SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Auto Supremo Nº 319

Sucre, 24/08/2012

Expediente: 202/2012-S

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Norka N. Mercado Guzmán


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 117-118, interpuesto por Leonard Troy Branissa López en representación de "CONSULTORA TÉCNICA" SRL, contra el Auto de Vista Nº 014/2012-SSA-I, emitido el 25 de enero de 2012 (fs. 114), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso social seguido por Ángel Egberto Tarqui Ibáñez contra la empresa que representa el recurrente, la respuesta de fs. 121-122, el Auto que concedió el recurso de fs. 122 vlta., los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia de Nº 088/2009 de fecha 27 de septiembre de 2009 (fs. 97-102), declarando probada en parte la demanda de fs. 16-17 subsanada a fs. 19, disponiendo que la empresa demandada, a través de su representante legal, pague a favor del actor la suma de Bs. 97.366,00 (NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVIANOS 00/100) por concepto de indemnización, desahucio, sueldos devengados (febrero, marzo y abril 28 días de la gestión 2008), primas 2007 y duodécimas de la gestión 2008, bono de antigüedad 2007, 2008 a 34%, y aguinaldo saldo gestiones 2006, 2007 y duodécimas de la gestión 2008, más la multa del 30 %, monto a ser actualizado en ejecución de sentencia.

En grado de apelación interpuesta por el representante de la empresa demandada (fs. 104-105), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 014/2012 de 25 de enero de 2012 (fs. 114), confirmó en parte la sentencia apelada, con la modificación de que se deduzca el beneficio de desahucio y otorgar los tres quinquenios, manteniendo firme y subsistente el resto de la sentencia.

Esta resolución motivó el recurso de casación en el fondo (fs. 117-118), interpuesto por el representante de la empresa demandada, en el que al tenor del artículo 253. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, acusó la violación e interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, error de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba, según los siguientes argumentos:

1.- La aplicación indebida de la ley, porque la parte demandante no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 117. c), d) y e) del Código Procesal del Trabajo.

2.- Asimismo con referencia a la prueba de cargo aportada a fs. 70 consistente en la confesión provocada que tanto el a quo como el ad quem no analizaron ni le dieron el valor probatorio que le asignan los artículos 166, 167 y 168 del Código Procesal del Trabajo, en la que reconoció como representante legal de la Empresa CONSULTORA TECNICA, que el demandante empezó a trabajar el 1 de julio de 1989 y que su sueldo a momento de su retiro fue de Bs. 2.400 (DOS MIL CUATROSCIENTOS BOLIVIANOS) más el bono de antigüedad, y no así de Bs.- 2.500 (DOS MIL QUINIENTOS BOLIVIANOS) aspecto que no fue probado por el actor, menos aún valorado en ambas instancias.

3.- Por otro lado señaló que la empresa a la que representa no paga prima, en razón a que el actor procedió al desvío de clientela, e incurrió en la competencia desleal y abuso deshonesto, por esta razón la empresa no generó utilidades, además de haber manifestado en su confesión provocada que la empresa tenía pérdidas, el haberle otorgado al actor la suma de Bs.- 3.319 (TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE BOLIVIANOS), es una arbitrariedad que no se justificó ni fundamentó en los hechos ni en derecho.

4.- Por otro lado acusó la mala aplicación del principio proteccionista del trabajador, señalando que los artículos 13. I, II y 48. II de la Constitución Política del Estado en concordancia con el Código Procesal del Trabajo, si bien establecen principios y garantías reconocidos, estos deben estar fundamentados bajo el principio de razonabilidad que determina la exclusión de la arbitrariedad no sólo en la creación de la norma, sino en la interpretación y aplicación de la misma, dicho principio se ha establecido en la jurisprudencia constitucional en las SSCC Nos. 64/06-R de 17 de julio; 172/05-R de 28 de febrero; 1032/06-R de 16 de octubre; 73/06-R de 25 de enero; 342/05-R de 8 de abril y 1846/04-R de 30 de noviembre, en ese contexto al consagrarse la inversión de la prueba también se ha establecido en los artículos 150 y 151 del Código Procesal del Trabajo que el actor debe aportar las pruebas que crea conveniente y podrá hacerlos valer por todos los medios de prueba .

Concluyó solicitando que el Tribunal declare procedente el recurso de casación y sea con multa al Juez y al Tribunal infractor.

CONSIDERANDO II: Que no obstante que el recurso planteado no cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil con relación al artículo 258. 2) del mismo cuerpo legal, ya que el recurrente olvida en su petitorio que el recurso de casación debe ser resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia y no por el Tribunal como lo plantea, siendo que la tarea del Tribunal de segunda instancia es remitir el recurso en cuanto a que se cumplan las formalidades señaladas por ley. Sin embargo a ello, este alto Tribunal, conforme a la nueva visión de la justicia boliviana y con el fin de dar una solución al conflicto, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, ve necesaria la resolución del presente proceso a fin de no causar mayor perjuicio a las partes, resolviendo de la siguiente manera:

1.- Respecto al incumplimiento de los requisitos del artículo 117. c), d) y e) del Código Procesal del Trabajo, se advierte de obrados que la empresa demandada interpuso excepciones previas de imprecisión y contradicción en la demanda en base a la mencionada normativa, dicho petitorio fue resuelto mediante Resolución Nº 45/08 de 28 de octubre de 2008, declarando improbadas las excepciones planteadas, en ese entendido de obrados se advierte que la parte demandante cumplió a cabalidad con lo establecido en la normativa acusada de infringida.

