SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº 237/2012

EXPEDIENTE: A.92/2010

PARTES: Sociedad Agropecuaria Santa Cruz S.A. "SOAGSA S.A." c/ Gerencia de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO)

PROCESO: Contencioso Tributario

DISTRITO: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante a fojas 1162 a 1167 y vuelta, interpuesto por Edman Wills Miranda Rada en calidad de Gerente Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; contra el Auto de Vista No. 550 de 23 de diciembre de 2009, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, cursante a fojas 1158 a 1159 y vuelta, dentro del proceso Contencioso Tributario que sigue la Sociedad Agropecuaria Santa Cruz S.A. "SOAGSA S.A." representada por Carlos Max Duran Guachalla en contra de la entidad recurrente; el memorial de respuesta de fojas 1173 a 1174 y vuelta, el Auto Supremo No. 239 de fecha 12 de agosto de 2011, pronunciado por la Sala Social Primera de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, cursante a fojas 1190 a 1192 y vuelta, que declaro INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo, la Resolución de Amparo Constitucional No. 169/12 de fecha 18 de junio del 2012, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Chuquisaca, cursante a fojas 1199 a 1202 y vuelta, que CONCEDE la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto Supremo No. 239 de 12 de agosto de 2011, disponiendo que la Sala Social Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia expida nuevo pronunciamiento salvando las deficiencias advertidas en la presente Resolución, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso Contencioso Tributario, el Juez Primero en Materia Administrativa Coactiva Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia No. 54 de 30 de octubre de 2009 (fojas 1122 a 1127 y vuelta), declarando probada en su integridad la demanda de fojas 67 a 83, en consecuencia, se deja sin valor alguno la Resolución Determinativa impugnada GGSC-DJCC Nº 431/ 2007 de 20 de diciembre de 2007.

En grado de apelación, formulado por el representante legal de la entidad tributaria (fojas 1131 a 1135 y vuelta), por Auto de Vista No. 550 de 23 de diciembre de 2009 (fojas 1158 a 1159 y vuelta), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, CONFIRMA la Sentencia No. 54 de fecha 30 de octubre del año 2009, corriente en fojas 1122 a 1127 y vuelta dictada por el Juez Primero en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de la capital.

Este fallo, motivo el recurso de casación en la forma y en el fondo (fojas 1162 a 1167 y vuelta), interpuesto por Edman Wills Miranda Rada, en calidad de Gerente Distrital y Representante Legal del Servicio de Impuestos Nacionales de Santa Cruz, contra el Auto de Vista No. 550 de fecha 23 de diciembre de 2009, se tiene que mediante Auto Supremo No. 239 de fecha 12 de agosto del 2011 (fojas 1190 a 1192 y vuelta), pronunciado por la Sala Social Primera de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia declaro INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo; sin embargo, como emergencia de la interposición de una Acción de Amparo Constitucional planteada por la entidad tributaria, la Sala Social Administrativa y Tributaria del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través de la Resolución de Amparo Constitucional No. 169/ 2012, de 18 de junio de 2012, concedió tutela y deja sin efecto el citado Auto Supremo, disponiendo que la Sala Social Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia expida nuevo pronunciamiento salvando las deficiencias advertidas en la presente Resolución.

CONSIDERANDO II: Que, en cumplimiento del Fallo emitido por el Tribunal de Amparo Constitucional, a objeto de resolver, se tiene que el recurrente señala lo siguiente:

En cuanto al recurso de casación en la forma, acusa que el Tribunal Ad quem no se pronunció sobre los agravios que fueron reclamados oportunamente en el recurso de apelación y que el Auto de Supremo Nº 550 (lo correcto es Auto de Vista) de fecha 24/12/2009 (la fecha correcta es 23/12/2009), no justifico razonablemente la decisión de los agravios expuestos en el recurso de apelación, es decir no expuso los motivos o razones por los que se tomó la decisión, arguyendo que el debido proceso fue vulnerado, toda vez que no existe la debida fundamentación o motivación entre los hechos y la conclusión de la Resolución recurrida, al respecto refiere vulneración del artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, es decir las pretensiones que fueron planteadas legalmente son: 1) Impuesto al Valor Agregado, que los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 843, no fue valorado, ya que son sujetos pasivos del impuesto quienes presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza y que el responsable debe obligatoriamente emitir la factura, en este caso SOAGSA S.A. adquirió la calidad de sujeto pasivo del impuesto, siendo objeto del gravamen las prestaciones de servicio que realizó. 2) Ingresos no facturados, por los contratos que cursan en los anexos del expediente, se evidencia que SOAGSA S.A. tiene documentos que señalan contratos de publicidad con sus clientes. 3) Facturación de Terceros, la Resolución recurrida, contraviene los artículos 13, 14, 15, 22 y 24 del Código Tributario Ley Nº 2492, que esta resolución al trasladar la calidad de sujeto pasivo a terceros contribuyentes, agravia los intereses del S.I.N., cuando la Ley prohíbe esta situación. 4) Gastos no deducibles, alega que la Resolución recurrida no se pronunció sobre este caso específico, pese a que fue legalmente expuesto, que la perdida por la venta de dos fundos rústicos no forman parte de la fuente que genero utilidades en la gestión 2003, ni está vinculada con la actividad gravada que correspondía a publicidad. 5) Programa voluntario y excepcional, alega que la determinación en la Sentencia que no ha sido objeto de revisión en el Auto de Vista recurrido es contraria al ordenamiento legal, al querer pretender modificar lo previsto en las Leyes Nros. 2492, 2626, y 2647. 6) Multas sancionatorias, que fundamentó los agravios en su recurso de apelación y que no fueron considerados en el Auto de Vista recurrido.

