200111-Sala Penal-1-616
Falsedad material e ideológica

Elena Delgado Campos c/ Oscar Miashiro Tellería

Distrito: Beni

AUTO DE VISTA

 

Trinidad, 10 de febrero de 2001.

VISTOS:En grado de apelación la sentencia de fs. 448-451 y vta. dictada por el Juez de Partido de Riberalta, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oscar Miashiro Tellería, por los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, el requerimiento fiscal de fs. 577, los antecedentes que cursan en el expediente; y

CONSIDERANDO: Que en base a la prueba documental y a la querella que cursan en obrados de fs. 2-34 y requerimiento fiscal correspondiente, por auto de fs. 53 y vta. se instruye sumario penal en contra de Oscar Miashiro Tellería por la probable comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, usura agravada y extorsión, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 361y 333 del Cód. Pen.; prestada la declaración indagatoria del imputado se puso en vigencia el término sumarial, a cuyo fenecimiento se dicta el auto final de la instrucción saliente en obrados de fs. 107-104, mediante el cual, aparte de declararse la prescripción de la falsificación de los documentos salientes a fs. 1 y 2 de 15 de julio y 30 de julio de 1991, se dispone el procesamiento de Oscar Miashiro Tellería por la comisión de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, previstos y sancionados por los arts. 198 y 199 del Cód. Pen., por existir en su contra suficientes indicios de culpabilidad conforme al art. 220-2) del Cód. Pdto. Pen., y el sobreseimiento provisional en cuanto a la comisión de los delitos de usura agravada y extorsión, conforme al art. 220-2) del precitado cuerpo legal, por ser insuficientes los indicios acumulados para presumir que el imputado sea culpable del hecho que se atribuye.

Que radicada la causa en el Juzgado de Partido, el procesado después de prestar su declaración confesoria, interpone el recurso de apelación saliente a fs. 173-140 y vta., en contra del auto de procesamiento de 2 de octubre de 1999, el cual es confirmado mediante el A.V cursante a fs. 373 y vta. de obrados.

Que la fase del plenario se desarrolló con las formalidades establecidas en los arts. 224, 229, 232, 234, 235 y 240 del Cód. Pdto. Pen., concluyendo con la sentencia de 17 de mayo de 2000 de acuerdo a lo previsto en los arts. 242 y 243 del precitado Código adjetivo penal, mediante la cual el juez de primera instancia, falla declarando a Oscar Miashiro Tellería, de las generales de su confesión de fs. 125-127, autor de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, previstos y sancionados por los arts. 198 y 199 del Cód. Pen., condenándolo a sufrir una pena de tres años de reclusión, a cumplirse en la cárcel publica de Riberalta, con costas al Estado de conformidad al art. 349 del compilado Procesal Penal, no así a favor de la querellante Elena Delgado Campos, por cuanto la sentencia determinada no es emergente de documento en la que ella pueda considerarse afectada.

Que leída que fue en audiencia pública la referida sentencia y notificada a las partes Carmen Añez Melgar, en representación de Elena Delgado Campos, y el procesado Oscar Miashiro Tellería, a fs. 474-475 y fs. 477-482, respectivamente, interponen el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, los cuales son concedidos a través del auto cursante a fs. 482, vta., para ante la Corte Superior de Distrito, en ambos efectos, con citación y emplazamiento de partes. Que ingresado el expediente a esta Corte Superior, el Fiscal de la Sala Superior presentó su requerimiento a fs. 577 y el procesado Oscar Miashiro Tellería, a través de su apoderado el Dr. Enrique Franco Méndez, se apersonó y fundamentó su apelación, con lo que se tiene por cumplida la previsión contenida en el art. 286 del Cód. Pdto. Pen.

CONSIDERANDO:Que por determinación del art. 243 del Cód. Pdto. Pen., se pronuncia sentencia condenatoria cuando en el proceso exista plena prueba contra el encausado sobre la comisión de un delito, entendiéndose en materia penal como plena prueba a todos los elementos probatorias, que correlacionados unos con otros, llevan a la evidencia que el encausado fue el autor del delito que se le atribuye, es decir que el juzgador no debe tener duda alguna de la comisión del hecho punible y quién fue el autor, y de conformidad a los arts. 198 y 199 del Cód. Pen., el que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterando uno verdadero, de modo que pueda resultar un perjuicio incurrirá en privación de libertad de uno a seis años, en igual sanción incurrirá el que insertare o hiciera insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar.

CONSIDERANDO: Que en el presente caso, de un estudio prolijo de todos los elementos probatorios que en tres cuerpos se han acumulado tanto en la etapa del sumario como plenario de la causa, con la facultad conferida por el art. 135 del Compilado procesal penal, se evidencia de una manera clara y concreta sin lugar a dudas lo siguiente:

1.- Que el auto de procesamiento de 2 de octubre de 199, cursante a fs. 101-104, dictado en contra de Oscar Miashiro Tellería por la comisión de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, mismo que fue confirmado por A.V. de fs. 373 y vta., tiene como base la documentación de fs. 6-11 y 14-17.

