SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Auto Supremo Nº 288

Sucre, 13/08/2012

Expediente: 163/2012-S

Distrito: Oruro

Magistrado Relator: Antonio G. Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación de fs. 78-79, interpuesto por Alexander Choque Nina, contra el Auto de Vista AV-SSA Nº 020/2012 de 14 de marzo de 2012 cursante a fs. 74-75, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso laboral sobre reincorporación seguido por Alexander Choque Nina contra el Gerente General de la Empresa Minera Huanuni representada por Marcelino Quispe López, la respuesta de fs. 82, el Auto que concedió el recurso de fs. 83, los antecedentes procesales y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Ordinario de Sentencia Penal y Liquidador de la Niñez y Adolescencia, de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia Dalence y Poopo de Oruro, a los 19 días del mes de noviembre de 2011, pronunció la Sentencia Nº 03/2011 de fs. 53-54, declarando improbada la demanda de fs. 7, incoada por Alexander Choque Nina en contra de la Empresa Minera Huanuni, con costas al demandante, sin perjuicio de la apelación que pudiera interponerse.

En grado de apelación deducida por el demandante Alexander Choque Nina (fs. 57), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Oruro, por Auto de Vista AV-SSA Nº 020/2012 de 14 de marzo de 2012 fs. (74-75), confirmó la Sentencia Nº 03/11 de 19 de noviembre de 2011 cursante a fs. 53 - 54, con costas en ambas instancias.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 78-79, interpuesto por el demandante Alexander Choque Nina, en el que fundamentó que el Auto de Vista recurrido vulneró derechos y disposiciones del procedimiento laboral al desconocer que el recurrente fue trabajador de la empresa Minera Huanuni por más de cinco años.

Señaló también que la referida empresa, cuenta con un Departamento Legal, el mismo que debió resolver sancionando o reincorporando al trabajador en caso de haber cometido alguna infracción con un trámite enteramente administrativo; indicando que las solicitudes para su reincorporación se presentaron en el debido momento.

Asimismo, refiere que en el Auto de Vista no tiene sustento legal y que existen pruebas que demuestran su reclamo, y que el mismo, se limita a señalar el artículo 120 del Código Procesal del Trabajo como base de la acción, sin realizar una valoración de la prueba como establece el artículo 151 del mismo cuerpo legal.

Denunció también que el Auto de Vista recurrido es contradictorio, transgrede normas procesales y vulnera derechos Constitucionales establecidos en el artículo 48. I y IV y artículo 108. 1 y 2 de la Constitución Política del Estado.

Indicó que de acuerdo al artículo 410 párrafo I y II de la Constitución Política del Estado, "Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución" y "La Constitución es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa"; de modo que la aplicación del artículo 120 de la Ley General del Trabajo "indica", carece de eficacia en cuanto a lo determinado por la Carta Constitucional, ya que en su artículo 9. 4, señala que el Estado garantiza el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución, con relación al artículo 108. 1 del mismo texto constitucional.

Concluyo solicitando se conceda el recurso, anulando o en su caso se case totalmente el Auto de Vista AV-SSA-020/2012 de fecha 14 de marzo de 2012 de fs 74 - 75.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, corresponde resolver el mismo en base a su análisis y consideración, de acuerdo a los hechos denunciados y normativa invocada, estableciendo lo siguiente:

En el caso presente, se advierte que el recurrente, demanda su reincorporación a su fuente de trabajo, aduciendo que en fecha 10 de mayo de 2011, fue retirado de la Empresa Minera Huanuni, por un delito que no cometió, sin demostrar en un proceso interno administrativo su culpabilidad o inocencia.