Concluye en definitiva que el Auto de Vista recurrido ha violado el debido proceso por no haberse pronunciado sobre sus pretensiones y agravios expuestos en el mismo, causal que se adecua a lo previsto en el numeral 4 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, señala que el Auto de Vista No. 550 de fecha 24/12/2009 (la fecha correcta es 23/12/09), contiene disposiciones contradictorias, que son las siguientes:

Sustento del trabajo del Auditor Fiscal sin base legal, ya que ni siquiera justifica porque está de acuerdo, toda vez que se debe revisar y analizar toda la documentación de ambas partes.

Obligaciones del apelante, en la parte considerativa 8) al manifestar que el apelante no ha desvirtuado los agravios que sostiene dentro del presente proceso, considera éste razonamiento incongruente.

Revisión Técnica Tributaria, en la parte considerativa 5) al señalar, de la revisión técnica tributaria realizada, no procede la Resolución Determinativa, considera esta afirmación contradictoria toda vez que no existe una consideración técnica jurídica tributaria que sustente el Auto de Vista recurrido, solo hay transcripción de los antecedentes del proceso.

Aplicación de la Ley, arguye que la parte considerativa 7) no contiene fundamentación jurídica y técnica, menos la cita de leyes, decretos que fueron la base del sustento. Denuncia que no existe ninguna consideración técnica jurídica tributaria que pueda sustentar que no procede la Resolución Determinativa.

Señala que el Auto de Vista recurrido contiene violación, interpretación errónea y aplicación indebida de las Leyes Nros. 2492, 2626 y 2647, porque los periodos objeto de determinación consignados en la Resolución Determinativa GGSC- DJCC No. 431/2007 de fecha 20 de diciembre de 2007, son de la gestión 2003 y 2004, con cierre en los años siguientes, 30 de junio de 2004 y 2005, es decir, que no están dentro del alcance del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional.

Otra violación e interpretación de la Ley que se encuentra consignada en la Resolución recurrida, es el de señalar que el contribuyente ahora demandante, no es sujeto pasivo por la prestación de servicios que efectúa, cuando la Ley No. 843 establece lo contrario.

Concluye el memorial manifestando que el Auto de Vista recurrido contiene violación, interpretación errónea, aplicación indebida de la Ley, disposiciones contradictorias y que no se pronunció sobre las pretensiones deducidas en el proceso, reclamadas oportunamente, por lo que interpone recurso de casación en la forma y el fondo, a objeto de que el Tribunal Supremo de Justicia dicte Auto Supremo CASANDO el Auto de Vista No. 550 de fecha 24 de diciembre de 2009 y en definitiva declare firme y subsistente la Resolución Determinativa GGSC-DJCC No. 431/2007 de fecha 20 de diciembre de 2007.

