SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Auto Supremo Nº 311

Sucre, 24/08/2012

Expediente: 113/2012-A

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Norka N. Mercado Guzmán


VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 315 a 317, interpuesto por Julio Cesar Valenzuela Rocha, en representación legal de Oscar Salinas Aramburo, contra el Auto de Vista Nº 001/2012, de 18 de enero de 2012, cursante de fs. 310 a 311, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso Coactivo Fiscal seguido por Héctor Eduardo Aguilar Rocabado por la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima ENDE S.A., el Auto que concede el recurso de fs. 320, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I: Que, planteada la demanda Coactiva Fiscal de fs. 46 a 47, el Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció sentencia de 28 de abril de 2011, declarando probada la demanda Coactiva Fiscal.

En grado de apelación - deducida por el recurrente (fs. 301 a 302) -, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista Nº 001/2012, de 18 de enero de 2012 (fs. 310 a 311), confirmando la sentencia de 28 de abril de 2011.

Contra dicha Resolución, Julio Cesar Valenzuela Rocha, en representación legal de Oscar Salinas Aramburo, al amparo del artículo 257 del Código de Procedimiento Civil (CPC), interpuso Recurso de Casación en el fondo, en base al tenor del memorial que corre de fs. 315 a 317, enunciando:

Que, el art. 251 del CPC establece que ningún trámite o acto jurídico será declarado nulo si la nulidad no estuviera expresamente determinada por la Ley; asimismo, el art.128 de la misma norma adjetiva, determina que, la citación con la demanda es irrenunciable, en consecuencia, no se puede ni debe iniciarse ningún proceso sin haber citado legalmente al demandado, quién además, en ningún momento renunció ni expresa ni tácitamente a su legal citación, y que por disposición expresa del art. 121. III del CPC, toda citación por cédula es nula si esta se realiza en el domicilio indicado por el demandante y tal domicilio resulta ser falso.

Que, Oscar Salinas Aramburo (coactivado), jamás fue citado legalmente con la demanda y, pese al reclamo, por los antecedentes del proceso, se utilizó el criterio equivocado de que, el coactivado tuvo conocimiento del proceso; empero, como se dijo, jamás fue citado en la forma legalmente establecida al efecto, actuado con el que recién se producen los efectos previstos por el art.130 del CPC. Tanto el a quo como el ad quem suponen que el coactivado tenía conocimiento del proceso, pero, no se pronuncian en lo absoluto sobre la falta de la citación legal.

Que, el Poder Especial y Suficiente Nº 0377/2008 de 13 de mayo, contiene la restricción de que, "cualquier demanda interpuesta contra el otorgante deberá ser citada personalmente." El ad quem no valoró esta previsión del mandato, más aún, cuando se presentó el Certificado de Trabajo otorgado por el empleador que, demuestra que el lugar de su residencia es la República Islámica de Afganistán, razón por la cual, la cédula judicial de citación dejada en el domicilio de la calle Alfredo Guillén Nº 3456 resulta ser nula de pleno derecho por haberse dejado en un domicilio falso, vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso previstos en la Constitución Política del Estado.

Que, el Auto de Vista impugnado tiene como error de hecho el afirmar que el Certificado de trabajo emitido por el empleador no cumple las formalidades establecidas en los arts.1294 y 1296 del Código Civil, lo que es falso, toda vez que, el aludido certificado está en idioma español sin necesidad de traducción alguna y por otro lado, no se requiere orden judicial para su obtención, por ser una obligación del empleador y no necesita formalidad alguna, por cuanto, de acuerdo a la Ley General de Trabajo, este certificado hace plena fe y tiene validez. Por último, es un "error garrafal" el hecho de que el ad quem sostenga que, el coactivado, pudo presentar los descargos, dentro el proceso de aclaración al informe preliminar, emitido por la Contraloría General de la República, por cuanto, no está en tela de juicio lo que paso antes, sino después de presentada la demanda coactiva fiscal.