2.- Que tanto la falsedad material como la ideológica son delitos de carácter público por lo que de acuerdo al art. 5 del Cód. Pdto. Pen., puede ser perseguible de oficio por el Ministerio Público, sin perjuicio de la acusación o denuncia de particulares, y en el presente caso, esta causa ésta seguida por el Ministerio Público, habida cuenta que con la dictación del auto final de la instrucción, Elena Delgado Campos dejó de ser parte en el proceso, al haberse declarado la prescripción de la acción de la comisión de los delitos por los que se querelló, y en ninguna parte del proceso se constituyó en coadyuvante del Ministerio Público, conforme los establece el art. 126 del Código adjetivo penal.

3.- Que los documentos, base del auto de procesamiento, constituyen documentos públicos, máxime si el de fs. 6-7 fue protocolizado mediante la Escritura Pública Nº 139/97, cursante a fs. 8-11 de obrados (art. 1297 y 1287 del Cód. Civ.)

4.- Que la sentencia de 9 de septiembre de 1998, salientes a fs. 14-17, dictada dentro del proceso ordinario de hecho seguido por Pedro Mamani Apaza y Sra. contra Oscar Miashiro Tellería, declara la nulidad y anulabilidad del documento privado de compraventa de 24 de marzo de 1997 así como el reconocimiento de firmas correspondiente ( fs. 6-7), como también la Escritura Pública Nº 139/97 de 10 de septiembre de 1997 (fs. 8-11), y su inscripción en Derechos Reales de 11 de septiembre de 1997. Resolución que se basó en que se demostró que se procedió a la falsificación de firmas y rubricas de los demandantes Pedro Mamani Apaza y Sra. en el documento de transferencia de 24 de marzo de 1997.

5.- Que el único beneficiado con la referida falsificación sería la parte interesada, o sea el ahora procesado Oscar Miashiro Tellería, sin que pueda servirle de excusa el argumento de que el cometió este hecho fue el encargado de realizar toda esta operación, su empleado Walter Ribera Cronembol, habida cuenta que para el reconocimiento de firma y rúbrica en un documento, se requiere la presencia física de los intervinientes, y en este caso, la firma de Oscar Miashiro Tellería figura en el documento acusado de falso.

Que por lo precedentemente expuesto, este tribunal considera que todos los antecedentes y pruebas aportadas al proceso, han sido analizadas y valoradas por en inferior correctamente, con la facultad que le confiere el art. 135 del Cód. Pdto. Pen., para calificar el hecho punible, establecer la autoría del procesado Oscar Miashiro Tellería en la comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, previstos y sancionados por los arts. 198 y 199 del Cód. Pen., e imponer la pena.

Que el memorial de fs. 477-482 carece de fundamentos legales por las consideraciones antes expuestas y además por no señalar en forma clara los agravios sufridos y concretarse a efectuar una relación en forma confusa de todo lo actuado tanto en la estación del sumario como plenario.

POR TANTO:La Sala Penal de la R. Corte Superior de Distrito Judicial del Beni, de acuerdo con el requerimiento del Fiscal de Sala Superior de fs. 577 de obrados, CONFIRMA la sentencia de fs. 488-451 y vta., elevada en grado de apelación.

Vocal relatora: Dra. Mirna Núñez Vela Añez.

Regístrese.

Fdo.- Dres.: Mirna Núñez Vela Añez.- Lidia Moscoso Flores.

Ante mí: Dra. Marita Tordoya G.- Secretaria de Cámara.

AUTO SUPREMO

 

VISTOS:El recurso de casación interpuesto a fs. 588-597 por Enrique Franco Méndez en representación de Oscar Miashiro Tellería, impugnando el A.V. que cursa a fs. 583-584 vta. de 10 de febrero de 2001, pronunciado por la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito Judicial del Beni, dentro del proceso penal seguido por Elena Delgado Campos contra el mandante del mencionado recurrente, por la comisión de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, previsto y sancionado por los arts. 198 y 199 del Cód. Pen.; los antecedentes procesales, las disposiciones legales que se dicen infringidas, el requerimiento fiscal de fs. 606; y

CONSIDERANDO: Que remitido el proceso en grado de apelación, el ad quem pronuncia el A.V. de fs. 583-584 vta., confirmando la sentencia de fs. 448-451 vta., por la que se declara al procesado Oscar Miashiro Tellería, autor de los delitos de falsedad ideológica, sancionados por los arts. 198 y 199 del Cód. Pen., condenándole a sufrir la pena de privación de libertad de tres años de reclusión, a cumplir en la cárcel pública de esa ciudad, pago de costas a favor del estado de conformidad al art. 349 del Cód. Pdto. Pen., no así a favor de la querellante Elena Delgado Campos, por cuanto la sentencia condenatoria no es emergente del documento en la que ella pueda considerarse afectada. Contra esta resolución se ha interpuesto el recurso de casación de fs. 588-597.

