SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº 144/2013

EXPEDIENTE: S.537/2010

PARTES: Rómulo Sánchez Terrazasc/ Caja Petrolera de Salud

PROCESO: Beneficios Sociales

DISTRITO: Santa Cruz

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VISTOS: El recurso de nulidad en el fondo y en la forma de fojas 137 a 138 y vuelta, interpuesto por Rómulo Sánchez Terrazas, contra el Auto de Vista No. 005 de 12 de enero de 2010, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz (fojas 132 a 133 y vuelta), dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, seguido por el recurrente contra la Caja Petrolera de Salud de Camiri representada por Efraín Velásquez Vallejos, el Acuerdo de Sala Plena No. 031/2013 (fojas 171 y vuelta), los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Camiri provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia No. 14/2009, de 09 de noviembre de 2009 (fojas 104 a 109 y vuelta), resolviendo:

1.- Declarar PROBADA en parte la demanda de pago de beneficios sociales, interpuesta por el señor Rómulo Sánchez Terrazas, en contra de la Caja Petrolera de Salud, representada por el señor Efraín Velásquez Vallejos, saliente de fojas 33 a 35 y vuelta del expediente, en lo relativo al pago de indemnización por nueve años, un mes y catorce días de servicios, duodécimas de aguinaldo de cuatro meses y dieciocho días, duodécimas de vacación de cuatro meses y dieciocho días, categoría 2da. 60% de mayo 2000 a diciembre de 2004, bono de antigüedad de 2000 a 2002 y servicio de emergencia 35% impago de mayo de 2000 a julio de 2004 y se ordena a la parte demandada el pago de la suma de dinero de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 01/100 BOLIVIANOS (Bs. 189.292.01.-), la misma que deberá hacerse efectiva en el término de tres días de ejecutoriada la Sentencia.

2.- Declarar IMPROBADA en parte la demanda de pago de beneficios sociales, interpuesta por el señor Rómulo Sánchez Terrazas, en contra de la Caja Petrolera de Salud, representada por el señor Efraín Velásquez Vallejos, saliente de fojas 33 a 35 y vuelta del expediente, en lo relativo al pago del desahucio por no corresponder en derecho, al pago del 30 % al haber sido el trabajador retirado mediante preaviso conforme a Ley por causa de jubilación y al pago de la prima anual por ser la institución demandada una institución de prestación de servicios. Con costas a la parte demandada.

En grado de apelación, presentada por el representante legal de la entidad demandada (fojas 114 a 116), por Auto de Vista No. 005 de 12 de enero de 2010 (fojas 132 a 133 y vuelta), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, REVOCÓ lo determinado en el primer punto de la parte resolutiva de la Sentencia No. 14/2009 de fojas 104 a 109 y vuelta pronunciada por el Juez del Trabajo y Seguridad Social de Camiri Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. Al encontrarse el finiquito con los derechos y montos que corresponden conforme se tiene detallado en el último considerando, se declara IMPROBADA LA DEMANDA, más por la orden de cancelación de los beneficios sociales, que no fue aceptada por el demandante, no corresponde multas; en lo referente al punto 2, que declara improbada en parte la demanda, cae en lo determinado para el punto uno, improbada en su totalidad, además de que la apelación del actor fue rechazada por el A quo, al estar presentada fuera de término. Sin costas en ambas instancias.

Que, contra el referido Auto de Vista, el demandante Rómulo Sánchez Terrazas interpone recurso de nulidad en el fondo y la forma, el cual se pasa a examinar:

Acusa que el Tribunal ha determinado la prescripción de sus derechos conculcando los principios constitucionales contenidos en el parágrafo II del artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Por otro lado, la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los derechos de los trabajadores están regulados en el artículo 4 de la Ley General del Trabajo, y la Sala no ha cumplido con el artículo 48 parágrafo IV de la Constitución Política del Estado. Es decir el Auto de Vista impugnado expresa que en lo que respecta a los pagos de los años 2000 al 2004 se encuentran prescritos en aplicación del artículo 120 de la Ley General del Trabajo y el artículo 163 de su Decreto Reglamentario.

Indica que el Auto de Vista impugnado reconoce que ha trabajado 8 años, 11 meses y 17 días, periodo por el que corresponde la indemnización, sin embargo en la parte resolutiva declara improbada la demanda, ingresando en contradicción por lo que vulnera el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil.

Concluye pidiendo al tribunal de nulidad declare probado su recurso y deliberando en el fondo y forma, CASE el Auto impugnado y declare la nulidad del Auto No. 005/12/2010 y deliberado en el fondo confirme la Sentencia, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

El recurrente fundamenta que el Auto de Vista emitido por el Tribunal de Alzada, al declarar probados sus derechos sociales por 8 años, 11 meses y 17 días, y por otro lado, declarar improbada su demanda, ha ingresado en una imprecisión y contradicción, atentando contra sus derechos sociales imprescriptibles e irrenunciables.

