SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Auto Supremo Nº 187

Sucre, 23/04/2013

Expediente: 28/2013-S

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Antonio G. Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 381-387, interpuesto por Manuel Mercado Gordillo, en representación legal de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia - ADSIB, contra el Auto de Vista Nº 143/2012-SSA-I de 18 de junio de 2012, (fs. 373-374), dictado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Federico Rodolfo Dionisio Castillo López contra la institución que representa el recurrente, la respuesta de fs. 397-398, el Auto que concedió el recurso de fs. 399, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 72/2010 de 25 de septiembre de 2010 (fs. 337-344), declarando probada en parte la demanda de fs. 10-11, subsanada a fs. 13, debiendo cancelarse a favor del actor la suma de Bs. 251.532,00.-, por concepto de sueldos devengados y vacaciones.

En grado de apelación formulada por ambas partes (fs. 347-350 y 353-356 respectivamente), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 143/2012-SSA-I de 18 de junio de 2012 (fs. 373-374), confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 72/2010 de 25 de septiembre de 2010 de fs. 337-344.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo (fs. 381-387), interpuesto por Manuel Mercado Gordillo, en representación legal de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia - ADSIB, quien previo a referirse a los antecedentes procesales, manifestó que el en Auto de Vista recurrido, al señalar la interpretación del Auto Supremo Nº 406 de 12 de abril de 2007 que prescribe: "que la jurisdicción y competencia de la judicatura laboral se abre excepcionalmente para tutelar derechos adquiridos como son las vacaciones y aguinaldos, siendo también un derecho adquirido el pago del salario cuando el trabajador ha realizado el trabajo por cuenta ajena a favor de un patrono" (sic), realizada por la Jueza a quo, vulnera el artículo 233 de la Constitución Política del Estado, al tomar competencia laboral en un tema estrictamente vinculado a un servidor público y por ende regido por la Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027, toda vez que la entidad demandada es institución gubernamental descentralizada bajo tuición de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, en la cual el actor prestó sus funciones, de donde queda claramente establecido que el demandante desde su designación hasta que dejó de fungir como Director Ejecutivo de la ADSIB, tenía la calidad de funcionario público, por lo tanto, la naturaleza jurídica de la relación laboral en el caso presente, se rigió estrictamente por la Ley Nº 2027 "Estatuto del Funcionario Público", transcribiendo parte de los artículos 2, 3, y 4 del citado estatuto, 2 de la Ley General del Trabajo y 9 del adjetivo laboral, arguyendo que por estos antecedentes, la jueza a quo, interpretó en forma errónea el aludido Auto Supremo, dado que no existe una relación laboral trabajador y patrono como indica dicho Auto, vulnerando los derechos de la institución demandada, hecho que erróneamente es refrendado por el Auto de Vista recurrido.

De igual manera manifestó que en el fallo emitido por el Tribunal ad quem se señaló: "Por otra parte acerca de los salarios devengados el fundamento del agravio, resulta inconsistente por cuanto si bien el actor fungía el cargo de Director Ejecutivo, la escala salarial no correspondía ser aprobada por este, sino que aquella ha sido y es una atribución del empleador, por consiguiente no existe argumento valedero para modificar este aspecto, siendo correcta la decisión de la A - quo" (sic). Arguyendo que conforme este párrafo se establece que se ha valorado de manera errónea la prueba producida por la parte demandada, transcribiendo a tal efecto los artículos 6 y 11 del Decreto Supremo Nº 26553 de 19 de marzo de 2002, y que mediante Resolución Ministerial Nº 847 de 12 de septiembre de 2002, se aprobó la Escala Salarial Gestión 2002 de la ADSIB compuesta por tres cargos (secretaria, auxiliar y mensajero) y el 30 de septiembre de 2002 mediante Resolución de la Presidencia del Congreso Nº 005/2002-2003, se designó a Federico Rodolfo Castillo López como Director Ejecutivo de la ADSIB, siendo un funcionario público, por lo tanto, de acuerdo a la Ley Nº 1178 estaba obligado a cumplir con todas las normas básicas de administración y control gubernamental ya que como Máxima Autoridad Ejecutiva, estaba en la obligación de hacer aprobar la escala salarial, sin embargo, recién se aprobó una nueva escala salarial en la gestión 2004, tal omisión por parte de del actor de no aprobar a tiempo la escala salarial de la gestión 2002-2003, es la razón que infundadamente da inicio a la presente demanda laboral en beneficio de quien no aplicó correctamente los artículos 8 y 9 de la Ley Nº 1178 en la ADSIB.

