oportuna, ofrecer sus pruebas, recurrir en apelación e incluso en casación.

Por otro lado, se debe tener presente que el proceso se compone de diversas etapas sucesivas, que a medida que transcurren se clausuran, conforme establecen los arts. 3-e) y 57 del adjetivo laboral, a cuyo fenecimiento se opera la preclusión. Asimismo, por mandato del art. 258-3) del Adjetivo Civil, no es posible invocar causales de nulidad que no fueron reclamadas oportunamente, de tal modo que en casación deviene en improcedente.

En el fondo:

Denuncia la vulneración del art. 32 del DL. Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, que dispone: "la Caja, en base a la nota de cargo que gira, iniciará la acción coactiva ante el Juez del Trabajo por las cotizaciones, subsidios, recargos, multas, impuestos, tasas y otros recursos...".

De otro lado el art. 609 del Reglamento del Código de Seguridad Social previene que "La Caja, mediante sus organismos específicos, girará Notas de Cargo por las cotizaciones devengadas (...) así como por cualquier otro concepto que se adeudare por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sin que por ningún motivo, excepción, reclamación, recurso, incidente o artículo pueda observarse su fuerza ejecutiva"

De la inteligencia de la normativa glosada, así como del contenido de los arts. 5, 9 y 249 del Código Procesal del Trabajo y art. 152-3) de la Ley de Organización Judicial se puede colegir que la finalidad del proceso coactivo social es la de permitir a los entes gestores del sistema de seguridad social recuperar su patrimonio por una vía especial y expedita, ello en consideración a que ese patrimonio se compone de aportes tanto patronales como laborales, tal y cual lo tiene advertido el tribunal de apelación, sin importar los conceptos en que la acreencia se origine y siendo así, no es posible aplicar los dispositivos legales tanto del sustantivo como adjetivo civil reclamados por el recurrente.

En mérito a lo expuesto, se debe concluir que los jueces de instancia, con la facultad privativa que la ley les concede, han apreciado y valorado la prueba y los antecedentes legales aplicables al caso en forma correcta e incensurables en casación al no haber incurrido en error de hecho o de derecho, estableciendo inobjetablemente que la nota de cargo por $us. 401.821,91, girada por el Consejo Nacional de Vivienda Policial "COVIPOL" contra José Antonio Pantoja Gutiérrez apoderado vendedor que cursa a fs. 12 y que determina como concepto "... de dineros entregados para regularización de los terrenos de la Urbanización San Roque de la ciudad del Alto de La Paz y no haberlos efectuado...", constituye una de las causas señaladas para que mediante la vía coactiva social, COVIPOL inicie su cobro y recuperación.

En consecuencia no siendo evidente la vulneración de los arts. 467, 519, 549, 568, 816 y 817 del Código Civil, al no tratase de una acción anulatoria, resolutoria o rescisoria de contrato de compra venta de inmueble ni de establecimiento de responsabilidad emergente de contrato de mandato, se deja establecido que la presente acción no corresponde al campo civil por efecto de los arts. 43-d) y 249 del Código Procesal del Trabajo, en concordancia con los arts. 152-3) de la Ley de Organización Judicial, 32 del DL. 10173 de 28 de marzo de 1972 y art. 609 del Código de Seguridad Social.

Consiguientemente no siendo ciertas lasinfracciones que se acusan corresponde resolver el recurso conforme al art. 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por mandato del art. 633 del Decreto Reglamentario del Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el numeral 1. del art. 60 de la L.O.J., de acuerdo con el Dictamen del Fiscal General de la República, de fs. 412-413, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 397-400, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 400.-, que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Relator: Ministro Dr. Jaime Ampuero García.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 10 de marzo de 2009

Proveído: Ricardo Medina Stephens.- Secretario de Cámara.