CONSIDERANDO III: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En ese orden de ideas, ingresando al examen de los agravios expuestos en el recurso de casación en la forma y en el fondo, en relación al fundamento de que el Auto de Vista No. 550 de fecha 23 de diciembre de 2009, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, no se habría pronunciado en relación al Impuesto al Valor Agregado, a los Ingresos no facturados, a la Facturación de terceros y Gastos no deducibles, tenemos que en un análisis del contexto de los numerales 2), 3), 4) y 5) del tercer CONSIDERANDO de la mencionada resolución, se puede advertir que dichas pretensiones expuestas por la parte recurrente, fueron plenamente satisfechas en dichos incisos, donde claramente los miembros del Tribunal Ad quem llegaron a la conclusión de "(...) que lo que la demandante ha efectuado son "ordenes de emisión" de control técnico interno y no contratos con terceros y más, que no se ha facturado en esa relación, siendo los cobradores y facturadores, "los que efectivamente prestaron los servicios como ser ECOR Ltda. y Telesistema Boliviano S.R.L.", concluyendo en que esas "Ordenes de emisión" no generan contrato ni cargo impositivo por IVA, IT, ni de IUE (...)", por lo que se evidencia que los de grado si se pronunciaron puntualmente sobre los agravios indicados en términos concisos e inteligibles, resolviendo todos los puntos demandados en el memorial del recurrente y relación a los agravios expuestos, advirtiéndose que - no obstante de su análisis escueto - contiene las fundamentaciones legales suficientes para lograr el resultado asumido de confirmar la Resolución impugnada, advirtiéndose que en esta decisión no se advierte omisión ni irrazonabilidad y menos carencia de motivación y fundamentación, teniendo en cuenta que conforme lo establecen las Sentencias Constitucionales No. 0459/2011-R de 18 de abril de 2011, No. 0692/2010-R de 19 de julio de 2010, entre otras, la motivación no debe implicar la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, como sucede en el presente caso.

En cuanto al otro punto de la casación en la forma, de que la Resolución recurrida no se pronuncia en cuanto al Programa Voluntario y Excepcional y las Multas Sancionatorias, se hace necesario remitirnos al fundamento jurídico del numeral 6) del tercer CONSIDERANDO del Auto de Vista No. 550 de fecha 23 de diciembre de 2009 emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que también se pronuncia en relación a dicho Programa Transitorio, y en cuanto al argumento de que no existiría fundamentación en lo concerniente a las Multas Sancionatorias, se debe aclarar que si las autoridades de segunda instancia confirmaron la Sentencia y por consiguiente declararon sin valor legal a la Resolución Determinativa GGSC- DTJC No. 431/2007 de 20 de diciembre de 2007, dejando sin efecto los cargos tributarios por concepto de tributo omitido, resulta lógico que no se hubieran pronunciado sobre dichas multas sancionatorias por evasión fiscal y omisión de pago, por ser accesorias de lo principal.

En lo concerniente a la casación en el fondo, se fundamenta lo siguiente:

En el primer agravio se señala que el Auto de Vista No. 550 de fecha 23 de diciembre de 2009 (recurrido en casación) contiene disposiciones contradictorias, porque se sustenta en el trabajo del Auditor Fiscal, pero sin base legal, ni siquiera justifica porque está de acuerdo. Al respecto es necesario aclarar que el recurso de casación en el fondo (Artículos 253 numeral 1 y 258 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil), requiere que el recurso identifique la norma legal violada, interpretada erróneamente o aplicada indebidamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, especificaciones que no han sido cumplidas por la entidad recurrente. Sin embargo de ello, es necesario puntualizar que según la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, la opinión del Asesor Técnico, cursante a fojas 1101 a 1112, en el caso en análisis y expresada en los Autos Supremos No. 026/2012 de 12 de abril de 2012, No. 004/2012 de 27 de marzo de 2012, No. 113/96 de 15 de mayo de 1996 y No. 183/95 de 27 de octubre de 1995 -entre otras- han establecido uniformemente que "(...), por lo que el Tribunal Ad quem al haber basado su decisión en opiniones autorizadas y legalmente expresadas en el Informe Técnico del Auditor Fiscal del Juzgado, no ha quebrantado ningún precepto legal de orden público".

En cuanto al agravio de que el numeral 8) de la parte considerativa es incongruente, se debe tener presente que las afirmaciones contenidas en dicho punto constituyen simples lapsus que son aceptables en materia procesal porque no vulneran ninguna Ley expresa y tampoco son causales de nulidad, ya que no concurren al caso los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto de trascendencia, etc. Como exige la Sentencia Constitucional No. 0731/2010-R de 26 de julio de 2010 y tampoco la mencionada afirmación equívoca le causó gravamen, perjuicio o dejo en estado de indefensión a la entidad demandada.

En relación al agravio de que el inciso 7) de la parte considerativa no contiene una fundamentación jurídica y técnica, menos la cita de Leyes, Decretos, etc., que fueron base del sustento, debemos remitirnos al mencionado numeral, donde las autoridades jurisdiccionales de segunda instancia llegaron al resultado final de que "(...) el juzgador al dictar la Sentencia No. 54 de fojas 1122 a 1127 y vuelta, que declara Probada la demanda de fojas 67 a 83, actuó y procedió conforme a derecho, haciendo una correcta interpretación y aplicación a la Ley Tributaria, al dejar sin valor legal alguno la Resolución Determinativa No. GGSC -DTJC No. 0431/2007 de fecha 20 de diciembre de 2007 (...)", por lo que los argumentos precedentes al constituir una simple conclusión final de los fundamentos del fallo, no requieren la cita de leyes o decretos, como erradamente exige la entidad tributaria, y al contrario, la carga procesal de citar las leyes o decretos omitidos, violados o aplicados indebidamente le correspondían ser expresados al recurrente, requisitos que no han sido cumplidos en este agravio.