Continuo aduciendo que en el Auto de Vista recurrido se manifestó: "... que se debe realizar el cálculo de un haber promedio indemnizable el monto en base al cual se procederá al cálculo de los demás derechos demandados tales como las vacaciones..." y que en la Sentencia Nº 72/2010 se estableció en el numeral 4º: "SALARIO PROMEDIO INDEMNIZABLE a los efectos del cálculo de los derechos otorgados en la presente sentencia a favor del actor...debe ser calculado del promedio de los tres salarios últimos percibidos... siendo... la suma de Bs. 14.796,00.-" reiterando que desde el momento que el actor asumió su cargo, tenía la obligación de hacer aprobar ante el Ministerio de Hacienda la Nueva Escala Salarial e incorporar el ítem de Director Ejecutivo en la misma, acto administrativo que no realizó, incumpliendo los artículos 8. d) y 9 de la Ley Nº 1178, motivo por el cual es sujeto a Responsabilidad Funcionaria, reiterando que su inobservancia y negligencia, generó paradójicamente la demanda laboral contra la ADSIB, de donde se concluyó que debido a una omisión deliberada del actor como Máxima Autoridad Ejecutiva que era en esa época, no se aprobó la escala salarial e ítem de Director Ejecutivo para la Gestión 2003, con el sueldo establecido en la Resolución Administrativa 034/2003, la cual resuelve que el Director Ejecutivo para la Gestión 2003 debería percibir el sueldo de Bs. 3.500.-, sin embargo por su negligencia no se realizaron dichos pagos, ya que de haberlo hecho, no tendría asidero el presente proceso laboral.

Aclarando que en forma equivocada se realizó la interpretación del Salario Promedio Indemnizable porque en este caso no hubo despido, ni existió liquidación ya que el actor renuncio en forma voluntaria, por lo que no se debe realizar un promedio de los tres (3) últimos salarios y que al existir una interpretación errónea de la pruebas e interpretación errónea del salario promedio indemnizable, la Resolución de Vista recurrida, atenta contra los intereses de la ADSIB que es una entidad pública.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de justicia, case el Auto de Vista recurrido, "declamándola infundada, con las formalidades de ley" (sic).

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, corresponde su análisis y consideración en base a los antecedentes del proceso, de donde se tiene lo siguiente:

Con relación al primer punto referido a que la Juez a quo habría interpretado de forma errónea el Auto Supremo Nº 406 de 12 de abril de 2007, vulnerando el artículo 233 de la Constitución Política del Estado que prevé: "Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñen funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento" (sic). Por haber tomado competencia laboral en un tema estrictamente vinculado a un servidor público regido por la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público.

Al respecto, revisados los antecedentes procesales, se puede evidenciar que el 8 de enero de 2009 a fs. 30-31, el representante de la institución demandada presentó excepción previa de incompetencia, con el argumento de que el 4 de septiembre de 2008, el señor Federico Adolfo Castillo López presentó una demanda por pago de beneficios sociales, en contra de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia, manifestando que el actor cometió un error al presentar la demanda laboral sobre cobro de beneficios sociales ante un Juzgado de Trabajo y Seguridad Social, siendo que este tema debía regirse por la Ley Nº 2027 "Estatuto del Funcionario Público" y no así por la Ley General del Trabajo, solicitando que esta excepción sea declarada probada.