2.- Respecto a la valoración de la confesión provocada cursante a fs. 70, de la revisión de obrados y la prueba aportada por las partes y demás aspectos que han influido para la determinación de las resoluciones de grado, en el reconocimiento de la relación laboral, corresponde resaltar que por la literal cursante a fs. 12, consistente en el aviso de filiación del trabajador a la Caja Nacional de Salud, se estableció que la fecha de ingreso del trabajador fue el 1 de julio de 1989, prueba que refutó lo aseverado por el demandado en su confesión provocada de fs. 70. Por otro lado, respecto al salario promedio indemnizable se estableció en la suma de Bs.- 2.500 (DOS MIL QUINIENTOS BOLIVIANOS) conforme solicitó el actor en su demanda y que el demandado pudo acreditar su disconformidad con la presentación de planillas de pago de haberes, pero no lo hizo pese a su legal conminatoria, razón por la que en mérito al artículo 160 del Código Procesal del Trabajo concluyeron acertadamente los de instancia que el haber mensual de los últimos tres meses de trabajo fue de Bs.- 2.500.- (DOS MIL QUINIENTOS BOLIVIANOS).

Asimismo, nuestra legislación laboral dispone que el Juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas, y por tanto formará libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informa la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso así como la conducta procesal observada por las partes, tal cual lo establece el artículo 158 del Código Procesal del Trabajo en relación con el artículo 3. j) del mismo cuerpo legal, por lo que de la revisión de obrados se evidencia que las pruebas fueron adecuadamente compulsadas por los Jueces de instancia.

3.- Respecto al pago de primas, el artículo 57 de la Ley General del Trabajo prevé el pago de la prima anual de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y siguientes de su Decreto Reglamentario, se deduce que la cancelación de la prima anual está sujeta a demostración de su existencia o inexistencia de utilidades durante el año lectivo en el que se pretende su cobro, al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, para acreditar la existencia de tales utilidades, el documento fehaciente es el balance general de ganancias o pérdidas aprobado por la Comisión Fiscal Permanente, sin embargo el artículo 181 del Código Procesal del Trabajo, manifiesta que la falta de presentación de dicho documento, por parte del empleador que tiene la obligación de presentarlo, hará presumir que ha obtenido utilidades, complementando con el artículo 2 de la Ley de 22 de noviembre de 1945, que señala que las empresas que no llenen formalidades contables para determinar utilidades, aun cuando protesten contar con pérdidas, pagarán la prima anual.

Según lo anotado, al no haber aportado el empleador elementos legales que lo eximan del pago de primas, pese a su legal conminatoria por el Juez de la causa, se aplica la presunción legal contenida en el artículo 181 del Código Procesal del Trabajo, que no admite prueba en contrario por expresa determinación del artículo 179 del mismo cuerpo legal; debiendo tenerse presente que en materia procesal laboral, rige el principio de inversión de la prueba, donde la carga de la prueba le corresponde al empleador, por tanto el actor es acreedor al pago de primas devengadas por las dos últimas gestiones.

4.- En relación a la vulneración acusada de aplicación incorrecta de los principios proteccionistas del trabajador y de inversión de la carga de la prueba, debe tenerse presente, que estos principios no son absolutos y que su aplicación no puede dar lugar a que a título de protección del trabajador, se infrinja normas o se vulnere otros derechos. La inversión de la carga de la prueba tiene sus limitaciones respecto de probanzas que se encuentran en poder del actor o que por su naturaleza deben ser acreditadas por el actor o demandante, en el caso presente el actor en su memorial de demanda aseveró que su sueldo era de Bs.- 2.500, si bien el demandado aseveró que el sueldo del actor era de Bs.- 2.400 y que presentó prueba de ello, en obrados no se advierte dicha prueba.

Asimismo, corresponde señalar que la razonabilidad que alega el recurrente, está relacionado con la sana crítica y la lógica jurídica que en el presente caso fueron debidamente empleados en armonía con la apreciación jurisdiccional de la Constitución Política del Estado, puesto que con la facultad que tienen los Jueces de apreciar la prueba en conciencia, los Jueces de instancia fundamentaron sus resoluciones a su turno bajo principios constitucionales integrados por el debido proceso, en consecuencia la valoración probatoria, de ninguna forma fue arbitraria, resultando errada la acusación de que no se haya considerado la confesión provocada de fs. 70, por lo que resulta no ser cierta la vulneración de los artículos 166, 167 y 168 del Código Procesal del Trabajo.

Bajo estas premisas, se concluye que el Auto de Vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los artículos 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la permisión del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en el artículo 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 117-118. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado, en Bs. 500.- que mandará pagar el Tribunal de Apelación

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmando: Dr. Antonio G. Campero Segovia.

Dra. Norka N. Mercado Guzmán.

Ante Mi: Raúl Tito Choclo Rubin de Celis

Secretario de Cámara de Sala Social y Adm.