Al respecto, analizados los antecedentes del proceso, si bien es cierto, que la destitución del actor de su fuente laboral por parte de sus empleadores, fue por haber infringido el artículo 16. g) de la Ley General del Trabajo, que establece que no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales inciso g) robo o hurto por el trabajador, concordante con el artículo 9. g) de su Decreto Reglamentario, por haber sido sorprendido de manera flagrante por el personal de vigilancia del área industrial de tercera punta, en fecha 9 de mayo de 2011 a hrs. 22:50 en portería Patiño de la Empresa Minera Huanuni, sustrayendo en un saco lleno de mineral con 26 kilogramos de estaño, tal como consta en las literales de descargo presentadas por la empresa demandada de fs. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de obrados; sin embargo, si bien existe una denuncia ante el Fiscal de Materia Adscrito a la Localidad de Huanuni de 12 de mayo de 2011 de fs. 18-19, presentada por parte del representante legal de la Empresa demandada, por la presunta comisión del delito de hurto de mineral consistente en 26 kilos que sustraía en un saco cuando salía de su fuente de trabajo tipificado en el artículo 326 del Código Penal, denuncia que se constituye en una forma de ejercicio de la acción penal sin que su sola presentación implique la autoría o responsabilidad penal del denunciado, lo que implica que la responsabilidad quedará definida previa realización de un proceso penal en sus diferentes etapas y una vez la sentencia a dictarse quede ejecutoriada, para que con su resultado se pueda respaldar el despido del actor, figura que se extraña en el presente proceso.

Sobre este punto, como se podrá advertir, en el caso que se analiza, no se acreditó la existencia de un proceso administrativo interno sobre este particular, así como tampoco existe sentencia condenatoria ejecutoriada emitida por autoridad competente; apreciaciones por las cuales se establece que la causal de despido - robo o hurto por el trabajador -, ameritaba ser dilucidada previamente en un Proceso Administrativo Interno, permitiéndosele al actor a desvirtuar los hechos que se le atribuyeron en resguardo de su derecho a la defensa y en virtud a la presunción de inocencia que se encuentran garantizados por los artículos 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado, que al efecto prevén: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa..." y "Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado", para luego, en caso de comprobarse con el debido sustento legal la causal del artículo 16. g) de la Ley General del Trabajo, recién procedía el despido del actor con justa causa, lo que no ocurrió en el caso que se analiza, al contrario la empresa demandada desconoció el amparo que tal norma le proporcionaba de manera imperativa.

Es importante señalar, que el trabajo por constituir la base del orden social y económico de la nación, es un derecho que se encuentra consagrado y protegido por los artículos 46 y 48. II. III de la Constitución Política del Estado, prohibiendo además el artículo 49. III de la referida constitución, el despido injustificado y toda forma de acosos laboral, habiéndose emitido en ese marco varias normas que tienden a proteger la estabilidad laboral, entre ellas el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, cuyo artículo 11, protege y reconoce la estabilidad laboral de todos los trabajadores asalariados, claro esta cuando estos no incurran en las prohibiciones previstas por ley que den lugar a su despido con justa causa, parámetros protectivos que en el caso no pueden ser desconocidos.

En base a estas consideraciones, se establece que los jueces de instancia al denegar la reincorporación demandada, infringieron las normas que rigen la materia y no valoraron correctamente las pruebas aportadas conforme acusa el recurrente, correspondiendo en consecuencia ante el despido injustificado e ilegal acaecido, disponer la reincorporación del actor a su fuente de trabajo.

Consiguientemente, siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde fallar de acuerdo a lo establecido en los artículos 271. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el artículo 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista de fs. 74-75 y deliberando en el fondo, declara probada la demanda, disponiendo que la Empresa Minera Huanuni por intermedio de su representante o Gerente General proceda a reincorporar al actor Alexander Choque Nina al mismo cargo y nivel salarial que tenía antes de su despido, dentro de tercero día, bajo apercibimiento de aplicarse la sanción prevista en la última parte del art. 49. III de la norma constitucional y disposiciones conexas.

Para resolución previa convocatoria de fs. 91 interviene el Magistrado de la Sala Penal Primera Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmando: Dr. Antonio G. Campero Segovia.

Dra. Norka N. Mercado Guzmán.

Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Ante Mi: Raúl Tito Choclo Rubin de Celis.

Secretario de Cámara de Sala Social y Adm.