Sobre este punto, se advierte que este tema ya fue dilucidado mediante Resolución Nº 20/2009 de 4 de abril de 2009 cursante a fs. 47-51, donde se declaró improbada la excepción de incompetencia opuesta por memorial de fs. 30 a 31 de obrados, fallo que se encuentra plenamente ejecutoriado, mediante Auto de 2 de junio de 2009, como consta a fs. 54, Resolución que no fue apelada por la parte demandada, quien tenía tres días para hacerlo conforme determina el artículo 205 del Código Procesal del Trabajo, activándose en tal sentido el principio de preclusión estatuido en los artículos 3. e) y 57 del adjetivo laboral, señalando que el proceso consiste en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el Juez impedirá el regreso a momentos ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de oportunidad conferida por Ley para la realización de un acto procesal, sin necesidad de solicitar informe previo al Secretario ni otro trámite; de donde resulta inadmisible que ahora en la vía del recurso de casación o nulidad, se pretenda regresar a momentos procesales ya extinguidos y consumados, como erradamente pretende la parte recurrente, en franca vulneración al aludido principio.

A manera de aclaración, es necesario dejar establecido que la presente acción, no está dirigida al cobro de beneficios sociales, sino a derechos adquiridos como son los sueldos devengados, vacaciones y aguinaldo, los cuales, como se puede apreciar, se encuentran consignados en la demanda que cursa a fs. 10-11, aclarada a fs. 13 y 15 de obrados, al ser el trabajo un derecho tutelado por los artículos 7. h), 156, 157 de la Constitución Política del Estado de 1967 e irrenunciables conforme determina el artículo 162- párrafo segundo de la misma Constitución, vigente al momento de producirse los hechos, 48. III de la actual norma fundamental y 4 de la Ley General del Trabajo, por constituir la base del orden social y económico del Estado Boliviano, por ello es que cuando se reclaman derechos adquiridos (que no constituyen beneficios sociales), como son los sueldos devengados, aguinaldos y vacaciones, pese a que el trabajador no se encuentra sometido a las previsiones de la Ley General del Trabajo, por ser funcionario público sujeto a la previsiones de la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, hecho que no impide el derecho que tiene de reclamar el pago de los derechos adquiridos, razón por la cual la jurisdicción y competencia de esta judicatura laboral, se abre excepcionalmente para tutelar los mismos, como de manera acertada y con buen criterio se determinó por la Juez a quo en la Sentencia Nº 72/2010 de 25 de septiembre de 2010 de fs. 337-344, que sobre este punto interpretó correctamente la Jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 406 de 12 de abril de 2007, figura que fue confirmada por el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una cabal y atinada apreciación de las pruebas adjuntadas durante la tramitación de la causa, conforme prevén los artículos 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, no siendo por tanto evidente las acusaciones vertidas por la parte recurrente.

Respecto al segundo punto, cuando en el Auto de Vista motivo del presente recurso se refiere acerca de los salarios devengados, donde se manifiesta que si bien el actor fungía como Director Ejecutivo, la escala salarial no correspondía ser aprobada por este; arguyendo al respecto, que se valoró de manera errónea la prueba producida por la parte demandada, pues era obligación del actor como Director Ejecutivo de la institución demandada, hacer aprobar la escala salarial de la gestión 2002-2003, aspecto que fue omitido por parte de dicha autoridad, actuando con negligencia e irresponsabilidad, quien aplicó correctamente los artículos 8 y 9 de la Ley Nº 1178.

Sobre este aspecto, se puede establecer, que si bien mediante Resolución de la Presidencia del Congreso Nacional Nº 005/2002-2003 de 30 de septiembre de 2002, se designó como Director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia - ADSIB, sin embargo, si esta autoridad, como manifiesta la parte recurrente, actuó con negligencia e irresponsabilidad, tal aspecto debió ser dilucidado en el marco de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y su respectivo Reglamento, más no así en la vía laboral, puesto que en los juicios sociales se resuelven las cuestiones propias de la relación de trabajo conforme prescribe el artículo 67 del Código Procesal del Trabajo.

En cuanto a que se hubiera realizado de manera equivocada el sueldo promedio indemnizable, por haberse efectuado su cálculo para el pago de los derechos otorgados en la Sentencia de Primera Instancia y confirmada mediante el fallo emitido por el Tribunal ad quem en base a los tres últimos salarios; se advierte que tal afirmación realizada por la parte recurrente, no es evidente puesto que para efectos de realizar el cálculo de los derechos adquiridos como son las vacaciones y aguinaldo demandados en la presente acción, era necesario realizar dicho cálculo en base a los tres últimos salarios, conforme acertadamente determinaron los de Instancia en su fallos emitidos a su turno, conforme prevé el artículo 19 de la Ley General del Trabajo.