Concluye impetrando que, el Tribunal Supremo de Justicia, anule el Auto de Vista de 18 de enero de 2012 y en el fondo lo case hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que se cite legalmente al coactivado.

CONSIDERANDO II: De la revisión y compulsa de antecedentes del proceso, lo expuesto en el Recurso de Casación y, las normas aplicables, se concluye:

Cursa en obrados a fs. 85, la Cédula Judicial de 16 de enero de 2009, por la que, el Oficial de Diligencias del Juzgado Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, notificó con la demanda, Auto de Admisión y Nota de Cargo a Oscar Rafael Salinas Aramburo, fijando los actuados en el domicilio ubicado en la Calle Alfredo Guillén Nº 3456 de la zona norte de la ciudad de Cochabamba.

En cumplimiento del mandato conferido mediante Poder Especial y Suficiente Nº 0377/2008 (fs.86 a 87), Carlos Rafael Salinas Inglan - hijo del Coactivado -, se apersona ante el a quo en representación del coactivado y plantea nulidad de citación. Luego Oscar Rafael Salinas Aramburo, es decir el coactivado, aparece - representado por el abogado Julio Cesar Valenzuela Rocha - oponiendo la excepción de falta de personería legitima del representante de la entidad demandante (fs.95 a 96), excepción que es declarada improbada mediante Auto de 4 de febrero de 2009 (fs.118 a 119). Posteriormente y, con el argumento de que, el coactivado, tiene residencia y domicilio principal en la República Islámica de Afganistán, solicita la nulidad de obrados, el mismo que, es desestimado mediante Auto de 28 de abril de 2009 (fs.132 a 133).

El Tribunal Constitucional en la SC 1845/2004 de 30 de noviembre, estableció que: "... los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son la modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio), dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16:II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión ), es válida". (El resaltado y subrayado es nuestro).

Lo anotado, así como la jurisprudencia señalada, nos permite concluir que:, la notificación efectuada en el domicilio del coactivado en el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario de Bolivia, cumplió la finalidad de hacer conocer la comunicación de la demanda, no en vano es el hecho de que, tanto su esposa como su hijo, como representantes y mandatarios han ejercitado desde un principio, todos los medios de defensa incidentales a su alcance para hacer valer sus pretensiones, en consecuencia no pueden alegar que el a quo y el ad quem le hubiesen causado indefensión, por cuanto el coactivado si tuvo conocimiento respecto a la Auditoría de la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General del Estado), comenzando por el Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR/DRC/-041/2007, toda vez que el mismo fue recogido por su abogado en cumplimiento del mandato conferido en el Poder Especial y Suficiente Nº 0369/2008 (fs.13), así mismo mediante Poder Especial y Suficiente Nº 0377/2008, confiere a su esposa, hijo y abogado, la facultad de representarle asumiendo defensa ante los juzgados Coactivos Fiscales, empero, lo curioso es que establece en el mandato la restricción de que no sean citados con demanda alguna "bajo pena de nulidad." Más aún, cuando en el propio recurso de casación el recurrente afirma que el coactivado tomó conocimiento del proceso al afirmar en dos oportunidades que: "...una cosa es que el coactivado tenga conocimiento extrajudicial del proceso de cualquier forma o manera y otra muy diferente es que se lo cite legalmente para que tenga conocimiento oficial del proceso (sic)."

Lo confesado, por el recurrente, nos permite establecer que ello es una prueba por excelencia - "confesio est probatio probatissima" - de que, el coactivado tiene conocimiento real y efectivo del proceso y que la notificación, por defectuosa que fue, cumplió con la finalidad de ponerle en conocimiento el proceso coactivo fiscal que se le sigue en su contra.

Consecuentemente, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde dar aplicación a los artículos 271. 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, por mandato de la norma remisiva del art. 1º de La Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el artículo 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara infundado el recurso de casación de fs. 315 a 317, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmando: Dr. Antonio G. Campero Segovia.

Dra. Norka N. Mercado Guzmán.

Ante Mi: Raúl Tito Choclo Rubin de Celis

Secretario de Cámara de Sala Social y Adm.