SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Auto Supremo Nº 176

Sucre, 11/06/2012

Expediente: 123/2012-S

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Norka N. Mercado Guzmán


VISTOS: El recurso de casación de fs. 375-377, interpuesto por Julio Alberto Vásquez Bracamonte en representación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) contra el Auto de Vista Nº 144/2011-SSA-I de 23 de diciembre de 2011, cursante a fs. 366, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales y derechos laborales adquiridos seguido por Freddy Molina Alanez contra la corporación que representa el recurrente, la respuesta de fs. 382-383, el Auto que concedió el recurso de fs. 384, los antecedentes, y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 71/2002 de 15 de junio de 2002 (fs. 169-170), declarando probada la demanda, con costas, e improbada la excepción perentoria de pago de fs. 46, disponiendo que la empresa demandada vía su personero legal cancele al actor la suma de Bs. 51.070,83 por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo y vacaciones, monto que en ejecución de fallos, deberá ser objeto de actualización conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

En grado de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 174), mediante Auto de Vista Nº 144/2011-SSA-I de 23 de diciembre de 2011 (fs. 366), la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó la Sentencia apelada, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 375-377, interpuesto por Julio Alberto Vásquez Bracamonte en representación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), señalando que cursa en obrados los contratos civiles de prestación de servicios determinados, suscritos con el ahora demandante, entre ellos, los contratos GUC-DJ-019/96, GUC-DJ-383/96, GUC-DJ-528/97, GUC-DJ-807/98, GAD-675/99, CTTO.GAD-764/99 y GUC-DJ-1.299/2000, quedando establecido que de manera anticipada conocía que la relación jurídica fue específica y estrictamente de carácter civil en virtud a los contratos civiles referidos que fueron celebrados con amplia voluntad y libre consentimiento de partes al amparo de los artículos 519, 568-569 y 732 del Código Civil, por ello, el Tribunal ad quem indebidamente señaló que: "...estaríamos frente a contratos simulados ya que la actividad que desarrollaba el actor de contador esta resulta ser propia de la empresa demandada, estableciendo que los citados contratos en el tiempo se han convertido en contratos de orden laboral a plazo fijo...", porque en ningún momento se pretendió simular un contrato laboral por uno de carácter civil, pues la cláusula primera determina el régimen legal que de manera voluntaria y sin que medie presión alguna fue asumida por el ahora demandante, conociendo además la modalidad del pago por el servicio contra entrega de la factura fiscal correspondiente por las obligaciones tributarias, lo que significa que no se le pagaba un salario, sino un precio por el servicio prestado.

De otro lado, indicó que si bien el actor ha sido contratado como contador de COMIBOL, empero, simplemente ha cumplido con el objeto del contrato civil y con los informes mensuales sobre el avance de sus actividades, una característica más del tipo de relación contractual civil, quedando demostrado que no se pretendió encubrir una relación laboral porque nunca existió, advirtiéndose que el Tribunal ad quem interpretó erróneamente las normas sustantivas y adjetivas de la materia.

Concluyó solicitando que el Excelentísimo Tribunal Supremo de Justicia revoque el Auto de Vista recurrido y declare fundado el presente recurso y que en consecuencia, declare probada la contestación de la demanda así como las excepciones interpuestas, sea previas las formalidades de ley.

CONSIDERANDO II: No obstante que el recurso denota una falta de técnica jurídica y cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 258. 2) del Código de Procedimiento Civil, empero, teniendo en cuenta la nueva visión de la justicia boliviana, que se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, entre otros, previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley del Órgano Judicial, este alto Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de dar una solución al conflicto y evitar mayor perjuicio a las partes, pasa a resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Se advierte que la controversia principal reside en determinar si entre el actor y la parte demandada - Corporación Minera de Bolivia -, existió una relación de dependencia laboral sometida a la Ley General del Trabajo o una relación de tipo contractual civil.