En cuanto al agravio de que no existe ninguna consideración técnica jurídica tributaria que pueda sustentar que no procede la Resolución Determinativa, el Auto de Vista No. 550 de fecha 23 de diciembre de 2009 (recurrido en casación) en los incisos 2, 3, 4 y 5, de manera motivada en derecho, sostiene claramente los fundamentos jurídicos que dieron lugar a afirmar dicha conclusión, e inclusive cita expresamente que las bases legales para arribar a dicha decisión las proporcionó el Auditor Técnico en el Informe Técnico de fojas 1101 a 1112, el mismo que como se manifestó en acápites precedentes, reviste credibilidad y confiabilidad y así lo ha establecido la jurisprudencia en los Autos Supremos No. 026/ 2012 de 12 de abril de 2012, No. 004/2012 de 27 de marzo de 2012, No. 113/96 de 15 de mayo de 1996 y No. 183/95 de 27 de octubre de 1995.

En efecto, del mencionado Informe Técnico que reviste fe probatoria, al ser el resultado del análisis técnico de un personal idóneo y legalmente autorizado, para el efecto, podemos establecer que la Resolución Determinativa GGSC-DJCC No. 431/2007 de 20 de diciembre de 2007, establece los cargos tributarios del IVA, IT correspondientes a los periodos fiscales (meses) comprendido entre junio de 2003 y marzo de 2004, por ingresos no facturados, por servicios de publicidad a agencias publicitarias y el IUE por indebida deducibilidad de la pérdida por venta de activos fijos correspondientes a la gestión 2003.

En relación al IVA por servicios de publicidad, como lo ha manifestado correctamente el Auto de Vista impugnado, el mismo no procede, por cuanto el recurrente ha tomado en cuenta como contratos de publicidad la ordenes de emisión de control técnico de SOAGSA S.A., siendo que legalmente las mismas no pueden ser observadas o tomadas como si fueran verdaderos contratos de publicidad, más aún cuando existe documentación que demuestra que estos servicios fueron facturados por las empresas que efectivamente prestaron los servicios como ECOR LTDA. y Telesistema Boliviano S.R.L.

Por su parte el IT fue determinado de acuerdo al método en base presunta, que solo es utilizable por falta de documentación probatoria de los hechos, y en el caso presente, la parte demandante presentó toda la documentación requerida por la Administración Tributaria para la realización del trabajo, por lo que no procede la imposición de cargos por el IT en base a simples presunciones (artículo 43 parágrafo II de la Ley 2492).

El Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) como señala el Informe Técnico de fojas 1101 a 1112, tampoco procede porque no existió Ingreso No Declarado y tampoco el SIN demostró que las pérdidas en ventas de Activos Fijos no son componente en los Estados de Resultados de la Sociedad Agropecuaria Santa Cruz S.A., y además que ni la Ley No. 843 ni el Decreto Supremo No. 24051 prohíben o limitan en ninguna de sus partes, las pérdidas por ventas de activos fijos, cuando estos forman parte del patrimonio contable.

El artículo 47 de la Ley No. 843, señala que la pérdida para resultar deducible debe cumplir la condición de ser necesaria para la conservación de la fuente que la genera. La fuente, de acuerdo con normas contables, con los términos de la Ley No. 843 y con el Código de Comercio, es el capital, se entiende que el capital social, es la fuente generadora de rentas o utilidades, lo cual es corroborado por el artículo 217 en relación a los artículos 150 al 157 del Código de Comercio que señala que el capital social está representado por acciones, y los aportes pueden ser en dinero, bienes, valores o prestaciones de trabajo o de industria, entre ellos los fundos rústicos vendidos, que constituyen desde el punto de vista legal, material y contable, la fuente de generación de las utilidades de la empresa.

Los bienes de capital son una parte necesaria e inseparable del todo que constituye un negocio y, por ende, la ganancia o pérdida que se produzca con su venta debe considerarse también "resultado de explotación", gravada o deducible, según sea el caso.