Que, la resolución impugnada, en su sexto considerando, fundamenta que: existió relación laboral entre RÓMULO SÁNCHEZ TERRAZAS y LA CAJA PETROLERA DE SALUD, quien trabajo como Bioquímico Laboralista desde el 01/06/2000 hasta el 17/05/2009 por el lapso de 8 años, 11 meses y 17 días, percibiendo un salario mensual de Bs.5.595". (sic). De la revisión minuciosa del expediente, se tiene que por la prueba literal de fojas 4 que cursa en obrados, consistente en el Memorándum No. ACM-059-2000 de 29 de marzo de 2000, al demandante se le contrata temporalmente desde el 3 de abril del 2000, y en el transcurso de dicha relación laboral éste fue contratado indefinidamente desde el 1 de junio del 2000 según Memorándum No. ACM-078-2000 de fecha 31 de mayo de 2000, como consta por la prueba literal de fojas 5; por lo que se llega al razonamiento legal, que la contratación del trabajador en la entidad demandada, empezó a correr desde el 3 de abril del 2000 hasta el 17 de mayo de 2009, en razón a otorgársele carta de preaviso por parte de su empleador, según Memorándum No. ACM-016-2009 de fecha 16 de febrero de 2009.

Que, por las pruebas literales de fojas 57 a 60, es evidente que la entidad demandada efectuó un finiquito de fecha 29 de mayo del 2009, por el monto de Bs. 56.479.28 por concepto de beneficios sociales, que el demandante negó recibir de parte del Notario de Fe Pública No. 3 de Segunda Clase de Camiri, pese a esta situación, no hay constancia alguna de que se le haya pagado sus beneficios sociales por parte de su empleador.

Que, el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado". En el caso de autos, la resolución impugnada en casación es contradictoria, al reconocer derechos sociales y al mismo tiempo declarar improbada la demanda, en ese sentido, la jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo de Justicia-, nos enseña, a través del Auto Supremo No. 174 de fecha 18 de octubre de 2005, correspondiente a la Sala Civil Primera, que: "Es obligación de los órganos jurisdiccionales, pronunciar decisiones, tanto de primer como de segundo grado, precisas, concretas y positivas, resolviendo todas las pretensiones de las partes en la medida en que éstas han sido planteadas y probadas respondiendo al principio de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil".

Que, la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, en el artículo 48 parágrafo II, dispone: "Las normas laborales se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador", como así también el parágrafo IV, del artículo 48 de la Carta Magna, dispone que: "Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles". En ese marco legal, se tiene el parágrafo III del artículo 49 de la Constitución Política del Estado, que dispone: "El Estado protegerá la estabilidad laboral". (Las negrillas son incluidas).

Que, el artículo 10 del Decreto Supremo No. 28699 de 01 de mayo de 2006, dispone: "Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que le corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente Ley". (Las negrillas son incluidas).

Este Supremo Tribunal de Justicia, no puede desconocer el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado, de proteger y defender el capital humano, dado que las normas legales en materia laboral, reconocen derechos de cumplimiento obligatorio, interpretación favorable al trabajador y deben garantizar la acumulación e irrenunciabilidad de los beneficios y derechos de los trabajadores, conforme previenen los artículos 46 y 48 de la Constitución Política del Estado vigente.

Que, por mandato de la Sentencia Constitucional No. 130/2010 de 17 de mayo de 2010, respecto de la eficacia plena de la Constitución Política del Estado, establece que: "...la Constitución Política del Estado y sus disposiciones, a partir de su promulgación el 7 de febrero de 2009, se constituye en la Ley Fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico del nuevo Estado boliviano, acogiendo en su contexto valores y principios propios de la realidad sobre la cual se cimienta la convivencia social en un Estado Social y Democrático de Derecho, en consecuencia, todas las normas inferiores deben adecuarse a lo prescrito por ella" (las negrillas son incluidas), a su vez, el parágrafo II del artículo 410 de la Constitución Política del Estado dispone: "La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa".

Respecto de lo precedentemente referido, se debe tener presente que por disposición del artículo 203 de la Constitución Política del Estado vigente y del artículo 8 de la Ley del Tribunal Constitucional No. 27 de 6 de julio de 2010, las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen efecto vinculante, el que debe ser entendido como de aplicación obligatoria por las autoridades y órganos públicos.

Que, en el marco legal descrito, corresponde, en consecuencia aplicar los artículos 271 inciso 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley No. 212 de 23 de diciembre de 2011, CASA el Auto de Vista No. 005 de 12 de enero de 2010 (fojas 132 a 133 y vuelta), y deliberando en el fondo, mantiene firme y subsistente la Sentencia No. 14/2009 de 09 de noviembre de 2009 (fojas 104 a 109 y vuelta).

Con responsabilidad que se regula en un día de haber, para cada uno de los Vocales de Corte que suscribieron el Auto de Vista recurrido, que deberá ser descontado de sus haberes por habilitación. Asimismo para fines de ley remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura.

MAGISTRADA RELATORA: Dra. María Arminda Ríos García

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Fdo. Dra. Carmen Nuñez Villegas

Fdo. Dra. María Arminda Ríos García

Fdo. Dr. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla

Sucre, 10 de abril de 2013

Ante mí: Abog. Soraya Ortega Aparicio. Secretaria de Sala Social y Administrativa Liquidadora