Al respecto, se visualiza que el Tribunal ad quem al resolver el recurso de apelación de fs. 174, planteado por la parte demandada, determinó confirmar la Sentencia Nº 71/02 de 15 de junio de 2002, basando su decisión en el criterio que el actor ha prestado sus servicios en su condición de Contador dependiente de la Dirección Financiera en la oficina matriz de COMIBOL en las condiciones previstas por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993, conforme advierten las fotocopias de fs. 11-15, sujeto a horario determinado y con una remuneración de carácter mensual.

Ahora bien, entrando en análisis, cabe indicar que tal apreciación resulta correcta, porque en el caso, si bien en los contratos de prestación de servicios se especificó su naturaleza civil y la inexistencia de relación laboral, empero, se colige que la prestación de servicios se materializó bajo una relación obrero patronal al haber concurrido las características esenciales de una relación laboral previstas en el citado artículo 1º del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y ratificados en la actualidad por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, ello es así porque de antecedentes se evidencia que el demandante prestó sus servicios bajo dependencia y subordinación de la parte demandada al recibir directrices para elaborar su trabajo, prestando sus servicios por cuenta ajena, es decir, como Contador de la COMIBOL, cancelándosele una remuneración mensual en contraprestación al trabajo realizado y cumpliendo el horario de trabajo que se le impuso (fs. 11-15).

A lo anotado, debe agregarse además que por la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo y en labores propias de la corporación demandada, pues el actor era dependiente de la Dirección Financiera de COMIBOL, se incurrió en las prohibiciones previstas en los artículos 1 de la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972 y 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, dando lugar a una relación laboral por tiempo indefinido, tal como acertadamente estableció el Tribunal ad quem.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que conforme dispone el artículo 6 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, el contrato individual de trabajo constituye ley entre partes, siempre que sus cláusulas no impliquen una renuncia del trabajador a cualquiera de los derechos que le son reconocidos, norma que la parte demandada vulneró, porque los contratos de prestación de servicios en cuestión que fueron suscritos, atentaron los derechos laborales del trabajador que conforme prevé el artículo 4 de la Ley General del Trabajo son irrenunciables y es nula cualquier convención en contrario, prohibición que en aquella época - 1995-2000 -, no se encontraba adecuadamente regulada por el Estado, haciéndose un uso indiscriminado de este tipo de contratos, llámese de prestación de servicios profesionales o de consultoría, para burlar los derechos laborales de los trabajadores, aspectos que al presente conforme a la nueva visión de la justicia boliviana implementada por el Estado Plurinacional de Bolivia fueron normados, habiéndose emitido varias normas protectivas a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores sin discriminación alguna, por constituir estos la base del orden social y económico de la nación, encontrándose entre ellas el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, cuyo artículo 5 prevé: "Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente".

De otro lado, corresponde precisar que el acto de girar facturas y elevar informes mensuales sobre el avance de actividades, que aduce la parte recurrente en su defensa sin acompañar prueba suficiente para sustentar estos hechos, no es un argumento suficiente para desvirtuar una dependencia obrero-patronal, ante la contundente concurrencia de las características esenciales de una relación laboral en la prestación de los servicios por parte del actor, conforme se analizó precedentemente.

Por lo señalado y considerando también el principio protector de la "primacía de la realidad" por el que prevalece la veracidad de los hechos a lo que se pactó o documentó, se establece que en el caso en particular existió una relación laboral obrero patronal, con el consecuente reconocimiento de los beneficios sociales y derechos laborales liquidados que conlleva el despido intempestivo ocurrido, aspectos que los jueces de instancia establecieron válidamente en el marco de aplicación de los artículos 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, en lo concerniente al libre análisis de las pruebas ofrecidas por las partes, además, cabe indicar que el artículo 48. II de la actual Constitución Política del Estado, establece el "principio de la relación laboral" como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: "Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador".

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto precedentemente, corresponde resolver el recurso de casación de acuerdo a las previsiones contenidas en los artículos 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el artículo 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 375-377. Sin costas, por disposición de los artículos 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmando: Dr. Antonio G. Campero Segovia.

Dra. Norka N. Mercado Guzmán.

Ante Mi: Raúl Tito Choclo Rubin de Celis.

Secretario de Cámara de Sala Social y Adm.