Al efecto, la Ley supone que el sujeto empresa es potencialmente capaz de obtener y reproducir cualquier tipo de renta bajo la idea de la existencia de una fuente generadora de renta permanente y, por ende, considera gravados todos sus resultados. En dicho escenario, las ventas de bienes del activo fijo, siempre generan resultados (sean éstos ganancias o pérdidas) con efectos tributarios; esto es, si de la venta de bienes del activo fijo surge una ganancia, la misma, excepto en el caso en que proceda una liberación del pago del impuesto, estará gravada por el impuesto a la renta, en tanto que si, por el contrario, de la venta del mismo bien surge una pérdida, la misma es plenamente deducible.

También debemos señalar que el artículo 48 de la Ley No. 843 señalaba expresamente que las pérdidas obtenidas eran acumulables, trasladables y compensables con futuras utilidades: es decir, la legislación impositiva vigente, no prohíbe o limita, y de hecho permite, que las pérdidas por ventas de activos fijos puedan originarse en un período fiscal distinto al período fiscal en el que se liquida el impuesto.

En cuanto al agravio de que el Auto de Vista recurrido contiene violación, interpretación errónea y aplicación indebida de las Leyes Nros. 2492, 2626 y 2647, debido a que los periodos objeto de determinación consignados en la Resolución Determinativa GGSC-DJCC No. 431/2007 de fecha 20 de diciembre de 2007, son de la gestión 2003 y 2004, con cierre en los años siguientes al 30 de junio de 2004 y 2005, es decir, que no están dentro del alcance del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, al respecto cabe señalar que la Ley No. 2492 (Código Tributario Boliviano), en la Disposición Transitoria Tercera modificada por el artículo 7 de la Ley No. 2626 de 31 de diciembre de 2003, señala que con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario Boliviano, establece el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios, especificando que en el caso de impuestos cuya recaudación corresponda al Servicio de Impuestos Nacionales, el programa alcanzará a los adeudos tributarios en mora al 30 de junio de 2003, por lo que resulta evidente que dicho Programa Transitorio Voluntario y Excepcional no alcanza a la fiscalización realizada por la Administración Tributaria, que es desde el 1 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003 y 1 de enero hasta el 30 de marzo de 2004, por lo que el Tribunal Ad quem no compulsó debidamente los alcances de dicho Programa. Por lo que éste Tribunal Supremo de Justicia llega a la conclusión que en cuanto al cargo tributario de IUE de las gestiones 2003 y 2004, al no estar comprendidas en los alcances del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, le hubiese correspondido a la empresa demandante erogar el adeudo tributario, sin embargo por lo expuesto anteriormente en el párrafo del punto 4 con referencia al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), este pago no procede por que no existió ingreso no declarado y tampoco el SIN demostró que las perdidas en ventas de activos fijos no son componentes en los Estados de Resultados de la Sociedad Agropecuaria Santa Cruz S.A. y ni la Ley No. 843 ni el Decreto Supremo No. 24051 prohíben o limitan las perdidas por ventas de activos fijos, cuando estos forman parte del patrimonio contable.

Por último, en cuanto al agravio de que se hubiera violado e interpretado al señalar que el contribuyente no es sujeto pasivo por la prestación de servicios que efectúa, cuando la Ley No. 843 establece lo contrario, dicha conclusión ha sido adecuadamente motivada y fundamentada en la Sentencia y en el Auto de Vista (recurrido en casación), donde se tomó como base legal el informe del Auditor Fiscal, llegando correctamente a la conclusión que SOAGSA S.A. sólo efectuó ORDENES DE EMISION de control técnico interno y no realizó contratos con terceros, por lo que dicha empresa no puede ser considerada como sujeto pasivo de una obligación tributaria, ya que dichas órdenes de emisión no generan contrato ni cargo impositivo por IVA, IT ni de IUE.

Que en este marco legal, se establece al no ser evidentes las infracciones denunciadas por el representante legal de la entidad tributaria, corresponde resolver conforme el artículo 271 numeral 2), del Código de Procedimiento Civil, aplicables en virtud de la norma remisiva contenida en el artículo 214 del Código Tributario Ley No. 1340 de 28 de mayo de 1992.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley No. 212 de 23 de diciembre de 2011, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 1162 a 1167 y vuelta, sin costas, en aplicación del artículo 39 de la Ley No. 1178.

MAGISTRADA RELATORA: Dra. María Arminda Ríos García.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Fdo. Dra. Carmen Nuñez Villegas

Fdo. Dra. María Arminda Ríos García

Fdo. Dr. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla

Sucre, 2 de octubre de 2012

Ante mí: Abog. Soraya Ortega Aparicio. Secretaria de Sala Social y Administrativa Liquidadora