Por último, en lo que respecta al cálculo para el pago de los sueldos devengados a favor del actor, por las gestiones octubre a diciembre de 2002, enero a diciembre de 2003 y enero de 2004, si bien es cierto, que por estos periodos no se canceló al actor emolumento alguno, conforme consta a fs. 2 de obrados, figura además reconocida por la parte empleadora como se evidencia a fs. 1, coincidente con la prueba documental de fs. 9, las cuales tienen todo el valor legal que le asigna el artículo 159 y siguientes del Código Procesal del Trabajo, puesto que conforme el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de 1967 vigente al momento de los hechos que prevé: "No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa retribución. Los servicios personales sólo podrán ser exigibles cuando así lo establezca la ley" (sic)., concordante con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado vigente, que en el parágrafo III prescribe: "Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución" (sic). Ahora bien, en la Sentencia Nº 72/2010 de 25 de septiembre de 2010 emitida por la Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, cursante a fs. 337-344, para proceder al pago de los salarios devengados reclamados por el actor, realizó el cálculo de los mismos tomando en cuenta el sueldo promedio indemnizable de Bs. 14.796.-, pero en base a los tres últimos sueldos que comenzó a percibir recién desde el mes de febrero de 2004 conforme consta a fs. 2 de obrados; sin embargo, revisados los antecedentes que informan al proceso, a fs. 124-125 se evidencia la existencia, en fotocopia legalizada, de la Resolución Administrativa Nº 034/2003 de diciembre de 2003, mediante la cual el Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia - ADSIB, en uso de sus facultades conferidas por la Ley Nº 1178 y sus Reglamentos; Resolvió: Artículo Único.- Asignar al Director Ejecutivo de la ADSIB un honorario mensual de Bs. 3,500.00.- (Bolivianos tres mil quinientos) por la presente gestión 2003, resolución que se encuentra firmada por el ahora demandante Ing. Rodolfo Castillo López.

Como se podrá advertir, en la aludida resolución, se asigna como sueldo mensual para la gestión 2003, Bs. 3.500.-, entonces, en base a este razonamiento, para el pago de los salarios devengados por la gestión de octubre a diciembre de 2002, enero a diciembre de 2003 y enero 2004, se debió realizar en base a este monto y no así como erradamente se determinó en el fallo de Primera Instancia, confirmado por el Tribunal de Alzada, sobre el monto de Bs. 14.796,00.-, como sueldo promedio indemnizable, aspecto que será corregido en la parte resolutiva del presente Auto Supremo, en el cual se realizará una nueva liquidación en base a los parámetros señalados ut supra.

Bajo estas premisas, encontrándose parcialmente justificadas las normas legales invocadas en el recurso, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271. 4) y 274. II del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, CASA EN PARTE el Auto de Vista recurrido de fs. 373-374, en cuanto al pago de sueldos devengados de las gestiones 2002 (octubre a diciembre), 2003 (enero a diciembre) y enero 2004, debiendo la institución demandada cancelar a favor del actor la suma de Bs. 70.796.-, en base a la siguiente liquidación:

Sueldos devengados gestiones 2002 por los meses de octubre, noviembre y diciembre en base a Bs.3.500.-

Bs. 10.500.-

Sueldos devengados de enero a diciembre de 2003, en base a Bs.3.500.-

Bs. 42.000.-

Sueldos devengados enero 2004, en base a Bs.3.500.-

 

Bs. 3.500.-

Vacaciones establecidas en Sentencia

Bs.14.796.-

Total a cancelar

Bs. 70.796.-

 

Suma que deberá ser actualizada en ejecución de Sentencia.

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley del Órgano Judicial, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no se convoca a un tercer Magistrado.

Sin multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmando: Dr. Antonio G. Campero Segovia.

Dra. Norka N. Mercado Guzmán.

Ante mí: Dra. Carla Jimena Rivera Taboada.

Secretaria de Sala Social y Administrativa

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