CONSIDERANDO: Que los jueces de instancia son incensurables en casación cuando han apreciado la prueba con prudente arbitrio y conforme a las reglas de la sana crítica, pero no lo son, cuando como en el caso presente, no existiendo prueba que valorar, dan trascendencia de plena prueba a dudas e incertidumbres.

En todo el proceso de la materia no se encuentra plena prueba de los ilícitos atribuidos a Oscar Miashiro, toda vez que la acción no fue promovida por los directos ofendidos los esposos Mamani-Ribera, quienes con anterioridad al caso material de autos, ocurrieron a la vía civil para hacer prevalecer sus derechos presuntamente vulnerados por el mandante del recurrente, y es exclusivamente sobre este actuado judicial que tanto el juez del plenario como la Corte Superior en su Sala Penal, ha fundamentado sus sentencias condenatorias, dándole el valor de plena prueba; asimismo, no debe perderse de vista que la confesión hace prueba contra el procesado sólo cuando concurren las condiciones establecidas en el art. 164 del Cód. Pdto. Pen., faltando cualquiera de ellas, ese medio de prueba tiene únicamente el valor de simple indicio. Por otro lado, el Ministerio Público, olvida el fiel y esforzado cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio cabal de sus facultades legales, pues, si bien es verdad que los delitos de orden público son perseguibles de oficio, es también cierto, la enorme responsabilidad que tiene en la averiguación y acusación de los mismos bajo el mandato de los principios de legalidad y probidad con aplicación del debido proceso, por lo que no es admisible que se trate de salvar esa responsabilidad con la dictación de sentencia condenatoria sin prueba suficiente ni fundamento legal verdadero.

Que además, el auto de vista recurrido, sin embargo de reconocer las imprecisiones del a quo, confirma la condena impuesta al procesado, incurriendo así en una evidente y grave contradicción.

CONSIDERANDO: Que entiéndese por imputabilidad la capacidad de conocimiento y comprensión que en el momento de la realización del hecho típico tiene el agente sobre la antijuricidad de su acción u omisión y la de autoregularse de conformidad con esa comprensión; el primer aspecto del fenómeno dice en relación al necesario conocimiento que el sujeto ha de tener de que está vulnerando con su propio comportamiento y sin justificación legítima el interés jurídico penalmente titulado por el tutelado por el tipo dentro del cual se subsume; el segundo se refiere a la humana libertad para actuar en sentido antijurídico pudiendo y debiendo comportarse diversamente; desde luego, lo anotado no se da en autos, estableciéndose únicamente la existencia de prueba semiplena.

CONSIDERANDO: Que la prueba semiplena sobre el hecho punible unida a la confesión, no acredita la autoría; por el contrario ese hecho amerita para dictar una sentencia de absolutoria, como en el caso examinado. Aparentemente, en el caso de sub lite, la principal fuente de confusión sobreviene cuando se confunden los límites entre los motivos y las finalidades que trascienden al tipo objetivo; en efecto la nulidad y la anulabilidad de los documentos de fs. 6-7 y 8-11, determinada en proceso civil ordinario, no puede considerarse como prueba concluyente y única para dar aplicación al art. 243 de Cód. Pdto. Pen., pues los elementos de la teoría del delito en su unidad procesal, exigen la valoración de otras pruebas para lograr la identificación de la infracción personal de la norma primaria, por parte del sujeto penalmente responsable.

A mayor construcción jurídica, según la doctrina constitucional, se viene repitiendo sistemáticamente que la "presunción de inocencia queda desvirtuada", únicamente si existe una mínima actividad probatoria cualificada de cargo, que permita al juzgador apreciarla en conciencia de acuerdo con el principio de libre valoración de la prueba; que como se sostuviera en líneas arriba la existente en el cuaderno procesal, no es suficiente para imponer una condena.

Que por lo dicho, es pues cierto que en el caso sub lite no hay la plena prueba requerida por el art. 243 del Cód. Pdto. Pen. para justificar una sentencia condenatoria; de donde se tiene el quebrantamiento de este artículo y consecuentemente la violación de los arts. 198 y 199 del Cód. Pen. por indebida aplicación, los cual deviene en la casación de fallo conforme establece el art. 307-3) del Código adjetivo penal.

POR TANTO: La Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en desacuerdo con el requerimiento fiscal de fs. 606, y en aplicación del art. 307-3) del Cód. Pdto. Pen., CASA el auto recurrido de fs. 583-584 vta., y deliberando en el fondo, declara absuelto de culpa y pena al procesado Oscar Miashiro Tellería, de los delitos incursos en la sanción de los arts. 198 y 199 del Cód. Pen., sin responsabilidad alguna por ser excusable.

Regístrese y devuélvase.

Relator: Ministro Dr. Héctor Sandoval Parada.

Fdo.- Dr. Jaime Ampuero García.

Dr. Carlos Tovar Gützlaff.

Dr. Héctor Sandoval Parada.

Sucre, 15 de noviembre de 2001.

Proveído: Dr. Edgar Molina Aponte.- Secretario de Cámara.